En rigor, la sentencia popular con la que titulo esta nota dice relación con los amores intensos y sus consecuencias riesgosas más allá de las rupturas, pero me pareció también apropiada para signar la situación que vive el país.
Porque la tragedia de los incendios forestales de los últimos días da lugar a los más variados comentarios y sus causas y consecuencias tienen enorme importancia desde luego para las víctimas pero también para toda la sociedad. Lo que augura que no todo concluirá cuando se apague el último foco.
Desde luego ha sido un remezón a la conciencia nacional respecto de los fenómenos climáticos reales, la defensa del bosque nativo, la cuestión del calentamiento global y los problemas medioambientales, respecto de todo lo cual es preciso reconocer lo lejos que estamos de la imprescindible conciencia social acerca de estos temas y de la carencia de políticas públicas adecuadas.
Se ha dicho por ejemplo que urge plantearse como cuestión central lo relativo al significado real de la empresa forestal. En la publicación “Plantar Pobreza”, se lee textualmente : “ Las plantaciones de pinos y eucaliptos, las plantas de celulosa y toda la infraestructura vial y portuaria a su servicio son elementos que, a la vez de constituir el engranaje de un sustancioso y exclusivo negocio, representa la explotación de los territorios que ocupan y el empobrecimiento de sus comunidades.”
Se añade en la citada publicación que “actualmente, los lugares que soportan plantaciones y albergan plantas de celulosa no ofrecen condiciones de habitabilidad para su gente obligándola a emigrar, dejando a completa disposición del negocio forestal los espacios anteriormente usados en la producción o recolección de alimentos y en la conservación del bosque. Muestra de esta realidad es que las comunas presentadas como «de vocación forestal» alcanzan índices de migración y pobreza que superan la media nacional.
El texto citado culpa de esta situación a todos los gobiernos nacionales desde la dictadura de Pinochet hasta nuestros días, gobiernos los que, señala, “han defendido este empresariado, llamando desarrollo a la apertura de nuevos focos de extracción y servicios para la industria forestal, llamando a las plantaciones forestales como bosques y llamando Estado de Derecho a la imposición de la voluntad empresarial”.
En relación a este punto específico resulta interesante traer a colación un comentario del periodista Tomás Muschiatti, quien no podría ser calificado como un agitador social o político, y que sostuvo en su momento y en condiciones menos graves que las presentes que “es un secreto a voces que estos incendios han sido generados por los mismos dueños de las forestales. ¿Por qué?”
Lo explicaba así en su comentario : “ De esta manera, no todo se pierde. El negocio es redondo: la dictadura les aseguró terrenos, casi gratis a las tres familias dueñas de la mayor parte de los terrenos forestales, los Matte, los Angelini, y un abogado de RN, Jorge Carey. El Estado de Chile subsidia con un 75% la compra de estos terrenos y de la plantación de los bosques de pino y eucalipto; ambas especies ajenas al entorno geográfico, que producen degradación del suelo y sequedad de la napas y reservas de agua. Ahora, estos pobres afectados por los incendios, cobrarán los seguros, y no han puesto un solo peso para contribuir al combate de los incendios. ¿Sospechoso? Claro que sí, porque no les conviene que se apaguen los incendios.”
Y agregó que “una vez quemados, la CONAF, institución privada que opera con dineros públicos, emite un certificado que acredita la calidad de terrenos en aptitud forestal, de acuerdo al DL 701, emitido en dictadura y sostenido en el tiempo por todos los gobiernos de la concertación y el de Piñera, y los que antes eran terrenos protegidos, pueden ser comprados por estos sinvergüenzas a precios muy bajos y volver a plantar pinos y eucaliptos, todo subsidiado por nosotros, para seguir matando los suelos de nuestro país y engordando sus arcas a costas de todos.”
Lo concreto es que, gracias al dichoso D.L. de Pinochet, los dueños de la industria forestal han secado nuestra tierra, condenado a la pobreza a miles de familias y acaban con los bosques originarios amén de embolsicarse muchísimos millones de dólares hasta nuestros días. Esta dichosa norma legal data de 1974 siendo Ministro de Economía nada menos que Fernando Leniz y Director de Corfo Julio Ponce Lerou, el yernísimo que luego devino en donante de muchos “demócratas”. Fue prorrogado por Eduardo Frei Ruiz Tagle en 1998 por 15 años y, obviamente, por Sebastián Piñera el 2012, esta vez por 20 años.
Cuando durante el presente gobierno se planteó la posibilidad de nuevas prórrogas, desde la propia coalición gobernante, la Nueva Mayoría, surgieron voces discrepantes. Por ejemplo, en 2014 el senador Alejandro Navarro denunció que “el llamado fomento forestal es una amenaza al patrimonio social, cultural y natural de Chile”. En efecto, las cifras hablan y en Arauco, por ejemplo, la pobreza alcanza al 26,9% de la población, mientras que en Malleco y Cautín es del 25% y del 35,1%, respectivamente.
Simplemente no era aceptable una nueva prórroga y así fue que el año pasado, por iniciativa de la bancada parlamentaria del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, fue suspendida toda prórroga del tristemente célebre Decreto Ley 701, interrumpiendo así, tras muchísimos años, este inmoral obsequio a los grandes grupos económicos del país.
Pero, ojo, esa norma no ha sido derogada, sólo se ha suspendido sus prórrogas lo que deja latente el peligro frente a eventuales cambios en la correlación de fuerzas al interior de los órganos del Estado. Es imprescindible seguir luchando por terminar con el abuso.
Sin que deba dejarse en absoluto de considerar con la mayor seriedad el telón de fondo del problema del calentamiento global, del cambio climático y también de posibles actos criminales, en este episodio que deja ya una docena de fallecidos y unas 600.000 hectáreas calcinadas, pesa muy fuerte sin duda también este tema impuesto por la derecha en el marco de su dictadura y mantenido hasta hace muy poco.
Como pesa igualmente la necesidad urgente de terminar con una CONAF privatizada y financiada con recursos públicos. En el fondo, es la necesidad de luchar por acabar con el papel subsidiario del Estado y devolver a la organización política de la sociedad todas sus atribuciones y obligaciones que le fueron arrebatadas mediante el artero golpe del 73. Es por tanto también otra tarea para la Nueva Constitución que Chile necesita con urgencia.
Por eso afirmamos que se apagarán los incendios de este tiempo, pero quedan muchas cenizas encendidas que sólo se apagarán con políticas públicas de otro carácter, vinculadas a los cambios estructurales que el país necesita y de los que hasta ahora ninguna de las candidaturas presidenciales en juego parecen hacerse cargo.
