La Presidenta Bachelet ha propuesto al país una reforma de pensiones que se basa en aumentar innecesariamente las cotizaciones en un cinco por ciento con cargo a los empleadores, el que sería administrado por un organismo estatal que lo destinaría en su mayor parte al ahorro forzoso bajo la forma de “capitalización individual” y el resto a mejorar pensiones bajo una indefinida fórmula de reparto “solidario” destinada en su mayor parte a las pensiones más bajas.
La propuesta es regresiva y recesiva y no mejora significativamente las pensiones, especialmente a la clase media. Incrementa todavía más el inmoral ahorro forzoso al que están sometidos exclusivamente los trabajadores en el sistema de AFP, que equivale a tres de cada cuatro pesos cotizados, que se traspasan mes a mes al sistema financiero y no serán restituidos jamás puesto que las pensiones del mes se pagan con el peso restante y subsidios fiscales.
Este abuso no se toca ni a sus empresas administradoras, AFP y compañías de seguro relacionadas, que se embolsan uno de los pesos “ahorrados” cada mes en forma de comisiones y primas netas.
El mayor costo laboral recae mayormente sobre las PYMEs, que no recibirán nada de vuelta a diferencia de los grandes grupos empresariales a quienes el sistema financiero traspasa mensualmente parte importante de lo recaudado en forma de préstamos y capital accionario.
Mientras tanto, la promesa de incremento de pensiones es de poco más de cuarenta mil pesos en promedio para las pensiones actuales, y se prometen vagamente cien mil pesos de incremento a quienes jubilen en tres décadas más.
Por otra parte,la propuesta es recesiva puesto que el incremento del costo laboral afectará el empleo y los salarios, como ha reconocido el propio Banco Central, lo cual resulta insensato cuando el país está iniciando una recesión que puede ser severa y prolongada.
La propuesta gubernamental merece ser rechazada de plano. El país debe continuar exigiendo el término inmediato del sistema de AFP y cualquier otro esquema de ahorro forzoso, el traspaso inmediato de todos los afiliados al IPS reconociendo a cada uno la totalidad de lo ahorrado y lo cotizado en el futuro, restituyéndolo en el cálculo del monto de sus pensiones mediante una fórmula parecida a la actual, pero suplementada desde hoy con cargo a las cotizaciones corrientes en un monto que permite duplicarlas en promedio en proporción a los salarios.
Es lo que han hecho los países que en años recientes han terminado con símiles de las AFP y, como demuestra la propuesta C de la Comisión Asesora Presidencial, presentada por la Profesora Leokadia Oreziak que recientemente impulsó dicho cambio en su Polonia natal, ello es sustentable hasta el fin del siglo ahorrando los actuales subsidios fiscales y sin aumentar las cotizaciones en la presente década ni la edad de jubilación.
Todos reconocen que el sistema de AFP no puede continuar como está y se hacen numerosas propuestas para modificarlo. Sin embargo, las pensiones no mejoran si el incremento del ahorro forzoso lo maneja tal o cual, tampoco con charlatanería ni espejismos de beneficios futuros que nunca llegan, sino con dinero contante y sonante, seguro, mes tras mes. Muchísimo dinero.
Duplicar su monto promedio actual, que es más o menos lo que se necesita hoy para igualar en promedio los beneficios que ofrece el antiguo sistema a personas con historias laborales similares, requiere desembolsar 250.000 millones de pesos mensuales adicionales, que es el monto que las AFP y compañías de seguros pagaron en pensiones en enero del año 2017.
Ese es el acuciante problema social y político que hay que resolver hoy, sin perjudicar la economía ni las cuentas fiscales.
Ese problema no tiene solución en el marco de la capitalización individual. Desde luego, subir la edad legal de jubilación, como proponen casi todos, no mejora las pensiones sino por el contrario, recorta el derecho de jubilar a los 60 y 65 años, mujeres y hombres respectivamente, aunque sea hoy por hoy un derecho formal, puesto que la edad efectiva de retiro es cercana a los 70 años para ambos sexos.
