Mientras unos la cuestionan y otros la defienden, su perfil sólo se ha tocado superficialmente. No deja de llamar la atención la forma en que el entorno de la Presidenta electa, incluyendo tanto a dirigentes de los partidos que conforman Nueva Mayoría como a las autoridades designadas, han cerrado filas frente a los cuestionamientos surgidos respecto a la subsecretaria Echeverría.
Carolina Echeverría, ex Subsecretaria de Marina y militante del PPD, ha sido cuestionada por la acusación y sumario que se le abrió entre los años 2008 y 2009, por posible corrupción en el caso de la tramitación de una concesión costera de uso de agua de mar, solicitada por la empresa franco-belga Suez Energy para su mega proyecto energético Barrancones.
Esa firma pretendía desarrollar el mencionado proyecto en las inmediaciones del área de protección ecológica y reserva natural de Punta de Choros e Isla Damas, en la región de Coquimbo, lo que fue fuertemente cuestionado por la comunicad local y grupos ambientalistas. Como resultado, la tramitación de la correspondiente concesión marítima quedó trabada, y para destrabarla y conducirla a un resultado conveniente Suez Energy contrató los servicios del ingeniero Clobis Osorio, cónyuge de Echeverría, entonces jefa superior de la Subsecretaría de Marina, donde se gestionaba la concesión.
La relación con Echeverría habría permitido que Osorio tuviera un acceso privilegiado a la información relativa al estado y gestión de la concesión, como aparentemente revelan correos electrónicos intercambiados entre los años 2006 y 2008 entre el ingeniero y el encargado de concesiones de la Subsecretaría de Marina, el Capitán de Navío de la Armada Sergio Lira, que fueron recuperados durante el sumario que posteriormente se instruyó en esa repartición del Ministerio de Defensa.
Las fechas de los mensajes revelarían que Osorio comenzó a prestar servicios a Suez Energy casi al mismo tiempo que Echeverría asumió como subsecretaria de Marina. Agravando aún más la situación, el ingeniero recibió los pagos por sus servicios a través de Osorio & Echeverría Consultores Asociados Ltda., donde su esposa era socia al 50 por ciento.
Un anónimo puso al descubierto la situación, y fue la propia Echeverría quien solicitó la apertura de un sumario para esclarecer los hechos. Pero lejos de liberarla de sospechas, la investigación la habría involucrado más, y Echeverría adoptó una postura menos colaborativa con las indagaciones.
Es así como en septiembre del 2008 la abogada de la Subsecretaría de Marina, Dushanka Ropert, se reunió con el entonces Ministro de Defensa, José Goñi, y se declaro inhábil para seguir con el sumario. Ropert habría señalado en esa ocasión que había encontrado antecedentes de irregularidades que comprometían a Echeverría, pero que limitaciones en la Subsecretaría de Marina le impedían avanzar más en las indagatorias. Goñi decidió consultar al entonces abogado penalista del Consejo de Defensa del Estado, Helmuth Griott.
La opinión del jurista del CDE fue categórica: no se trataría sólo de un caso de irregularidad o desprolijidad administrativa por parte de Echeverría, sino de una clara situación de corrupción que sería punible en tribunales además de recibir los correspondientes castigos administrativos. Goñi informó a la Presidenta Bachelet y solicitó la remoción inmediata de Echeverría, pero la jefa de Gobierno le ordenó esperar mientras sopesaba la situación. Después Bachelet le instruyó no hacer nada y esperar a ver cómo evolucionaba el caso, orden que Goñi habría acatado a regañadientes.
El sumario quedó en manos de la abogada del Ministerio del Interior Patricia Muñoz, según algunas fuentes, recomendada por el entonces Subsecretario del Interior Felipe Harboe -amigo de Echeverría- y según otras impuesta desde La Moneda. Mientras, Echeverría y sus colaboradores, liderados por su jefe de gabinete, el abogado Adolfo Galindo, habrían comenzado a desarrollar un plan de control de daños, que entre otras cosas habría incluido borrar mensajes comprometedores y reemplazar el disco duro del computador de su oficina. Con la desaparición del disco original se habría eliminado cualquier posibilidad de recuperar los mensajes mediante el empleo de técnicas de informática forense.
