Nuevas boletas de la industria pesquera pagadas por Asipes, Lota Protein y Blumar a parlamentarios o sus asesores se suman a la investigación por cohecho y soborno del Ministerio Público. Lota Protein pagó $274 millones a un asesor del senador Horvath durante la tramitación de la Ley de Pesca. También hay boletas de los diputados UDI Arturo Squella y Juan Antonio Coloma, del DC Fuad Chahín, de la cónyuge de Patricio Vallespín (DC) y de asesores de los senadores Carlos Bianchi y Francisco Chahuán (RN). Además, figuran “boleteros” de Longueira del Caso SQM. En total, los pagos suman $445 millones.
Nuevas Boletas de pesqueras: $445 millones pagaron Lota Protein, Asipes y Blumar a políticos
Nicolás Sepúlveda
Hace casi un año el Ministerio Público formalizó al senador Jaime Orpis por cohecho y fraude al Fisco. Lo mismo hizo con la ex diputada Marta Isasi. Ambos son acusados de recibir dinero de Corpesca para incidir en la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca en 2012, entre otros delitos. Los antecedentes acumulados en la investigación han permitido dar un vuelco inédito: no solo la pesquera de los Angelini fue formalizada por soborno, sino que la indagatoria judicial se amplió a toda la industria pesquera nacional.
En este reportaje, CIPER revela nuevos antecedentes: millonarios pagos de Lota Protein, la pesquera noruego-danesa que buscaba entrar con fuerza en el mercado nacional, a asesores de los senadores Antonio Horvath y Carlos Bianchi, y nuevas boletas de Asipes y Pesquera Blumar a diputados en ejercicio, y también a familiares y asesores de dirigentes políticos.
Hasta ahora no habían aparecido antecedentes que apuntaran a pagos desde Lota Protein, pero los $274 millones que le pagó a Bernardo Caro, asesor del senador Horvath, entre 2011 y 2013, la ponen en la mira de la investigación judicial. La misma pesquera aparece pagando otros $17 millones a asesores del senador Carlos Bianchi. Ambos legisladores asumieron posturas en línea con los intereses de Lota Protein durante la tramitación de la Ley de Pesca: instaurar licitaciones para repartir las cuotas de pesca, las que históricamente han estado en manos de nueve familias (ver reportaje de CIPER “Los nueve dueños del mar chileno”).
CIPER no solo revisó la contabilidad de Lota Protein, sino que también la de Asipes, organización gremial de las pesqueras del sur, que era presidida por Luis Felipe Moncada y que, tal como reveló CIPER, entregaba dinero transversalmente a dirigentes políticos y sindicales de la Región del Bío Bío. Ahora se suman nuevas boletas de esa gremial y que fueron emitidas por diputados actualmente en ejercicio, además de pagos a asesores de otros parlamentarios.
CIPER también accedió a los registros de la Pesquera Blumar, de las familias Sarquis y Yaconi-Santa Cruz. Blumar es miembro de Asipes y ejerce en esa asociación gremial un rol relevante. La pesquera aparece pagándole a militantes UDI, PS y DC, incluido un diputado en ejercicio.
La Fiscalía allanó las dependencias de Lota Protein, Asipes y Blumar en agosto y septiembre del año pasado y en su indagatoria ya se acumulan testimonios de personas que reconocen haberles emitido boletas sin haber realizado ningún trabajo para ellas. La industria pesquera comenzó a aparecer en el radar de los fiscales durante 2013 cuando Francisco Mujica, el otrora poderoso gerente general de Corpesca, reconoció a CIPER los pagos irregulares a la diputada Marta Isasi (ver reportaje).
En febrero de 2015 se hicieron públicos los aportes ilegales de SQM a la política y fue cosa de tiempo para que se descubriera que algunas de las personas que aparecían entregando boletas ideológicamente falsas a la minera, figuraban también en la contabilidad de empresas pesqueras. Eso sucedió con cuatro boleteros de la red organizada por “Titi” Valdivielso, la asesora histórica de Pablo Longueira: Nicolás y Gustavo Guíñez, Sebastián Prat y Alfonso Mora Domínguez.
La investigación a cargo de la fiscal Ximena Chong y el fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, ha dejado en evidencia la cooptación ejercida por el sector pesquero a dirigentes políticos, a funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y de otras instituciones del Estado. En el caso de Corpesca, su ex gerente general, Francisco Mujica, mantenía una red de informantes y colaboradores en todo el aparato público, a quienes pagaba y daba instrucciones para beneficiar a la pesquera. Hoy esa relación aparece mucho más profunda y extendida.
