Tras un arduo debate, donde participaron autoridades, vecinos y organizaciones sociales y que se extendió por toda la mañana de este jueves, la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó el proyecto minero Dominga, de Andes Iron, en el que tienen o tuvieron intereses el grupo Penta y Sebastián Piñera.
La comisión estuvi integrada por el intendente y los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Fomento y Turismo, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transporte y Telecomunicaciones y Desarrollo Social, más el director regional del Servicia de Evaluación Ambiental (SEA).
La votación registró un empate a seis.
Tal como lo establece el reglamento el intendente de la IV Región, Claudio Ibáñez, dirimió la situación inclinándose por el rechazo a la construcción del polémico proyecto.
Ahora, al conglomerado Andes Iron –que impulsa la iniciativa minera- sólo le resta apelar al Comité de ministros para intentar revertir la resolución.
Las organizaciones sociales siguieron la transmisión de la discusión, manifestándose en las afueras del organismo en contra de la iniciativa.
“Este proyecto tiene un red de corrupción transversal y traspasó dos gobiernos. Somos vulnerables por todos lados“, afirmó Andrés Alvarez, vocero de Modema.
Uno de los aspectos denunciados por los detractores es que la concesión marítima otorgada al proyecto se dio cuando Piñera era Presidente y accionista de la minera.
Tras comenzar la votación, el proyecto recibió el apoyo de los SEREMI de Economía, Fomento y Turismo, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Minería, Medioambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
En cambio, votaron en contra el Seremi de Energía, Agricultura -argumentando que no fueron incorporados los argumento de Conaf en el estudio-, Transporte y Telecomunicaciones, Desarrollo Social, Salud y el Intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez González (PPD).
Así, la votación concluyó 6 votos a favor y 6 votos en contra, lo que permitió que, según establece el reglamento, sea el voto del Intendente el que concluye la votación en contra de la instalación de la iniciativa.
De inmediato, empezaron a funcionar el lobby pro empresarial en los medios de comunicación,
Así, el diputado DC, Matías Walker, no encontró argumento más original, que denunciar una «influencia política» en la decisión, como si el proyecyo entero, desde sus inicios, no lo fuera.
«Hubo presiones políticas del Ministerio del Interior, por los antecedentes que hemos podido recoger», dijo Walker en entrevista con Cooperativa.
Walker, argumentó que la postura del Gobierno fue influenciada por la vinculación del proyecto con el ex Presidente Sebastián Piñera, a través de su family office:
«La sensación que hay hoy día en la Región de Coquimbo -que es una de las regiones con mayor desempleo del país- es que esto se vio muy contaminado políticamente por esta aparición de que el Presidente Piñera, a través de un fondo de inversión el 2010, fue, durante algunos meses, accionista de este proyecto».
Walker mezcla peras con manzanas. Lo de Piñera es cierto, pero la decisión de los secretarios regionales ministeriales que se opusieron al proyecto, lo hicieron por una razón muy simple: el costo ambiental del proyecto es muy superior a los pretendidos beneficios que dejaría el proyecto en términos de empleo y desarrollo regional, beneficios que, en todo caso, se concentran en la parte empresarial.
Así lo señal+o el Intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, quién calificó de absurda la acusación de Walker:
«A mí me parece también inapropiado las intervenciones que hemos escuchado de parlamentarios de uno u otro sector. Cada uno de los miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental participó en plena conciencia y actuando con plenas convicciones».
A su turno, el senador Guido Girardi afirmó que esa decisión restablece el estado de derecho porque se trata de un proyecto ilegal que está viciado en el fondo y en la forma:
Girardi felicitó a quienes “rechazaron este proyecto de gran envergadura que no cumplía con criterios ambientales mínimos para ser aprobado pues la planta desalinizadora y el puerto, que se levantaría en la zona costera, iban a estar muy cerca de sitios prioritarios que tienen importancia mundial”.
Agregó que el proyecto tendría impacto directo sobre “varias Reservas Naturales como Punta de Choros, Damas, Quebrada Honda, Punta Teatinos que son lugares donde el país ha hecho una apuesta de conservar testimonios o expresiones de biodiversidad:
“El proyecto era ilegal, pues la empresa planteó que no afectaría los sitios prioritarios ni las reservas y ese criterio fue aceptado por las autoridades ambientales de la zona, pese a que un informe de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) -organismo encargado de proteger el lugar- establecía que la categorización de la zona de influencia estaba subestimada y que había una incorrecta identificación y evaluación de los impactos ambientales”.
El senador estima que el seremi de Medio Ambiente y el director del SEA, quienes aprobaron el proyecto, “deben dejar sus cargos pues estuvieron más preocupados de proteger los intereses de la empresa que de velar por la biodiversidad. Ellos son una vergüenza para el país y la institucionalidad nacional y desde mi punto de vista si el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, tiene interés en preservar su institución debiera pedirles las renuncias”.
