La Corte Suprema acogió un recurso de revisión presentado por el ex senador Jorge Lavandero, condenado en juicio abreviado por abuso sexual de menores, con el fin de anular el procedimiento y enfrentar un juicio oral que le permitiría dejar establecida su imocencia.
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Si eso llegara a ocurrir, quedaría al descubierto una de las mayores confabulaciones en la historia del país, en la que intervinieron medios de comunicación, el Ministerio Público, el tribunal oral que lo juzgó, e incluso algunos de sus abogados defensores, con el fin de dejar fuera del camino al más brillante y eficaz defensor del cobre para Chile, luego de su segunda desnacionalización.
Ex senador Jorge Lavandero pide a la Corte Suprema revisar su condena
Leslie Ayala C.
La segunda sala penal de la Corte Suprema decidió tramitar un recurso de revisión presentado por el ex senador Jorge Lavandero, quien a más de una década de ser condenado por abuso sexual de menores, solicitó al máximo tribunal que anule el procedimiento abreviado en el que fue sentenciado (pena que ya está cumplida) y se realice un juicio oral en que pueda demostrar su inocencia.
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Según la resolución, el máximo tribunal del país proveyó la presentación del abogado Roberto Ávila en representación del otrora militante DC y evacuó traslado al Ministerio Público, para que respondan ante el requerimiento de Lavandero quien aseguró haber sido víctima de presiones para aceptar su culpabilidad en un procedimiento abreviado.
“Estoy libre, en la tranquilidad de mi hogar, esta presentación es revivir un calvario, pero la necesidad de ser escuchado es más fuerte”, dice en su recurso el ex parlamentario —quien actualmente tiene 85 años— y que en mayo de 2008 salió de la cárcel luego de recibir el beneficio de libertad condicional.
En el líbelo de revisión de condena, Lavandero sostiene a la Suprema que en 2005 fue condenado “sin que existiera un juicio propiamente tal, sino mediante la salida alternativa del procedimiento abreviado”.
En efecto, el ex parlamentario fue condenado a 5 años de presidio efectivo.
A juicio de él y su defensa existen antecedentes nuevos y pese a que la condena ya está ejecutoriada y ya es “cosa juzgada”, asegura que necesita corregir por su honra la sentencia definitiva que existe a su respecto y que lo marcó de por vida.
Consultado por La Tercera por la resolución de la Sala Penal que da inicio a la tramitación de esta revisión, su abogado Roberto Ávila aseguró:
“Esto viene en abrir paso a una legítima aspiración del ciudadano Lavandero a ser sometido a un juicio. Él fue condenado en un procedimiento abreviado, en donde no pudo defenderse de las acusaciones, procedimiento legal, pero que él nunca consintió, por lo cual se cometió una monumental injusticia”.
No quiere morir con esta sentencia
“Soy una persona de 85 años, como se aprecia, la mayor parte de mi vida ya ha transcurrido. Pasé años en prisión, fui objeto del escarnio público bajo la imputación de uno de los delitos más deleznables que se pueda concebir, el abuso sexual de niños y se me privó de mi membresía en el parlamento chileno que tuve por ocho periodos”, parte diciendo en su recurso.
En ese sentido, Lavandero explica que “los mayores sufrimientos que pudiera acarrear una situación como la que me ha tocado vivir ya forman parte del pasado. Todo debería indicarme la pasividad junto a mi familia, pero vuelvo a un tribunal, con todas las inquietudes y zozobras que ello implica, en la esperanza de la justicia; es imposible para quien ha sufrido una injusticia de esta magnitud mantener la pasividad de espíritu y resignarse a morir con un injusto baldón a cuestas”.
El propósito, asegura el ex senador, es limpiar su nombre:
“Soy completamente inocente de aquello por lo cual se me condenó. En estricto rigor nunca fui sometido a un juicio, un proceso contradictorio donde pudiera exponer mis argumentos y pruebas y valorar la de los que me acusan. Fui condenado, contra mi voluntad y en ausencia en un procedimiento abreviado, que es una salida alternativa y no un juicio. Esta salida alternativa es legítima pero con el asentimiento libre e informado del imputado, cosa que no ocurrió”.
En ese sentido, Lavandero acusa que su entonces abogado Matías Balmaceda le insistió que aceptara un procedimiento abreviado a cambio de una pena más baja:
“Yo quería un juicio donde aún un abogado sin mayor destreza y a partir de la realidad de lo ocurrido podía obtener mi absolución. Se pidió por el fiscal y se aceptó por la juez una suspensión de audiencia de preparación con el evidente fin que se me convenciera del procedimiento abreviado. Esto da cuenta del interés de la fiscalía por el procedimiento abreviado, el único que quería juicio oral era yo”, dice.
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Según él siempre se mantuvo firme en que se negaría al procedimiento abreviado:
“A pesar que prensa me acorralaban de un modo feroz poniendo cualquier muestra de solidaridad o consejo bien intencionado bajo amenaza. El día 20 de junio de 2005 mi abogado Matías Balmaceda fue a mi departamento para que compareciéramos a una audiencia que era continuación de otra que se había convocado como audiencia de preparación del juicio oral. La anterior no se había podido realizar porque mi abogado no tenía clara sus pruebas. Me encontraba en un estado de desesperación, pero firme en no aceptar hechos que no he cometido”, asegura.
Entonces recuerda:
“Cuando la juez me interrogó si aceptaba el procedimiento libre y voluntariamente le señalé en tres oportunidades que estaba bajo presión, incluso se debatió sobre que se entendía por presión. Era evidente que había una voluntad de condenarme, pues se siguió adelante”.
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Y asegura:
“En ningún tribunal chileno un procedimiento sigue adelante con esa respuesta, es más hay magistrados que incluso interrogan al imputado sobre que les explicó su abogado de este procedimiento, y estas preguntas que irrumpen en la intimidad de la relación abogado/cliente son justificadas por el bien infinitamente superior que una persona no este aceptando una responsabilidad, que lo llevara a la categoría de delincuente, sin estar actuando libre, consciente y voluntariamente”.
Ahora será la fiscalía de Temuco la que deberá responder a la Suprema respecto a las ilegalidades que denuncia el ex senador.
Fuente: La Tercera
