por Eduardo Contreras
No es posible explicarse el presente ni planificar el futuro si no se tiene en cuenta el pasado, bien sabemos que la vida es un continuo. Y cuando el pasado reciente tiene el enorme peso que tiene para la sociedad chilena en su conjunto, su contenido y sus consecuencias estarán siempre presentes.
Así pues mientras escribo estas líneas, a comienzos de julio, el procesado ex comandante en jefe del ejército chileno, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre, se somete en el cuartel de la PDI de La Serena a careos judiciales con 10 acusadores ante el ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, Vicente Hormazábal. Se trata de los casos de torturas cometidas en 1973 en los cuarteles del regimiento 21 de Coquimbo, del regimiento Arica de La Serena y en la Comisaría de Ovalle. Cheyre es acusado de participar en esos delitos cuando era ayudante del Comandante Ariosto Lapostol Orrego.
El querellante Nicolás Barrantes destacó la importancia de las diligencias y agregó que Cheyre no sólo le torturó a él sino a diversos otros prisioneros. Se refirió también a la reacción que habría tenido el ex comandante en jefe y afirmó que el uniformado “miente en forma sistemática y descarada”.
Sucede por otra parte que por estos mismos días Sebastián Piñera fue elegido candidato único de la derecha chilena a la presidencia de la república. No pude evitar volver al expediente sobre la estafa al Banco de Talca y leerlo de nuevo. Es una copia que está guardada en lugar seguro pues sé que otras copias de este legajo “han desaparecido” incluso de los archivos judiciales (¿?)
A fojas 531 de fecha 27 de agosto de 1982 de esa causa rol n° 99.971 – 6 está la resolución del ministro en visita que investigó el delito, señor Luis Correa Bulo, quien dicta ese día la orden de detención en contra del reo Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique por los delitos de Defraudación ( estafa) al Banco de Talca e infracción a la ley general de Bancos. La orden incluye el allanamiento de su domicilio de calle Otoñal 1015, Las Condes y de sus oficinas en calle Moneda 970.
Más adelante y con fecha 20 de septiembre del mismo año se puede leer el informe 2467 de la PDI, Prefectura de Unidades Especializadas, Brigada de Investigación de Delitos Económicos, que devuelve la orden de detención al ministro Correa Bulo en el que detalla pormenorizadamente la fuga del reo Piñera y el allanamiento de su morada.
Resulta curiosa la declaración de la ex primera dama, doña María Cecilia Morel Montes quien confiesa que el perseguido por la justicia, enterado de lo que se le venía, abandonó su domicilio en el mes de agosto “ y ni siquiera se despidió de mí, ni tampoco me dio explicaciones de su determinación. Ignoro en qué lugar se encuentra… ”
La PDI agrega en su informe haber allanado además las oficinas de Piñera de calle Moneda 970, piso sexto y de haber dejado en esos lugares “puntos fijos” de vigilancia para ayudar a la detención del prófugo. Agrega que no registra salidas del país y que en el departamento de asesoría Técnica de la institución policial consta la tarjeta por orden de aprehensión contra el sujeto.
Pasado siempre presente : ¿Y años más tarde ese personaje pudo ser Presidente de Chile ? ¿Y pretende ahora volver a serlo, pese a las advertencias de su propio compañero, el senador Ossandón?
¿Tan raros somos los chilenos ? ¿ Tan mala memoria tenemos? ¿Tan poco nos importan los antecedentes de los candidatos? ¿Volveremos a entregar los destinos de la nación a quién no dudó en defraudar con tal de hacerse rico aunque fuera a cosa de la ruina de cientos y cientos de personas, incluídos pequeños y medianos empresarios?
Y el pasado persista. Esta vez con los numerosos fallos judiciales de estos días de los jueces a cargo de las querellas por los delitos de lesa humanidad. Uno tras otro demostrando científicamente la extrema crueldad de los brutales asesinos y la impunidad de la que han gozado por muchos años, algunos incluso hasta hoy mismo. Más sobre “Operación Colombo” o “ Caravana de la muerte” , más sobre diversos otros casos. Son condenas a los homicidas de tantas y tantos mujeres y hombres, niñas y niños, ancianas y ancianos, hijos del pueblo chileno, muchos que conocimos y apreciamos personalmente, como Sergio Weibel por ejemplo.
Si tuvieran pudor esos canallas violadores de derechos humanos lo menos que deberían hacer es mantener silencio. Sin embargo, alentados por profesionales incalificables y hoy usando a algunos familiares vuelven a hablar de “reconciliación” y a empeñarse en mostrar a los asesinos como blancas palomas, “pobres viejecitos enfermos” que hoy, descaradamente, exigen “beneficios”.
Pero es peor todavía, porque uno podría entender que esto lo hagan parientes o aquellos politicastros de ultraderecha, fascistoides incurables, pero es que hace pocos días – y nada menos que en el marco de una ceremonia oficial – el jefe supremo actual del ejército chileno llamó a considerar el «contexto histórico de la época » refiriéndose a los años de la dictadura y sus violaciones a los derechos humanos ; en efecto, el general Humberto Oviedo dijo que » muchos de ellos eran entonces jóvenes militares » y actuaron cumpliendo órdenes. Añadió que ellos se encuentran en » un destino impensado, angustiante y muy doloroso «.
