El fallido intento del cierre de Punta Peuco y el traslado de esos reos a Colina I, no representa sólo la guinda de la torta de la larvada rebelión de los sectores conservadores y neoliberales de la Concertación, para hacer fracasar al Gobierno de Nueva Mayoría.
Además revela que su acción fue de menos a más desde el primer cambio de gabinete del Gobierno de Bachelet, aquel del «realismo sin renuncia», cuando llegó Jorge Burgos al ministerio de Interior, pasando por varios desaires y faltas de respeto a la investidura de la mandataria, como los numerosos casos protagonizados por Burgos y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, hasta terminar con la desobediencia y la rebelión frontal del ex ministro de Justicia, Jaime Campos, y su negativa a firmar el decreto que terminaba con Punta Peuco como un penal con condiciones privilegiadas para los condenados por violación de los derechos humanos.
Con esos amigos, quién necesita enemigos.
Más allá del golpe brutal a las expectativas de justicia de los familiares de las víctimas y del movimiento de derechos humanos, la movida de campos fue a la chilena; vale decir, sucedió de manera artera, subrepticia, oblicua e hipócrita.
Primero, manifiesta que nunca tuvo el decreto a la vista. Pero cuando los medios de prensa demuestran que efectivamente se negó a firmarlo, sale con declaraciones ambiguas, que dejan la caída:
«Si alguien, hipotéticamente, me hubiese planteado la posibilidad de firmar algo como eso el sábado y el domingo, tenga la seguridad de que yo me habría negado a ello, porque eso violenta mi conciencia».
O sea, más encima, se burla de la Presidenta y se jacta de su odiosa decisión. Puede estar orgulloso de que los peores criminales en la historia de Chile le hayan agradecido sus servicios a la causa de la impunidad.
Vergüenza eterna para Jaime Campos y todos los conservadores y neoliberales emboscados en las filas de la centroizquierda.
- Masones, jueces y notarios: La historia tras la tensa última semana de Campos y Bachelet
- Bachelet quiso que Campos firmara cierre de Punta Peuco el mismo día del cambio de mando
- Punta Peuco: la historia tras la polémica cárcel que no fue cerrada por Bachelet
- Carmen Hertz: Jaime Campos fue nefasto como ministro de Justicia
- Reos de Punta Peuco agradecen a ex ministro Campos “no transar con razones espurias” para cierre de penal
Masones, jueces y notarios: La historia tras la tensa última semana de Campos y Bachelet
por Sergio Jara
Bloqueos de nombramientos, un decreto que nunca existió, misteriosos llamados telefónicos y dos indultos frustrados, marcaron los últimos días de la relación entre Jaime Campos y Michelle Bachelet. La que sigue, es la secreta historia de una sociedad política que terminó empañando el legado presidencial.
La primera semana de marzo el diputado comunista Hugo Gutiérrez tomó su teléfono y llamó al Ministerio de Justicia para preguntar por un indulto. No se trataba de uno cualquiera. Era el de Tamara Sol Farías Vergara, la sobrina de Rafael y Eduardo Vergara Toledo, los dos miristas de Villa Francia que en 1985 fueron asesinados por una patrulla policial. El crimen se conoció como el caso de los “Hermanos Vergara Toledo” y cada 29 de marzo se conmemora con una jornada de protesta callejera nocturna: el Día del Joven Combatiente.
La sobrina de ambos hermanos creció marcada por esa historia. El 21 de enero de 2014, con 24 años de edad, Tamara Farías Vergara entró a un BancoEstado de Estación Central y realizó cuatro disparos en contra del único guardia de seguridad del recinto. “Venganza”, gritó al emprender su huida. Un mes antes, un amigo suyo murió cuando intentaba robar otro BancoEstado en Pudahuel. Tamara lo estaba vengando ese 21 de enero. Pero el mismo día fue apresada y luego condenada a siete años de cárcel por homicidio frustrado y hurto calificado.
