La ministra Romy Rutherford, quien indaga el fraude en el Ejército con fondos de la Ley Reservada del Cobre, descubrió un nuevo y escandaloso método utilizado por la alta oficialidad del Ejército para desviar recursos hacia el beneficio personal.
Se trata de diversas figuras, como sobreprecio, subfacturación y apropiación de viáticos, en viajes a comisiones de servicio al extranjero.
En otros casos, se defraudaba era a través de «visitas oficiales», usualmente financiadas en parte o totalmente por invitación de los países anfitriones, para pedir abultadas cifras de reembolso de pasajes, viáticos y «exceso de equipaje» para viajar con las familias.
El Ejército compraba pasajes para sus oficiales en comisiones de servicio al extranjero. Una vez hecho el pago, el oficial que viajaba se comunicaba con la empresa de turismo para que modificara la ruta, ubicara un pasaje más barato y lo que sobraba de lo ya cancelado por la institución, se le devolvía al militar a través de un depósito en su cuenta corriente mediante el rótulo “exceso de equipaje”.
La ministra tiene por establecido el mal uso de dinero fiscal por parte de oficiales
-destinados a comisiones de servicio en países extranjeros- con el fin de realizar viajes vacacionales junto con sus familias, a Orlando, Punta Cana, Miami, y Los Angeles, entre otros.
Antes de llegar a su destino de comisión de servicio, o de regreso de la misma, pasaban de vacaciones a otros países, los que financiaban con devoluciones de pasajes subfacturados, o por sobrepeso adulterado.
La caída del segundo hombre del Ejército
En ese contexto, la magistrada interrogó el pasado 12 de septiembre, en calidad de inculpado, al jefe del Estado Mayor del Ejército, general John Griffiths, Spielman, por su comisión de servicio a Estados Unidos en calidad de secretario de la misión militar de Chile, desde enero a diciembre de 2011, y por un viaje oficial de cuatro días a Uruguay, en junio de este año.
Griffiths, que de quedar sometido a proceso, sería dado de baja de las filas, declaró por espacio de más de ocho horas, desde las 09:00 hrs., hasta pasadas las 17:00 hrs, sobre dos casos.
En la ocasión, la ministra le consultó si recibió dineros como concepto de “devolución” por parte de agencias de viajes que tenían convenios con el Ejército, entre 2009 y 2015, particularmente, en una comisión de servicios en Washington, entre 2011 y 2012.
En el caso de Uruguay, concurrió a una invitación oficial cursada por el Ejército de ese país, en compañía del coronel en retiro, Carlos O’Ryan, que trabaja como funcionario a contrata en la institución, en asesorías por asuntos nternacionales.
La carta de invitación fue recibida en diciembre de 2017 y la reunión se concretó entre el 11 y el 15 de junio de 2018. Uruguay costeó los gastos de “alojamiento, racionamiento y transporte interno”.
Por cada pasaje, el Ejército pagó $876 dólares, poco más de $600 mil en clase económica. El viático fue holgado: US$1.900 para el general Griffiths, poco más de $1.200.000; y US$1.300, casi $900.000, para Carlos O’Ryan.
Pero, además, el decreto de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que aprobó el viaje del segundo hombre del Ejército, fechado el 8 de junio de este año, tres días antes de concretar la visita oficial, incluye un pago por concepto de “exceso de equipaje”.
A Griffiths y su acompañante les asignaron US$400 por este concepto, y la autorización del pago fue cursada por el Comando de Personal del Ejército, una semana después que el viaje había concluido, el 22 de junio. En total, se pagó, con cargo al Ejército poco más de dos millones de pesos por cada representante para una estadía de cuatro días en Uruguay, donde el país anfitrión corrió con los gastos.
La gran vida con platas de la Ley Reservada del Cobre
En la víspera del interrogatorio a Griffiths, la ministra Rutherford había sometido a proceso al coronel Iván Feber, a quien encabezaba la Jefatura Ejecutiva de Administración de Fondos de Salud del Ejército, por dos delitos de fraude al fisco.