Aumentar las cotizaciones en cinco por ciento para destinarlas al “ahorro”, como proponen las AFP, el Banco Central y el gobierno, no mejora las pensiones actuales ni un sólo peso, con suerte y si no hay crisis de por medio, las mejoraría un poco en treinta años más.
Aunque sea de cargo del empleador, incrementa el costo laboral con un efecto negativo sobre el empleo y los salarios, como ha reconocido el propio Banco Central, lo cual resulta del todo insensato cuando la economía está entrando en recesión.
Los grandes grupos empresariales apoyan esta medida porque las AFP les transfieren de vuelta parte de lo recaudado en forma de préstamos y capital accionario, es como cambiarse el dinero de bolsillo, pero las PYMEs pagan el grueso de las cotizaciones y no reciben nada a cambio.
Cargar el mejoramiento de las pensiones al fisco mediante cualquier mecanismo, como aumentar el pilar solidario, jubilación de cuarta edad o lo que sea, resulta asimismo irresponsable en momentos en que las cuentas fiscales están estrechas. El monto requerido para duplicar las pensiones, además, equivale a una vez y media el presupuesto fiscal de educación superior completo.
Por estos motivos, las únicas propuestas realistas son aquellas que recuperan para el Estado y el pago de pensiones, las cotizaciones previsionales obligatorias, que son el segundo impuesto que más dinero recauda (seis billones de pesos el año 2016) después del IVA ($13,5 billones el 2015).
Esa es la esencia de restablecer el sistema público basado en el esquema de reparto, que es el que utilizan todos los países del mundo y que recogen la propuesta C de la Comisión Asesora Presidencial (Comisión Bravo) presentada allí por la Profesora Leokadia Oreziak y la propuesta del movimiento No más AFP, que es muy parecida. Es asimismo lo que sugiere la propuesta Bravo-B, sólo que parcialmente.
Las AFP no son un sistema de pensiones sino un mecanismo diseñado para transferir el grueso de las cotizaciones desde los salarios al sector financiero. Para siempre, sin restitución y beneficiando principalmente a sus administradores, AFP y compañías de seguros.
En enero del año 2017, por ejemplo, las cotizaciones obligatorias alcanzaron 570 mil millones de pesos, a lo que se sumaron 91 mil millones de pesos en subsidios monetarios directos a las pensiones AFP, solo considerando bonos de reconocimiento y aportes previsionales solidarios, al tiempo que las AFP y compañías de seguros pagaron 251 mil millones de pesos en pensiones.
Por lo tanto, en ese mes el sistema de AFP se apropió de hecho un excedente de 418 mil millones de pesos, de los cuales se embolsó 152 mil millones de pesos en comisiones y primas netas.
Es decir, el sistema de AFP se apropió de hecho de tres de cada cuatro pesos cotizados, de los cuales los administradores se embolsaron uno en forma de comisiones y primas netas. No lo devolverán jamás, puesto que luego de pagar las pensiones, el mismo excedente se repite mes tras mes, como ha sido desde 1981 y pretenden que siga hasta el día del juicio final.
De las cifras concretas resulta evidente la causa de las bajas pensiones y al mismo tiempo la solución al problema de mejorarlas hoy mismo. Las sólas cotizaciones actuales permiten duplicar las pensiones pagadas, ahorrando al mismo tiempo al fisco 91 mil millones de pesos mensuales en subsidios monetarios directos a las pensiones AFP, cifra que equivale a la mitad del gasto fiscal en educación superior, y un cifra similar en subsidios monetarios indirectos como planes de retiro y otros.
Sin embargo, al terminar el esquema de ahorro forzoso, el excedente de cotizaciones a beneficio fiscal es mucho mayor puesto que, tal como propone la propuesta Bravo-C, los fondos remanentes de los actuales pensionados por retiro programado, y aquellos que se traspasaron a compañías de seguros que contratan rentas vitalicias, deberán continuar aportando los 158 mil millones de pesos mensuales que hoy contribuyen al pago de pensione y cubren al 63 por ciento de las mismas; el 37 por ciento restante lo aportan los subsidios monetarios directos.
Ello permite asimismo atender la inquietud de quienes se preocupan por el destino de los fondos acumulados en sus cuentas individuales, de los cuales aparecen formalmente como propietarios.