La historia de Tamara, y la carga familiar por la muerte de los hermanos Vergara Toledo, movilizó a personas ligadas al mundo de los derechos humanos, incluido el diputado Gutiérrez. Se solicitó un indulto y la expresidenta Michelle Bachelet pidió al entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, la carpeta con antecedentes del caso. Tras un análisis, el Gobierno estuvo de acuerdo con indultarla o, al menos, parte de él. Campos, igual como lo haría con el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mauricio Mateluna Rojas, dilató el proceso. Campos, pese a las indicaciones de la Presidencia, no estaba de acuerdo con indultar a personas con sentencias ejecutoriadas y así se lo hizo saber a varios miembros de su equipo que conversaron con Radio Bío Bío.
El lunes 5 de marzo Campos recibiría otra instrucción desde La Moneda: retirar el nombramiento de Alberto Ortega como notario de San Fernando que había hecho el viernes, y designar en su lugar a Luis Toledo, exfiscal regional de O’Higgins y del Caso Caval. Esta vez el ministro no dilataría el trámite, pero sí advertiría a la Presidencia los efectos de una designación como esa, pues Toledo había investigado a la familia de Bachelet por ese caso. Pero la respuesta fue clara: “no hay ningún compromiso adquirido con Toledo”.
Campos había dilatado los indultos para no entrometerse en las sentencias del Poder Judicial. Eran sentencias ejecutoriadas y no había razones humanitarias de por medio en ninguno de los dos casos. El viernes 9 de marzo envió informes a La Moneda explicando esos mismos motivos. Pero lo de Toledo, pese a su advertencia, lo veía como una decisión política y administrativa.
Varias fuentes que participaron del pasado gobierno y hablaron con Radio Bío Bío apuntan a Ana Lya Uriarte, exjefa de gabinete de Michelle Bachelet, como la encargada de contactar a Campos y pedirle que revisara los indultos y el nombramiento de Toledo. En privado, Uriarte lo ha negado, pero lo concreto es que los llamados desde La Moneda no terminarían ahí. La semana pasada nuevamente habría comunicación entre la Presidencia y el Ministerio de Justicia. Esta vez sería por Punta Peuco.
El decreto que nunca existió
Un día después de que Campos hiciera el enroque de notarios en San Fernando, Michelle Bachelet aparecía en televisión y dejaba nuevamente abierto un posible cierre del penal Punta Peuco, centro de reclusión donde cumplen condena militares y agentes del Estado que violaron los derechos humanos en la dictadura. “Quedan cinco días (de gobierno) y yo no hago anuncios por la prensa. Ahí se verá”, dijo Bachelet en el programa ‘Las Caras de La Moneda’, que emitió el martes 6 de marzo Canal 13.
El miércoles 7 de marzo, por la mañana, Campos comentó con sus colaboradores que la Presidenta nuevamente dejaba el tema en el aire y que él no estaba disponible para realizar los indultos ni cerrar Punta Peuco. No a días del término del gobierno, al menos. El viernes 9, de acuerdo a un artículo del diario La Tercera, Campos se habría negado a firmar un decreto que emanó desde la Presidencia, con la rúbrica de Bachelet, y que establecía traslado de los internos de Punta Peuco a la cárcel Colina I. Pero la historia parece ser más compleja.
El cierre de Punta Peuco, o el traslado de sus internos, debía comenzar al revés, por su camino natural. Es decir, por el propio Ministerio de Justicia. Campos debía elaborar el decreto, firmarlo y luego enviarlo a Bachelet para que lo visara y enviara a Contraloría. Pese a la voluntad de la Presidencia, Campos nunca llegó a elaborar dicho decreto.
“Aunque tardía, sí hubo una voluntad política de la Presidencia por el cierre del penal”, dice una alta fuente que conoció los detalles del proceso. “Pero dada la forma y el tiempo, el ministro Campos no ejecutó dicha voluntad”.
Recién ayer Campos confirmó que nunca existió dicho decreto. “Yo me retiré físicamente del Ministerio de Justicia el día viernes pasado a las cinco de la tarde. Hasta esa hora, de ese día, yo no recibí ningún decreto ni proyecto de decreto vinculado con Punta Peuco ni con nada”, dijo Campos, tras las acusaciones de boicot a los supuestos planes de Bachelet. El nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifestó lo mismo y agregó que la actual administración no tiene entre sus planes el cierre de Punta Peuco ni el traslado de sus reos.
