El 28 de junio de este año, por dictamen N° 47645, la Contraloría ordenó a la Superintendencia de Pensiones “iniciar el proceso de invalidación de la fusión cuestionada, otorgue audiencia o traslado a los interesados y, con el mérito de los elementos juicio que reúna en el expediente respectivo, resuelva lo que en derecho corresponda”.
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
Contra todas las presiones aplicadas, la Contraloría General, acogiendo una presentación de los diputados DC, ha defendido la legalidad y el interés de Chile. Se abre en los próximos meses un proceso muy especial y decisivo que afecta al Estado de Derecho y a las finanzas públicas. En efecto, los 410 millones de dólares que estas empresas se niegan a pagar, representan dos tercios de los 600 millones de dólares que el Ministro de Hacienda nos obliga a ahorrar del Presupuesto Nacional.
Los compromisos y decisiones del superintendente de Pensiones, así como los de funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros y del SII, los inhabilitan para conocer de esta materia.
Por ello se hace indispensable que se pida la renuncia de Osvaldo Macías, actual superintendente de Pensiones y se nombre a una persona que garantice un debido proceso y el respeto a la legislación vigente.
Fundamos esta petición en las declaraciones de este funcionario, publicadas en El Mostrador, que son muy explícitas: “Los procesos realizados (por Tamara Agnic) no fueron los más idóneos para alcanzar el resultado final, toda vez que pudo optarse legalmente por el mecanismo sugerido por los propios administrados. La condición señalada por esta Superintendencia para llevar adelante las fusiones era innecesaria, ya que implicaba la imposición de una exigencia adicional a los operadores de este sistema, la que no estaba claramente impuesta en el ordenamiento jurídico”.
Luego este funcionario dice: “Esta Superintendencia se encuentra limitada para invalidar dichos actos administrativos, a fin de no infringir el principio de la certeza jurídica que ha sido recogida por la CGR en su jurisprudencia como el respeto a la confianza legítima”.
Era tan absurdo citar la jurisprudencia de la Contraloría y al mismo tiempo negarse a acatar sus dictámenes, que el funcionario ha comunicado el 30 de junio que iniciará el proceso de invalidación.
Por su parte, un cambio de actitud del Ejecutivo se fundamentaría sólidamente en las decisiones de la Contraloría, el acuerdo de la Cámara de Diputados, la opinión de la ministra del Trabajo, las fundadas denuncias que se hicieron y las demandas respaldadas por diversas movilizaciones que hicimos en ACUSA AFP y otras organizaciones.
De concluir exitosamente el proceso de anular las fusiones con AFP ideológicamente falsas, se demostraría que el camino institucional es viable, no habría ningún daño a los afiliados de esas empresas y sería la culminación de una larga jornada iniciada con peticiones de audiencias a diversas autoridades del Gobierno y a parlamentarios.
Más allá de las decisivas acciones de algunos parlamentarios, lo más relevante ha sido la actitud de dos órganos del Estado: la Cámara de Diputados y la Contraloría General. En efecto, la primera Corporación acogió por unanimidad la petición de los diputados del PDC de formar una Comisión Investigadora que, tras un largo pero serio proceso, terminó con la aprobación de la Cámara de Diputados, donde sólo votaron en contra algunos diputados de la derecha.
Los ejecutivos chilenos de estas empresas, varios militantes de la Nueva Mayoría, han puesto en marcha su gigantesca maquinaria de lobby y de estudios de abogados caros, pagados con los fondos de los trabajadores. Creemos que el SII debería aplicar aquí el mismo criterio que ha usado con las costas que han debido pagar las Isapres por los más de doscientos mil juicios perdidos en los Tribunales, esto es, rechazarlos como gastos.
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
Las empresas que atacan el patrimonio legal y financiero del país ya están utilizando sus contactos políticos y publicitarios para mantener al Gobierno apoyando sus maniobras, ya que la única autoridad que objetó en su momento este ilícito proceso fue la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, pero sin lograr el apoyo presidencial. A lo más se logró la renuncia de la anterior superintendenta, Tamara Agnic, pero el nuevo superintendente, Osvaldo Macías, nombrado en su reemplazo, ha actuado aún peor, como ya lo hemos demostrado al citar sus frases de defensa de lo indefendible.
Por nuestra experiencia política y diplomática sabemos que un país es respetado, precisamente porque el Estado puede corregir un error de uno de sus funcionarios, ya sea por incompetencia, mala fe o corrupción.
Las dos empresas estadounidenses, dueñas de las dos AFP cuestionadas, han aprovechado los viajes del ministro de Hacienda a ese país para presionarlo aún más, sin que quede constancia de estas reuniones porque, argumentan, se hacen fuera de Chile.
Es una buena noticia que el nuevo ministro del Interior no tenga los mismos compromisos que los de su antecesor en el cargo, ya que el respaldo político del ex ministro Jorge Burgos y los actuales secretarios de Estado de Hacienda y secretario general de la Presidencia, puede verse debilitado.
El funcionario cuestionado ha elevado una consulta al ente contralor sobre si debiera inhabilitarse él y su fiscal. Para nosotros la respuesta es clara. El interés nacional no puede estar en manos de este tipo de personajes, por lo que pensamos que lo que corresponde es que el Gobierno los releve de su cargo y se ponga en su lugar a personas que otorguen plenas garantías.
Creemos que es el momento de que los chilenos apoyemos estas decisiones de la Contraloría y la Cámara de Diputados. Una de las formas de hacerlo fácilmente, incluso incrementando nuestras remuneraciones líquidas en un 1% mensual, es cambiarse de las AFP cuestionadas a las más baratas. Un cambio de AFP con fines de lucro a otra, no cambia el sistema, pero representa un juicio moral y político ciudadano muy valioso.
La Presidenta Bachelet tiene una nueva oportunidad para cumplir con sus promesas y darle una bocanada de oxígeno limpio y puro a Chile.
(*) Ex senador y ex presidente de la DC. Presidente ACUSA AFP AC.
Fuente: El Mostrador