La propuesta Bravo-C en los hechos mantiene para todos los jubilados actuales exactamente el mismo pago actual con cargo a sus fondos de pensiones acumulados, pero lo suplementa con cargo a cotizaciones corrientes hasta completar, en promedio, el doble del monto actual, reajustado según salarios imponibles.
Del mismo modo, dicha propuesta sugiere que a los actuales afiliados en actividad, el Estado les reconozca el monto total de sus fondos acumulados al momento del cambio de sistema, y todas las cotizaciones adicionales hasta el momento de jubilar, actualizados a una tasa de interés fija, sin jugar a las ruleta de los “mercados”, “nocional” como se las denomina en el sistema sueco.
De ese modo, una parte de la pensiones de cada uno dependerá del monto de su cuenta individual, igual que ahora pero sin incertidumbre, el que será complementado con cargo a las cotizaciones corrientes hasta completar un monto que dobla lo actual, reajustado según salarios. Cabe mencionar que las mejoras resultan más del doble en el caso de las mujeres en general y de los empleados públicos, quienes son especialmente perjudicados por el actual mecanismo de cálculo de sus pensiones, y algo menores en el caso de los hombres empleados particulares.
La propuesta Bravo-C (disponible en www.cendachile.cl) demuestra que, utilizando las proyecciones de población más pesimistas, con el muy poco realista supuesto de inmigración cero, por ejemplo, dicha propuesta es sustentable hasta fines del siglo, sin subir las actuales tasas de cotización hasta la próxima década y sin modificar la edad legal de retiro hasta dos décadas más, terminando el siglo con una tasa de cotización 24,5 por ciento y edad de jubilación general de 66 años. Un escenario alternativo, en el que insistió mucho la Profesora Oreziak, muestra que si el aumento inicial del monto de pensiones es 75 % en lugar de 100%, se pueden mantener hasta el fin del siglo las actuales edades de retiro de 60/65 años para mujeres y hombres.
Hay que pensar las cosas bien, pero de allí hay mucho trecho a concluir que es imposible terminar con el ahorro forzoso que se da en llamar “capitalización individual”, como afirman las AFP, muchos economistas y, lo que es más grave, el Banco Central de Chile en un reciente informe. Como demuestra un documento que ha preparado CENDA y será presentado públicamente en pocos días más, las terroríficas proyecciones del Banco Central son sesgadas intencionalmente en favor de mantener y acrecentar un esquema de ahorro forzoso con cargo a los salarios.
Ello es manifiestamente inmoral y terminar con ese abuso es la principal razón ética por la cual hay que acabar con el sistema de AFP o cualquier otro esquema de ahorro forzoso. El ahorro forzoso es sólo para los trabajadores, puesto que sólo a quienes ganan menos de dos millones de pesos (75,7 UF mensuales) se exige aportar el 13 por ciento de sus salarios (12,79 por ciento en enero 2017). A los parlamentarios y otras personas que ganan 10 millones de pesos mensuales se los obliga a cotizar sólo un 2,56 por ciento, apenas 1,28 por ciento a los gerentes de empresas medianas que ganan 20 millones y un mísero 0,85 por ciento a los gerentes de AFP y otras grandes empresas que ganan 30 millones de pesos al mes (ver cuadro adjunto).
¡De este modo los 10 mil trabajadores de Minera Escondida aportan más al ahorro forzoso de las AFP que todos los parlamentarios, gerentes y otros altos sueldos de Chile! ¿Las defenderían tanto si se los obligase a todos cotizar el 13 por ciento de sus ingresos brutos?
En todas las sociedades civilizadas, el ahorro necesario para reponer y mejorar el aparato productivo no es responsabilidad de los trabajadores sino de las elites, que para ello se apropian del excedente. ¡Basta imaginar lo que diría un sindicato si su patrón les recortase el sueldo para renovar sus maquinarias!
Pretender cargar el ahorro nacional a los salarios es tanto más inaceptable en el caso chileno, donde la masa de remuneraciones imponibles representa hoy apenas un tercio (35,9 por ciento en enero 2017) del producto interno bruto (PIB), mientras los excedentes de explotación netos de impuestos representan el 54 por ciento del PIB según el Banco Central; en los países desarrollados esa proporción es a la inversa.
