Si alguien en este país, albergó la ilusión de que las condenas, en los casos Penta y SQM, serían proporcionales al daño causado y el escándalo público que sacudió al país, cuando se conocieron los hechos, pues se equivocó rotundamente.
Quién concibió esa quimera, no tuvo en cuenta que en la República neoliberal, las instituciones funcionan; pero para proteger, preservar y reproducir a la oligarquía hegemónica, los hiper millonarios del 0,1% y los funcionarios y políticos corruptos a su servicio.
Tanto es así, que en todos los casos, las instituciones que en teoría defienden la igualdad ante la ley y el derecho de los chilenos, como el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, han sido los principales paladines de la impunidad de los poderes fácticos.
Grupo Angelini, Endesa y Aguas Andinas: así se selló la impunidad para tres poderosas fuentes de dinero político ilegal
por Pedro Ramírez.
A cuatro años de la explosión del financiamiento ilegal de la política, los únicos casos que llegaron a tribunales –Penta y SQM– entran a su recta final con condenas menores y negociaciones para otorgar salidas alternativas.
Más de 20 empresas que también pasaron dinero a políticos zafaron de la justicia porque el SII decidió no denunciarlas. Solo rectificaron sus declaraciones tributarias y tanto los montos involucrados como los políticos beneficiados, quedaron bajo secreto.
El Grupo Angelini, Endesa y Aguas Andinas, destacan por el volumen de dinero que repartieron de manera transversal. Esta es la historia del potente lobby que les garantizó la impunidad.
Fue en los primeros días de mayo de 2015. Justo después del feriado largo por el Día del Trabajador, un equipo de profesionales del Servicio de Impuestos Internos (SII) cuya tarea se focaliza en contribuyentes bajo sospecha de no haber pagados sus tributos, supo que la indagación recién abierta sobre el Grupo Angelini no seguiría el curso normal.
Ese mismo día intuyeron que los chilenos jamás conocerían la nómina completa de las empresas que habían hecho aportes ilegales a políticos ni el monto total del dinero negro que entregaron. Y no se equivocaron.
Transcurridos tres años y ocho meses, el manto protector que cubrió a más de una veintena de empresas que proporcionaron fondos ilegales a políticos, sigue mostrando su poder. Si la mayoría de esas empresas consiguió zafar de la condena penal, fue porque en el momento clave inicial el SII les lavó la cara: nunca las denunció a la Fiscalía ni se querelló contra ellas.
Así, les pavimentó el camino a la impunidad al aceptar que solo rectificaran sus declaraciones tributarias y en completo secreto.
Solo dos casos, Penta y SQM, enfrentaron la justicia penal. Ambas causas ya están en su recta final con apenas un puñado de imputados expuestos a penas menores, pues la mayoría negoció salidas alternativas.
La última novedad del juicio a Penta ocurrió el pasado martes 22 de enero: la Corte de Apelaciones de Santiago sobreseyó a Santiago Valdés, ex administrador electoral del Presidente Sebastián Piñera.
Poco antes, el 15 de enero, la Fiscalía anunció que no perseverará en la persecución penal de 16 personas en el Caso SQM. Entre ellas, el ex presidente de Endesa, Jorge Ronseblut, y el ex director del SII, Michel Jorrat.
El Caso SQM llegó a tener 148 formalizados, pero solo un pequeño grupo sigue bajo investigación. De hecho, la única acusación de alto impacto político que quedará por zanjar cuando se llegue finalmente al juicio oral será la imputación por cohecho que enfrenta el ex ministro Pablo Longueira (UDI). Pero, para llegar a esa instancia la Corte Suprema debe resolver primero el desafuero del senador Jorge Pizarro (DC), otro político que sigue en la mira del Ministerio Público.
Lejos de la apatía que genera hoy, a inicios de abril de 2015 el Caso Penta era el principal tema de la agenda periodística. Hasta ese momento el financiamiento ilegal contaminaba únicamente a la UDI. Pero en esos días el SII provocó un giro al presentar al Ministerio Público una denuncia que involucraba a 172 personas –naturales y jurídicas– que recibieron pagos de la minera SQM.
De ellas, 74 estaban relacionadas con partidos de derecha y 11 con la entonces gobernante Nueva Mayoría, tal como lo demostró una investigación de CIPER
La UDI ya no estaba sola en el escenario y, con la contabilidad de SQM expuesta a ser abierta ante la opinión pública, una poderosa fuerza política transversal se puso en marcha para ahogar las investigaciones.
