Una constitución legítima, respeto a los derechos humanos, pensiones dignas, garantía de derechos básicos y fin de los privilegios para las clases dominantes son anhelos que la sociedad chilena aún no ven concretados tras casi tres décadas del fin de la dictadura.
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El jingle “Chile, la alegría ya viene” es probablemente la frase con la que los chilenos más asocien el proceso del plebiscito de 1988 y que culminó un día como hoy, hace ya 28 años, con el triunfo de la opción que decía “NO” a la continuidad de Augusto Pinochet.
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¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cuánto de lo que se pensó se iría del poder con el dictador aún se mantiene? ¿Cuáles son esas alegrías que finalmente nunca llegaron?
Acá hacemos un repaso por cinco de esos anhelos de la ciudadanía que, tras casi 30 años de democracia, lejos de representar algo por lo que festejar, son más bien penas, abusos y frustraciones que lamentar. Cinco golpes de realidad que, como se podrá observar, están atravesados todos por la continuidad y el perfeccionamiento por parte de los gobiernos post dictadura del modelo social y económico que la dictadura nos heredó.
Una Constitución legítima
Si bien se encargó en 1976 a la llamada Comisión Ortúzar la creación de un anteproyecto, lo cierto es que la redacción final de la Constitución de 1980 -que es la que nos rige hasta hoy- quedó en manos del Consejo de Estado y la Junta Militar, y su supuesta ratificación por parte de la ciudadanía se logró por medio de un plebiscito fraudulento llevado a cabo el 11 de septiembre de 1980.
“La finalidad de la Constitución de 1980 era hacer que el proyecto de la dictadura, su modelo político y económico, se pudiera extender en el tiempo, incluso cuando la dictadura hubiera perdido el poder (…) Y se inventó una Constitución que parecía que tenía formas democráticas, pero que en realidad escondía trampas o cerrojos que impedían que la política pudiera introducir transformaciones importantes”, ha señalado el abogado constitucionalista Fernando Atria en entrevista con El Ciudadano. El 2005, dice, “hubo una reforma significativa, pero siguió tratándose de una institucionalidad que neutralizó la capacidad de la política para introducir transformaciones significativas”.
Bajo esa Carta Magna hemos vivido durante 36 años y la única alternativa posible de un “cambio” -de acuerdo a la forma en que el gobierno ha impulsado y manejado el proceso constituyente- quedaría en manos del parlamento, pues la voz que se le ha dado a la ciudadanía en los llamados cabildos simplemente no es vinculante. La pregunta es: ¿cree usted que del parlamento chileno pueda nacer una Constitución legítima?
Respeto irrestricto a los derechos humanos
El fin de la dictadura suponía el término de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Por supuesto, no son comparables en términos cuantitativos ni cualitativos las ocurridas durante ese régimen con las de la actual democracia, sin embargo, hay al menos tres lecturas del estado de los derechos humanos que se pueden hacer respecto de la post dictadura.
La primera tiene que ver con lo arraigado que aún continúa en las policías chilenas algunas prácticas de la dictadura y que han significado, por ejemplo, que el Colegio Médico denuncie que en los últimos 5 años es posible constatar al menos 101 casos de torturas en manos de Carabineros; peor aún son las muertes que han provocado agentes del Estado durante la democracia y que han tenido como escenario principal la represión en medio del conflicto chileno-mapuche. Un escenario que se ve agravado cuando estos delitos son juzgados por tribunales militares, aún cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que Chile debe terminar con la presencia de civiles en la justicia militar.
La segunda es respecto a la calidad de detenidos desaparecidos en que se encuentran dos ciudadanos chilenos, ambos vistos por última vez siendo arrestados por funcionarios de Carabineros. Uno de ellos es José Huenante, de 16 años, quien desapareció el 3 de septiembre de 2005 en Puerto Montt, luego de que una patrulla se lo llevara tras un altercado con el grupo de jóvenes con el que tomaba alcohol en ese momento. José Vergara, de 22 años, es el segundo y no se sabe nada de él desde que el 13 de septiembre de 2015 fuera detenido por los policías en medio de una violenta crisis que afectaba al joven que padece esquizofrenia.
Y la tercera lectura -y quizás la que permite explicar las anteriores- es la ausencia de un trabajo político de actualización del concepto de derechos humanos en nuestro país, el que estratégicamente sigue siendo usado en su beneficio por la centro-izquierda, la que lo reduce al período de la dictadura, sin darle la misma relevancia a lo que ocurre hoy con las distintas formas en que éstos se violan.
Fin del matrimonio política-empresariado
A través de un profundo proceso de privatizaciones, la dictadura consiguió nombrar a sus empresarios predilectos en la administración de numerosas compañías públicas. Un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de 2004 estableció que esto le provocó al Estado pérdidas cercanas a los 6 mil millones de dólares y que fueron alrededor de 725 las empresas que pasaron a ser propiedad de los grupos económicos.
Entre ellas, destacan la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la Línea Aérea Nacional (Lan Chile), la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), la Industria Azucarera Nacional (Iansa), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y quizás una de las más emblemáticas: la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), propiedad de quien en ese período era el yerno del dictador: Julio Ponce Lerou.