Para intentar imponer al sistema político la mantención del ahorro forzoso, lo que obviamente excede sus atribuciones, el Banco Central utiliza un modelo que establece una relación de causalidad distorsionada entre el ahorro en general y el crecimiento económico, puesto que lo relevante al respecto no es el ahorro sino la inversión y no hay relación mecánica entre uno y la otra, y asume parámetros sesgados intencionadamente para exagerar hasta lo indecible el efecto del ahorro de los trabajadores en el crecimiento económico.
En estricto rigor, en todas las sociedades, épocas y economías, los trabajadores no ahorran para renovar el aparato productivo o invertir en nuevos negocios —ello siempre ha correspondido exclusivamente a las elites y en la sociedad moderna a los capitalistas, y constituye un deber moral esencial para que su apropiación del excedente sea legítima— sino para adquirir bienes de consumo durables como sus casas o ante cualquier eventualidad mantener a sus familias, incluidos sus viejos.
Las cotizaciones descontadas a sus salarios son parte de su gasto para mantener a estos últimos, otra parte lo transfieren al Estado para financiar las pensiones no contributivas, mediante impuestos generales al trabajo y al consumo.
La demanda de los trabajadores chilenos no es que otros se hagan cargo de sus viejos, eso lo han hecho ellos siempre y con dignidad en la medida de sus recursos. Su exigencia al decir No+AFP es que les restituyan el dinero que destinan para la vejez y que las AFP desvían, todos los meses y para siempre, al sector financiero y sus propios bolsillos. Al mismo tiempo, exigen que la elite asuma su responsabilidad secular y destine lo necesario del excedente que se apropia al ahorro e inversión.
Otro tanto puede decirse de la gratuidad en la educación, puesto que el sustento de ésta, la cultura y las artes, debe ser con cargo al excedente y no a los salarios, otra responsabilidad moral secular de las elites que los “Hijos de Pinochet” han pretendido eludir y, de acuerdo al programa de su candidato presidencial, pretenden seguir eludiendo.
La catastrofista proyección del Banco Central respecto de los ingresos y egresos del sistema de reparto, que concluye en un supuesto defondamiento de las arcas públicas, se basa asimismo en supuestos sesgados intencionalmente.
Por el lado de los ingresos olvidan que lo relevante no es el crecimiento de la población total, como suponen, sino el número de cotizantes, que hasta mediados de siglo crecerá un 50 por ciento más que la población de 16 años y más. Sus salarios reales también crecerán y el producto de ambos, la masa salarial, crece y aumentará más rápido que el número relevante de adultos mayores y también que la tasa de interés real que se podría lograr de los supuestos ahorros.
De esta manera, las sólas cotizaciones permiten solventar pensiones inicialmente más elevadas y crecientes al ritmo de los salarios. Asimismo, al sistema de reparto le imponen tasas de cotización y edades de retiro constantes hasta mediados de siglo.
Por el lado de los egresos, olvidan que parte de los adultos mayores, más de la mitad en la actualidad sin contar los militares, proporción que la propuesta Bravo-C reduce al 30 por ciento, son atendidos por el sistema público no contributivo. De este modo concluyen evidentemente en déficits insostenibles, que cargan sobre el presupuesto fiscal.
Burdamente, achican los ingresos y exageran los egresos, el “método” usual de los que desde hace décadas vienen intentando “demostrar” la supuesta “quiebra” de los sistemas de reparto en todo el mundo.
Finalmente, en su evaluación comparativa de los resultados del ahorro forzoso y el reparto, el Banco Central olvida el principio esencial de evaluación comparativa de cualquier conjunto de proyectos, que consiste obviamente en exigir a todos ellos beneficios similares, hay que comparar peras con peras, como se dice.
Para avalar el esquema de ahorro forzoso, el BC asume que las pensiones actuales no mejoran, es decir, el ahorro forzoso, al cual por otra parte atribuyen efectos milagrosos sobre el crecimiento económico, lo financian manteniendo las actuales “pensiones miserables”, como las han calificado voceros de las propias AFP. Ello no aborda el problema planteado ¡que consiste precisamente en mejorar las pensiones hoy!
