Estaba pasando piola, y gozando de la vida, hasta que la Corte Suprema confirmó la multa de 25.000 Unidades de Fomento aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros a Pablo Alcalde Saavedra, ex presidente del directorio de La Polar, autor de una de las estafas masivas más cuantiosas que registre la historia judicial chilena; en detrimento de miles de clientes, y los fondos de pensiones.
Al monto actual, 25.000 UF son $678,2 millones,y al cambio de hoy, US$1.064.678,179; una bicoca desde el punto de vista del monto de la estafa, que tampoco alterará su alto estándar de vida, como se verá a continuación.
La sentencia de la Corte Suprema remite solo a la multa impuesta por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, a los integrantes del directorio y ejecutivos de La Polar, en particular, a Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno.
Si bien aún quedan unos diez juicios pendientes por demandas de los clientes, y litigios por el monto de las repactaciones, lo probable es que a esta multa de un millón de dólares se reduzca la justicia para el casi un millón de afectados, y el castigo al principal responsable de una de las estafas más descaradas de que se tenga memoria.
El caso La Polar no sólo afectó a los clientes cuyas deudas fueron repactadas unilateralmente, sino también las pensiones de los chilenos, por un monto que aún no se consigue -y no interesa- establecer.
En efecto, por la vía de alteración de balances y estados financieros, difusión de información falsa, y en probable complicidad de las agencias de calificación de riesgos, La Polar recaudó miles de millones de pesos del mercado financiero, provenientes principalmente de las AFP, es decir, del ahorro previsional obligatorio que padece el país.
Es conveniente puntualizar que aún cuando fue judicialmente establecida la estafa, igualmente los estafados tuvieron que pagar las deudas abultadas por las fraudulentas repactaciones.
En eso, el sistema financiero no duda: o pagan o pagan; de lo contrario, hace valer garantías establecidas en la letra chica, que el 99%, o más, de los clientes se abstiene de leer.
En el aspecto penal, Alcalde estuvo en prisión preventiva en el anexo cárcel Capitán Yáber 118 días, entre diciembre de 2011 y abril de 2012, y desde entonces, con arresto domiciliario hasta el 10 de enero de 2013.
El 18 de diciembre de 2015, en juicio abreviado, Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, los cerebros de la operación, fueron sentenciados a cinco años con beneficio de libertad vigilada, y una multa en razón al beneficio obtenido. En el caso de Pablo Alcalde, dicha multa alcanzó los $220 millones; y $228 millones, en el de Farah y Moreno.
Un caso típico de victoria del derecho sobre la justicia; como invariablemente sucede en Chile con los delitos de cuello y corbata.
A la fecha de ocurrencia de los hechos Alcalde, Farah y Moreno fueron objeto de un rudo asedio de la jauría mediática, tal como después ocurriría con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en el caso Penta, y en menor medida en los casos SQM y CORPESCA, a pesar de la diversidad y el calado de los imputados, o más bien por lo mismo.
En todos estos casos aparece un patrón que sugiere un código implícito.
Una vez agotada la instancia judicial, los delincuentes de cuello y corbata entran en una suerte de cono de silencio del sistema mediático, que los sustrae de la condena social.
En el caso de Alcalde, estaba feliz, comiendo moras.
Según un artículo de La Tercera, adjunto a continuación, «sale a trotar, juega tenis, golf y fútbol en el Club de Polo, y sigue yendo a misa todos los domingos»; «ahora puede salir a la calle y no temer que lo increpen, por eso no es raro verlo en el estadio Santa Laura cuando juega la Unión Española»; «cercanos señalan que poco a poco ha ido recuperando su vida. Viaja fuera de Chile, visita Zapallar y su campo, hace más vida social».
Hasta que le cayó la sentencia definitiva de la Corte Suprema, que no solo lo obliga a pagar una multa de un millón de dólares, sino que lo sacó, temporalmente, del cono de silencio mediático de que disfrutaba desde 2013.
Igual, la sacó barata.
¿Y respecto a los afectados, qué?