El primer golpe de ese soterrado lobby fue el bloqueo a la indagatoria de Impuestos Internos sobre el Grupo Angelini. A fines de ese mes de abril, la revisión de los registros contables de SQM abrió ante los ojos de los funcionarios del SII un vaso comunicante con el holding propietario de Copec, Celulosa Arauco y Corpesca, entre otras empresas.
Lo que alcanzaron a ver encendió todas las alarmas del mundo político: facturas y boletas sin respaldo pagadas por el Grupo Angelini a asesores y cercanos a políticos de todo el espectro, como el ahora ministro de Defensa y entonces senador Alberto Espina (RN) y el senador Felipe Harboe (PPD). Pero más grave, eran las evidencias de que ese grupo económico también había aportado ilegalmente a la precampaña de la entonces presidenta Michelle Bachelet.
El Grupo Angelini, como quedó demostrado en la investigación que inicialmente llevaron los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, puso más dinero que SQM en la precampaña de Bachelet: unos $360 millones. Pero esos antecedentes, a diferencia de lo ocurrido con SQM y Penta, jamás llegaron a un tribunal. El SII rehusó presentar querellas o denuncias, bloqueando la labor de Gajardo y Norambuena, quienes finalmente renunciaron al Ministerio Público en enero de 2018.
La indagatoria quedó en manos del fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien ha ido cerrando el Caso Penta con acuerdos que involucran salidas alternativas y penas menores. De hecho, la suspensión condicional que brindó al senador Iván Moreira (UDI) –el único político que reconoció en público que había pedido dinero ilegal a Penta– fue uno de los factores que detonó las renuncia de los fiscales Gajardo y Norambuena (vea su carta de renuncia).
La convicción que existe entre los funcionarios del SII es que, así como se persiguió penalmente a SQM y Penta, a lo menos otros tres poderosos actores del mercado debieron correr la misma suerte: el Grupo Angelini, Endesa y Aguas Andinas.
Respecto de los dos primeros, los especialistas del SII alcanzaron a reunir evidencias de que el volumen de los tributos burlados con los aportes ilegales a políticos eran de una cuantía que permitía justificar la acción penal: al menos unos $160 millones en el caso del Grupo Angelini y cerca de $130 millones en el de Endesa.
-Es poco para los volúmenes que mueven esas compañías, pero suficiente para la denuncia penal -dijo a CIPER un experto tributario que conoció ese proceso
En relación a Aguas Andinas, debido a la magnitud de las rectificaciones que presentó al SII –por facturas o boletas pagadas a personas relacionadas con políticos, como el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle– también ameritaba enfrentar la persecución penal (vea el reportaje de CIPER “Platas políticas: la generosa billetera de Aguas Andinas”).
¿Por qué el Grupo Angelini, Endesa y Aguas Andinas, no siguieron el mismo camino de Penta y SQM? ¿A quiénes habían entregado dinero ilegal? ¿Quiénes unieron fuerzas para evitarles el juicio? ¿Por qué otra veintena de empresas también quedaron al margen de las indagatorias de la Fiscalía? Esta es la historia.
$4.139 MILLONES EN LA OSCURIDAD
Para graficar el volumen del “perdonazo” que evitó el desfile ante la justicia penal de prominentes empresarios y ejecutivos, funcionarios del SII señalaron a CIPER que hasta el año 2017 se presentaron poco más de 40 procedimientos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) contra empresas y personas naturales, en los que se aplicaron solo “sanciones pecuniarias”.
También dijeron que en otra veintena de casos, donde no se acreditó dolo en el incumplimiento tributario, solo se cobraron los impuestos adeudados, con reajustes e intereses. Así funcionó el by pass que evitó manchar los antecedentes judiciales de los involucrados.
Según las cuentas oficiales del SII, hasta abril de 2017 el “perjuicio fiscal” por financiamiento político ilegal se empinaba por sobre los $11.650 millones. De ese monto, $4.139 millones correspondían a contribuyentes que nunca fueron denunciados a la justicia penal y a los que solo se les aplicaron sanciones pecuniarias.
En julio de 2017, La Tercera informó que los TTA aplicaron multas por un total de $1.235 millones a las empresas involucradas en pagos irregulares a políticos. La misma nota indicó que el perjuicio fiscal calculado por el SII a raíz de estas operaciones ilegales sumó $841 millones.