Una comparación adecuada consiste en comparar ambos sistemas con pensiones iguales. Como comprueba la propuesta Bravo-C, el sistema de reparto permite inicialmente duplicar las pensiones promedio y sólo con las cotizaciones sostenerlas a ese nivel respecto de los salarios imponibles hasta fines del siglo, suplementado inicialmente por las pensiones remanentes del sistema de AFP y subiendo moderadamente y a su debido tiempo, que no es ahora ni en la presente década, las tasas de cotización y la edad de jubilación, eliminando al mismo todos los subsidios monetarios.
Para comparar ese resultado con la capitalización individual hay que ver cuanto tendría que gastar el fisco para suplementar a ese mismo nivel las pensiones autofinanciadas por la “capitalización individual”. Eso es precisamente lo que hace la propuesta Bravo-C, y demuestra que el déficit fiscal resultante al 2050 equivale en valor presente ¡a seis veces el PIB del año 2013!
Los malabarismos numéricos del Banco Central intentan demostrar lo indemostrable, puesto que sería bastante curioso, por decir lo menos, que un sistema como el de reparto en Chile resultase extrañamente inviable, en circunstancias que funciona desde hace más de un siglo en todos los países del mundo y en todos los más antiguos y desarrollados, dejando cuantiosos excedentes de caja que ayudan a financiar los gobiernos en todos ellos, y también en Chile hasta 1981 dejaba un tercio de sus ingresos como excedente a disposición del fisco o el ahorro de las cajas.
Por cierto, esgrimir al así llamado “envejecimiento de la población” chilena —que vivamos más es la principal conquista de nuestro doloroso advenimiento a la era moderna— no es más que un espantajo para incautos. Evidentemente, en cualquier sociedad y momento de su historia sólo los trabajan en cada momento pueden y deben producir el pan para alimentar a los que no pueden hacerlo, los que incluyen no sólo a los viejos sino también a los inválidos y a los niños y jóvenes.
La proporción entre activos y pasivos, o tasa de dependencia, es hoy la mejor que vivirá Chile en toda su historia, puesto que los activos duplican en número a los pasivos, en circunstancias que en 1970 éstos superaban a aquellos, porque los niños y jóvenes eran más de la mitad de la población. Dicha proporción ha bajado a un tercio y seguirá disminuyendo a medida que la sociedad se moderniza, lo que compensa el continuado incremento en la proporción de adultos mayores, al tiempo que se incrementa extraordinariamente la productividad del trabajo.
Es por eso que los sistemas de reparto han sobrevivido en todos los países desarrollados, que con jornadas laborales cada vez más cortas sostienen adecuadamente el doble de adultos mayores que en Chile, y equilibran ingresos y gastos mediante moderados ajustes periódicos de tasas de cotización y edad de jubilación ¡pero en el momento en que se requieren, no treinta años antes! Evidentemente podemos hacer lo mismo.
Lo más eficientes es terminar con las AFP “de una” y trasladar a todos sus afiliados al Instituto de Previsión Social (IPS). Éste perfectamente puede administrar recaudaciones y pagos sin gran costo adicional puesto que hace más recaudaciones, todo el FONASA, por ejemplo y paga más beneficios que las AFP. El Estado puede administrar los fondos igual que el resto de los fondos soberanos.
La sola eliminación de las comisiones de administración de las AFP (62.543 millones de pesos en enero 2017) permitirían reajustar las pensiones en 25 por ciento. La recuperación del impuesto al trabajo destinado a las pensiones permitiría duplicar las pensiones y ahorrar todos los subsidios directos.
El problema político principal de hoy para la coalición gobernante es proyectarla hacia un nuevo mandato, lo cual resulta imposible si el gobierno no cumple con la palabra comprometida con el pueblo en su programa de reformas. La acción decidida del gobierno respecto a las reformas es la clave para modificar favorablemente la correlación de fuerzas. Ello se puede lograr mediante la presentación de proyectos de ley avanzados que demuestren su voluntad de cambios, aunque ellos no alcancen a aprobarse en el actual parlamento.