En su resolución de 32 páginas, la ministra despliega una serie de contundentes antecedentes reunidos en la indagatoria.
Entre ellos, el Decreto Exento N° 359 de 21 de enero de 2013, en el que fue designado en comisión de servicio para cumplir funciones como asesor de Contabilidad y Finanzas en la Misión Militar de Chile Washington DC, a la que podía concurrir con su cónyuge, por 13 meses, desde el 1 de julio de 2013 hasta el mismo mes de 2014.
Dado que se trataba de una comisión, se dispuso que se le pagaran con cargo a fondos fiscales los pasajes aéreos ida y vuelta, los que debían ser en categoría «económica», «one way» y «flexible».
Según describe el encausamiento:
«El funcionario militar procedió a hacer las gestiones en la Sección Pasajes y Fletes Departamento de Personal del Ejército, luego la funcionaria encargada se contactó con la ejecutiva de ventas de la Agenda Tupper Viajes Limitada; esta última procedió a confeccionar una cotización para la compra de dos boletos aéreos, para el oficial y su cónyuge, por el tramo Santiago-Washington por un valor superior al real».
La cotización fue aceptada por los oficiales a cargo de la fiscalización de los bo-lelos , prosigue la magistrada:
“La agencia de turismo emitió la factura N°15224, de 2 de mayo de 2013, por US$ 8.080,10, la que resultó ser «ideológicamente falsa “, toda vez que no obstante dar cuenta en ella del supuesto cobro exclusivamente de dos pasajes aéreos para el oficial y su familia, realmente correspondía al cobro de dos pasajes aéreos con destino a Los Angeles, Estados Unidos; la estadía del coronel y de su cónyuge durante cinco días en dicha ciudad, y dos pasajes ruta Los Angeles-Washington transcurridos esos cinco días, quedando incluso una diferencia de dinero a favor».
La ministra Rutherford indica en el encausamiento:
“Todo ello fue concertado entre el coronel y la funcionaria de la agenda, y al margen de lo exigido y permitido por el reglamento respectivo. Pagada la «factura falsa» por el Ejército, el oficial pidió a la misma ejecutiva de Tupper la entrega de US$ 2.823,30, correspondientes a la diferencia que quedaba entre lo pagado por la institución militar en la factura abultada y la prestación real La agenda le entregó en un cheque los fondos al funcionado, «quien los utilizó en beneficio propio, destinándolos a cubrir gastos de orden personal».
Para su regreso desde la comisión que cumplía en EE.UU. el oficial hizo lo mismo, pero ahora con otra agencia, Turismo Costanera Limitada, que emitió al Comando de Fletes del Ejército, con fecha 8 de agosto de 2014 la factura N° 0084330 por US$ 8.167, la que también se determinó era ideológicamente falsa porque no se prestó servicio alguno, reseña la ministra en el procesamiento:
“Igualmente, el oficial se quedó con el dinero para beneficio propio”, consigna el encausamiento. La investigación estableció que los fondos defraudados ascienden a US$16.247,1, equivalentes a $59,9 millones.
Práctica habitual
En su declaración indagatoria, Feber reconoció las conductas que se le atribuyen, y explicó que cuando volvía de la comisión de Washington, estuvo diez días con su familia en Orlando, Miami, sin encontrarse con permiso administrativo, y tampoco de vacaciones.
La jueza sostiene:
«El oficial continúa señalando que esta forma de proceder era habitual, vale decir, que se utilizaran ciertos días para vacacionar con la familia, sin autorización escrita para ello, antes de llegar a destino y antes de regresar a Santiago; como así también era habitual que se hiciera cambio de pasajes entregados y pagados por el Ejército a fin de costear las estancias y pasajes, así corno lo era la obtención de las devoluciones correspondientes a remanentes que quedaban después de haber obtenido estos paquetes turísticos».
Esta investigación ha generado máxima preocupación en el Ejército, pues la ministra investiga por casos semejantes a una larga lista de coroneles y a quince generales.