Lo dijo nada menos que en presencia del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetch, pero además de la propia Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet, la que recién muy poco antes había ratificado públicamente su compromiso de cerrar el penal de Punta Peuco que establece irritantes privilegios a los que menos los merecen por ser los peores criminales de la historia de Chile.
Pero faltaba el “broche de oro” : el propio actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez, presente en el acto, se permitió acotar que esos hechos criminales cometidos por quienes mancharon de sangre inocente sus uniformes sucedieron porque … » probablemente peligraba también la vida de ellos «.
Sólo eso faltaba. Levantar las mismas tesis de otros países del continente con las que se consiguió la absoluta impunidad… ..Total “ la guerra es la guerra” mintiendo descaradamente pues nunca hubo guerra sino el más brutal de los genocidios perpetrado por “ valientes soldados ” al servicio del gran capital, chileno y extranjero. Declaraciones como éstas muestran a las claras el plan de impunidad en curso, eso es pasar por sobre el dolor de decenas de miles de compatriotas y crear un clima tenso y riesgoso.
«Considero que, como sociedad, debemos ser capaces de legar a generaciones venideras un clima de paz, armonía y esperanza permanente, que nos permita aspirar a un futuro plenamente conciliado, concientes de que somos parte de un mismo Chile», concluyó Oviedo quien seguramente no tiene familiares violados por perros como hacían entonces los uniformados. Que pregunte su opinión a los familiares de los degollados, o de los quemados vivos, o de los lanzados al mar atados a rieles.
El general y el ministro viven en otro mundo. Sus declaraciones se producen a 48 horas de que el Gobierno explicitara que el cierre del penal de Punta Peuco es «un compromiso» de Michelle Bachelet, y la propia Mandataria dijera que ella cumple sus promesas.
Que diferente es la situación por ejemplo en Argentina en donde buena parte delos hijos de los represores se rebelan contra sus padres y se unen para exigir que no salgan de la cárcel, que cumplan sus condenas de cadena perpetua. María Laura Delgadillo, Walter Docters, Erika Lederer, Analia Kalinec, entre muchos otros en reciente entrevista con el periódico El País dan cuenta de este interesante movimiento emergente de “Hijos e hijas de genocidas por la memoria, verdad y justicia”.
“Mi padre es un monstruo, lo repudio” dicen con valentía varios de los hijos e hijas de torturadores argentinos. Una de ellas, Erika Lederer ha encontrado y tratado de ayudar, es un ejemplo entre muchos, al nieto 106 de “Abuelas de Plaza de Mayo”, que el padre de Erika había ayudado a entregar a una familia fiel a la dictadura. La firma de Lederer en el falso certificado de nacimiento prueba su culpabilidad. Erika quería saber cómo podía ayudar a Pablo, nieto al que Lederer le había arruinado la vida.
Declaran estos hijos de victimarios que su gran sueño es convencer a sus padres de que se arrepientan y ayuden a encontrar los cuerpos de los desaparecidos o los nietos aún sin recuperar. Este grupo de hijos de represores hizo su primera aparición pública en Buenos Aires, el 3 de junio pasado. Un buen amigo que me envió esta nota se pregunta y me pregunta si esto será posible en Chile. No descarto que haya familiares con esa dignidad pero lo creo muy difícil por el enorme daño intelectual y moral que la dictadura provocó en buena parte de la sociedad chilena. Sólo seres de gran estatura ética son aquellos que no soportan vivir con el peso de la culpa de los suyos y por eso levantan la consigna de “ No en mi nombre ”
Acá, por el contrario, los familiares de los asesinos sólo están preocupados que no les quiten salones y otras de las muchas increíbles e injustas comodidades de que gozan en Punta Peuco.
Por lo que no cabe sino concluir que si de veras queremos superar con dignidad el pasado, lo que en caso alguno significa “reconciliación” con los genocidas, es preciso y urgente concretar medidas pendientes e implementar otras.
Desde luego, terminar con las cárceles especiales para los violadores de DDHH sancionados por la justicia y declarar de una vez por todas la nulidad absoluta del DL 2191 de 1978 sobre Amnistía.
Que el Estado ratifique todos los convenios internacionales sobre Derechos Humanos y se elimine el secreto impuesto por la llamada Ley Valech.
Que se impulse medidas concretas que refuercen la recuperación de la Memoria Histórica, especialmente en el campo de la educación en materia de Derechos Humanos en todos los niveles educativos, incluídos los programas de estudio de las Fuerzas Armadas.
Que se apruebe el proyecto de Ley que interpreta los artículos 93 y 103 del Código Penal, referido a excluir de beneficios carcelarios a quienes sean condenados por su responsabilidad en causas de violaciones de derechos humanos.
Que se apruebe el reconocimiento constitucional de la pluralidad y multiculturalidad de los pueblos indígenas, sus idiomas y tradiciones. Una política nacional de los derechos humanos debe además comprender el tema de los derechos de los refugiados y migrantes.
Que la Nueva Constitución que por tantos años esperamos – y que sólo recién con el actual gobierno se ha echado a andar – incluya normas sobre defensa, recursos, entidades y procedimientos efectivos que garanticen que la enumeración de derechos del artículo 19 del texto actual deje de ser una simple narrativa discursiva y los haga efectivos, concretos, reales.
Son algunas de las muchas conclusiones que surgen de las experiencias del pasado en la perspectiva de mejorar el futuro.
El desafío está pendiente. Luchemos en esa dirección.