En enero pasado, CIPER publicó correos electrónicos entre el gerente general de Asipes, Luis Felipe Moncada, con la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselbergue, donde el dirigente gremial pauteaba los pasos de la legisladora en la Comisión de Pesca del Senado (ver reportaje “Así pauteó Asipes a la senadora Van Rysselberghe cuando presidió la Comisión de Pesca”).
En esos mismos mails está la huella de la cercanía de Moncada con el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), quien realizó favores a la Asipes sin transparentar que su pareja, Marcela Viveros, había recibido $33 millones de esa asociación gremial entre 2010 y 2013. Después de la publicación de CIPER, Súnico debió renunciar a su cargo (ver reportaje “Los correos que muestran los favores del subsecretario de Pesca a grandes pesqueras” y la entrevista que luego le concedió a CIPER “Súnico responde por su polémica relación con las pesqueras del sur”).
Jacqueline Van Rysselberghe y Rául Súnico figuran en la nómina de aportes reservados vía Servel entregados por las empresas pesqueras a políticos y que reveló El Mercurio el 3 de marzo. La presidenta de la UDI obtuvo $17 millones de Camanchaca Pesca Sur, Landes y Pesquera Itata. Súnico suma $13 millones aportados por Alimentos Marinos.
LOS PAGOS NÓRDICOS
En 2012, durante la tramitación de la Ley de Pesca en el Congreso, era comentario entre los legisladores que Lota Protein estaba ejerciendo un fuerte lobby para abrir el mercado, licitando las cuotas de pesca y así poder competir de igual a igual con las nueve familias que controlan el negocio en el país desde hace décadas.
Las boletas que halló CIPER en la contabilidad de la pesquera noruego-danesa calzan a la perfección con la postura que tuvieron en el Congreso los senadores Antonio Horvath y Carlos Bianchi.
Bernardo Caro Muñoz se presenta como ingeniero de pesca y asesor del senador Horvath “ad honorem”. Ya ejercía ese rol en 2012 cuando se tramitaba la Ley de Pesca en el Congreso. Entonces, Horvath presidía la Comisión de Pesca del Senado. Entre el 18 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, Bernardo Caro emitió 69 boletas a Lota Protein (14 fueron anuladas). En total, la pesquera le pagó $274 millones a Caro.
Tanto Caro como Horvath se jugaron por instalar las licitaciones en la ley. En octubre de 2012, Horvath preparaba un protocolo de acuerdo para destrabar la tramitación de la nueva Ley de Pesca. La industria pesquera nacional no miraba con simpatía su esfuerzo, porque su propuesta abría el mercado a través de licitaciones y elevaba las cuotas asignadas a los pescadores artesanales.
En un correo electrónico revelado por The Clinic, el entonces presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, aludía a la cercanía de Bernardo Caro con Lota Protein: “Como verán Horvath a través de su asesor, hombre de L. Protein, está buscando aliados para su propuesta; la reunión con el presidente no lo ha paralizado. Saludos”. Las acusaciones iban y venían. En esa misma época, el senador Horvath denunció que su asesor Bernardo Caro había sufrido una golpiza cuando salía de la sede del Congreso, y que lo mismo le había sucedido antes en Puerto Montt.
Consultado por CIPER, el senador Horvath relativizó las asesorías que le prestaba Caro: “Él representaba al Consejo de Defensa de la Pesca Artesanal. Bernardo representó a distintos sectores. Es una asesoría de esas características”. Consultado sobre si estaba al tanto de estos pagos, señaló:
-No, sinceramente no sabía. Él nunca me dijo que trabajaba para Lota Protein. Él se presenta como mi jefe de gabinete, él es así, yo lo tomo de un modo jocoso…, lo sigo viendo cuando va al Congreso. Actualmente no me asesora.
Lota Protein no solo le pagó a Bernardo Caro. El 27 de marzo y el 15 de julio de 2013 pagó dos boletas emitidas por Claudio Barrientos Mol: jefe de gabinete del senador Carlos Bianchi, por un total de $11,1 millones. Barrientos trabaja junto al senador al menos desde 2009, como él mismo declaró en el proceso de desafuero de Bianchi. Durante la tramitación de la Ley de Pesca el senador Bianchi fue favorable a las licitaciones. En una de sus declaraciones, dijo: “Falta tener una mayor fiscalización, que no se concentre el poder en pocas familias, en pocos grupos económicos” (Radio Cooperativa, 20 de noviembre de 2012).
