Según Roberto Izikson, el más piñerista de los encuestólogos, gerente de asuntos públicos de CADEM, el retorno del caso LAN al debate público «no ha mostrado tener impacto en la evaluación presidencial».
Curiosamente, lo dijo en la misma oportunidad en que anunció que, por primera vez en su segundo mandato, la desaprobación de Piñera superaba a su aprobación.
“Es muy antiguo, no he visto en las razones que explican por qué, por vez primera en esta encuesta, la desaprobación está por sobre la aprobación (el rechazo es de 44% y el apoyo de 42%) que aparezca el concepto LAN o el de información privilegiado. Históricamente esto no le ha impacto, ni en 2009 ni tampoco en la última elección”, manifestó.
En rigor, Izikson se limita a seguir una pauta preestablecida, o más bien a cumplir la autoprofecía que remite el caso LAN a un tema del pasado, zanjado sin condena judicial, y de ninguna repercusión para efectos de actualidad.
La estrategia del Gobierno, sus ministros, los partidos de derecha y sus parlamentarios, ha consistido en encapsular la vocería en la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, la que de tiempo en tiempo debe dar el tema por concluido, y bajarle el perfil al caso, como si no fuera causa de preocupación, al punto que ni siquiera se ha discutido en el Comité Político.
La maniobra presupone el aquiescente silencio del sistema mediático.
Qué diferencia con la encarnizada e incansable persecución de la honra y el prestigio político de la ex Presidenta, Michelle Bachelet, imputada de manera oblicua y canallezca por la vía del parentesco, sin reparar que en toda la trama no es posible encontrar una admisión de culpabilidad tan clara como la que efectuó Piñera, al pagar sin chistar, entre gallos y medianoche, una multa de $336 millones, impuesta por la entonces SVS, hoy Comisión para el Mercado Financiero, por uso de información privilegiada en la adquisición de un paquete de tres millones de acciones de LAN, compañía de la que era el principal accionista, con tal de que no influyera en su incipiente campaña presidencial.
Y qué decir de la condena mediática sin pruebas contra ex presidente(a)s que han encabezado procesos políticos distintos, en diversos grados, al neoliberalismo hegemónico, como Fernando Lugo, Cristina Fernández, Luis Inacio da Silva o Rafael Correa, imputados de vagas e imprecisas prácticas de «corrupción», repetidas hasta que son asumidas como verdaderas, por los consumidores de medios de comunicación.
Este escandaloso doble estándar muestra que para la derecha chilena la corrupción se reduce a una tramoya instrumental: arma arrojadiza contra el enemigo político, y objeto de perímetro de seguridad, cuando se trata de los propios.
Arropado en el silencio mediático, Piñera y su equipo jurídico han logrado neutralizar, hasta ahora, una serie de imputaciones e investigaciones que muestran la existencia de delito, en el caso del Banco de Talca, o de conflictos de interés, en el caso Exalmar, o de uso de información privilegiada, en el caso LAN, o de uso abusivo de vacíos legislativos, como en la compra de empresas fantasmas para efectos de evasión tribhutaria, o de cohecho, cuando era senador, sin perjuicio de oscuros compromisos con los poderes fácticos, que incluso le costaron amenazas contra uno de sus hijos.
Sin embargo, las características del caso LAN podrían, potencialmente, derribar las trincheras defensivas del piñerismo, como en su momento lo hicieron las trompetas de Josué, con los muros de Jericó.
El propio Izikson está consciente de ello. Sostiene que el tema LAN no es importante para quienes aprueban a Piñera, pero admite que eso puede cambiar ,»si surgen otros antecedentes”.
Nuevos antecedentes
La mala noticia para Piñera, Pérez, Izikson, El Mercurio y Cía, es que los nuevos antecentes están, y que, eventualmente, pueden ser interpuestos ante la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, de Estados Unidos, donde se cometió el ilícito, con un plazo de prescripción hasta 2026.
Dichos antecedentes corroboran el perfil histórico de Piñera: un especulador de alto perfil, que juega al filo del reglamento, y que no trepida en utilizar todo recurso conducente a la ventaja, en la trepidante vorágine del mercado.
