La peor de las mentiras que el país sufrió durante la dictadura fue, sin duda alguna, la de las AFP. La propaganda oficial de los 80, “demostraba” en sus diarios mensajes “mercuriales,” radiales y televisivos que la dictadura manejaba totalmente y sin contrapeso alguno, era que el sistema era muy conveniente para los trabajadores, una vez llegado el momento de jubilar.
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Lo primero que hay que aclarar es que el sistema no podía imponerse por la fuerza porque Chile ha firmado tratados internacionales sobre el Trabajo que lo obligaban a ofrecer el sistema en forma de adhesión voluntaria. Los pinochetistas menos inteligentes, la gente oficiosa de la dictadura y sus funcionarios entraron al sistema de inmediato, sólo para exhibir su adhesión al régimen.
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También lo hicieron los ingenuos y los desinformados, y una inmensa cantidad de chilenos lo hicieron por temor a represalias laborales o políticas.
Pero no todo el mundo cayó en la trampa, incluso gente de derecha, que se dio cuenta de una sola cosa: las FF AA no estaban en el sistema. ¿Por qué, si el nuevo sistema era tan conveniente? ¿Por qué “se las obligó” por Ley a seguir en el tan “inconveniente” sistema antiguo?
La respuesta es obvia: la dictadura debía tener contentos a su soporte intimidatorio, los militares. Los chilenos que pudieron, simplemente no entraron al nuevo sistema, y permanecieron en el antiguo, regido por el Instituto de Normalización Previsional (INP), y luego por el Instituto de Previsión Social (IPS).
Las privilegiadas FF. AA siguieron, por decreto, en el sistema antiguo, lo que anunciaba el fraude que se nos venía encima. Y así fue,un fraude, el más escandaloso de la toda nuestra historia en materia de protección social.
En la mayoría de los países del mundo, en el peor de los casos, un jubilado recibe alrededor del 65% de su último salario. En Chile, esa suma bordea la tercera parte.
Un equipo de CENDA, liderado por el economista Manuel Riesco, publicó no hace mucho un estudio sobre el sistema de las AFP, que, entre otras sorpresas, demostró que de cada tres pesos que recauda el sistema, tanto por la vía de la cotización de los afiliados como de subsidios del Estado, dos se quedan enredados entre las AFP y los grandes grupos financieros, que, en la práctica, son los mismos (es decir, el puñado de archi-millonarios que son los dueños del mar, de los bosques, de las minas, de los grandes monopolios comerciales, son también los dueños de la AFP).
No obstante, la conclusión más importante de Riesco fue otra. El estudio demostró que si el sistema de pensiones volviera a ser de control de Estado, las pensiones que otorgan las AFP serían del mismo rango que las que ofrece el sistema público; es decir, como las pensiones que reciben los privilegiados militares.
Algunos, como Sebastián Piñera, de hecho ya candidato a una segunda presidencia de la República, dicen que los trabajadores debieran jubilarse más tarde, o haber cotizado más en su vida. ¡Vaya descaro!
En primer lugar, el 64% de los jubilados trabaja. Son los más jóvenes, lo que significa que el tercio restante son los que, simplemente, no pueden trabajar por edad extrema o incapacidad física.
Ahora bien, el 88% de los jubilados que siguen trabajando (el 64% de todos ellos) tienen pensiones menores al sueldo mínimo; por lo tanto, aunque trabajen siguen siendo pobres.
Otro dato oficial es que en Chile, el 91% de las pensiones es inferior a $156.000; vale decir, a casi la mitad del sueldo mínimo. Esto no ocurre en ningún país del mundo, ni siquiera en los más pobres.
Para rematar, las AFP recaudan 176 mil millones de pesos anuales, pero sólo pagan un tercio de esa suma, y como si eso fuera poco, el Estado las ayuda contribuyendo con un 1% (las pensiones llamadas básicas, que, curiosamente, están dentro del sistema de las AFP, no del IPS).
¿Tiene solución el problema? Claro que sí:
En primer lugar, el sistema de pensiones no debería contemplar lucro, por lo menos, no el lucro escandaloso de hoy. Eso es lo primero. Que el lucro por la vía de las pensiones sea tan exagerado, es porque Chile es el país más neoliberal del mundo, lo que tiene arruinada a la Educación y con graves problemas a la Salud. Chile, por cierto, debe liberarse de este sistema, lo que sería por supuesto, difícil, dada la calidad de nuestra clase política.
Sin embargo, aun bajo el sistema vigente, también hay soluciones:
a) Se debe fijar un mínimo extremo, que no puede ser menor que el sueldo mínimo, es decir de unos $300.000. Si se subiera la cotización de 10 a 20% como proponen algunos, esa alza debe ser asumida en forma tripartita; es decir por los patrones, el Estado y los trabajadores. No sólo eso: como las PYMES son el primer empleador, y la mayoría son débiles, la cuota patronal debiera ser distribuida según el volumen de ganancias de las empresas; vale decir, de modo “solidario,” o de reparto.
b) Hay pensiones que son multimillonarias. ¿Recuerdan el caso de la ex – mujer del diputado Andrade, el escándalo que gatilló las manifestaciones populares contra las AFP?. También reciben pensiones millonarias muchos funcionarios de gobierno y de las FF AA, etc. No puede haber privilegiados en un sistema de pensiones, y éstas deben ser re-estudiadas con la debida ponderación, y la diferencia enviarse a un fondo común controlado por el Estado.
El promedio mundial es que mujeres y hombres deben jubilarse, respectivamente, a los 60 y 65 años, luego de 30 años de trabajo. Hay situaciones nada justas como que algunos (entre ellos miembros de las FF AA) se jubilan no sólo muy bien, sino jóvenes; o sea, con poco tiempo de trabajo activo. Volviendo al caso de la ex -mujer de Andrade, recordemos que ella se había jubilado con más de 5 millones de pesos y con sólo 21 años de actividad laboral.
La pregunta que se hace todo chileno es esta: Si el sistema es tan inconveniente para los trabajadores chilenos, ¿por qué no se ha eliminado o modificado, algo que, objetivamente, puede hacerse? Pues, simplemente, porque se ha entronizado en el orden económico nacional, en el que, además, en mayor o menor medida toda la clase política chilena está comprometida.
Veamos, la derecha, si llegara a gobernar, como ex – colaboradora de la dictadura y co-autora de sus leyes, entre ellas la de las AFP, en el mejor de los casos podría modificarlo levemente, y sólo para aplacar la ira popular, que día a día crece sin cesar. Nueva Mayoría, confiada en que el pueblo todavía le tiene confianza, se hace la “sueca” y no demuestra decisión de eliminar de raíz el sistema, aunque sabe que su origen es espurio e ilegítimo, y que es lo que quiere la mayor parte del país, además de su reemplazo por un sistema previsional de Estado.
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En verdad, la eliminación o modificación sustancial del sistema de AFP sólo necesita la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, como así lo estipula el Artículo 19, Nº 18 de la Constitución.
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Es decir, el gobierno de Bachelet, si lo quisiese, podría terminar con el sistema de AFP, puesto que cuenta con la mayoría parlamentaria en ambas cámaras para hacerlo.
Recordemos que para producir el fin o la modificación de las AFP basta un solo doblaje en el Senado y en la Cámara de Diputados respectivamente, mayoría que ella tuvo en su anterior gobierno durante dos años, y que no quiso utilizar, tanto para sustituir el sistema de AFP como cualesquiera otras instituciones económico-sociales neoliberales heredadas de la dictadura, y ahora el propio sistema de las AFP.
(*) Profesor universitario, Doctor en Educación