La más alta de las multas aplicadas por los Tribunales Tributarios correspondió precisamente al Grupo Angelini: $929 millones ($351 millones por Celulosa Arauco y $578 millones por Copec). En el proceso, el perjuicio fiscal provocado por el holding fue calculado en $227 millones.
-Eso daba para abrir una causa penal y así lo pensaban y lo siguen pensando los funcionarios de Impuestos Internos que conocieron esas rectificaciones -dijo a CIPER un experto tributario que conoce en detalle cómo se manejó el tema en el SII.
Otras multas impuestas por los TTA fueron para el BCI ($141 millones), que puso dinero en la campaña de Laurence Golborne; Watt’s ($2 millones), que pagó facturas falsas presentadas por el empresario Tomás Carrasco, también para apoyar a Golborne; Ripley ($15,7 millones), por aportes a la campaña de Michelle Bachelet; Banco Itaú ($3,7 millones); Ecomac ($19,8 millones); Desarrollos y Servicios Melipilla, sociedad relacionada con empresas Ariztía ($12,4 millones) y la sociedad IBMC ($13,4 millones), propiedad de Jorge Bussenius, administrador electoral de la senadora Ena von Baer.
La última palada para enterrar los antecedentes penales que acreditan cómo estas empresas burlaron las normas tributarias para encubrir aportes a políticos, tuvo lugar el miércoles 22 de agosto de 2018. Ese día la Fiscalía Metropolitana Oriente informó en una breve nota de prensa en su página web, su decisión de “archivar provisionalmente los hechos correspondientes a las causas por delitos tributarios donde a la fecha no ha existido querella del Servicio de Impuestos Internos”.
En otras palabras, a pesar de las pruebas que las incriminan, las empresas que no fueron querelladas ni denunciadas por el SII libraron de enfrentar a la justicia penal.
En la práctica, y a pesar de los extensos antecedentes sobre el rol que jugaron estas empresas, el Ministerio Público está amarrado de manos para perseguirlas. Así lo explicó la propia Fiscalía en su escueto comunicado:
“Ante la inexistencia de dicha acción judicial (del SII), que es requisito en materia de delitos tributarios, el Ministerio Público no puede proseguir con la acción penal”.
Para ejemplificar la gravedad de la información que fue archivada, la misma nota de la Fiscalía citó dos casos:
“Dentro de estos hechos se encuentran los antecedentes respecto a aportes de empresas como Ripley a la campaña de Michelle Bachelet y la indagatoria respecto a aportes de empresas a la campaña de Laurence Golborne”.
La Fiscalía informó en agosto pasado que no seguirá investigando el financiamiento de la campaña de Bachelet por falta de acciones judiciales del SII.
CIPER pidió a la Fiscalía Metropolitana Oriente –mediante una solicitud de acceso a información pública– el detalle de los antecedentes archivados. La respuesta fue negativa. El argumento: esta es una investigación “que se encuentra terminada y conforme lo establece el artículo 182 del Código Procesal Penal, las actuaciones en ella realizadas son secretas para los terceros ajenos a la investigación”.
APARECE MARTELLI
En la víspera del fin de semana largo por el Día del Trabajador de 2015, en el SII ya sumaban varias jornadas analizando la contabilidad de SQM. Solo algunas semanas antes la opinión pública había conocido la decisión de la Fiscalía de poner proa hacía la minera controlada por Julio Ponce Lerou. A esas alturas se sabía, también, que SQM había repartido dinero a prácticamente todo el arco político. Pero su contabilidad guardaba todavía un secreto explosivo: la empresa de Ponce Lerou había financiado la precampaña de Bachelet.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), operaba soterradamente sobre el jefe del SII, Michel Jorrat, para evitar que la información se hiciera pública y se sumara a los efectos del Caso Caval, que en febrero había golpeado a la mandataria, desplomando dramáticamente su popularidad. Las reservadas y frenéticas gestiones de Peñailillo y del ministro de Hacienda, Alberto Arenas (PS), se conocerían recién el 8 de mayo de ese año, cuando CIPER reveló las presiones que ambos ejercían sobre la dirección de Impuestos Internos (vea ese reportaje).
Sin saber que sus jefes caminaban esquivando lava, en esa última semana de abril de 2015 varios profesionales del SII analizaban las cuentas de SQM en busca de indicios de evasión asociada a financiamiento político. Ahí se toparon con los dineros que la minera pagó a Asesorías y Negocios (AyN), sociedad constituida por Giorgio Martelli que –como se supo casi un mes después– había oficiado de caja pagadora de la precampaña de la presidenta. Pero, en ese momento nada de aquello se sabía.