La crónica El «crédito» del Banco de Chile para la polémica compra de acciones de Piñera en el caso LAN, de El Mostrador, revela que el paquete de tres millones de acciones de LAN fue financiado, no con recursos propios, sino con un crédito de enlace del Banco de Chile, mientras que el artículo Los empresarios que Piñera delató a la SVS, del periódico digital Interferencia, muestra que Piñera no trepida ni ante la delación de sus pares, si eso le reporta algún beneficio procesal.
El caso LAN volvió a la discusión pública tras conocerse la existencia de grabaciones que, eventualmente, podrían complicar al Presidente Sebastián Piñera.
Se trata de registros que en su caja fuerte tendría Francisco Armanet, ex gerente general de la corredora de bolsa Banchile, que darían cuenta de las advertencias que se le hicieron, al siempre ávido inversionista, Sebastián Piñera, sobre la complejidad de la compra de tres millones de acciones de LAN, tras haber sesionado en un directorio que conoció en detalle los estados financieros del segundo trimestre de 2006.
Un problema que fácilmente podría escaparse del control del anillo de seguridad de Piñera, en la medida en que el vendedor fue un fondo de inversión norteamericano y que la operación se hizo con ADR’s, títulos de acciones chilenas que se transan en Wall Street.
En esa jurisdicción los plazos de prescripción caducan después de 20 años.
De esa guisa, si en Chile la ex SVS (hoy CMF) multó a Piñera por no haberse abstenido de comprar acciones teniendo información privilegiada, la SEC de Estados Unidos podría investigar la fraudulenta operación LAN, incluso de oficio, en caso de que aparezcan nuevos antecedentes.
En ese contexto, siguen apareciendo detalles desconocidos, como por ejemplo, el hecho de que esa operación Piñera la financió con un crédito del Banco de Chile.
Piñera recurrió a un crédito del Banco de Chile porque pese a que ya figuraba dentro de las mayores fortunas del país, no tenía el efectivo en el minuto en que compró las acciones de LAN, por lo que lo hizo con capital de dicho banco, garantizado con una operación simultánea de acciones de Antarchile, del grupo Angelini.
En su investigación, la SVS levantó todo tipo de antecedentes, entrevistó a los mismos involucrados y también a otros reconocidos personajes del mercado.
La cartola de movimientos y salidas de la Sociedad de Inversiones Santa Cecilia, en la corredora de Banchile, también fue parte del expediente del caso LAN.
Ese documento da cuenta de las operaciones posteriores que gatilló la compra de Piñera en LAN, donde destacan una serie de operaciones con acciones de Antarchile que sirvieron para financiar la adquisición de títulos de la aerolínea, de la cual Piñera era accionista mayoritario.
El actual Presidente adquirió tres millones de acciones de LAN a un precio de $3,280 cada una, por un monto total de $9.840 millones, el 24 de julio de 2006,
La operación fue con un plazo de liquidación contado normal, lo cual le dió 48 horas para financiar la operación, lo que hizo con capital Banco de Chile, a través de la filial Banchile, con clásula de reposición a dos días, o sea, el 26 de julio.
Así, los $9.840 millones para la compra del paquete accionario de LAN provinieron de recursos del banco y, ese día 26, Piñera saldó aquel préstamo a través de una operación simultánea con acciones de Antarchile, una venta con plazo de liquidación PH (o sea, pagadera hoy) de 1.496.000 acciones de dicha compañía, recaudando $9.350 millones, con el compromiso de volver a comprarlas a futuro.
¿Dinero que crea dinero?
Huummm.
El caso es que transacciones de esa envergadura, que implican riesgos para los accionistas, necesariamente deben ser aprobadas por el los comités de riesgo de Banchile, en primer lugar, y, luego, por el mismo Comité de Riesgo del banco, dueño del patrimonio de la corredora.
Según la crónica de El Mostrador, en ese entonces, el gerente general del banco era Pablo Granifo, en tanto que Mauricio Baeza era el gerente de riesgo de crédito, Francisco Armanet gerente de la corredora Banchile, Nelson Rojas, fiscal y Fernando Cañas, presidente.
