por Felipe Portales.
En el análisis de la grave crisis que afecta al PDC se confunden frecuentemente causas y consecuencias. Así, los penosos conflictos internos sufridos el año pasado por la colectividad son percibidos erróneamente por muchos como los factores que provocaron su desastre electoral; cuando en realidad son consecuencias de procesos muy anteriores.
En efecto, los factores de fondo de la crisis actual se remontan a los 90 cuando el liderazgo del PDC de ese entonces (y de los demás partidos de la Concertación) abandonó solapadamente su proyecto histórico de profundo cambio social, y se acomodó al modelo neoliberal impuesto por la dictadura.
Como lo ha reconocido Edgardo Boeninger (considerado por todos como la eminencia gris de la transición), dicho liderazgo llegó a una “convergencia” con la derecha a fines de los 80, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 369).
Esto permite entender muchas políticas y medidas de esa época que, de otra forma, tendríamos que considerar como demenciales. Las más importantes fueron el oculto regalo de la mayoría parlamentaria que le esperaba a la Concertación de haberse mantenido los términos originales de la Constitución del 80, a través del acuerdo de Reforma Constitucional de mediados de 1989.
Con ella se elevaron los quórums de manera tal que le haría imposible a Aylwin cumplir con su programa de profundas transformaciones. Y la otra medida más trascendental fue la virtual autodestrucción de todos los medios escritos afines a la Concertación durante los 90, a través de diversas políticas solapadas: bloqueo de ayudas financieras externas (holandesas); continuación de la discriminación del avisaje estatal; y compras de medios por personeros concertacionistas para luego cerrarlos. Estamos hablando de los diarios La Epoca y Fortín Mapocho; y de las revistas Hoy, Análisis y Apsi. Medios que se habrían convertido en los reales opositores de la Concertación neoliberal.
Pero sin duda que lo más desmoralizador fue la política de derechos humanos que, so pretexto de la búsqueda de “la justicia en la medida de lo posible”, se convirtió en todo lo contrario: en el intento por establecer “la injusticia en la medida de lo posible”.
De partida, esto lo reconoció Boeninger en su famoso libro citado:
“En el marco de la estrategia del gobierno (de Aylwin), una primera decisión fue no intentar la derogación o nulidad de la Ley de Amnistía de 1978, pese a que tal propósito estuvo incluido en el programa de la Concertación (…) esa limitación autoimpuesta, aunque concordante con la realidad político parlamentaria (¡gestada silenciosamente por el propio liderazgo de la Concertación!), representaba un severo golpe para las aspiraciones de justicia de la Concertación, y especialmente de las organizaciones de Derechos Humanos, sólidamente constituidas e investidas de gran legitimidad en el entorno político y social y cultural de la coalición de gobierno, así como a nivel de las entidades internacionales pertinentes” (Ibid.; p. 400).
Y la búsqueda de la “injusticia en la medida de lo posible” no se limitó al período cubierto por la amnistía, sino que se amplió al período entre 1978 y 1990. De este modo, la Concertación generó con la derecha un Acuerdo Marco en 1990, que si no es por el schock producido por el descubrimiento de fosas comunes en Pisagua, se habría traducido en una ley que hubiese disminuido significativamente las penas para las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante toda la dictadura.
También a fines de 1991, los presidentes del Senado, Gabriel Valdés (PDC) y de la Cámara, José Antonio Viera Gallo (PS) propusieron -en una suerte de “globo sonda”- un proyecto de ley que establecería una impunidad para todo el período dictatorial, con excepción de unos pocos “casos emblemáticos”. Notablemente, ¡tanto Andrés Allamand (RN) y Andrés Chadwick (UDI) rechazaron la extensión de la amnistía a 1990! (ver El Mercurio; 17-12-1991), con lo que evidentemente se abortó el intento.
Posteriormente, al seguir los juicios por las desapariciones forzadas de personas, los gobiernos de Aylwin y de Frei (o sus parlamentarios) propusieron varias veces proyectos de leyes para avalar legislativamente la autoamnistía de 1978. Fueron los casos del proyecto de ley Aylwin (1993), del proyecto de ley Frei (1995), del Acuerdo Figueroa-Otero (1995-96) y de un proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado (1998-99).