En un trámite rutinario, los funcionarios buscaron otras facturas sospechosas emitidas por AyN. Una de ellas había sido extendida a Copec, empresa emblemática del Grupo Angelini. Como lo dicta el protocolo interno, citaron a los responsables de la contabilidad de Copec, para que explicaran qué servicio se le pagó a AyN con esa factura. Pero esa reunión nunca se concretó. Al regreso del feriado largo, la jefatura del SII hizo saber que no sería esa la forma en que se trataría el tema.
Las alarmas habían saltado en el Grupo Angelini y un entramado con mucho más peso que el de los fiscalizadores de Impuestos Internos entró en acción.
Poco después, revisando la prensa, los funcionarios del SII comprendieron que habían dado con una hebra que conectaba al Grupo Angelini con el corazón de las finanzas del bacheletismo.
Meses antes, a inicios de 2015, ya había comenzado a operar el lobby para que el SII no facilitara a la Fiscalía la contabilidad de SQM y dejara de colaborar con las pesquisas penales. La tesis la presentaba en público el ex director del SII, Ricardo Escobar, quien argumentaba que los montos de las boletas eran muy bajos, que los impuestos no pagados eran una minucia y debían cobrarse por la vía administrativa, solo con multas.
En síntesis, no se justificaba que el SII usara el costoso aparataje que requería la vía penal. Escobar hacía estas declaraciones sin revelar su conflicto de interés: es socio del abogado Jorge Bofill, defensor del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou.
Otro abogado que planteaba la tesis de la “vía administrativa” era Samuel Donoso, entonces militante del PPD, quien el 9 de enero de 2015 se presentó ante la plana mayor del SII como asesor del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en una reunión en el Ministerio de Hacienda.
Allí, Donoso conminó al director del SII, Michel Jorrat, a desestimar la persecución penal de SQM, sin advertirle que él era defensor del gerente general de la misma minera, Patricio Contesse.
-Es cierto que la mayoría de las boletas eran por montos relativamente chicos y que Impuestos Internos usa la vía administrativa por cifras así. Pero no era el caso de SQM, porque, por la gran cantidad de boletas sin respaldo, el global era alto. Ahí sí se justificaba la persecución penal. Lo mismo que con Endesa y el Grupo Angelini. Por eso, Jorrat y Cristián Vargas (entonces subdirector jurídico del SII) le dieron el vamos a la denuncia de SQM -recuerda un experto tributario que participó en las gestiones que se hicieron en Impuestos Internos.
El mismo profesional dijo a CIPER que la tesis de Escobar hacía ruido entre los funcionarios del SII, pues muchos pensaban que, efectivamente, por tratarse de boletas de montos bajos, no era necesario ir a tribunales. Y recuerda que, por lo mismo, hubo voces que sugirieron enviar a la Fiscalía los antecedentes solo de las empresas que tenían un gran volumen de boletas y facturas comprometidas, con una cifra final que superara los $100 millones de perjuicio fiscal.
Eso permitía sortear la crítica de Escobar. Los registros contables del Grupo Angelini, y luego los de Endesa, cuadraban perfectamente con esos requisitos. Pero esa sugerencia murió el mismo día en que Michel Jorrat cayó de la jefatura del SII.
El 18 de mayo de 2015, apenas tres semanas después del bloqueo al interior del SII a la revisión de la contabilidad del Grupo Angelini, Jorrat fue destituido. Su caída se produjo poco después de las salidas de los ministros Peñailillo y Arenas, quienes abandonaron el gabinete precisamente después de que CIPER diera a conocer las presiones que habían ejercido para torpedear las investigaciones de las platas políticas.
Tres meses después, en agosto de 2015, la dirección del SII la asumió Fernando Barraza. La subdirección jurídica quedó en manos de Bernardo Lara. Con esa dupla, al interior del SII se instaló un predicamento que los funcionarios tendrían que replicar en los próximos tres años, cada vez que el Ministerio Público los presionaba para que presentaran nuevas querellas:
“Seguimos solo con lo que ya está hecho”. Eso significó que en la vía penal solo continuarían los dos casos que habían abierto Jorrat y Vargas: SQM y Penta. El resto de los financistas de políticos quedó a salvo. Para ellos se abrió la “vía administrativa” de las rectificaciones, las multas y el pago de los impuestos adeudados.