Si bien la operación se aprobó por el Comité de Riesgo, hasta ahora no se sabe quiénes participaron directamente de la decisión ni, tampoco, si conocían el contexto de esa orden y las advertencias que se le dieron al inversionista en cuestión, es decir, Piñera.
Otro antecedente, hasta ahora desconocido, es que junto a Piñera participaron terceros inversionistas.
Como publica el libro “Piñera y los leones de Sanhattan”, del periodista Sergio Jara, el «palo» por la venta de estas acciones de LAN fue una orden del fondo HBK, con base en Texas, Estados Unidos, por seis millones de acciones, de las que Piñera se quedó con tres millones.
La importancia del antecedente radica en que el principio de ejecución de la operación radica en Estados Unidos, y por tanto entra en la esfera de competencia de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC (US Securities and Exchange Commission), con normativa mucho más rigurosa que su homónima chilena, y con un período de prescripción de veinte años.
Peor aún para la impunidad de Piñera, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se encuentra recopilando la información del caso para enviarla a Estados Unidos, puesto que, como se señaló, la venta del paquete accionario cuestionado la realizó desde ese país el empresario Carlisle Wysong.
La idea, explicó su abogado, Yuri Vásquez, consiste en entregar los antecedentes a la embajada de Estados Unidos en Chile, con copia al Congreso de ese país y a la SEC, que a diferencia de lo que sucede en Chile, donde la acción penal está prescrita, tiene plazo para investigarla hasta 2026.
La existencia de las grabaciones fue corroborada por el ex el ex Superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, quien sostuvo:
“Un funcionario las escuchó, y en lo sustancial no agregaba nada a lo que ya sabíamos: que Sebastián Piñera hizo las compras y cómo las hizo, y en ese contexto se decidió que las pruebas no agregaban nada al procedimiento”.
El Presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, afirma que debe ser el propio Piñera quién solicite la desclasificación de las grabaciones:
«Si él dice que no hay nada que lo involucre, con mayor razón se deberían conocer. Pero no puede dejar con la duda a todo el país. Aquí hay una duda y a todos nos gustaría despejarla. Hay varios presidentes que han sido defenestrados por corrupción, otros que no pueden ser candidatos, entonces no podemos tan livianamente pasar por sobre ese hecho acá en Chile».
Consultado por El Mercurio, en el sentido de que el Gobierno ha dicho que es un caso cerrado, manifestó:
«En Chile, el caso ya está prescrito, pero el tema no es juzgarlo y que vaya preso, Aquí lo que está en cuestión es la esencia, la potestad del cargo de Presidente de Chile. Si no hay nada irregular, quedará claro, pero mientras tanto persistirá la duda, y eso no es sano para la institución de la Presidencia del país”.
Piñera. el delator
En el libro mencionado, Jara sostiene que la defensa de Piñera remitió a la SVS una lista con cientos de operaciones con características similares a la suya.
El documento, denominado “Lista de transacciones”, incluía las operaciones de Luis Felipe Gazitúa, Gazitúa, Ricardo Bachelet Artigues, Jorge Araya Cabrera, Jorge Jordan Franulic, y los hermanos Juan Antonio, Luis Alberto y José Miguel Gálmez Puig, entre otros conocidos cófrades de Sanhattan.
Fue, según las palabras de Guillermo Larraín ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del caso LAN, una denuncia, una delación, lo que muestra a Piñera como un desalmado, dispuesto a enlodar a amigos, parientes y contertulios, si eso le sirve para no caer solo.
“Este servicio recibió un documento denominado ‘Lista de transacciones para su revisión’. La lista de transacciones señaladas incluía una nómina de operaciones de compraventa de acciones informadas por accionistas mayoritarios relacionados y ejecutivos principales, ente otros”, declaró Larraín en la comisión investigadora.
“Tales transacciones, a juicio de la defensa de Piñera, se habían realizado en circunstancias análogas a las cuestionadas y demostrarían que constituían una práctica habitual que, pese a ser ampliamente conocida por esta superintendencia, no se las había sancionado”.
