El abstracto derecho a protección social se ha transformado en un concreto y suculento negocio, donde importa más utilizar esos recursos para especular en el mercado financiero –con una racionalidad similar a la de un apostador en un casino– que entregar pensiones dignas a trabajadores que ahorraron durante décadas una vez que llegan a ser adultos mayores.
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1. Durante los últimos años ha persistido una profunda opacidad cada vez que se ha intentado discutir sobre el tema previsional en Chile, la que ha impedido dar un debate a la altura de lo que se espera de cualquier sociedad democrática.
Existe un consenso tácito dentro de la élite política y empresarial acerca de que las “virtudes” del modelo de capitalización individual forzada –que es el que da forma a las AFP– son infinitamente mayores a los eventuales “ajustes” que se requieran ante dificultades puntuales que este pudiese presentar, lo que ha llevado a que se le considere un tema estrictamente técnico, propio de expertos –que han resultado ser de dudosa neutralidad–, donde cualquier intento de crítica al funcionamiento del sistema, aunque sea de baja intensidad, ha sido sistemáticamente ninguneado y caricaturizado.
2. La única respuesta desde la élite, repetida una y otra vez, ha sido un discurso absurdamente optimista, lleno de clichés y autocomplacencia, que afirma que el sistema chileno es uno de los mejores del mundo y que, si hay algún tipo de problema con las bajas pensiones recibidas, es de exclusiva responsabilidad de la desidia de los trabajadores que no han sido capaces de encontrar mejores empleos, o bien de un mercado laboral que no está preparado para una inesperada mayor esperanza de vida de las personas.
Afirman, en tono apocalíptico, que cualquier modificación estructural a este exitoso modelo podría afectar la estabilidad del ahorro y la inversión; cualquier cambio a las “reglas de juego” desencadenaría las siete plagas de Egipto sobre Chile, destruyendo los invaluables avances que tienen al país a las puertas del desarrollo.
3. Sin embargo, la realidad material de la cada vez más precaria situación previsional en Chile ha resultado ser demasiado evidente como para mantener esta actitud evasiva y oscurantista por parte de la élite. De acuerdo a datos de la Fundación Sol, actualmente el sistema paga 1.120.000 pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, cuyo monto promedio apenas es de $205.000 y con el aporte previsional solidario del Estado llega a $219.000. Si en particular se consideran las 336.000 pensiones de retiro programado, el 91% se encuentra “por debajo” de los $156.000, lo que equivale al 62% del salario mínimo nacional.
Una situación realmente preocupante, más aún si se piensa que en los próximos años el 72% de los afiliados que se encuentran al borde de jubilar legalmente acumula menos de treinta millones en su cuenta individual, por tanto, sus pensiones ascenderían apenas a $150.000 mensuales. A eso hay que agregarle las pretensiones de subir la edad de jubilación y de incrementar las tasas de ahorro individual. Una real catástrofe social, que hará caer en la miseria a cientos de miles de personas, de no mediar un cambio radical.
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4. Lo cierto es que el sistema de AFP resulta de una perversión pocas veces vista en una democracia: sin necesidad de innovar, competir o arriesgar, como sucede con cualquier actividad económica normal, el empresariado chileno vive y se reproduce con recursos provenientes del ahorro forzoso de los trabajadores, o bien entregados directamente por el Estado como transferencias directas.
Es decir, el abstracto derecho a protección social se ha transformado en un concreto y suculento negocio, donde importa más utilizar esos recursos para especular en el mercado financiero –con una racionalidad similar a la de un apostador en un casino– que entregar pensiones dignas a trabajadores que ahorraron durante décadas una vez que llegan a ser adultos mayores. Y si hay pérdidas, las asume el trabajador, pues la legislación permite que las administradoras de fondos cobren comisiones insólitas por tener la “gentileza” de administrar plata ajena, independientemente si los resultados de sus apuestas son positivos o negativos.
Es decir, “plata segura”, sin moverse del escritorio, obteniendo rentabilidades insólitas, solo comparables al esclavismo o al narcotráfico, pero, claro, perfectamente legales. Los trabajadores, sin consulta y de manera obligada, pasan a ser los pilares del sistema financiero. Desde una óptica estrictamente referida a las pensiones que recibirían trabajadores, este sistema ha demostrado ser un rotundo fracaso y persistir en mantenerlo inalterado resulta de una arrogancia solo entendible desde este escenario.