El GENEROSO GRUPO ANGELINI
A lo largo de 2015 cinco empresas del Grupo Angelini presentaron rectificaciones tributarias: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur (que estuvo en manos del holding hasta junio de 2013). Revista Qué Pasa publicó que Copec y Arauco rectificaron $1.500 millones, mientras que Corpesca lo hizo por $260 millones. Los antecedentes recopilados por CIPER indican que otros $370 millones fueron rectificados por Siemel y $120 millones por Cruz del Sur. Más de $2.250 millones en total.
La cifra ubica al Grupo Angelini como el que más dinero ilegal proporcionó a políticos, después de SQM. No obstante, solo su empresa Corpesca enfrenta una investigación judicial en la que el ex senador Jaime Orpis (UDI) está acusado de cohecho por haber recibido $233 millones de esa pesquera entre 2009 y 2013.
La información recogida por CIPER estableció que los aportes del Grupo Angelini se distribuyeron entre casi todos los sectores políticos. En una rectificación ante el SII realizada por Siemel –una de las empresas inversoras del grupo- figuran pagos a una sociedad que integra al ex senador y actual ministro Alberto Espina (RN), a otra relacionada con la cónyuge (Cristina Orellana) del diputado Gabriel Silber (DC); a un asesor del senador Felipe Harboe (PPD), a varios dirigentes del PRI, a personas que hicieron boletas por encargo de la asesora de Pablo Longueira, Carmen Luz “Titi” Valdivielso; y a una sociedad de Pedro Yaconi, recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle en 2009.
El Grupo Angelini hizo pagos por un total de $52 millones a Asesorías e Inversiones Arrieta, del abogado Raúl Arrieta Cortés, quien fue asesor del senador Felipe Harboe (PPD) y también de su esposa, Katia Trusich, cuando era subsecretaria de Economía.
Corpesca entregó $12 millones a la sociedad del abogado, mientras que Copec y Arauco le pagaron $20 millones cada una. Los montos estuvieron bajo investigación de la Fiscalía, pero la pesquisa no pudo avanzar porque el SII no presentó denuncia.
Arauco, además, rectificó $30 millones que había pagado en 2012 a Cristián Warner Comunicaciones, sociedad del estrecho asesor del ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami.
El contador general de Copec, Ricardo Vargas, declaró ante la Fiscalía que esa empresa corrigió los pagos que hizo a la Consultora C2P, propiedad del yerno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Pedro Yaconi.
Un reportaje de La Tercera cifró los pagos de Copec a C2P en $50 millones. Otro artículo del mismo diario indicó que Copec también rectificó $150 millones que canceló entre 2009 y 2014 a Asesorías Técnicas (Asetec), una sociedad creada por Renovación Nacional.
En las rectificaciones presentadas por Siemel figuran pagos a dos sociedades vinculadas al actual ministro de Defensa, Alberto Espina: $68,2 millones cancelados entre 2010 y 2013 al estudio jurídico Zepeda & Compañía, del que Espina fue socio hasta julio de 2013; y $18,7 millones pagados en 2014 al bufete Cisternas & Compañía, sociedad a la que Espina ingresó a fines de 2013.
Este último estudio jurídico es controlado por Gonzalo Cisternas Sobarzo, vicepresidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional e hijo del ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas.
El ministro Cisternas, actual vocero de la Corte Suprema, fue uno de los tres supremos que ratificaron el sobreseimiento del senador Patricio Walker (DC) por el financiamiento político ilegal facilitado por empresas pesqueras de Aysén.
Ese dictamen, que impidió al Ministerio Público investigar los hechos, fue calificado como “impunidad” en el voto de minoría redactado por el ministro Milton Juica y firmado también por el magistrado Jorge Dahm.
Las rectificaciones de Siemel incluyeron además pagos por $7,7 millones a Eduardo Montalva Pérez, quien era encargado territorial del senador Iván Moreira (UDI). En las correcciones tributarias también figuran dirigentes del PRI: Julieta Cruz Figueroa (ex intendenta de Atacama), con $5,5 millones, y Eduardo Salas Cerda, con el mismo monto.
El financiamiento ilegal del Grupo Angelini al PRI no fue proporcionado solo por Siemel, Copec y Arauco también le giraron un total de $48,5 millones a Marcelo Peñaloza, yerno del ex presidente del PRI, Humberto de la Maza. Peñaloza, en su declaración, admitió que sus boletas eran falsas.