Sin embargo, a Piñera y su equipo de abogados les salió el tiro por la culata, según relata Jara en el reportaje de Interferencia:
“Lo que hizo la Superintendencia fue analizarlas, dado que era una denuncia y se le dio el tratamiento de tal; por lo tanto, se inició un proceso investigador”.
De las 736 transacciones denunciadas por Piñera, la SVS desechó la mayoría, pues estaban mal informadas o prescritas. Pero en 40 casos se iniciaron procesos investigativos, los cuales derivaron en nueve sanciones, que incluyen por cierto a Piñera y Juan Cueto por la operación LAN.
Agrega el reportaje:
«Se trató, entonces, de siete empresarios y ejecutivos que nada tenían que ver con el caso LAN, pero que gracias a la extraña estrategia de defensa de Piñera ahora estaban en el banquillo de los acusados y pagando multas. Sin embargo, tampoco sufrieron una caída reputacional, ya que las multas y los nombres de los sancionados apenas fueron conocidos.
Y, tal vez, estas personas nunca supieron qué había motivado a la SVS a investigarlos.
Hasta ahora. Luis Felipe Gazitúa no fue el único. También cayeron Ricardo Bachelet Artigues, primo de la ex Presidenta Michelle Bachelet y antiguo amigo y socio de Piñera en varios negocios; Jorge Araya Cabrera, el difunto ex gerente y creador de las sociedades cascada mediante las cuales Julio Ponce controla SQM; Jorge Jordan Franulic, presidente de la Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag); y los hermanos Juan Antonio, Luis Alberto y José Miguel Gálmez Puig, ex dueños de la cadena de tiendas por departamento Almacenes París.
Todos ellos fueron sancionados por no abstenerse de comprar acciones estando en conocimiento de información privilegiada tras la denuncia de Piñera.
Interferencia accedió a los expedientes de cuatro de esas siete personas, los cuales fueron entregados por la SVS vía Ley de Transparencia.
Los hermanos Gálmez judicializaron el caso aduciendo, básicamente, secreto de datos personales y comerciales, aunque hay varios precedentes periodísticos que demuestran que la Corte Suprema falla, en última instancia, a favor de acceder a dicha información.
Agrega la publicación:
Gazitúa, el hombre que llegó a limpiar CMPC, tuvo que pagar una multa de $20 millones por una serie de operaciones bursátiles que superaron los $800 millones. Jorge Araya fue multado con poco más de $1 millón por transacciones en Pampa Calichera y Oro Blanco que superaron los $300 millones. Jorge Jordan tuvo que pagar unos $3,5 millones por transacciones que superaron los $43 millones. Bachelet, en tanto, fue multado con un poco más de $1 millón por una operación de poco más de $3 millones.
Los hermanos Gálmez de Almacenes París fueron multados con poco más de $20 millones cada uno. Piñera, por su parte, pagó la multa de $363 millones y no apeló.
Juan Cueto, multado en $32 millones, apeló a la justicia, aunque sin éxito. Pero cuando lo hizo, su abogado, José María Eyzaguirre, apuntó a Piñera como el promotor de la operación bursátil.
“Todos los factores objetivos y de público conocimiento (de esta operación) los venía analizando don Sebastián Piñera durante todo el tiempo que duraron sus negociaciones”, dijo Eyzaguirre, según un artículo de El Mostrador.
Los documentos administrativos del caso que levantó la SVS demuestran lo mismo: fue Piñera quien invitó a los Cueto a la operación LAN, la más polémica que realizó hasta que, apenas unos años más tarde, se le ocurriera entrar, en medio de un diferendo marítimo entre Chile y Perú, a la propiedad de Exalmar, una pesquera peruana.
La audacia de Piñera, que cuatro años más tarde vendió su paquete accionario de LAN en US$1.500 millones, podría costarle. literalmente, un ojo de la cara, si es que no el cargo mismo, en caso de que los antecedentes lleguen a la SEC, y esta resuelva que hay mérito para investigar.
