Por enésima vez, y hasta que la pasividad de los chilenos lo permita, el Tribunal Constitucional le enmendó la plana a la voluntad popular representada en el Parlamento, al dictaminar que las facultades sancionatorias del SERNAC, son inconstitucionales, lo cual significa preservar la impunidad del «big bussines» para abusar de clientes, usuarios y consumidores, en nombre de la sacrosanta Constitución de Pinochet. En efecto, el espurio Tribunal Constitucional, TC, rechazó la constitucionalidad del proyecto de ley que apunta a otorgarle nuevas facultades fiscalizadoras al Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, en un fallo dado a conocer en la tarde del jueves.
Dicha ley, aprobada en octubre pasado, había sido rechazada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la que había ingresado un «téngase presente» en el proceso de revisión por parte del TC.
O sea, ya ni siquiera es necesario sean los parlamentarios los que invoquen la sacrosanta constitución de Pinochet, pues basta con que la ley impetrada amenace de oficio la tiranía neoliberal, para que el TC acuda al rescate
En la sentencia, estableció la inconstitucionalidad de las nuevas potestades jurisdiccionales que el proyecto de ley le entregaba al Sernac, con el argumento de que «el Sernac actuaría como juez y parte por cuanto ejercería sus facultades fiscalizadoras (de naturaleza administrativa) para luego aplicar una sanción (de naturaleza jurisdiccional), con efectos que van más allá de una mera sanción administrativa».
El TC declaró en su sentencia que la decisión tiene “su fundamento en que las medidas que comprenden la facultad de juzgar por parte del Sernac sólo pueden ser adoptadas por un tribunal independiente e imparcial, características que éste no reúne”.
En cuanto a la eliminación de facultades normativas, el TC destacó que la iniciativa le daba al Sernac “un alcance ilimitado, en circunstancias que amenaza la garantía de que solo la ley puede fijar las reglas entre consumidores y proveedores”.
«Esta decisión no se extiende necesariamente a otros casos de organismos administrativos con potestades sancionadoras, pues lo reprochado en esta oportunidad es que el mismo servicio estatal llamado a proteger a una de las partes lucrativamente interesadas, los consumidores, sea instituido como árbitro supremo, para luego dirimir los contenciosos e impugnaciones que enderecen contra sus proveedores», señala el fallo.
La risa del pudiente
Naturalmente, los representantes del gran empresariado están de pláceme.
Manuel Melero, presidente de la CNC, acotó:
«En lo esencial, el fallo consagra los principios del derecho constitucional chileno, separando la facultad jurisdiccional de la facultad administrativa en los órganos del Estado, en este caso el Sernac. Al mismo tiempo le resta o le quita totalmente la facultad normativa al Sernac, lo cual también es un principio constitucional fundamental que nosotros en nuestro ‘téngase presente’ representamos al tribunal».
El segundo vicepresidente de la Sofofa, Gonzalo Said, valoró el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que eliminó las facultades normativas y sancionatorias del proyecto de ley que fortalecía al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
“La declaración de inconstitucionalidad del TC confirma los problemas estructurales que planteamos respecto del proyecto en cuanto a la inviabilidad de un servicio público que sea juez y parte, así como la indeterminación y amplitud de las facultades normativas atribuidas”, dijo el dirigente gremial.
Añadió que “concordamos con el fallo del TC en la falta de independencia que tendría el Sernac respecto del gobierno central, quien tendrá siempre un legítimo interés en orientar una política de protección al consumidor, pudiendo soslayar por tanto las consideraciones técnicas que todo órgano sancionador debe privilegiar, especialmente si mantiene la titularidad de acciones colectivas”.
Ministro de Economía: “Ha resultado en algo incluso peor que antes”
El ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, indicó que, con el escenario actual, el Sernac no podrá arbitrar conciliaciones, por lo que no será útil que reciba denuncias, porque el fallo las radica en los Juzgados de Policía Local:
“En vez de ayudar a consolidar la confianza en una economía social de mercado, la debilita. El SERNAC no podrá sancionar porque, además de no poder conocer causas, las sanciones quedan radicadas únicamente en tribunales. Es decir, será igual a como es hoy donde los jueces de policía local serán los únicos receptores de denuncias de esta clase, a sabiendas de la escasez de recursos con que se manejan esos tribunales”.
A través de un comunicado, la cartera agregó que se le han suprimido las atribuciones sancionatorias, normativas y de conciliación, con las cuales contaba el Servicio Nacional del Consumidor, y que directamente beneficiaban a los consumidores en el evento que sus derechos hubieran sido afectados por los proveedores:
“En resumen, el Sernac no sólo carecerá de las atribuciones que el Congreso mayoritariamente le fijó, sino que perderá una de las pocas útiles que tiene, la de recibir reclamos y poder buscar una mediación entre consumidores y proveedores”.
Director del SERNAC: «decisión catastófica»
El Director del SERNAC, Ernesto Muñoz, calificó el fallo como catastrófico:
“Este es un fallo potencialmente catastrófico para la protección del consumidores y una pésima noticia ya que debilita de manera importante un proyecto cuyo principal objetivo era equilibrar la cancha entre empresas y consumidores”. .