Copec, Arauco y Cruz del Sur, son las empresas del holding que hicieron aportes a la campaña de Bachelet a través de pagos irregulares destinados a la sociedad creada por Giorgio Martelli: Asesorías y Negocios. Martelli declaró a los fiscales que el ex presidente de Endesa y Enersis, Jorge Rosenblut, hizo los contactos con el Grupo Angelini:
“(Rosenblut) me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución de financiamiento entre las empresas del grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut”.
Jorge Rosenblut ratificó lo aseverado por Martelli cuando declaró ante los fiscales:
“Aprovechando una reunión en la que me tocó participar con ejecutivos del Grupo Copec, al final de la misma me acerqué a José Tomás Guzmán, a quien conozco y aprecio mucho y a quien consulté si estarían disponibles para apoyar el proyecto de la futura Nueva Mayoría. La consulta fue bien recibida y así se lo informé a (Giorgio) Martelli”.
LOS APORTES DE ENDESA
Endesa es otro gigante del mercado local que quedó a salvo de la persecución penal. Y en esta arista Jorge Rosenblut también tuvo un rol estelar para tender los puentes entre esa empresa y las campañas de la centroizquierda.
A fines de 2014, Jorge Rosenblut (histórico militante del ala más liberal del PPD) alcanzó la cúspide de su carrera al ocupar uno de los puestos más relevantes del mundo corporativo: presidente del Grupo Enersis (hoy Enel). Pero solo permaneció siete meses en ese cargo, transformándose en el ejecutivo que menos tiempo ha ejercido el liderazgo del holding energético que agrupaba a Enersis, Endesa y Chilectra (al menos desde 1990).
En junio de 2015, Rosenblut fue relevado de su puesto por los directivos de la matriz italiana del conglomerado, precisamente por sus vínculos con el financiamiento ilegal de las campañas de Eduardo Frei Ruiz Tagle (2009) y Michelle Bachelet (2013).
Rosenblut había presidido Endesa justamente entre 2009 y 2014. El mismo periodo en que esa empresa entregó el dinero ilegal a la política investigado por la Fiscalía, pero que el SII nunca denunció, por lo que la empresa zafó con simples rectificaciones de sus declaraciones tributarias.
Para los italianos, empeñados en esos días en la reorganización corporativa de Enersis, Rosenblut se convirtió en un escollo. Tres meses después de la salida del ejecutivo, en septiembre de 2015, la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España pidió al sistema penal chileno que le reportara posibles aportes de Endesa a Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Una solicitud enmarcada en una indagatoria por posible cohecho internacional. La investigación quedó a cargo de la fiscal Ximena Chong, quien inmediatamente puso bajo la lupa una rectificación tributaria hecha por Endesa ante el SII en junio de 2015, el mismo mes en que Rosenblut dejó la presidencia del grupo.
La rectificación de Endesa consignó pagos que se hicieron a una sociedad del recaudador de la campaña de Bachelet en 2013, Giorgio Martelli, y a quien cumplió el mismo rol de tesorería en la campaña de Frei de 2009, Pedro Yaconi. En total, esos pagos sumaron $276 millones.
Endesa también envió un informe a la Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión para el Mercado Financiero) en el que detalló los pagos que había hecho a Personas Políticamente Expuestas entre 2012 y 2013: un monto global de $549 millones (de ellos, $216 millones eran desembolsos para algunos de sus proveedores que aparecían vinculados a campañas políticas).
En enero de 2017, La Tercera dio cuenta de un informe interno del SII que fue enviado a la fiscal Chong. Allí se informa de 25 pagos hechos por Endesa a tres proveedores cuya prestación de servicios no se pudo acreditar: la sociedad C2P Consultores, de Pedro Yaconi; Asesoría e Inversiones IPEWA, del ex senador Ignacio Pérez Walker (RN), y Martelli y Asociados, de Giorgio Martelli. El informe concluyó que el perjuicio fiscal asociado a estos pagos sumaba $128 millones.
AGUAS TURBULENTAS
La sanitaria Aguas Andinas también hizo dos rectificaciones en 2015. La autoridad tributaria desestimó presentar denuncias o querellas ante la Fiscalía contra la empresa, a pesar del alto volumen de transacciones que corrigió. Una investigación de CIPER que revisó la contabilidad de Aguas Andinas, publicada en enero de 2016 (vea aquí ese reportaje), reveló que al menos 30 receptores de pagos hechos por la sanitaria entre 2009 y 2014 tenían vínculos directos con políticos.