Una cuenta pendiente
En el interior del Ministerio de Justicia, a horas del cambio de mando presidencial, la teoría en torno a la negativa de Campos de elaborar los decretos relativos a Punta Peuco y a los indultos apuntaba a un hecho subterráneo, que sólo se ha comentado en reserva en los pasillos del Poder Judicial. Se trata de la designación de dos ministros de cortes de apelaciones que Bachelet no quiso cursar, pese a que Campos los aprobó.
El primero fue Luis Rolando del Río Moncada, juez titular del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, quien fue nominado por la Corte Suprema en la terna, a fines del año pasado, para asumir como ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Del Río había sido voto en minoría del caso de Nabila Rifo y estuvo por absolver a Mauricio Ortega, pareja de la mujer, como autor de los delitos de violación de morada en grado consumado, femicidio en grado frustrado y lesiones graves gravísimas. En el fallo, Del Río dijo “no haber adquirido convicción, más allá de toda duda razonable, que sea el autor del delito o los delitos por los cuales se le acusó”.
El otro nombramiento de Campos frustrado por Bachelet fue el del Christian Alfaro Muirhead, juez del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, nominado para la Corte de Apelaciones de Santiago. Alfaro había sido juez Oral en lo Penal de Temuco y fue el redactor del fallo que condenó a Aniceto Norín Catrimán por delitos calificados de terroristas en aplicación de la Ley 18.314, también conocida como Ley Antiterrorista. El caso también involucró a otros siete comuneros mapuche.
Los hechos por los que condenaron a los comuneros ocurrieron entre 2001 y 2002, entre la VIII y la IX región. Se les acusó del incendio de un predio y de la quema de un camión de una empresa privada. En 2014, el caso tuvo un vuelco total en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que condenó a Chile, por primera vez, por violaciones de derechos humanos cometidas contra integrantes del pueblo Mapuche.
En el interior del Ministerio de Justicia no está claro si influyó en Campos que ambos jueces estén ligados a la masonería, al igual que él. Pero el rechazo de la Presidencia era conocido, dado los antecedentes de ambos en los casos antes mencionados.
Santos en la corte
Mientras el tira y afloja entre Campos y Bachelet se agudizaba, un alto funcionario del Ministerio de Justicia barajaba sus propias cartas. Ignacio Castillo, jefe de la División Jurídica, había llegado a su cargo en 2015 luego que la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, lo designara ahí. El 24 de enero pasado, la pareja de Blanco, el senador Pedro Araya, presidió una comisión bicameral en el Congreso que designó a Castillo como nuevo secretario ejecutivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
El 29 del mismo mes, Castillo apareció en un decreto del Ministerio de Justicia como candidato a abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel (revisa acá el documento). Campos había aprobado su nominación, tras consulta del mismo Castillo. Por ello, y como una forma de limitar el conflicto de interés, el decreto finalmente lo firmó la presidenta Bachelet y Gabriel de la Fuente, el ministro secretario general de la Presidencia.
La designación de Castillo como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel aún está en revisión de la Contraloría General de la República (CGR), organismo del cual es un viejo conocido. Como jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, le tocó ser el responsable del reglamento penitenciario y del reglamento orgánico del mismo ministerio. El primero lleva meses en estudio en la CGR y el segundo ha sido observado y tras casi dos años, aún no tiene visto bueno.
Radio Bío Bío intentó contactar ayer en reiteradas ocasiones a Castillo. Sin embargo, el exfuncionario del Ministerio de Justicia no contestó los llamados.
Fuente: Radio Bío Bío
Bachelet quiso que Campos firmara cierre de Punta Peuco el mismo día del cambio de mando
En dos ocasiones, el sábado e incluso el domingo por la mañana, a sólo un par de horas del cambio de mando, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet instó a Jaime Campos a que firmara el decreto que reconvertía el penal de Punta Peuco, y en las dos el ex ministro de Justicia se negó.
Así lo informa esta tarde La Tercera PM, al entregar nuevos detalles sobre el «boicot» y el «estado de rebelión» del ministro Campos que dio a conocer ayer lunes, al indagar en las razones que llevaron al Ejecutivo a señalar, ese mismo domingo, que, pese a la intención de hacerlo, «no se pudo» cerrar Punta Peuco.