El gobierno de Piñera está intentando demostrar, con acciones efectistas, que el delito no paga. Puede que no, en el delito común, de poca monta, pero claramente cuando se trata del delito económico, y no todo el delito económico, sino tan solo aquel perpetrado por integrantes de la élite.
Disfrútenlo mientras puedan, porque no será eterno.
Fallo de la Corte Suprema
En fallo unánime (rol 30.176-2018), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por la ministra Rosa Egnem, los ministros Carlos Aránguiz y Arturo Prado y los abogados (i) Rodrigo Correa y Jean Pierre Matus- revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había anulado la multa aplicada a Pablo Alcalde Saavedra, por presentar información maliciosamente falsa al mercado, presentar información falsa en una Oferta Pública de Acciones y entregar información falsa a los accionistas.
La sentencia del máximo tribunal considera que el tribunal de alzada actuó con el vicio de extrapetita –más allá del conflicto judicial planteado- al acoger el principio de non bis in ídem en el caso.
«Que lo expuesto en los fundamentos precedentes deja en evidencia que en el caso en estudio los sentenciadores de segundo grado incurrieron en el vicio denunciado, consagrado en el artículo 768 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, en su variante de extrapetita, puesto que aquéllos en su decisión rebasaron el marco de la controversia alejándose por completo de las alegaciones del actor contenidas en su escrito de demanda», dice el fallo.
Agrega:
«En efecto, la alegación de infracción al principio del non bis in ídem no formó parte de la controversia trabada en autos, toda vez que en la demanda el actor se limitó a esgrimir la prescripción de la acción administrativa y la falta de participación en los hechos imputados por la Superintendencia de Valores y Seguros, ahondando en razonamientos relacionados con la prueba rendida en sede administrativa que, a su juicio, acreditarían la falta de conocimiento de su representado respecto de la práctica de repactaciones unilaterales masivas realizadas por los ejecutivos de La Polar en relación a su cartera de clientes morosos. Así, el alegato relacionado con la ilegalidad de la Resolución N° 83, por vulnerar el principio que proscribe sancionar los mismos hechos dos veces, es una alegación nueva, que se introduce extemporáneamente a través del recurso de apelación, cuestión que no es admisible toda vez que a través de aquello se aborda materias distinta de las discutidas en la litis, que no fueron promovidas por las partes en la etapa de discusión, para conceder a la contraria la posibilidad de manifestar su parecer sobre la pertinencia de aplicarlas al caso sub judice, lo que de aceptarse atentaría contra el principio de la bilateralidad de la audiencia, elemento esencial del debido proceso».
Además considera
«Lo anterior no cambia por la circunstancia de que conociendo de un recurso de queja deducido en otro proceso entre las mismas partes y relativo al mismo procedimiento administrativo sancionatorio, esta Corte haya expresado en los fundamentos de la sentencia que el reproche de non bis in idem de que aquí se trata podría ser conocido en el presente proceso. Dicha afirmación fue hecha sin conocimiento de los escritos que delimitaron este proceso. Ella debe entenderse formulada bajo el supuesto de que el reproche de non bis in ídem había sido oportunamente planteado en la demanda de reclamación. No cumpliéndose esta condición, no cabe entender que lo razonado por la Corte en la citada sentencia que rechazó el recurso de queja haya tenido el efecto de ampliar la competencia del tribunal en el presente juicio».
Entre Zapallar y el Polo: El superviviente Pablo Alcalde
por Sandra Burgos
Este nuevo fallo de la Suprema lo encuentra en un momento especial. Tras años de exposición mediática, estaba llegando la calma y el momento para reintentar emprender junto a sus hijos.
Esta mañana se conoció el fallo de la Corte Suprema que confirmó la sanción de 25 mil UF (unos $678 millones) impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros -hoy Comisión para el Mercado Financiero- a Pablo Alcalde, en el marco del caso La Polar. Así, el máximo tribunal anuló el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en abril del año pasado había revocado la multa en contra del ex presidente del directorio de la empresa de retail. Con esta decisión, a Alcalde no le queda otro camino que pagar la multa.