Echeverría también abandonó la consultora hacia fines del 2008, cediendo su participación a la diseñadora paisajista Paula Valdés Chandía. Un par de meses después Valdés también vendió el grueso de su participación a Clobis Osorio, quedándose sólo con el 1 por ciento de la consultora, que cambió su nombre a Ingenieros Integrales Ltda. El sumario fue cerrado por la abogada Muñoz a principios de abril del 2009, sin formular cargos contra Echeverría u otros funcionarios de la Subsecretaría de Marina, a excepción del comandante Sergio Lira, cuyos antecedentes fueron enviados a la Armada. Echeverría tomó distancia de la concesión solicitada por Suez Energy para el proyecto Barrancones, denegándola hacia finales del 2009.
Mal desempeño
Carolina Echeverría no cumplió con ninguna de las dos tareas principales que se le encomendaron cuando fue Subsecretaria de Marina en la primera administración de Michelle Bachelet, entre marzo del 2006 y marzo del 2010. La principal de ellas era preparar las bases de un proyecto de reforma del sistema previsional de las fuerzas armadas y del organismo encargado de su administración, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
Este objetivo era parte del programa de gobierno dado a conocer por Bachelet durante la campaña electoral del 2005. Cuando dicha tarea se asignó a Echeverría se consideró el hecho de que ella es Asistente Social, pero también se tomó en cuenta que podía recurrir a un amplio abanico de especialistas en materias económico-financieras y previsionales, tanto al interior del Ministerio de Defensa como fuera del mismo, para abordar aspectos que superasen sus competencias técnicas.
Pero Echeverría no avanzó hacia la formulación de una solución a uno de los principales problemas del Fisco, donde Capredena es hoy un pozo sin fondo que consume más de mil millones de dólares anuales, equivalentes a más de la mitad de los fondos destinados a pagar las remuneraciones del sector Defensa; sino que simplemente dejo dormir el tema. Diferentes fuentes que observaron el caso de cerca coinciden en que ello se debió tanto al desinterés de Echeverría, que como hija de uniformado se identifica personalmente con la resistencia de los militares a la reforma del sistema previsional, como también a su falta de capacidad técnica para abordar el tema.
La otra tarea asignada a Echeverría consistía en preparar las bases de un proyecto de ley para la creación de un Servicio Cívico, como alternativa para los jóvenes que, por objeciones de conciencia basadas en razones religiosas o morales, no quieran cumplir con el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en funciones de naturaleza castrense. Tal alternativa, que también estaba incluida en el programa de Gobierno de Bachelet del 2005, era y es necesaria ya que, contrariamente a lo que dice el discurso público, en Chile el SMO sigue siendo obligatorio.
Lo que hay es una voluntariedad sólo de facto, estimulada por un conjunto de regalías, que en años recientes no han logrado captar suficientes voluntarios, forzando a que la Dirección de Movilización deba recurrir a llamados obligatorios por sorteo para cubrir las plazas de conscriptos vacantes.
La idea del Servicio Cívico Alternativo es que, en caso de ser llamados, los jóvenes objetores tengan la opción de prestar servicios en organismos públicos, recibiendo una calificación orientada a su desempeño como apoyo en situaciones de emergencia. Pero Echeverría simplemente decidió en el 2009 que tal opción no era necesaria en Chile, según algunas fuentes con el respaldo del entonces ministro Francisco Vidal, con quien ella coincide en sus inclinaciones pro-militaristas.
Bien relacionada
Carolina Echeverría llegó al PPD de la mano de Sergio Bitar, y en el 2004 se unió a la comisión de Defensa del partido, desplazando rápidamente al entonces presidente de esa comisión, Manuel Durán. Siempre con el apoyo de Bitar, Echeverría fue nombrada en el 2005 para coordinar la comisión programática para el sector Defensa de la candidatura de Michelle Bachelet, lo que pavimentó su camino hacia el nombramiento como Subsecretaria de Marina en marzo del 2006.
Para entonces ella ya se había relacionado bien con el grupo de jóvenes del PPD conocido como la Generación de los Noventas o G-90, liderado por Rodrigo Peñailillo, hoy nominado para ser Ministro del Interior; y también conformada por Harold Correa y Juan Eduardo Faúndez, ambos vinculados al escándalo de utilización política de fondos de ChileDeportes; además de Adolfo Galindo. Este último le acompañó en la Subsecretaría de Marina como jefe de gabinete, donde se convirtió en su fiel mano derecha.