Según refiere la edición vespertina del diario, «el día sábado en la mañana (…) el ministro del Interior, Mario Fernández, citó a Campos para discutir la posibilidad» del cierre, y «el titular de Justicia le dijo que no; que hacer el movimiento a horas de que termine el Gobierno no tenía sentido y que, tal como ocurrió, no firmaría ningún documento en ese sentido».
El «no» a la Presidenta Bachelet
Ese mismo sábado, alrededor de las 16:00 horas, Campos fue citado para una reunión en La Moneda a primera hora del día siguiente, a realizarse antes de que Bachelet se tomara la última foto oficial con su gabinete en los patios de La Moneda; «es decir, un par de horas antes que se terminara el Gobierno».
«La reunión, esta vez, no era sólo con Fernández: allí estaba la propia Michelle Bachelet, quien insistió con tomar la medida que redestinaría el penal de Punta Peuco a enfermos terminales o en situación vulnerable, poniendo fin a los privilegios de los que gozan los ex militares condenados por violaciones a los DD.HH que están ahí recluidos. Campos, nuevamente, le dice que no e, incluso, que los reclusos de Punta Peuco ya califican como enfermos terminales», reseña la publicación.
Con el apremio de la hora, y ante la necesidad de trasladarse luego a Valparaíso, «los tres (Bachelet, Fernández y Campos) bajan a sacarse la sonriente foto presidencial», quedando en nada el decreto, se cuenta.
Timonel PR: «No tengo por qué dudar»
La Tercera revela que el detalle de esta cronología fue transmitido anoche, en la reunión del Comité Nacional del Partido Radical, por el timonel Ernesto Velasco, sobre la base de lo conversado por él con el propio Campos, quien milita en la colectividad.
«El ministro tiene una versión y no tengo por qué dudar de ello. Hemos pedido máxima transparencia, que se informe lo que aquí realmente ocurrió y que transparenten las cosas», comentó Velasco.
«Estos son temas personales. No es un tema del Partido Radical, (donde) siempre fuimos partidarios de cerrar el Penal Punta Peuco». Sin perjuicio de lo anterior, «creemos que en un tema sensible y delicado como éste no pueden haber distintas versiones y sería muy importante que el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet de una versión de lo que pasó», agregó el dirigente.
«Me habría negado»
En efecto, con el transcurrir de las horas siguen sumándose piezas al rompecabezas de las versiones sobre el asunto, y el aludido Jaime Campos añadió otra.
El abogado mantuvo sus declaraciones de ayer en el sentido de que, hasta el viernes por la tarde, cuando dejó su oficina en el Ministerio, no le había llegado ningún decreto a firmar. No obstante, agregó un nuevo antecedente: que, dadas ciertas condiciones, sí habría estado dispuesto a desobedecer una disposición de la Presidenta Bachelet.
«Si alguien, hipotéticamente, me hubiese planteado la posibilidad de firmar algo el sábado y el domingo, ten la seguridad de que yo me habría negado a ello, porque eso violenta mi conciencia, mis principios», señaló en declaraciones a «Ahora Noticias» de MEGA.
🔴 EXCLUSIVO | Ex ministro de Justicia, Jaime Campos, dijo esta mañana que si el decreto de Punta Peuco hubiese llegado el sábado o domingo pasado, "no lo hubiese firmado". pic.twitter.com/ao45G8dp6h
— Meganoticias (@meganoticiascl) March 13, 2018
Fuente: Radio Cooperativa
Punta Peuco: la historia tras la polémica cárcel que no fue cerrada por Bachelet
por Alejandra Jara
El penal, construido en 1995 para que el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, cumpliera su primera condena por el asesinato del canciller Orlando Letelier, causó una profunda crisis en la Concertación que casi provoca la renuncia del entonces ministro Ricardo Lagos.
Pese a que Michelle Bachelet traspasó la presidencia hace dos días a Sebastián Piñera, aún continúa la polémica por el no cierre de Punta Peuco, promesa que finalmente quedó incumplida durante su administración.
Ayer La Tercera PM (lee la nota de La Tercera PM aquí) reveló que el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a firmar el decreto que permitiría que los uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar fueran trasladados a Colina I.
Tesis que fue rechazada por el secretario de Estado, quien aseguró a La Tercera PM que nunca recibió un borrador, y agregó que “si hay un acto que violenta lo que señala mi conciencia, por supuesto que no lo ejecutaré”.