Fue hace exactamente siete años, en este mismo mes, cuando estallaba el caso La Polar y uno de los representantes más eximios del mundo empresarial caía de la posición más alta que podía alcanzar alguien de su especie. Galardonado por sus pares, número fijo en los seminarios y encuentros empresariales más connotados, Pablo Alcalde Saavedra (65 años), lo tenía todo.
Pero el 6 de junio de 2011 todo se terminó. El directorio de la compañía –que se jactaba por no tener controlador- discutió en forma extraordinaria lo que estaba pasando con las irregularidades detectadas en el manejo del negocio del crédito y las masivas repactaciones unilaterales de clientes…
A partir de ese momento todo fue oscuridad para Alcalde. En tres días (9 de junio) un hecho esencial daba a conocer al mundo que La Polar había realizado prácticas impropias en el manejo de su cartera de créditos y que la estrella del parquet no era tal.
Las acciones en la bolsa se desplomaron, pero también Pablo Alcalde. Ya no era el ejecutivo estrella que presidía una compañía que era un ejemplo de hacer bien las cosas, era el verdugo de miles de inversionistas que veían desmoronar sus intereses.
La carrera de Pablo Alcalde se terminó abruptamente. Tuvo que cambiar las reuniones de directorio por encuentros con sus abogados y abocarse por un largo tiempo a la construcción de su defensa, a aguantar la presión pública, el repudio de sus pares y a quedar siempre marcado como el responsable del mayor escándalo financiero. Alcalde, quien estuvo preso en Capitán Yáber 118 días (desde diciembre de 2011) y luego con arresto domiciliario, logró en 2015 -en la arista penal- un juicio abreviado luego de reconocer su participación en los delitos de entrega de información falsa al mercado, lavado de dinero y entrega de declaración maliciosamente falsa. Por ello, se le concedió una pena de libertad vigilada por un lapso de 5 años, a los que se le descontaba el tiempo que había estado bajo medidas cautelares.
En estos siete años y tras la presión mediática de los primeros 24 meses de exposición pública, quienes lo conocen señalan que ha ido aquilatando su nueva vida. Ahora puede salir a la calle y no temer que lo increpen, por eso no es raro verlo en el estadio Santa Laura cuando juega la Unión Española. En esa mayor confianza ha cumplido un rol la serie de sentencias favorables en tribunales de primera instancia, aunque aún le quedan cerca de 10 causas pendientes. Pero sin duda lo que más lo tranquiliza es que la arista penal está cerrada. Por esta razón estos últimos años el ex ejecutivo estrella se ha preocupado de rearmar su vida.
Dejó de ir una vez por semana a las oficinas de Bofill Escobar Abogados y retomó hace un tiempo los deportes. Sale a trotar, juega tenis, golf y fútbol en el Club de Polo, y sigue yendo a misa todos los domingos.
Sus amigos de toda la vida -Ignacio Guerrero, Domingo Amunátegui, Pedro Arriagada, José Miguel Jiménez, Felipe Soza, Alejandro Palacios y Fernando Silva – lo siguen apoyando en lo personal. La mayoría ex Verbo Divino, ha estado con él en los momentos más complejos. Con ellos comparte el grupo de WhatsApp “Los idiotas”, apodo que se pusieron a raíz de la frase que el ex ministro Nicolás Eyzaguirre –también ex alumnos el Verbo-, dijo en una entrevista: “muchos alumnos de mi clase eran completamente idiotas”.
Lo más esquivo en estos años ha sido recuperar la vida empresarial. En este ámbito ha estado “apañado” por su familia, de hecho con algunos de sus hijos está intentando armar un emprendimiento en el área de la innovación.
Cercanos señalan que poco a poco ha ido recuperando su vida. Viaja fuera de Chile, visita Zapallar y su campo, hace más vida social. Pero pese a eso, hay algo que tiene claro: que nunca podrá dar vuelta la página ni volver a sentir la adrenalina de estar arriba de la cima.
Han pasado 7 años del escándalo que derrumbó el mito. Exactamente 7, el número de la supervivencia.
Fuente: La Tercera