Quienes observaron el desempeño de Echeverría en la Subsecretaría de Marina recuerdan su obsesión por influir en la designación del oficial que sucediese al Almirante Rodolfo Codina como jefe de esa institución, con preferencias basadas más en la amistad que en lo profesional. Su primera apuesta fue por el Vicealmirante Oscar Millar, con quien desarrollo una amistad que incluyo intercambio de visitas en los respectivos hogares e incluso una celebración privada de Año Nuevo en la cámara de oficiales del buque escuela Esmeralda en Valparaíso. Sin embargo, el pase a retiro de Millar a fines del 2008 le obligó a buscar un nuevo favorito.
Este fue el Vicealmirante Edmundo González, otra amistad naval a quien Echeverría comenzó a promocionar como un campeón de los Derechos Humanos, pese a que había sido alumno de la tristemente célebre Escuela de las Américas en Fort Benning. Echeverría destacaba mucho el rol de González en la organización de la segunda visita de ex presos políticos a Isla Dawson a fines del 2006, en circunstancias de que el oficial no había hecho otra cosa que cumplir con las órdenes que recibió del Almirante Codina. González, que fue finalmente impuesto como nuevo comandante en junio del 2009, contra las preferencias del Almirante Codina, tuvo una muy cuestionada gestión tras el terremoto y tsunami de Febrero del 2010.
El acercamiento de Echeverría a Bachelet no fue fácil al principio, pero luego le ayudó la amistad que desarrolló con María Angélica Álvarez, también conocida como la “Jupi”, la amiga personal y más cercana asesora de Michelle Bachelet. Así se fue acercando al círculo más íntimo de esta última, al punto de que en años recientes ofició de anfitriona, en su propia casa de El Arrayán, de algunas de las celebraciones de cumpleaños de la ahora Presidenta electa.
Recaudadora
Muchas críticas se han dirigido hacia Echeverría tras su nominación como futura Subsecretaria de las Fuerzas Armadas, que es la división del Ministerio de Defensa que se involucra con mayor peso en la gestión de los programas de compra de material bélico. Pero nada se ha dicho de la relación que, como encargada de la recaudación de fondos para la campaña de la Presidente electa Michelle Bachelet, ella ha tenido con las empresas extranjeras proveedoras de dicho equipamiento. Y es que dichas empresas, donde se incluyen poderosos grupos industriales de Europa y Norteamérica, siempre han hecho aportes económicos a las campañas de los candidatos presidenciales.
La influencia de dichas empresas sobre las autoridades se perfiló en el año 2003, pese a que poca gente lo percibió entonces, cuando se estaba estudiando una reforma a la ley que exime de impuestos el ingreso de pertrechos militares al país. En ese momento se sugirió, desde el Ministerio de Defensa, que el no pago de impuestos estuviese condicionado a la participación de firmas chilenas en un porcentaje de la operación de compra, ya sea manufacturando partes para el equipo adquirido y prestando servicios post-venta de mantenimiento u otro soporte logístico ligado. Las firmas extranjeras tomaron la idea muy a mal, e hicieron un fuerte reclamo a diferentes instancias del gobierno de turno, que encabezaba el Presidente Ricardo Lagos, recordando de paso, según una fuente contactada por EP, sus aportes financieros durante la campaña eleccionaria.
Como resultado, desde La Moneda bajó una orden al Ministerio de Hacienda, instruyendo al entonces ministro Nicolás Eyzaguire (PPD) no condicionar la liberación de impuestos de las compras de equipo militar. Esas instrucciones fueron ejecutadas por la entonces Subsecretaria de Hacienda, María Eugenia Wagner (DC), quien despachó rápidamente el proyecto de ley, sin informar a las autoridades de Defensa que la condicionalidad propuesta había sido excluida.
Es por este nivel de influencia de los proveedores de armas que el nombramiento de Echeverría, en una instancia que pesa a la hora de comprar material bélico, debería encender luces de alarma entre aquellos que se preocupan por la probidad y la debida transparencia en todos los aspectos de la gestión pública.
Fuente: El Periodista