Sobre esta polémica se refirió este martes el ex Presidente Ricardo Lagos, quien tal como él mismo lo expresó estuvo en el “origen” de esta cárcel.
Lagos recordó su negativa como ministro de Obras Públicas de firmar el decreto que permitiría la construcción del penal en 1994 – ordenado por Eduardo Frei Ruiz – Tagle – ya que no estaba de acuerdo con que el gobierno construyera una cárcel para quienes habían cometido delitos de lesa humanidad.
“No estaba dispuesto a hacer una cárcel de esa naturaleza porque se me dijo que si no habrían situaciones muy complejas y difíciles y yo en ese momento dije: ‘Ese es un juicio que tengo que hacer yo como ministro de Obras Públicas, y como ministro no estoy de acuerdo con eso y no hay ningún peligro a la democracia chilena el que no se haga eso’, relató el ex Mandatario.
Respecto a la responsabilidad que le cabría a Campos en esta polémica, el ex Presidente agregó: ”Lo que yo he leído no apunta en esa dirección y él dice que no tuvo ningún decreto. No tengo más que opinar”.
Los orígenes de Punta Peuco
El 19 de junio de 1995 el brigadier (R) Pedro Espinoza fue el primer integrante del Ejército en cumplir condena en el recién creado penal Punta Peuco.
Tras ser condenado por el asesinato del canciller Orlando Letelier, y luego de que el Ejército lo llamara a retiro, Espinoza llegó hasta este recinto ubicado en Tiltil, a 50 kilómetros de Santiago, convirtiéndose en el primer recluso en habitar la cárcel militar.
Unos meses antes, el Congreso había aprobado la construcción del recinto para que los uniformados juzgados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cumplieran condena en centros de Gendarmería, pero segregados de los otros reclusos.
Según explicó el director de Gendarmería de la época, Claudio Martínez, en una carta enviada a La Tercera en 2017, el contexto histórico de ese entonces –con Augusto Pinochet como comandante en jefe y el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras ‘refugiado’ en distintos puntos del país– influyeron en que se diseñara una cárcel con un régimen de excepción que permitiera “crear las condiciones de confianza para el Ejército”.
La crisis de Lagos
Corría 1994 y ante la inminente condena de Contreras por el asesinato del ex canciller de Salvador Allende Orlando Letelier, el Ejecutivo comenzó a estudiar la edificación de una cárcel de alta seguridad para un número reducido de personas, misión que encargó al Ministerio de Obras Públicas, encabezado en ese entonces por Ricardo Lagos.
Según relata Ascanio Cavallo en el libro la “La historia oculta de la transición”, los principales políticos de la Concertación estaban de acuerdo con esta idea con tal de ver a Manuel Contreras tras la rejas, pero esa opinión no era compartida por Lagos, quien rechazaba la posibilidad de dar un trato privilegiado a los militares.
Para el Ejecutivo la manera más rápida para iniciar la construcción de Punta Peuco era solicitar al Ministerio de Obras Públicas que dictara un decreto que iniciara las obras sin licitación, el que debía ser firmado por el ministro.
Al conocer esta idea, Lagos entregó otras opciones, pero el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y los personeros políticos respaldaron la idea original.
Lagos se negó a firmar el decreto e incluso presentó su renuncia al Presidente, la que no fue aceptada.
En busca de una solución que evitara el quiebre de la Concertación, apareció la alternativa de presentar un proyecto de ley que involucrara tanto al gobierno como a la oposición en la construcción de este recinto, la que tras una serie de negociaciones terminó siendo respaldada por el ministro.
La tramitación del proyecto en el Congreso tampoco fue expedita. Pese a que fue aprobado en la Cámara, los senadores designados lo rechazaron en la Cámara Alta.
La construcción de Punta Peuco fue analizada en una comisión mixta donde finalmente se logró el acuerdo político para su implementación.
Una cárcel para Manuel Contreras
Cuatro meses después de su llegada, el brigadier (r) Espinoza dejó de ser el único uniformado en Punta Peuco. Manuel Contreras -condenado a 7 años por el crimen de Letelier tras un histórico fallo de la Corte Suprema– llegó a cumplir su primera pena al recinto, luego de “refugiarse” en un fundo en Fresia y posteriormente en el Hospital Naval de Talcahuano, donde fue amparado por la Armada.