No es para menos, pues de las declaraciones de Feber se deduce que se trataba de una operación con patente de corso, no solo perpetrada por militares de alta graduación, sino también, con conocimiento y aceptación del Alto Mando.
En tal sentido, ya han declarado distintos oficiales y civiles de las agencias de turismo.
En la causa que indaga la ministra declaró Jorge Chamy Haddad, gerente de Turavión, firma que tenía convenio con el Ejército. Este señaló:
“Estos cambios los hacía la persona que viajaba directamente con la ejecutiva de la empresa”.
Agregó:
“Siempre se ha operado de esta manera. Se recibían instrucciones de los pasajeros, que eran coroneles, generales, brigadieres y, en general personal de alto rango”.
Los civiles de las empresas de turismo vinculados a los viajes del Ejército están siendo investigados por el fiscal Centro Norte, José Morales, quien recibió los antecedentes de la causa y ya hizo un requerimiento de información a la Subsecretaría para las Fuerzas Armada del Ministerio de Defensa, con el listado de los funcionarios militares que realizaron viajes en comisiones de servicios desde 2009 hasta 2015.
Los antecedentes fueron enviados por la subsecretaría al Ministerio Público la semana del 27 de agosto, y en ella se detallan los nombres de todos los oficiales que realizaron estos viajes durante ese periodo, la fecha, el lugar de destino y el monto que costó.
Este listado ascendería a un total cercano a 1.800 casos.
Tres procesados
Aparentemente, la cifra es menos impresionante que las que han aparecido en la investigación del fraude con fondos de la Ley Reservada del Cobre, conocida como “Milicogate”, pero en cambio, parece tratarse de una práctica habitual para que los oficiales obtengan un sobresueldo.
Si se multiplica por las casi dos mil comisiones de servicio entre 2009 y 2015, las cifras pueden llegar a ser exorbitantes.
Con una diferencia notable: si los condenados por el primer fraude del milicogate eran de baja graduación, un cabo y una sargento, que en agosto fueron sentenciados a 12 y 10 años respectivamente, en este nuevo mecanismo aparecen con toda claridad altos oficiales.
Hasta el lunes eran dos los procesados por esta arista: los coroneles Sergio Vásquez Undurraga y Rodolfo Hidalgo Fariña.
El primero fue inculpado, pues en 2012 viajó a Washington para asumir como agregado del Ejército en Estados Unidos.
Antes de llegar a destino estuvo diez días en Miami con su familia, con cargo al erario fiscal. Esto significó un gasto cercano a los US$ 16 mil. Al año siguiente, en 2013, Vásquez lo habría hecho de nuevo. Esta vez, para hacer un viaje a Punta Cana, donde también se incluyeron familiares.
Luego vino Hidalgo, y el lunes pasado fue el turno de un tercero: el coronel Iván Feber Navarro, a quien se le imputa haber recibido US$ 16 mil por parte de una agencia de turismo, dinero que provendría de las arcas del Ejército.
Los tres procesado están en prisión en el Regimiento de Policía Militar, en Peñalolén.
Ejército reconoce interrogatorio de Griffiths
En un comunicado, después de concluida la citación, el Ejército enfatizó que Griffiths “está y estará siempre disponible para colaborar con todo lo que sea necesario” y que no emitirá una opinión hasta que la investigación concluya.
Al día siguiente, el 13 de septiembre pasado, el Ejército entregó la siguiente declaración:
“En relación a la diligencia judicial que involucra al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General John Griffiths, se señala lo siguiente
El General Griffiths concurrió a declarar, el día miércoles 12 de septiembre, con la finalidad de entregar antecedentes para esclarecer los hechos que se investigan ante la ministra Romy Rutherford
Dicho oficial, como cualquier otro, ha estado, está y estará siempre disponible para colaborar con todo lo que sea necesario para esclarecer estos o cualquier otro hecho que sea de interés de la justicia
Estos hechos son materia de investigación judicial y solo una vez que ésta termine, se podrá establecer si efectivamente existen o no responsabilidades de carácter administrativo o legal
El Ejército de Chile se encuentra en permanente disposición de la autoridad judicial”
Y, claro, a Griffiths no le queda otra que colaborar, pero lo más probable es que lo haga como civil. En efecto, en el Ejército hay un código no escrito según el cual, oficial que es sometido a proceso, es de inmediato llamado a retiro, como ya le acaba de ocurrir a Feber, Vásquez e Hidalgo.