Al mismo tiempo, el gobierno puede tomar todas las medidas administrativas y presupuestarias a su alcance que demuestren la misma voluntad. Como ha dicho la Presidenta, sólo así el pueblo confiará nuevamente en las promesas de campaña de los candidatos presidenciales y parlamentarios de la coalición.
La Presidenta puede enviar proyectos de ley con los contenidos de las propuestas más avanzadas de sus propias comisiones asesoras, en materias como AFP, ISAPRE y Litio, entre otras. En el caso de las pensiones, en lugar de pretender un acuerdo que deje contentas a las AFP y al gran empresariado, puede presentar un proyecto en base a las propuestas B y C de la Comisión Bravo.
Desde luego, el proyecto de subir las cotizaciones que pergueña Hacienda no dejará contento a nadie y resulta inviable en las actuales circunstancias económicas puesto que se basa en aumentar el costo laboral con grave efecto sobre el empleo y remuneraciones, para luego repartir la recaudación entre un aumento todavía mayor del ahorro forzoso, que es lo que busca el gran empresariado y el Banco Central, y una eventual mejora pequeña de las pensiones.
Ello es empeorar las cosas en lugar de arreglarlas y tampoco va a aprobarlo en el parlamento actual, o sea, no va a mostrar voluntad de cambio real y tampoco va a lograr una nueva ley. Otro tanto ocurre con la ley de educación superior, que cada vez retrocede más aún antes de presentarse.
Lo más efectivo son las medidas administrativas y presupuestarias que la Presidenta tiene a su mano. De partida puede reactivar la economía mediante un paquete de gasto adicional parecido al que el Ministro Velasco implementó el 2009. Puede terminar con los créditos y becas educacionales y redestinar todos esos fondos a gratuidad, con lo cual puede extenderla a dos tercios de los estudiantes y a nueve de cada diez deciles de ingresos. No sería mala idea dejarle ese piso a cualquier gobierno futuro.
En el caso de pensiones, hay medidas que pueden mejorarlas sustancialmente hoy, por ejemplo:
1) Flexibilizar los requisitos para regresar al sistema antiguo, lo cual sería acogido con gran alivio por cientos de miles de personas, en su gran mayoría mujeres, que han cumplido su edad legal de retiro y no pueden jubilar por las bajas pensiones AFP.
Estos requisitos se han ido haciendo cada vez más arbitrarios y exigentes, lo cual resulta muy injusto además, puesto que a principios de los años noventa muchas personas, incluidas no pocas autoridades y parlamentarios de la época, regresaron al sistema antiguo mediante mecanismos que luego se fueron cerrando uno tras otro. Dicha medida no tiene costo fiscal sino al revés, puesto que el fisco recibe los fondos de pensiones completos de los que se cambian, que hoy van en su mayoría a compañías de seguros.
2) Cambiar las tablas de expectativa de vida las que se han elevado artificialmente para reducir las pensiones, lo que se demuestra por las “herencias” que actualmente dejan los pensionados fallecidos. Especialmente hay que cambiar las tablas de los jubilados por retiros programados que, puesto que tienen en promedio menores ingresos que los de rentas vitalicias, por cuya expectativa se rigen en la actualidad, y obtendrían de este modo mejores pensiones, lo cual no agrada a las compañías de seguros que se apropian de todos los fondos de quienes contratan estas últimas. Se puede asimismo establecer una tabla única que beneficiaría a todas.
Los “Hijos de Pinochet” y su guardia pretoriana de economistas que cautelan su hegemonía como sacerdotes de concepciones distorsionadas, requieren una lección de ética. Hay que terminar con el ahorro forzoso que transfiere mes a mes y para siempre 400 mil millones de pesos desde los salarios al sector financiero.
Los salarios son sagrados, no se tocan. Esa la norma moral esencial que debe respetar cualquier élite para legitimar su apropiación del excedente, parte del cual tiene la obligación de destinar al ahorro nacional y otra parte a sostener la educación, arte y cultura.
El país les dará esa lección terminando las AFP la educación pagada, y los intereses usurarios de créditos de consumo.