Girardi agregó que, además el proyecto Dominga es ilegal porque “viola el Convenio para la Diversidad Biológica ratificado en 1995; el Convenio para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas naturales, ratificado en 1967 y el Convenio Sobre la Conservación de Especies Migratorias y Fauna Salvaje de 198” y recordó que “cuando un país adscribe a un tratado, este asume la dimensión de ley”.
Consultado si el Comité de Ministros puede revertir la decisión, el senador afirmó que “sería una vergüenza que ratificaran el fraude ambiental y yo no tendría nada más que hacer en un gobierno como ese, lo quiero decir desde ya”.
En cuanto a los habitantes de La Higuera que apoyaban el proyecto, el parlamentario afirmó que “no puedo criticar a gente cuya vulnerabilidad los lleva a aceptar situaciones que pueden tener un gran riesgo ambiental. El gobierno debe impulsar políticas que den empleo y posibilidad de desarrollo a la comunidad y no tengan que aceptar dádivas que le hacen un gran daño al patrimonio nacional. Esa zona tiene un potencial turístico muy superior a lo que pueden ser los logros de la minería”.
Piñera tenía intereses en minera Dominga cuando negoció bajada de Central Termoeléctrica Barrancones
El 26 de agosto de 2010, el ex Presidente Sebastián Piñera cedió ante la presión ciudadana y pidió a los dueños de la empresa Suez Energy que buscaran un nuevo lugar para instalar el proyecto de la Central Termoeléctrica Barrancones aprobado en Punta de Choros.
«Creo que con esto hemos enfrentado con responsabilidad, sabiduría y respetando nuestro estado de derecho, el tema de la central (…) puedo decir a todos los amantes de la naturaleza, que como Presidente me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza que he podido disfrutar con mis propios ojos», sostuvo el jefe de Estado.
«La base del éxito es ser responsable y honrado», señaló el mandatario, quien anunció que le encargó a la entonces ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, que elaborara una planificación del territorio con la finalidad de no perjudicar el medio ambiente.
Piñera, con sólo una llamada telefónica desde La Moneda, pactó la bajada del proyecto. Pese a que dos días antes, la Corema de Coquimbo había aprobado el millonario proyecto energético.
Entonces, se criticó al Presidente Piñera de haber pasado por alto la institucionalidad medioambiental vigente del país. De todos modos, su jugada fue bien recibida por los habitantes de la comuna de La Higuera: por salvar los ecosistemas de dos zonas bajo protección ecológica, la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
Lo que no se sabía en esa fecha, era que Piñera, sus hijos, dos de sus ejecutivos de mayor confianza y un amigo cercano tenían intereses comerciales en la zona donde se instalaría la termoeléctrica, informa hoy Radio Bío Bío.
Según la emisora, el ex mandatario y sus cercanos «formaban parte de un proyecto que se venía gestando desde hacía más de un año, que por esos días agarraba fuerza y que sólo unos meses después empezaría a tramitarse en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)».
La familia del Presidente era uno de los principales accionistas de Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Situación que no se encontraba en sus declaraciones de patrimonio e intereses.
De hecho, eran los socios mayoritarios.
De acuerdo al reportaje, «la participación de los Piñera Morel era indirecta en una estructura de propiedad en forma de cascada. El vehículo que utilizaron fue el mismo que usaban en esos años para invertir en el extranjero: Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), un fondo de inversión privado gestionado por Administradora Bancorp S.A., una de las empresas del Grupo Bancard, el family office del expresidente».
A través de ese FIP tenían la posición predominante en Minería Activa Uno SpA, sociedad que cuando se creó Minera Andes Iron, se adjudicó el 99,9% de la propiedad.
Si bien Sebastián Piñera no participó en la administración, sí estuvo en la propiedad del FIP y la sociedad que lo gestionaba a través de Inversiones Odisea. Allí estaban su hermana María Teresa y su hijo Juan Sebastián, su amigo y socio José Cox y cuatro de sus ejecutivos más cercanos, Ana María Délano, Nicolás Noguera, Santiago Valdés y José Ignacio Bravo.
Nicolás Noguera, gerente general de Bancard y hombre fuerte en los negocios del entonces Presidente, representó al FIP en sus inversiones. También invertía por su cuenta en Minería Activa Uno SpA.
Lo hacía a través de Asesorías e Inversiones Larraín y Noguera, más conocida como Átomo Ltda., una sociedad que compartía en partes iguales con Juan de Dios Larraín, hijo del senador y ex presidente de la UDI, Hernán Larraín, consigna Bío Bío.
Asimismo, Santiago Valdés, ex administrador electoral de Piñera y ex gerente de administración de Bancard, invertió por cuenta propia en Minería Activa Uno SpA y tenía poderes de administración sobre el FIP. Lo hacía a través de su sociedad Inversiones Calatrava.
Valdés está formalizado en el caso SQM por haber emitido 16 facturas de Bancorp a la minera no metálica, por asesorías sin respaldo que suman un total de $340 millones.
De esta forma, el ex mandatario fue parte de la gestión de Minera Andes Iron, sociedad matriz de la minera Dominga, del desarrollo del proyecto, y luego se retiró en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar Barrancones.
Fuente: El Mostrador