Tanto Bernardo Caro como Claudio Barrientos aparecen en julio de 2014 constituyendo el Partido Democracia Regional Patagónica. En el documento alojado en Leychile.cl aparecen como directores.
Otro asesor de Bianchi que registra un pago de Lota Protein, es Manuel Benítez Gibbons, quien el 22 de enero de 2013 emitió una boleta por $6,6 millones. En esa misma fecha, Benítez asesoraba a Bianchi “en materia de proyectos de ley según informe”, con una remuneración de $2,8 millones. El mismo asesor ha participado junto a Bianchi en el programa “Alo Senador” que se emite por Radio Polar en Punta Arenas.
Bianchi dijo a CIPER que no sabía de estos pagos de Lota Protein a sus asesores y recalcó que su interés durante la tramitación de la ley fue lograr que quedara “una cuota en la pesca artesanal regional”.
Quien también registra pagos de Lota Protein es el ex alcalde de Lota, Víctor Marchant Ulloa, quien entre 2000 y 2008 gobernó la comuna como militante DC. En 2012 retornó a la alcaldía como independiente. En 2016 volvió a postular y no fue reelecto. Marchant registra 20 boletas por un total de $18,5 millones, pagados por Lota Protein entre el 23 de junio de 2010 y el 22 de agosto de 2012.
El financiamiento de Lota Protein también alcanzó a dirigentes gremiales. El gerente de Pymepes (reúne a pequeñas y medianas empresas pesqueras de la Región del Bío Bío), Alfredo Irarrázaval, también figura en la contabilidad de la pesquera noruega-danesa. Son 17 las boletas a su nombre que totalizan un monto de $18,2 millones, entre agosto de 2010 y noviembre de 2011. El dirigente gremial se hizo conocido en ese periodo ya que fue uno de los comentaristas habituales de la Ley de Pesca y se le podía ver frecuentemente en el Congreso defendiendo la apertura de las licitaciones.
Irarrázaval indicó a CIPER que él realizó una asesoría comunicacional a Lota Protein y que estuvo trabajando para Chile Pesca, una agrupación de hecho “que estaba en oposición a la Ley de Pesca” y en la que participaban distintas organizaciones y empresas, incluyendo a Lota. Agregó que en ese tiempo él no trabajaba para Pymepes, la gremial de la que actualmente es gerente general.
Desde 2013 Lota Protein es propiedad de TripleNine Group, controlado en un 50% por la empresa noruega Vedde AS (del Grupo Koppernaes) y la otra mitad pertenece a la danesa TripleNine. CIPER contactó a los representantes de la pesquera en Chile para recoger su versión, pero no hubo respuesta.
ASIPES SUMA Y SIGUE
Asipes agrupa a los pesqueros industriales del Bío Bío y la indagatoria judicial ya ha logrado determinar que ha pagado boletas ideológicamente falsas. Los pagos irregulares acreditados corresponden a personas ligadas a la asesora y luego jefa de gabinete de Longueira cuando fue ministro de Economía (“Titi” Valdivielso).
Alfonso Mora Domínguez, Sebastián Prat Panatt y Nicolás Guiñez pertenecen a la red de boleteros organizada por Valdivielso. Los tres han emitido boletas falsas a Asipes. Guíñez declaró en diciembre de 2015 ante la Fiscalía y reconoció que la boleta por $2,2 millones que emitió a Asipes en 2009 era falsa: no había realizado ningún trabajo para esa asociación. También afirmó que Sebastián Prat estaba en su misma condición.
Sebastián Prat ratificó lo anterior cuando declaró ante la Fiscalía en febrero de 2016: reconoció que su boleta por $4,7 millones a Asipes, emitida en octubre de 2009, no tenía una contraprestación de servicios. Tanto Guiñez como Prat apuntaron a Carmen Luz Valdivielso como la persona que les dio la instrucción de emitir boletas a nombre de Asipes. Un tercer boletero ligado a Longueira que recibió pagos de Asipes, es Alfonso Mora Domínguez (hijo de una prima de Longueira). Ellos tres también emitieron boletas falsas a Senexco, Inversiones Río Bueno, Inversiones Afa, Pesquera El Golfo (actual Blumar), Centro de Estudios Nueva Minería, Copec y SQM. Todas ellas totalizan $65 millones.