Para la Concertación, tener a Contreras en prisión significaba que la transición había triunfado.
La convivencia entre Espinoza y el ex jefe de la DINA se volvió tensa. Como también con otros uniformados que llegaron posteriormente al penal.
Comenzaron a conocerse los privilegios con los que contaban especialmente los militares que cumplían condena, quienes, según los otros reclusos, eran tratados como superiores por los miembros del Ejército que en ese entonces fueron asignados para su custodia interna.
A fines de 1995 el oficial de Carabineros Fernando Valdés –también condenado- relató las celebraciones de cumpleaños de Contreras, las visitas fuera de horario, el uso de teléfonos celulares y otras comodidades como un enfermero permanente en el lugar, con las que contaba tanto él junto a otros presos.
De esta manera se fueron propagando una serie de rumores y mitos respecto a estos centros penales destinados para militares.
Casi quince años después, un reportaje de TVN reveló Punta Peuco era un poco más parecido a una cárcel típica chilena que el extinto centro Cordillera, en el que Contreras cumplió parte de sus condenas, y donde aseguró en 2013 que los gendarmes estaban para “recogerle el bastón” cuando se le caía. Días después ese recinto fue cerrado por el Mandatario Sebastián Piñera y los reclusos trasladados a Punta Peuco.
Los detalles del penal
Respecto a su infraestructura, Punta Peuco cuenta actualmente con controles de metales en el ingreso, rejas, cuatro módulos, celdas y baños compartidos.
Sin embargo, los espacios comunes como canchas de tenis, quinchos, terrazas para recibir a los familiares, biblioteca y una sala para ver televisión generaron por años duras críticas por parte de los detractores al penal, que actualmente es ocupado por 129 personas.
El centro de Tiltil fue creciendo a medida que llegaron más condenados, como por ejemplo en septiembre de 2013, cuando el presidente Sebastián Piñera cerró Cordillera y nueve reos fueron trasladados a ese lugar.
Con el tiempo se instalaron nuevos módulos estilo contenedor que son compartidos por los uniformados, pero que también tienen comodidades como living, comedor y que pueden cerrarse con llave cuando los internos salen a los espacios comunes.
La promesa de Bachelet
En septiembre de 2015 la ministra de Justicia, Javiera Blanco, obtuvo la autorización de la presidenta Bachelet para comenzar los trabajos de remodelación de uno de los módulos de Colina I con el objetivo de recibir a los presos de Punta Peuco.
El posible cierre del recinto se conoció a través de Carmen Gloria Quintana –una de las sobrevivientes del Caso Quemados–, quien reveló que tras reunirse en audiencia privada con la presidenta Bachelet, ésta aseguró que cerraría el penal en septiembre de ese año. Una fecha que nunca fue anunciada oficialmente por La Moneda y que finalmente se pospuso para los últimos días de su segundo mandato.
En total, según datos del gobierno a los que tuvo acceso La Tercera en agosto, se invirtieron cerca de 1.500 millones de pesos en la refacción, pintura, habilitación y alojamiento de las tres galerías, separadas por pequeños patios o espacios comunes, con que cuenta este módulo especial en el penal Colina 1, además de trabajos en mejoramientos de seguridad, la construcción de baños comunes y del alzamiento de un muro perimetral.
Reportajes de La Tercera reveló en exclusiva -en esa misma fecha- algunas fotografías de los pabellones en Colina 1 que albergarán a los ex militares, y que confirmaban que el lugar está completamente refaccionado y habilitado para el traslado de los reclusos.
Sin embargo, la Mandataria no cumplió su promesa y los uniformados condenados por violaciones a los Derechos Humanos siguen cumpliendo condena en esta cárcel.
Fuente: La Tercera
Carmen Hertz: Jaime Campos fue nefasto como ministro de Justicia
La diputada comunista Carmen Hertz consideró «poco plausible» la versión de prensa que señala que el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, «boicoteó» el cierre de Punta Peuco y que éste no se concretó debido a que el secretario de Estado rehusó firmar un decreto que ya tenía la rúbrica de la Presidenta Michelle Bachelet.
