La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación del Senado realizó la última ronda de audiencias en el marco de la tramitación de la reforma al Código de Aguas, previo al receso legislativo de febrero próximo.
A menos de un mes de iniciar las consultas, ya han recibido más de una decena de expositores, muchos de quienes ya habían planteado sus observaciones durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
El proyecto, ingresado como moción en 2011, busca modificar la institucionalidad hídrica del país para asegurar el derecho humano al agua, la supervivencia de ecosistemas y comunidades que de ella dependen, y restaurar su sentido público y de bien común. Para ello se han introducido una serie de modificaciones, como la posibilidad de establecer caudales ecológicos sobre derechos ya otorgados, cambiar el derecho de propiedad perpetuo de los nuevos derechos por concesiones a 30 años, caducar y extinguir los ya existentes bajo determinadas condiciones, todo lo cual ha sido rechazado por el gran empresariado.
Es así que ya han hecho sus observaciones ya las juntas de vigilancia de los ríos Diguillín y Ñuble, la Confederación de Canalistas de Chile, la Federación Nacional de Agua Potable Rural, el Consejo Minero, la Universidad de Chile, Chile Sustentable, la Asociación de Canalistas del Laja, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y la Sociedad Nacional de Minería, y los ministros de Obras Públicas Alberto Undurraga y Agricultura Carlos Furche. El inicio de las presentaciones estuvo a cargo del director general de Aguas Carlos Estévez.
Hasta el momento el gobierno ha defendido el articulado aprobado por la Cámara de Diputados, destacando fundamentalmente que luego de más de tres décadas de aplicación el Código de Aguas requiere ser modificado a la luz del déficit hídrico imperante y el cambio climático. Undurraga recordó que hoy por hoy existen muchos sectores rurales donde las personas se están abasteciendo de camiones aljibe y otros tantos sectores urbanos con dificultades de abastecimiento, como Valparaíso. Incluso algunos, como Illapel, están ya casi sin agua.
En este sentido, explicó que los cinco énfasis que espera mantener el Ejecutivo en el proyecto son que el agua es un derecho humano, que no existan cambios para el régimen de los derechos ya otorgados, que la caducidad y extinción se aplicará a los derechos que no se estén aprovechando, que deben existir resguardos ambientales en el otorgamiento de derechos y que estos sean otorgados en concesiones de 30 años, prorrogables.
Por su parte Furche indicó que el verano de 2015 fue el más seco de los últimos 50 años entre Biobío y Chiloé, que la agricultura ocupa el 75 % de los recursos hídricos, por lo que requiere adaptarse al actual escenario y mejorar su gestión, que en el país solo 50 % del riego es tecnificado por lo cual hay un problema de eficiencia en el uso del agua que debe ser asumido por la institucionalidad.
Detractores como la Sociedad de Minería, en tanto, han concentrado sus argumentos en la incertidumbre empresarial al cambiarse –en su opinión- la naturaza jurídica de propiedad de los derechos de agua.
En este sentido, la directora de Chile Sustentable Sara Larraín ha defendido las modificaciones, “que aunque no son todas las que quisiéramos apuntan en la dirección correcta. Por eso nos preocupa la apertura que ha mostrado el gobierno a mantener el privilegio de la minería sobre las ‘aguas halladas”, que se eliminó en la Cámara de Diputados. No es una buena señal luego de las informaciones que existen sobre los pagos que el sector entregó a legisladores que participaban en temas que les interesaban”.
La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación es presidida por Adriana Muñoz (PPPD) e integrada además por Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