Entre los nuevos antecedentes revisados por CIPER aparece una boleta pagada por Asipes (27 de octubre de 2009) por $4,1 millones, a Patricio Contreras Martínez, ex empleado de la Fundación Web, una de las fundaciones de Longueira bajo investigación. Contreras es titular además de tres boletas rectificadas por Soquimich que totalizan $9 millones.
Contactado por CIPER, Contreras se limitó a señalar: “Llamen a mi abogada”. Sofía Hamilton (su abogada) aseguró que no sabía que Patricio Contreras hubiera emitido una boleta a Asipes y que actualmente él está con suspensión condicional de procedimiento por las boletas falsas que le pagó SQM.
Otro de los antecedentes complejos que agravan la situación de Asipes en la investigación del Ministerio Público, son las boletas que pagó a dos diputados de la UDI en ejercicio: Arturo Squella Ovalle y Juan Antonio Coloma Álamos.
Arturo Squella es diputado por Quilpué y Villa Alemana y aparece emitiendo seis boletas (dos nulas) para Asipes por un total de $3,3 millones entre enero y junio de 2009, el mismo año en que protagonizó su primera elección parlamentaria.
En el mismo periodo, el diputado Juan Antonio Coloma Álamos, representante de Melipilla e hijo del senador de la UDI del mismo nombre, recibió $4,4 millones de Asipes, por ocho boletas. En 2009 Coloma fue candidato por el distrito de Los Andes, pero perdió. Recién en 2013 pudo llegar a la Cámara.
Otro militante de la UDI y compañero generacional de Squella y Coloma hijo, Guillermo Ramírez Diez, también aparece recibiendo pagos de Asipes en el mismo lapso de 2009. El ex secretario general de la tienda –y actual vice presidente– registra seis boletas (una nula) por $3,3 millones. En 2009 Ramírez era jefe de gabinete del senador Coloma, quien entonces presidía la UDI.
El diputado Coloma no respondió el llamado de CIPER, pero sí lo hicieron Squella y Ramírez, quienes señalaron que en 2009 trabajaban en la Fundación Jaime Guzmán y que realizaron seguimiento legislativo para Asipes. Squella agregó que el ahora diputado Coloma realizaba el mismo trabajo.
Una pregunta que queda en el aire es por qué Asipes le pagaba a tres dirigentes políticos por hacer seguimiento legislativo de proyectos.
–Eso lo hacía yo por mi cuenta, tenía la posibilidad de hacer cosas por fuera de la Fundación Jaime Guzmán. Esto es algo absolutamente normal, yo estudié Derecho en la Católica y Políticas Públicas en Harvard, estos son mis temas –afirmó Ramírez, vicepresidente de la UDI.
Un tercer diputado de la UDI aparece vinculado a estos pagos: Jorge Ulloa. Una de sus asesoras en la Cámara de Diputados, Leticia Hirane Caro, figura con cinco boletas (una nula) por $5,5 millones pagadas por Asipes entre abril y agosto de 2009, el mismo año de los otros pagos a militantes de la UDI.
Ulloa integra la Comisión de Pesca de la Cámara y ha sido seriamente cuestionado por su relación con la industria pesquera: tiene un vínculo societario con la empresa Cargo Service, que presta servicios a empresas del rubro (ver reportaje). / Una de las boletas que emitió Leticia Hirane para Asipes va con copia al correo jua@congreso.cl (mail del diputado Ulloa). Ulloa fue escueto en su respuesta a CIPER:
-Ella ha trabajado en distintos lugares, hasta el día de hoy. Es muy probable que existan esos pagos. No fueron dineros que llegaran a mi campaña.
Los dineros de pesqueras que sí llegaron a su campaña fueron los $15 millones que le entregaron en 2009 -vía aportes reservados Servel- las empresas Alimentos Marinos y Pesquera Bío Bío. En 2013, cuando ya la Ley de Pesca estaba aprobada, solo Pesquera Itata le entregó $5 millones. La información la publicó El Mercurio en su edición del pasado 3 de marzo.
Hirane Caro es dirigenta de la UDI y en 2009 trabajó en las campañas a diputado de Jorge Ulloa y Sergio Bobadilla (UDI), según registros del Servel. Es actualmente consejera distrital de ese partido en la Región del Bío Bio. En 2009 era “profesional de contabilidad” de la Municipalidad de Concepción, cuando su titular era Jacqueline Van Rysselbergue, quien reconoció su estrecho vínculo con el entonces gerente general de Asipes, Luis Felipe Moncada.