Todos ellos fracasaron fundamentalmente por la frontal oposición de las agrupaciones y ONG nacionales e internacionales de derechos humanos.
Además, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle designó, intentó designar o mantuvo a embajadores o agregados militares involucrados en graves violaciones de derechos humanos en España, Ecuador, El Salvador, Suiza, Rusia y en la propia ONU; pese a los bochornos internacionales generados por aquello.
También adoptó decisiones que fueron en desmedro de la Justicia en los casos de Carlos Prats, Bernardo Leighton y Carmelo Soria. Y defendió a Pinochet cuando fue acusado constitucionalmente por un grupo de diputados a comienzos de 1998; y particularmente cuando fue detenido en Londres en octubre de ese año.
A este respecto el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (PDC), llegó al extremo, en agosto de ese año, de invitar a la testera al senador vitalicio Augusto Pinochet, para sellar un acuerdo que sustituía el feriado del 11 de septiembre por un Día de la Unidad Nacional a celebrarse el primer lunes de septiembre. Esto llevó a Pinochet y a varios miembros de su familia a expresar sus simpatías por la candidatura presidencial de Zaldívar, quien perdió estrepitosamente en una primaria concertacionista frente a Ricardo Lagos el año siguiente.
Y la defensa de Pinochet se convirtió en apología cuando el senador Alejandro Foxley (PDC) declaró en 2000:
«Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después (…) Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas (…) con Sergio de Castro a la cabeza (…) de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etcétera. Esa es una contribución histórica que va perdurar muchas décadas en Chile (…) ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar” (Cosas; 5-5-2000).
Tampoco hicieron nada los gobiernos de Aylwin y de Frei Ruiz-Tagle -ni las directivas del PDC- para esclarecer la oscura muerte de Eduardo Frei, pese a los fuertes indicios ya existentes de que se trataba de un asesinato cometido por la dictadura, lo que se comprobó judicialmente más tarde gracias especialmente a la persistencia de su hija Carmen.
Pero también en el estricto plano del esclarecimiento de la verdad, connotados dirigentes del PDC se manifestaron en contra, pese a que el propio gobierno de Aylwin estableció la Comisión Rettig con ese fin. De este modo, Gabriel Valdés, sostuvo en agosto de 1990 -¡antes que finalizara la investigación de la Comisión Rettig!- que respecto de la búsqueda de las personas detenidas-desaparecidas, “pondría un plazo corto. Uno o dos meses más, máximo, y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas condiciones psicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes: limpio, transparente (sic), decente y sin traumas. Sin odiosidades” (Paula; agosto, 1990).
Luego de conocido el Informe Rettig, Valdés señaló que “no es partidario de dar a conocer los nombres de quienes presuntamente fueron autores de las violaciones, porque no ayuda al objetivo final, que es la reconciliación de todos los chilenos”; y que 1991 “debe ser el año de cambio de hoja, tanto para conocer la verdad de lo ocurrido con los derechos humanos conculcados, así como para preparar el advenimiento de la reconciliación nacional” (El Mercurio; 20-2-1991).
Posteriormente, en 1993, todavía como presidente del Senado, Valdés propuso:
“Un rápido proceso de dos o tres meses para terminar con los juicios a los oficiales de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, con la búsqueda de los cuerpos de personas detenidas-desaparecidas durante el régimen militar”. Y específicamente planteó que “haría un proceso corto en virtud del cual quienes saben donde están los cuerpos lo pudieran decir -sin que ello implicara responsabilidades- al Arzobispo de Santiago y a los obispos de las diócesis del país u otra autoridad, sin otro propósito de que los chilenos no pisemos tierra bajo la cual hay cuerpos de nuestros compatriotas (sic)”; y esto “aun cuando no sean encontrados, porque muchos de ellos eventualmente pueden estar en el mar”, y simultáneamente hay que terminar con los juicios”, ya que “si investigar (judicialmente) significa llegar al sobreseimiento, qué objeto tiene investigar cuando hay una ley de amnistía”.