Además, en las cuentas de la sanitaria del mismo periodo aparecen desembolsos por un total de $422 millones para centros de estudios relacionados con partidos y dirigentes de casi todo el arco político: Libertad y Desarrollo (UDI, con $72 millones); Fundación Jaime Guzmán (UDI, con $52,3 millones); Instituto Libertad (RN, $117,6 millones); Cegades (DC, $75,6 millones); Centro de Estudios para el Desarrollo (DC, $4,2 millones); Chile 21 ($34,5 millones) y Proyectamérica (plataforma relacionada con Ricardo Lagos que operó hasta 2013, con $66,3 millones).
Entre los receptores de los pagos hechos por Aguas Andinas figuran tres sociedades de Pedro Yaconi, yerno de Eduardo Frei Ruiz Tagle y uno de los recaudadores de su campaña en 2009 (recibió $430 millones de la sanitaria); la sociedad Asesorías e Inversiones LB, del ex ministro Pablo Longueira ($27 millones); la empresa Vox Comunicaciones, querellada por el SII en el Caso Penta por triangular dineros ilegales para la campaña presidencial del ex ministro Laurence Golborne ($53,5 millones); la Corporación de Asuntos Públicos (ligada a la UDI, $43 millones) y la empresa Soluciones en Gestión Ambiental, del socialista Jaime Solari ($394 millones).
En sus rectificaciones, Aguas Andinas también incorporó $76 millones pagados a Jaime de Aguirre y Mario Conca. Ese dinero se giró cuando ambos eran ejecutivos de Chilevisión y ese canal era controlado por Sebastián Piñera. Conca y De Aguirre emitieron esas facturas a pedido de Santiago Valdés, administrador electoral de la campaña presidencial de Piñera en 2009 y ex gerente de Administración y Finanzas de Bancard, una de las sociedades matrices del actual mandatario.
Aunque las boletas y facturas falsas de Aguas Andinas no fueron perseguidas penalmente, varios de los que recibieron dineros de la sanitaria aún siguen involucrados en los dos casos que el SII sí llevó a tribunales: SQM y Penta. En la investigación del Grupo Penta, por ejemplo, figuran Santiago Valdés (recientemente sobreseído) y Laurence Golborne. Y en el proceso de SQM también aparece otro nombre emblemático que recibió dineros de Aguas Andinas: Pablo Longueira.
El ex senador y ex ministro, histórico líder de la UDI, enfrentará en juicio oral la acusación por cohecho que le formuló el fiscal Pablo Gómez, quien lo acusó de haberse coordinado con el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, para incorporar indicaciones en la Ley de Royalty que favorecieron a esa empresa minera (vea el reportaje de CIPER que reveló esa trama).
Con los casos Penta y SQM en su recta final, las investigaciones por el financiamiento ilegal de la política terminarán cerrándose con el triunfo del lobby que alineó a todos los sectores para asegurar la impunidad de Endesa, Aguas Andinas y el Grupo Angelini.
Solo este último holding tiene pendiente en tribunales la causa por los recursos que su empresa Corpesca entregó a la ex diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis. Los fiscales Julio Contardo y Ximena Chong han pedido una pena de 21 años para Orpis, por haber recibido más de $233 millones en aportes de la pesquera entre 2009 y 2013.
Respecto de Endesa y de Aguas Andinas, así como del resto de las empresas del Grupo Angelini, tal como lo intuyeron los funcionarios del SII en los primeros días de mayo de 2015, el verdadero impacto de su intervención ilegal en las campañas políticas seguirá oculto para los ciudadanos.
Permanecerá a buen recaudo en los registros reservados de Impuestos Internos y lejos de los tribunales de justicia.
SQM Y PENTA EN SU HORA FINAL: SALIDAS ALTERNATIVAS Y CONDENAS MENORES
Para que el Caso SQM pase a la etapa de juicio oral solo queda un trámite pendiente: que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de que el desafuero del senador Jorge Pizarro (DC), ya rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, sea visto por la Corte Suprema. El recurso fue presentado por la defensa de Pizarro luego de que el 23 de enero la fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Periviancich (heredó el proceso de manos de Pablo Gómez), apelara al fallo favorable de la Corte de Apelaciones de Santiago.