Pero los pagos bajo investigación judicial de Asipes no se concentran exclusivamente en la UDI. También involucran a uno de sus socios en Chile Vamos. Ana Eugenia García Aillón, integrante en 2009 del equipo de campaña del senador Francisco Chahuán (RN), aparece recibiendo $4 millones de Asipes,por dos boletas emitidas en octubre de 2009 y julio de 2011.
García Aillón fue candidata a diputada por RN representando a la Provincia de Arauco en 2005, y perdió. Luego fue coordinadora del Senama en Valparaíso entre 2011 y 2013. Desde junio de 2010 es asesora del senador Chahuán, y recibe su remuneración del Comité de Senadores de RN con un honorario mensual de $600 mil.
La asesora del senador Chahuán reconoció a CIPER que esos pagos fueron aportes ilegales a la política, pero que su beneficiario no fue el legislador de RN:
–Yo fui candidata a diputada en 2005, después de eso me vine con una mano adelante y la otra atrás. Y efectivamente ellos (Asipes) me colaboraron para pagar deudas de mi campaña. Yo conocía a Luis Felipe Moncada. Yo no hice ningún trabajo particular para Asipes.
Cuando se le preguntó por la lejanía temporal de su campaña con los pagos efectuados por la gremial pesquera, dijo: “A mí me costó ir pagando mis deudas”. Y descartó que esas platas hayan beneficiado al senador Chahuán: “Lo juro por mi madre y por mi hija, que es lo más sagrado que tengo”.
La Democracia Cristiana tampoco escapa de la contabilidad investigada de Asipes. Y que ahí aparezca alguien vinculado a Hosaín Sabag (DC), no es una sorpresa. El ahora ex senador tenía en 2011 como secretario a Genaro Salgado Garcés, quien recibió un pago de $888 mil de Asipes. Sabag aseguró a CIPER que su secretario “es amigo hace muchos años con el señor Luis Felipe Moncada”, y descartó que esos dineros fueran en su beneficio.
El Partido Socialista no solo tiene entre los beneficiados por Asipes a Raúl Súnico, ex subsecretario de Pesca. En la contabilidad de la gremial también figura el actual seremi de Educación de la Región del Bío Bío, Sergio Camus Campos (PS), quien recibió $6,6 millones de Asipes, a través de dos boletas emitidas en septiembre y octubre de 2009, año de candidaturas parlamentarias y presidenciales.
La trayectoria política de Camus en la región lo sindica como alguien muy cercano a Raúl Súnico. En la seremi de Educación del Bío Bío dijeron que responderían la solicitud de CIPER para tener la versión de Camus Campos, pero nunca lo hicieron.
En la contabilidad de Asipes también llama la atención los $4,4 millones que se pagaron entre 2011 y 2012 a Lilian Garrido Vega (cuatro boletas). Ella es contadora auditora y representante de la Sociedad Educacional San Pedro Limitada, responsable de la gestión del Colegio San Pedro de Coronel. Hasta 2006, la participación mayoritaria en esa sociedad estaba en manos de la diputada Clemira Pacheco (PS e integrante de la Comisión de Pesca). A partir de ese año el control societario está en manos de dos hermanos. La legisladora descartó que ese dinero la haya beneficiado:
–Ella (Lilian Garrido) es una profesional conocida en la zona. Practica el ejercicio libre de la profesión y yo no tengo por qué saber con qué empresas ella trabaja.
Pacheco recibió $5 millones en aportes reservados vía Servel de Camanchaca y Pesquera Landes (información de El Mercurio).
Los pagos bajo investigación de Asipes podrían seguir aumentando. En otros registros contables que revisó CIPER aparecen pagos de la gremial de los industriales pesqueros del sur a Pamela Campos Joost, quien también emitió boletas para la Pesquera El Golfo (actual Blumar). La administradora hotelera emitió además dos boletas para SQM, por un total de $14,7 millones, las que fueron rectificadas ante Impuestos Internos; además de emitir boletas para la Fundación Jaime Guzmán, la Universidad del Desarrollo y Bancard, la empresa familiar de Sebastián Piñera.
Su relación con Piñera tiene otros nexos ya que Pamela Campos figura en el Servel en la rendición de gastos del ex presidente para la segunda vuelta de 2010 (Servel). El Mercurio reveló el listado de los aportes reservados que empresas pesqueras realizaron a campañas políticas en 2009 y 2013. Lo encabeza el ex presidente Sebastián Piñera con $82 millones en total, con aportes de Blumar, Camanchaca, Pesquera Bío Bío y Alimentos Marinos.