Sería el fin abrupto de una carrera que comenzó en 1982, cuando egresó de la Escuela Militar. Griffiths fue director de la Academia de Guerra, tiene un posgrado en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y un magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago.
En enero de 2012 fue designado Secretario de la Misión Militar de Chile en EE.UU. de América; en diciembre del mismo año fue ascendido al grado de General de Brigada y designado Secretario General del Ejército. En diciembre de 2014, fue nombrado Comandante en Jefe de la VI División de Ejército; en diciembre de 2015, ascendido a General de División y designado Comandante del Comando Conjunto Norte, y en noviembre de 2017, designado como Jefe del Estado Mayor General del Ejército.
El general Guido Manini, comandante en Jefe del Ejército uruguayo, con quien Griffiths se reunió durante su visita, tampoco pasa días fáciles. El Ministerio de Defensa de ese país, le impuso una sanción de 30 días de arresto por emitir declaraciones en contra del proyecto que pretende reformar el sistema de pensiones del Ejército uruguayo.
El episodio de Iquique
Cuando desempeñaba el comando de la Sexta División de Ejército, el general John Griffiths Spielman debió pedir disculpas porque personal bajo su mando destruyó un monolito en memoria de víctimas de Derechos Humanos en la ciudad de Iquique.
El memorial por los ejecutados, se había levantado en terrenos contiguos a la Escuela de Caballería Blindada, en la Avenida Salvador Allende de Iquique, donde antes estaba el Regimiento de Telecomunicaciones.
Dicha unidad militar fue uno de los centros de tortura que funcionaron en esa ciudad, los que posteriormente fueron trasladados al campo de Presos Políticos de Pisagua.
El 13 de septiembre de 2015, en horas de la madrugada dos tenientes en servicio activo, dañaron el monumento levantado en recuerdo de los militantes de izquierda Jorge Marín y William Miller y del soldado Pedro Prado Ortiz, todos asesinados, pintando consignas contrarias a los derechos humanos.
Al ser sorprendidos los oficiales huyeron del lugar. Al regresar al regimiento, fueron detenidos por carabineros tras una denuncia de la misma guardia del recinto militar.
Fueron identificados como el teniente Mauricio Pacheco Urrutia, de la 2da Brigada Acorazada Cazadores y el teniente Pablo Henríquez, del Centro de Entrenamiento Acorazado.
Hasta el momento se desconoce si el general Griffiths Spielman, aparte de las disculpas a familiares y amigos de las víctimas, adoptó sanciones contra los uniformados que actuaron a rostro cubierto con un pasamontañas y dañaron el monolito con pintura spray.
Conclusión
La conclusión de estos antecedentes es inequívoca.
El país no puede seguir permitiendo la irracionalidad de que las propias instituciones armadas manejen y administren, sin el más mínimo control, los cuantiosos fondos de la Ley Reservada del Cobre, que en último término, se sustraen de las numerosas necesidades no cubiertas, a pretexto de la falta de la falta de recursos.
Es más, por su propio bien, las instituciones armadas debería exigirlo, a riesgo de seguir enfangándose en el descrédito, la corrupción que corroe la disciplina interna y la condena ciudadana.
Y también cabe la pregunta: durante todos estos años ¿dónde han estado los sucesivos ministros de defensa, incluido el actual?
Al menos en teoría, son los encargados de mantener a los institutos armados bajo el control del sistema democrático. Pero parece que, una de dos: o andan en babia, o les tirita la pera, si es que no ambas.