5. Si bien se definió en la dictadura cívico-militar, fueron los gobiernos de la Concertación, y la actual Nueva Mayoría, los que consolidaron el sistema de AFP. Y es en este punto donde se observa un hecho curioso: sectores de esta coalición han levantado un discurso que culpa a la derecha ante cualquier problema derivado de la mercantilización de derechos sociales básicos –no solo en la previsión sino también en salud y educación, y asimismo en otros ámbitos productivos, como la minería, la silvicultura o la pesca–, apelando a una retórica de superioridad moral derivada de “haber luchado contra la dictadura”, pero al mismo tiempo militantes de sus partidos, que han ocupado cargos de confianza política o con acceso a información estratégica desde el Gobierno, aparecen luego descaradamente siendo parte estratégica de los directorios de las empresas creadas para lucrar con estos derechos privatizados.
En el caso de las AFP, los casos de Jorge Marshall (militante DC y ex ministro, superintendente, consejero del Banco Central y presidente de BancoEstado y actual miembro del directorio de AFP Provida y del gremio de los puertos licitados) y de Hugo Lavados (militante DC, ministro de Economía del primer Gobierno Bachelet y actual presidente del gremio de las AFP y del directorio de Cuprum) son los más destacados.
En el caso de Lavados, la situación se vuelve aún más insólita, pues es el actual rector de la Universidad San Sebastián, siendo un reconocido lobbista en la reforma a la educación superior. Estos conflictos de interés han sido naturalizados como modus operandi en la relación entre mundo público y privado, y parece que no fueran tema dentro del actual Gobierno, a pesar de aparecer como una muestra más de la colonización empresarial de la política chilena, por fuera del discurso simplón que identifica a los grandes empresarios con la derecha.
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En educación, salud, la previsión y otros derechos privatizados en dictadura y en gobiernos neoliberales, la acción de los partidos tradicionales está atravesada por los intereses del gran empresariado chileno que luego se expresan en el diseño de cualquier intento de reformas. Quienes ayer eran altos personeros de Gobierno, ministros, o parlamentarios, hoy se encumbran en la empresa privada aprovechando redes y contactos para incrementar tasas de ganancia, existiendo una extensa lista de personajes que incluyen en su curriculum vitae este tipo de antecedentes “laborales”.
6. Por lo anterior, la reciente marcha bajo la consigna “No más AFP” ha resultado un necesario y esperable desahogo frente a una situación que resulta insostenible, incluso décadas antes de que el grueso de los cotizantes se jubilen.
Cientos de miles de personas salieron a las calles en todas las ciudades del país, a pesar de una evidente indiferencia de los grandes medios de comunicación –ejemplo de ello es que apenas llegó una radio a la conferencia de prensa–, ávidos de darles mayor cobertura a “desmanes” que a una legítima demanda social. La transversalidad social del malestar es solo comparable con el que han provocado las demandas del movimiento por la educación.
7. Resulta alentador que parte de las demandas sea poner fin a las AFP, descartando incluso la posibilidad de una AFP estatal, gran anuncio al inicio del actual Gobierno, pues lleva a la naturalización del esquema de capitalización individual, lo que significaría abandonar por muchas décadas la lógica solidaria de cualquier sistema de protección social, por otra, la actual, que antepone la ganancia privada como motor de cualquier iniciativa social. Más allá de los intentos de desnaturalización y minimización del movimiento “No Más AFP”, a estas alturas algo imposible, este tipo de claridades es clave a la hora de intentar una proyección política de esta demanda.
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8. Es fundamental no perder de vista que el fondo del asunto no es solo la perversión de un sistema que usa irresponsablemente los ahorros de los trabajadores para dinamizar el mercado financiero, teniendo un peso cada vez más gravitante en la economía chilena, sino también la verdadera red de protección que se ha ido tejiendo durante los últimos años para evitar que esta situación cambie, que no solo involucra a la derecha sino también a los propios partidos de un supuesto gobierno progresista. En cierto modo, continuar con la retórica de culpar a la dictadura por la catástrofe social que están provocando las AFP es asimilar la política a un cuento infantil. Y tras veintiséis años de “consenso” entre las élites neoliberales, más parecidos a colusión, definitivamente el pueblo de Chile ya no está para cuentos.
Fuente: El Mostrador