«Considero muy poco plausible que un ministro se negara, y si así hubiera sido, si hubiera incurrido en un desacato de tal magnitud, de no firmar un decreto dictado por la Presidenta de la República, lo obvio es que se le debería haber pedido la renuncia de inmediato y nombrar a otro funcionario; en ese caso podría haber sido el subsecretario, aunque durara 24 horas», dijo Hertz a El Diario de Cooperativa.
«Toda esta rocambolesca historia parece poco plausible», insistió, calificando como un «agravio adicional para el mundo de los derechos humanos» el hecho de que, a la falta de una decisión positiva, «se le añadan todos estos dimes y diretes: que una funcionaria vio el decreto, pero no estuvo en la reunión, que el otro dice que no…».
La abogada indicó que «si se hizo el decreto, si no se hizo, si estaba en el cajón uno o en el cajón dos, si le hicieron la media firma, la mosca, la firma entera, es irrelevante, y toda esta discusión sólo añade agravio» para los familiares de las víctimas de la dictadura.
«Todos conocemos lo nefasto que ha sido Jaime Campos en su papel de ministro de Justicia, pero el hecho real es que estuvo ahí (en su cargo) hasta el último momento, siguió de ministro de Justicia, y aquí lo único real es que Punta Peuco seguirá siendo una cárcel de privilegio para los genocidas», subrayó Hertz.
Respecto al cierre de este penal «por supuesto que no hubo voluntad política (…) Si hubiera querido hacer hubo cuatro años para hacerlo. No se quiso, simplemente. Ésa es la realidad y lo central», concluyó la legisladora.
Fuente: Radio Cooperativa
Reos de Punta Peuco agradecen a ex ministro Campos “no transar con razones espurias” para cierre de penal
Mediante un comunicado, lo internos de Punta Peuco agradecieron al ex ministro de Justicia Jaime Campos por no cerrar el penal donde se encuentran cumpliendo condena por delitos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La clausura de esa cárcel fue un fuerte rumor que se manejó en los últimos días del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Según informó La Tercera PM, Campos se negó en dos oportunidades a firmar el decreto de cierre, primero ante el ex ministro Mario Fernández y luego ante la misma Mandataria.
“Saludamos con especial gratitud al ex ministro de Justicia, don Jaime Campos, quien de ser cierto los trascendidos de prensa, se negó a firmar o tramitar un decreto tan odioso como injustificado para cerrar Punta Peuco. Fue, con seguridad, su formación y pertenencia a una importante institución valórica presente en Chile desde los albores de la República (que) los condujo (sic) a no transar con razones espurias y solo basadas en razones de venganza con la vida de connacionales”, dice parte del comunicado.
Así, continúa señalando que se pedirán nuevas solicitudes de indultos para esos reos por una “enorme y urgente razón de humanidad”.
“Hacemos presente nuestra preocupación por el hecho concreto que ya hay veinticinco internos fallecidos cumpliendo condena, trece de ellos en los últimos doce años, y al menos, otros siete corren cercano riesgo de muerte a pesar de los informes perversos, y hechos con dolosa mala intención, del Instituto Médico Legal, negando la condición de gravedad de cinco internos cuyas solicitudes de indulto se rechazaron, lo que culminó en sus lamentables fallecimientos anunciados, incluso alguno de ellos engrillados a su lecho de muerte”, sigue el texto.
Según se ha ido conociendo en los últimos días, la Presidenta Michelle Bachelet firmó un decreto que redestinaría el penal de Punta Peuco a enfermos terminales o en situación vulnerable, poniendo fin a los privilegios de los que gozan los ex militares condenados por violaciones a los DDHH, pero el ministro se negó a hacerlo.
«Fue, con seguridad, su formación y pertenencia a una importante institución valórica presente en Chile desde los albores de la República lo condujo a no transar con razones espurias y solo basadas en razones de venganza con la vida de los connacionales», añade el texto.
En el escrito, los reos de Punta Peuco anunciaron que volverán a solicitar indultos humanitarios para los internos con enfermedades terminales.
Recordaron que 25 internos murieron cumpliendo condenas, 13 de ellos en los últimos 12 años y otros siete actualmente corren riesgo de muerte.
Fuente: La Tercera
