De las 21 causas derivadas de la investigación por fraude en la Ley reservada del Cobre que sigue la ministra Rommy Rutherford, el denominado “caso viáticos”, instaló la alarma en el alto mando del Ejército y la preocupación dell ministro de Defensa.
En lo formal, el ministro Alberto Espina ordenó realizar todas las gestiones necesarias para cruzar la información existente en el Ejército y determinar cuántos generales en servicio están siendo investigados.
El atolladero de Espina
Extraoficialmente se habla de al menos 15 generales activos que habrían cumplido misiones de servicios en el exterior que podrían estar involucrados en el mal uso de pasajes. Sólo tras recabar los antecedentes necesarios, Espina procederá a reestructurar el alto mando.
La ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, se encuentra indagando más de 1.500 viajes al extranjero que hicieron militares entre 2009 y 2015,
Uno de los que ya cayó, el general John Griffiths, el segundo al mando en la institución, quién renunció antes de ser encausado por la ministra Rommy Rutherford, hizo lo mismo que otros tres coroneles que enfrentan cargos por fraude al fisco: pidió devoluciones a las agencias de viaje por pasajes, fletes y los usó para beneficio personal.
El ex-alto oficial, de acuerdo a la resolución de la magistrada, confesó -entre otros hechos- un viaje realizado en 2014 con su esposa por Europa -pagado con fondos institucionales- donde se reunió con el excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo y el entonces jefe de la Brigada Aérea Sergio Retamal.
Estos dos últimos también estaban con sus cónyuges. La razón por la que estuvieron en el viejo continente, fue la visita a una empresa aérea, con miras a comprar material bélico. Sin embargo, no quedó nada por escrito, ni menos fotografías, solo un informe verbal imposible de comprobar. Nunca pensó, declaró Griffiths en el expediente, que su comportamiento fuera un delito.
Espina, confirmó que es posible que haya otros uniformados involucrados en la investigación sobre fraude al Fisco en el Ejército, que realiza la ministra Rumy Rutherford por el uso irregular de recursos públicos en comisiones de servicio exterior:
«Estamos recabando toda la información, se le ha pedido al comandante en jefe del Ejército, y estamos trabajando para conocer exactamente quiénes son los oficiales que puedan tener acciones irregulares en la compra de pasajes al extranjero».
Agregó:
«Los estándares que vamos a poner en esta materia son los que hemos establecido desde el primer día, los más altos estándares éticos de su comportamiento».
Espina podrá decir lo que quiera; total, hablar es gratis. Pero lo cierto es que no tiene otras herramientas que pedir informes, solicitar investigaciones y, eventualmente, intervenir en la definición del alto mando, cuando corresponda.
Más aún cuando las indagatorias podrían incluso afectar a militares que estén en condiciones de integrar el próximo alto mando.
«Ese análisis de información, sobre el alto mando, lo estamos haciendo para llevarlo al Presidente, adoptando todas las providencias. No descartamos que existan otras personas, porque los antecedentes que hay es que hay otros oficiales que habrían utilizado ese procedimiento. Y quien califica el grado de ilegal que eso significa son los tribunales. Pero hay antecedentes de otros oficiales que hicieron las mismas conductas», concluyó Espina.
Las medidas adoptadas por el ministerio de Defensa se limitan a solicitar la revisión de las autorizaciones de viajes oficiales entre los años 2009 y 2015 que fueron gestionadas con algunas de las cuatro agencias que operaban con el mundo castrense y que eran parte de la operación a través de la cual los oficiales, luego de que se les facturaban los tickets por los montos más altos del mercado, se contactaban con la empresa de turismo para comprar pasajes más baratos y con el remanente realizar escalas, sumar pasajeros o solicitar reembolsos.
Tras el procesamiento de John Griffiths por fraude al fisco esta semana, que implicó su renuncia como jefe del Estado Mayor General, Espina se autoimpuso diez días de plazo para que le sean entregada la información necesaria y tomar decisiones respectivas, y la exigencia que realizó en septiembre pasado a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas para que entregaran sus propuestas de actualización del reglamento de pasajes y fletes que data de 1981 y que en la actual circunstancia va a ser modificada.
La hebra que lleva a Oviedo
La Corte Marcial ratificó el procesamiento de los dos primeros oficiales involucrados en este caso: los coroneles (R) Sergio Vásquez y Rodolfo Hidalgo. El abogado del primero, Luis Valentín Ferrada, adujo que la práctica que Rutherford considera como fraude, era habitual y, con notable ingenuidad, informó:
“Entre 2009 y 2015, salieron fuera del país 1.503 uniformados: 348 generales, 892 coroneles y más de 300 suboficiales y clases. Este número es exacto, porque está extraído de los decretos supremos que en cada caso los revisé, firma el ministro de Defensa por orden del Presidente, disponiendo las comisiones de servicio en el exterior”.