A Pizarro se le imputan delitos tributarios por los pagos que SQM hizo a una sociedad de sus hijos entre 2011 y 2012 (por cerca de $45 millones). La Fiscalía pide para él una condena de solo 818 días, por lo que no se expone a una pena de reclusión.
De los 148 formalizados y 110 imputados que llegó a acumular la causa, hasta ahora solo ocho personas han sido condenadas. Entre ellas, el recaudador de la precampaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli (con una pena de 800 días), el ambientalista Patricio Rodrigo (ex PPD, 600 días) y el ex presidente del PRI, Humberto de la Maza (600 días).
Igual de minúsculo es el grupo que aún enfrenta la posibilidad de una condena. La mayoría de los involucrados fueron beneficiados con salidas alternativas, prescripción y sobreseimiento. Este último es el caso del ex senador Fulvio Rossi (ex PS), para quien la Fiscalía también pedía 818 días.
El martes 15 de enero la Fiscalía entregó la última nómina de favorecidos: 16 personas sobre las que no perseverará en la persecución penal. Entre ellos están Jorge Rosenblut, Michel Jorrat, Patricio de Solminihac, Ricardo Brodsky, Luis Enrique Saldías, Roberto Guzmán Lyon, Juan Francisco Varela, Jorge Quinzio, Gilberto Müller, Andrés Serrano y Gonzalo Molina.
Además del senador Pizarro, entre quienes aún figuran bajo investigación se cuenta el ex ministro y ex senador Pablo Longueira (UDI). La acusación de cohecho que pesa en su contra será resuelta en juicio oral.
La Fiscalía ha pedido un total de cuatro años para Longueira (818 días por delitos tributarios y 818 días por cohecho) y de ocho años para el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse (siete años por soborno y 818 días por delitos tributarios). Ambos son acusados de haberse coordinado para beneficiar a la minera en la tramitación de la Ley de Royalty.
Esto, con el agravante de que SQM, de acuerdo con las investigaciones que ha hecho la Fiscalía y también la que ha desarrollado CIPER, hizo pagos por más de mil millones de pesos a una red de boleteros organizada por la asistente histórica del ex ministro, Carmen Luz “Titi” Valdivielso. Para esta última se pidió una pena de 818 días.
En julio de 2018, la Fiscalía solicitó también una pena de cuatro años para Marco Enríquez Ominami y de cinco años para su asesor Cristián Warner. Además, pidió cuatro años para Roberto León (hijo del ex diputado DC del mismo nombre) y Marcelo Rozas (dirigente DC); y 818 días para el ex tesorero del PPD Luis Matte y Sebastián Pizarro (hijo del senador Jorge Pizarro).
En el Caso Penta, en tanto, el fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, ha privilegiado las salidas alternativas. La última información relevante en este proceso se conoció el miércoles 23 de enero, cuando la Corte de Apelaciones resolvió dos temas clave: dictaminó el sobreseimiento de Santiago Valdés, ex gerente de Bancard y ex administrador electoral de Sebastián Piñera, y confirmó el procedimiento abreviado que benefició al ex subsecretario Pablo Wagner (UDI) con dos años de presidio remitido y cuatro años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La Fiscalía acusaba a Valdés de haber facilitado a SQM facturas falsas emitidas por las sociedades Vox Populi, Bancorp e Inversiones La Música, por un total de $366 millones. La corte lo sobreseyó –con el voto en contra del ministro Jorge Zepeda– por la extinción de su responsabilidad debido a “la prescripción de la acción penal” y porque estaría “claramente establecida la inocencia del imputado”.
La resolución que confirmó el procedimiento abreviado para Wagner, en tanto, era esperada con expectación por los intervinientes en la causa. Contra esa salida alternativa habían apelado el Consejo de Defensa del Estado, la Fundación Ciudadano Inteligente y abogados de parlamentarios del PS. Al quedar a firme el procedimiento, y aunque se fije audiencia para la preparación del juicio oral, se abre la puerta a que otros imputados negocien salidas alternativas.
Entre ellos están el ex ministro Laurence Golborne (arriesga una condena de cuatro años); las esposas de los controladores de Penta, María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez (también cuatro años); y la asesora del ex alcalde Pablo Zalaquett, Carmen Luz “Coca” de Castro (3 años y un día).
Pablo Zalaquett podría sumarse a los favorecidos con salidas alternativas, pero antes debe resolver su situación en otra investigación penal: la causa por la operación ilegal de máquinas tragamonedas.
Fuente: CIPER