Sin embargo, llegada la democracia, lejos de buscar restituir al Estado las compañías saqueadas por la dictadura, la clase política, de manera transversal, ha profundizado y consolidado la relación de corrupción que dio vida a ese proceso, favoreciendo en términos legislativos a los grupos económicos a cambio de financiamiento político, como ha quedado demostrado en los conocidos casos Penta, Corpesca y SQM, entre otros.
De estos, SQM es lejos el más emblemático en términos políticos -y también éticos y morales-, pues se ha traducido en que la empresa traspasada por Pinochet a su yerno ha terminado financiando a la coalición de centro-izquierda, a la que pertenecen los hijos, hermanos, compañeros y amigos de los mismos a los que asesinó la dictadura.
Derechos básicos de calidad garantizados
Al menos 16 años tuvieron que pasar para que los cuestionamientos a la continuidad de la educación secundaria heredada de la dictadura se hicieran escuchar con la llamada “Revolución Pingüina” y 21 para que ocurriera lo mismo con la universitaria. Antes de eso, gobiernos como el de Ricardo Lagos simplemente se dedicaron a profundizar la condición de mercancía de la educación a través, por ejemplo, del ingreso de los bancos para su financiamiento con el llamado Crédito con Aval del Estado (CAE).
Sin embargo, tras 10 años de movilizaciones, la educación en Chile sigue estando en manos del mercado y, de acuerdo a lo expuesto tanto por el Movimiento Estudiantil como por los rectores de las universidades consideradas públicas, lo seguirá estando, pues el proyecto de Reforma Educacional que hoy está en el Congreso no hace otra cosa que perpetuar ese modelo.
“No hay ninguna medida que tienda a revertir la situación de precariedad de las universidades estatales (…) No se menciona un sistema de universidades públicas, esto es mantener la educación de mercado y ratificar el modelo propuesto en 1981. Este proyecto de ley se ha hecho para mantener los privilegios de las universidades privadas (fuera del Cruch)”, fue el categórico diagnóstico de Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, tras conocer la iniciativa en julio de este año.
Junto a la educación, la salud es el otro derecho cuyo acceso y calidad debiera estar garantizado por el Estado. No obstante, continúa no siendo una prioridad para los gobiernos, los que han continuado, por ejemplo, desviando los fondos de la Ley Reservada del Cobre a las Fuerzas Armadas en vez de destinarlas a la mejora de un servicio elemental de cualquier país.
“El modelo de salud es el nefasto. La inyección de recursos para salud es nefasto. Estamos comprando armamento de guerra. Finalmente es nuestro sistema genocida el que está matando a la gente, a nuestro pueblo”, señaló en agosto pasado a El Ciudadano Gloria Pinto, directora de la Fenats del Hopsital San José. “Llegamos a hospitalizar pacientes de pie”, señaló entonces respecto al colapso que por esos días experimentaba la sala de urgencias del recinto.
Salud y educación, ambos ámbitos relacionados inevitablemente a la desigualdad en la que vivimos los chilenos. “Crecer con igualdad”. ¿Recuerda ese eslogan de campaña? Fue el que usó Ricardo Lagos para llegar a la presidencia en el año 2000, prometiendo con ello terminar con uno de los peores legados de la dictadura y expresiones de la desigualdad, la agudización de la pobreza en los amplios sectores perjudicados por el modelo y abandonados por el Estado y el incremento de la riqueza en aquellos que se han beneficiado de éste.
¿Qué ha ocurrido respecto a la igualdad? En Chile el 10% más rico gana 26 veces más que el 10% más pobre. Esa es la respuesta, según los datos que entregó a finales de 2015 la OCDE. Junto con eso, la organización estableció que nuestro país lidera el ranking de los más desiguales, compartiendo los últimos puestos con Turquía y México.
Una pensión digna es probablemente, junto a la garantía de acceso a salud y educación de calidad, el anhelo más compartido por la mayoría de los chilenos. Algo que no ha ocurrido en estos 26 años de democracia y que, al menos en el gobierno de Michelle Bachelet, no ocurrirá.
Creado en 1980 por el hermano del ex presidente Sebastián Piñera, José Pïñera, el modelo privado de cotizaciones de las AFP ha significado que en la actualidad el sistema entregue pensiones miserables que, sin el aporte del Estado, tienen a un 91% de los cotizantes recibiendo a fin de mes menos de $156.000.
Una situación que da cuenta de manera perfecta de la mantención del modelo económico en términos de que, como ha señalado el cientista político de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, “el objetivo ha sido principalmente poder financiar directamente a los grandes grupos económicos, entre los cuales podemos reconocer a la banca”.
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Gálvez detalla que “si miramos los datos hoy, en la banca hay 31 mil millones de dólares que provienen de los fondos de pensiones, concentrándose este monto de dinero en 10 bancos que operan en Chile”. Un alto nivel de concentración y de recursos que se entregan a este sector, agrega, “lo que genera un proceso de acumulación y expansión de los capitales inédito”.
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Un escenario que está lejos de revertirse, al menos con este gobierno, que ya le ha cerrado la puerta a la demanda ciudadana de fin al sistema de las AFP, proponiendo en cambio la creación de una AFP estatal, lo que no hará otra cosa que legitimar el robo por parte de estas instituciones privadas a los ahorros de los trabajadores chilenos.
Fuente: El Ciudadano