La preocupación de todos, en el alto mando y el ministerio de Defensa, apunta a que, conforme avance la investigación de la ministra Rutherford, podrían caer demasiados efectivos militares, incluyendo cercanos a los comandantes en jefe de turno, en incluso, algunos de ellos. .
Uno de quienes estaría en una situación compleja es el ex Comandante en Jefe, Humberto Oviedo. El General (r) figura, como consta en el autoprocesamiento de Griffiths, en la declaración de éste sobre un viaje que realizó del 13 al 21 de febrero de 2014 a Milán, con escala en Venecia.
Oficialmente, Griffiths viajó junto a los generales Sergio Retamal (BAE) y Oviedo, pero luego reconoció que “realmente viajó con su señora. Afirma que se usa que se viaje con las señoras, como lo hicieron los tres generales en esa oportunidad. Más si es que se han pedido los permisos, pero no recuerda si los tenía”.
El escrito consigna acudieron a París, Venecia, Milán y Berna. El método usado por Griffiths habría sido el mismo empleado por Oviedo y, recalcan fuentes conocedoras de la investigación a este medio, se hace difícil sostener la inexistencia de dolo en este tipo de maniobras, toda vez que se realizaba un acuerdo expreso con las agencias para que los pasajes de las cónyuges fueran cargados al fisco.
Nerviosas consultas
Una serie de consultas a relevantes abogados a la plaza han realizado en estas últimas semanas la plana mayor del Ejército con un objetivo claro: elaborar una estrategia judicial que permita precisar las responsabilidades en las irregularidades en el uso de pasajes al extranjero entre los años 2009 a 2015. Ello frente al temor del procesamiento masivo de oficiales castrenses en la causa por fraude al fisco que sigue la ministra Romy Rutherford y que está radicada en el justicia militar.
En este caso fue sometido a proceso el General John Griffiths por fraude al fisco, por lo que debió renunciar como jefe del Estado Mayor General y ayer declaró como inculpado el general de División Werther Araya Menghini.
Los nombres de este elenco asesor se guardan bajo siete llaves, pero fuentes consultadas por La Tercera PM aseguran que entre quienes han entregado consejos profesionales están abogados que colaboran de forma habitual con Defensa, quienes además ha sido contactado para iniciar el análisis de una modificación en el reglamento de ley de justicia militar.
Pero además, desde el ministerio de Interior se ha estado monitoreando el asunto, dada la gravedad que éste tiene para la conformación del Alto Mando 2019.
Entre los consultados hay coincidencia en la necesidad de que el Ejército elabore un informe en derecho que le permita sostener la tesis de que no hay dolo involucrado entre quienes fueron usuarios de los tickets asignados por el Ejército y que establezca dónde sí radicaría la ilegalidad.
Según la auditoría denominada “Investigación Especial, Sección Pasajes y Fletes del Ejército”, que se habría hecho llegar ya a Rutherford y otras investigaciones internas, se estaría frente a un mecanismo elaborado por quienes estuvieron a cargo de los convenios con las agencias indagadas que habrían ideado un plan para obtener de forma anómala parte de la comisión que se obtenía por las transacciones para viajar. En el caso de Griffiths, por ejemplo, existe una devolución formal por US $29 mil dólares, pero de ellos sólo US $26 mil llegaron a la cuenta del General. Qué pasó con el dinero restante es parte de lo que se busca esclarecer.
El planteamiento busca que se determiné -ya en la Corte Marcial, porque Rutherford no ha adherido a esta visión- que la costumbre de los oficiales de contactarse con las agencias de viajes, luego de que ya se les habían facturado tickets por los montos más altos del mercado, para cambiarlos por pasajes más baratos y con el remanente realizar escalas, sumar pasajeros o solicitar reembolsos, constituye un error similar al de los sobresueldos en el gobierno de Ricardo Lagos.
El ministro del Defensa enfrenta una incómodo encrucijada: o propicia alguna política para intentar evitar el procesamiento masivo de militares. o aplica la no escrita «ley de tolerancia cero» en virtud de la cual, cualquier militar que sea sometido a proceso debe dejar la institución.
Habida cuenta los antecedentes, cabe apostar por la primera. Por de pronto, la Corte Marcial ya dejó el libertad provisional al ex general Griffiths
