Los únicos que podemos tomar decisiones sobre nuestros ahorros, sobre nuestro futuro, y sobre el país que necesitamos para vivir dignamente somos los chilenos y chilenas de a pie, que hacemos funcionar las oficinas, campos, minas, puertos, en las casas, colegios y universidades; que dependemos del sistema de pensiones para jubilarnos y que somos los únicos que podemos garantizar la democracia como ejercicio de toma de decisión por parte del pueblo.
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Desde el pasado 24 de julio, chilenos y chilenas llenamos las calles de nuestro país cansados de los abusos sistemáticos de la élite, y las pensiones de miseria para las mayorías. Se instaló una demanda central y una necesidad impostergable: NO MAS AFP. Hoy, la ciudadanía, las familias, los/as trabajadores/as, tenemos claro que las AFP son un muy lucrativo negocio para una minoría, y un futuro de pobreza para las mayorías trabajadoras después de toda una vida de dedicación y de ahorro.
Es cierto, no es primera vez que se instala el problema de las pensiones: desde el año 98, distintos gobiernos tanto de la Concertación y la Alianza han realizado modificaciones intentando “mejorar” el sistema de pensiones, sin tocar, sin embargo, sus bases estructurales. La diferencia, es que esta vez para los chilenos ha quedado claro que el sistema no resiste mejoras, pues el problema reside en la naturaleza misma del modelo.
El sistema de AFP es una forma de ahorro forzoso individual, que no cumple el fin con el que fueron creadas: Otorgar seguridad social, es decir, asegurar las condiciones materiales mínimas para un final digno de la vida laboral activa. La Comisión Bravo, por ejemplo, calculó que la mitad de las personas que jubilen entre 2025 y 2035, habiendo cotizado entre 25 y 33 años, tendrán una tasa de reemplazo menor al 22%.
Se instaló con fuerza desde los defensores del modelo, el mito de que este sistema era no solo exitoso, si no que un modelo a imitar en el mundo. Pues bien, de los pocos países que lo adoptaron, varios volvieron rápidamente a instalar un sistema de reparto (Polonia, Hungría, Argentina) y de los 8 que quedan, la mayoría tiene pilares contributivos. Hoy en distintos medios influyentes a nivel internacional se le cataloga como un completo fracaso, como es el caso de New York Times, el Finantial Times y el Brasil de Fato de Sao Paulo, los que publicaron sendas columnas al respecto.
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Frente a este escenario, la respuesta de la élite ha sido vergonzosa: mentir abiertamente a la población diciendo que el sistema de reparto está quebrado cuando es mecanismo que utilizan 150 países en el mundo. El argumento de la élite simplemente no tiene sentido, puesto que un sistema de reparto no puede quebrar, dado que siempre hay actores imponiendo en él.
En Chile, de acuerdo a los estudios más serios, el sistema de reparto duplicaría las pensiones desde ahora, y recién en 2050 exigiría revisar el aporte de todos los actores (no es cierto que los trabajadores tengamos q imponer el 30 o el 50% de nuestro salario).
Tener un debate serio –es decir con argumentos reales y no orientados a engañar a la ciudadanía– ha sido complejo, los mismos que se benefician del dinero de los y las trabajadoras que es traspasado directamente a los grandes capitales (los dueños de las AFP) son los que tienen en sus manos los principales medios de comunicación que han sido utilizados para difundir estas falacias.
Como bien sabemos, los dineros que cada uno de nosotros y nosotras ‘aportamos’ a las AFP (más que entrega voluntaria es obligación) se invierten sin criterio alguno en un sinfín de empresas en todo el mundo, muchas de ellas las actuales ‘dueñas’ del país.
Por ejemplo, las AFP invierten más de US$6500 millones en empresas del grupo Luksic, quien a su vez es el dueño de Canal 13.
¿Estará dispuesto el Grupo Luksic a perder esa inyección de capital constante? ¿A qué fines sirve entonces Canal 13 a la hora de transmitir la información? O para qué hablar del grupo Penta, principal administrador de AFP Cuprum, y junto con Soquimich, uno de los lugares predilectos de inversión de los fondos administrados por las AFP.
No es difícil imaginarse entonces los fines que perseguía el financiamiento a políticos por parte de estos grupos, otro camino más de propagación de las mentiras que planteábamos más arriba.
Desde el mundo de la política tradicional nos ha quedado claro que no legislarán a favor de lo que la mayoría está demandando, pues son financiados directamente por el 1% de la población que se beneficia de esta expropiación sistemática de nuestros recursos. Es mucho lo que perderían ellos, si nosotros y nosotras recuperáramos nuestros ahorros para ponerlos al servicio de lo que todos y todas queremos: una jubilación digna.
Dado entonces todo este escenario, del establecimiento de la crítica al modelo de AFP como sentido común, por un lado, y la negativa desde el ejecutivo y el legislativo a avanzar en esta línea, por el otro, ¿qué estamos pidiendo?: que sea la ciudadanía quien decida cómo quiere que sea el Sistema de Pensiones de los y las chilenas, y es por ello que exigimos un plebiscito.
Porque los únicos que podemos tomar decisiones sobre nuestros ahorros, sobre nuestro futuro, y sobre el país que necesitamos para vivir dignamente somos los chilenos y chilenas de a pie, que hacemos funcionar las oficinas, campos, minas, puertos, en las casas, colegios y universidades; que dependemos del sistema de pensiones para jubilarnos y que somos los únicos que podemos garantizar la democracia como ejercicio de toma de decisión por parte del pueblo.
La democracia del actual parlamento y gobierno, que legisla para los intereses de una minoría, no tiene la legitimidad necesaria ante la ciudadanía para tomar decisiones que afecten a los mismos que los financian. Exigimos entonces participación directa en un asunto tan trascendental para la vida de los cientos miles de los actuales jubilados del país, y a los millones que día a día vemos cómo nos roban nuestro dinero, y cómo nos vamos quedando amarrados al trabajo hasta morir.
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Dicho plebiscito tiene que garantizar un debate serio. No es posible que se avale la mentira abierta a la población. El Estado debe garantizar que la decisión democrática se base en una ciudadanía informada, con evidencias y datos e información técnica validada por organismos no cooptados por los intereses financieros, donde nuestra propuesta de nuevo sistema de reparto deje de ser caricaturizado por los defensores de las AFP y la ciudadanía pueda informarse efectivamente de la realidad de las alternativas al modelo. Porque una condición básica para la democracia, es ejercerla de manera informada y consciente.
No estamos disponibles para nada menos que garantizar la dignidad de nuestro pueblo al final de la vida laboral activa. Nos ponemos a disposición de informar con datos serios, la necesidad del reparto como base del modelo. Pero exigimos que la democracia, con acceso a información veraz y la toma de decisiones basada en el reconocimiento de la soberanía de los ciudadanos, se haga efectiva.
Chile se cansó de las AFP y de que el parlamento y los partidos corruptos legislen para la minoría que les financia.
Es tiempo de que la gente decida.
¡Plebiscito Ahora!
(*) Voceros de la Coordinadora No Más AFP Valparaíso
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Fuente: The Clinic