Al mismo tiempo, como en 1991, propuso extender la amnistía hasta 1990, con algunas excepciones:
“Hay que terminar con esta situación, dejando excluidos algunos casos como el de Letelier, Prats, degollados y uno o dos más” (El Mercurio; 20-6-1993). Y el ministro del Interior, Enrique Krauss (PDC), dijo que “concordaba con Gabriel Valdés en cuanto a poner término, al más breve plazo posible, a la situación en torno a los detenidos-desaparecidos” (El Mercurio; 21-6-1993).
Posteriormente, Alejandro Foxley, siendo presidente del PDC, señaló, respecto de los esfuerzos por esclarecer las violaciones de derechos humanos de la dictadura, que “no sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente”(Las Ultimas Noticias; 3-11-1995); a lo que los diputados del PS Fanny Pollarolo, Sergio Aguiló y Jaime Naranjo señalaron que sus expresiones constituían “una herida y una ofensa para todos los chilenos comprometidos con los valores de la verdad y la justicia” (La Segunda; 3-11-1995).
Incluso, el historiador conservador, Gonzalo Vial, cuestionó severamente a Foxley: “Lo que no admite ninguna explicación es pretender ‘olvidar’ no ya los muertos, sino el derecho inalienable de sus familiares a sepultarlos. Esto, además de inexplicable, resulta inútil. No podemos seguir contando muertos, ha dicho un político. Pues, en eso seguiremos, inexorablemente, pase lo que pase, hasta que se dé una salida ética al problema. Es obvio que, de aquí a un siglo, nadie hablará de los restos de los detenidos-desaparecidos. Pero el país continuará en deuda -una deuda que, entonces, ni siquiera podrá esforzarse en saldar-, moralmente manchado, corrompido, y persistiendo en muchos el recuerdo envenenador de una gravísima y deliberada injusticia sin corregir, y de una falta colectiva sin expiar” (La Segunda; 14-11-1995).
El total viraje del PDC (y, en general, del liderazgo de la Concertación) en pro de la legitimación, consolidación y perfeccionamiento del modelo neoliberal impuesto por la dictadura; y del abandono de la búsqueda de verdad y justicia sobre las violaciones de derechos humanos de la dictadura; provocaron naturalmente una creciente y profunda desmoralización en el PDC, con su correspondiente merma electoral y lo que ha sido más grave aún, su completa desaparición de la juventud universitaria desde hace muchos años.
Esto ya fue constatado en una de sus últimas entrevistas por una de las personalidades más eminentes del PDC: Jaime Castillo Velasco. Así él señalaba en 2002 que “en mi partido se han perdido los valores éticos que hicieron posible la Falange de Frei, Leighton y Tomic” (Rocinante; abril, 2002).
La decadencia del PDC se profundizó todavía más cuando se naturalizó en los años 2000 que su dirigencia pasara a integrar alegremente los directorios y altos cargos ejecutivos de empresas de grupos económicos; de las AFP; de las asociaciones de grandes empresarios; de canales de televisión; de grandes diarios; de universidades privadas con fines de lucro; etc.; al igual que lo había hecho el Partido Radical en la década del 50 del siglo pasado.
El punto más visible de este proceso lo protagonizó Ximena Rincón en 2006, cuando luego de haber sido Superintendente de Seguridad Social e Intendente de Santiago bajo el gobierno de Lagos, aceptó ser directora de la AFP Provida. ¡Y en tal calidad fue elegida posteriormente vicepresidente del PDC! Ya son decenas los ex ministros, subsecretarios o altos cargos de gobiernos militantes del PDC que han proliferado en la misma dirección.
Y ha culminado dicha decadencia en la percepción pública al constatarse numerosos casos de parlamentarios del PDC (y de los demás partidos de la Concertación) que han recibido solapadamente (regular o irregularmente) grandes apoyos financieros de grupos económicos.
Es en este contexto de largo plazo que puede entenderse la profunda decadencia del PDC; que, además, en la medida que perdió hace mucho tiempo casi toda presencia en la juventud, se ve inexorablemente condenado a una lenta agonía.
Fuente: El Mostrador
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/01/29/pdc-decadencia-de-muchos-anos/