Agregó:
“La incapacidad sancionatoria del SERNAC es uno de los factores relevantes que facilita la reiteración de malas prácticas en los diversos mercados. Una prueba de ello, es el aumento de los reclamos, los que, por ejemplo, en 2017 registraron un alza del 27% respecto de 2016. Además, el 90% de los consumidores que llegan al SERNAC, ya vienen con una respuesta negativa de la empresa”.
“El efecto más grave de este fallo, es que además de las facultades nuevas, se pone en entredicho la actual atribución de recibir reclamos de los consumidores y transmitirlos a los proveedores para encontrar una solución voluntaria, función básica del servicio hoy. Además el Sernac tampoco podrá realizar conciliaciones entre proveedores y consumidores, herramienta que tenía como objetivo, llegar a soluciones rápidas y efectivas sin tener que acudir a los tribunales de justicia”, aclaró.
En términos prácticos, la anulación de la facultad sancionatoria, significa que a los consumidores no les quedará otra opción que seguir acudiendo a los Juzgados de Policía Local, donde una notificación puede costar más de $40 mil, escenario siempre más cómodo para las empresas, que disponen de la asesoría legal para su defensa particular.
Muñoz abundó:
“Esto, representa un claro desincentivo para que los consumidores ejerzan sus derechos. La decisión del TC, favorece a las malas empresas a quienes les saldrá más barato incumplir la ley y pagar una multa, que modificar sus malas prácticas”.
Y concluyó:
“El fallo refleja la visión de los gremios que se opusieron desde un principio a la tramitación del proyecto y rechaza las normas aprobadas por el Congreso Nacional después de más de tres años de tramitación legislativa. Además, el fallo contiene errores evidentes, por ejemplo, al señalar que el Servicio ya fiscaliza, que se le asignan facultades que en verdad corresponden a Asociaciones de Consumidores y que las resoluciones del Servicio no eran revisables o que la facultad normativa era ilimitada, entre otros».
Bancada PC: «la victoria de los malos empresarios»
Indignación provocó en la bancada del Partido Comunista el detalle del fallo del TC sobre el proyecto de ley sobre el SERNAC, que rechazó los ejes más importantes de la iniciativa que buscaba fortalecer al organismo y que fuera despachado desde el Congreso Nacional en octubre recién pasado.
Cabe recordar que el TC emitió durante la tarde de este jueves 18 de enero, el fallo respecto del proyecto legislativo que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), decretando que las normas que fortalecen las facultades sancionatorias del organismo son inconstitucionales.
La jefa de la bancada PC, diputada Camila Vallejo, comentó a través de su cuenta en twitter, que le parece “vergonzoso el fallo del Tribunal Constitucional que elimina facultades del SERNAC para defender a consumidores”.
En esa línea, la diputada agregó que “las instituciones existen para proteger a las personas y no pueden avalar el abuso del que han sido parte los grandes grupos económicos”.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, comentó en la red social que esta decisión del TC es una “gran victoria de malos empresarios y de la derecha”.
Según el diputado, la decisión del TC confirma la “demolición del SERNAC” y sus atribuciones. «Es una catástrofe y desamparo para consumidores”, concluyó el legislador.
Atentado a la democracia
En paralelo y a través de un comunicado, la bancada de senadores socialistas criticó la resolución , calificándola como un «golpe a la legitimidad de las decisiones del ente legislador democrático».
Como un golpe no sólo al Sernac, sino que a la “legitimidad de las decisiones del Congreso», calificó la bancada de senadores socialistas la decisión del Tribunal Constitucional que eliminó las normas que fortalecían las facultades sancionatorias del SERNAC.
Agregó:
«El TC actúa nuevamente como una tercera cámara legislativa, a la vez que prolonga la larga indefensión en que se ha visto envuelta la ciudadanía por años frente a los abusos de aquellas empresas o industrias que no cumplen la ley”.
“Es lamentable este fallo del TC, que cercena las facultades del Sernac. Aquí está la mano de la derecha, la mano de ciertos sectores empresariales que no se quieren modernizar y sujetarse a mejores estándares y del interés de una cierta cultura del abuso. Es un retroceso”, aseveró el jefe de la bancada, Alfonso De Urresti.
En este sentido, destacó el voto de minoría de los ministros Carlos Carmona, Gonzalo García y Nelson Pozo, que discrepa del punto de partida que usó la mayoría del TC, que situaba a consumidores y empresas proveedoras en la misma condición de contratantes.
Tal como lo señala el voto disidente del TC, los organismos de la administración del Estado no pueden ser neutrales frente al interés público, sino que deben perseguirlo siempre. Ese era el espíritu de esta ley que la derecha lleva, como ya es su costumbre, al tribunal constitucional para evitar su promulgación”,agregó el senador Rabindranath Quinteros.
Carlos Montes calificó la decisión del organismo como “triste para los consumidores”:
“Este fallo del TC hace evidente un problema de nuestra democracia y es que cada vez tiene menos poder para modelar la vida social. Este Tribunal Constitucional de mayoría conservadora ha vaciado al Congreso y a la democracia de su rol modelador de la política pública dado que nos dice con su fallo que sólo permitirá aquellos cambios que mantengan un modelo neoliberal”.
En la práctica estos alegatos tienen menos peso que un reclamo a la FIFA, toda vez que en virtud de la actual Constitución, los «fallos» del TC no admiten apelación ni recurso de revisión alguno.