LAS BOLETAS DE BLUMAR
A los pagos ilícitos de Corpesca, y los que están bajo investigación de Lota Protein, Asipes, Fipes (agrupación de empresas pesqueras del sur austral), se suma ahora la Pesquera Blumar, ex Pesquera El Golfo.
El 26 de marzo de 2015, Solange Hermosilla debió declarar ante Impuestos Internos (SII) por una boleta rectificada por $5 millones a SQM. Y fue entonces que reconoció que Carmen Luz Valdivielso, asesora de Pablo Longueira, le había solicitado que emitiera esa boleta falsa. Allí reconoció una segunda boleta falsa por $5 millones, la que le fue pagada por Pesquera El Golfo (entonces propiedad de la familia Yaconi-Santa Cruz). Luego de fusionarse con la Pesquera Itata (familia Sarquis), esa empresa dio paso a la actual Blumar.
De la red de boleteros de Longueira, articulada por Carmen Luz Valdivielso, aparecen otras dos personas emitiendo boletas falsas para la ex Pesquera El Golfo: los hermanos Nicolás y Gustavo Guíñez. Ambos reconocieron ante la Fiscalía que las boletas que emitieron para El Golfo, y que totalizan $12,7 millones, no tenían trabajo de respaldo.
En el registro realizado por CIPER a la contabilidad de Blumar aparece además un diputado en ejercicio y familiares y asesores de parlamentarios. Una de esas boletas está a nombre del diputado Fuad Chahín (DC): por $2 millones y está fechada el 10 de diciembre de 2009, en la recta final de la campaña que lo llevó por primera vez al hemiciclo por el distrito de Curacautín y Lautaro.
El fantasma de las boletas irregulares pena desde hace un tiempo a Chahín. En diciembre de 2015, CIPER reveló que las rectificaciones tributarias hechas por el Grupo Said lo incluían. En 2009 Inversiones Caburga le giró $5,5 millones al diputado, y la rectificación realizada indica que no tuvo respaldo (ver reportaje).
“En la época ejercía como abogado y lo que hice fue revisar y redactar contratos. Un trabajo bastante puntual para esa pesquera”, señaló Chahín a CIPER. El diputado agregó que votó en contra de la Ley de Pesca y que, incluso, después fue al Tribunal Constitucional para impugnarla (junto a otros 49 parlamentarios, argumentando que no se había consultado a los pueblos indígenas como obligaba el convenio 169 de la OIT).
Hay más pagos de Blumar a personas del círculo estrecho de diputados DC. Desde 2011 la abogada Tatiana Muga Mendoza está casada con Patricio Vallespín, quien presidió la Comisión de Pesca de la Cámara hasta 2010. Ella recibió un total de $11,1 millones de Blumar, en tres pagos entre 2009 y 2012. Desde 2012, Muga es jueza del Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, la misma zona por la que Vallespín es diputado.
–Tatiana Muga es abogada, ejerce su profesión de forma libre en distintas facetas, trabajando en distintas empresas o instituciones. Tenemos separación de bienes. Rechazo categóricamente cualquier vinculación de esa materia. Mi posición en todos los temas de pesca ha sido garantizar la sustentabilidad y asegurar condiciones de desarrollo para la pesca artesanal –dijo Vallespín a CIPER:
Otra de las boletas de la ex Pesquera El Golfo bajo investigación es la que se le pagó al arquitecto Erick Vergara Moreno (UDI) por $1,1 millón, en octubre de 2012. En ese momento, Moreno estaba en campaña para ser concejal por Talcahuano, cupo que ganó y que mantuvo hasta 2016, cuando no se presentó a la reelección.
La investigación judicial por el financiamiento ilegal de la política por parte de la industria pesquera y que ha mostrado cómo incidió en su beneficio en la tramitación de la Ley de Pesca, sigue acumulando evidencias. En agosto pasado efectivos de la PDI allanaron las oficinas de otras seis empresas del rubro: Landes, Alimentos Marinos, Bahía Coronel, Orizon, Coloso y Grimar.
 y de asesores de los senadores Carlos Bianchi y Francisco Chahuán (RN). Además, figuran “boleteros” de Longueira del Caso SQM. En total, los pagos suman $445 millones.){kind=link}