Cuando dos bienes preciados están en juego, decidirse por alguno de ellos en desmedro del otro no es fácil, más cuando los que están en disputa son la honra de las personas y la libertad de expresión e información. Sume a eso las pasiones que despiertan los personajes de esta trama, la Presidenta de la República y los dueños de los más poderosos medios de comunicación y sus aliados en la UDI, detrás de la confabulación.
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¿Qué es lo grave del asunto? ¿Qué periodistas vayan a la cárcel por informar o que la información sea falsa y entregada con el fin de dañar?
Se trata de la primera querella criminal tras la dictadura en contra del director de un medio, los editores y los periodistas que estuvieron detrás de entregar una información que, en opinión de la querellante, fue parcial y dirigida con el propósito de dañar la imagen y la honra de la Presidenta de la República al hacerse eco de los dichos de un tercero y cuya veracidad no fue comprobada o contrastada previamente, como parte de una maniobra política.
Desde la revista y la empresa a la que pertenece, Copesa, se aduce que solo se hizo eco de una grabación filtrada (como mucha otra información) desde el sistema judicial, que fue obtenida legítimamente pues no está bajo secreto. Conocida la voluntad de querellarse por parte de la ciudadana Michelle Bachelet, la publicación bajó la noticia desde su medio digital, pidió disculpas y contraatacó reclamando la violación al derecho de informar.
«Con qué cara»
La primera lectura indica a todas luces que, si bien es un derecho de la persona aludida defender su honra ante informaciones injuriosas, tratándose de un personaje público parece poco prudente ejercer la acción, pues desde luego se estaría atentando en contra del derecho ciudadano a ser informado y se negaría a la prensa efectuar el control de las autoridades.
Legítimo que se defienda, pero poco reflexivo el haberlo hecho, ya que los costos a pagar (mantener el caso Caval en la esfera pública) serían mayores que los beneficios, aunque se ganara la querella, se afirma.
«No deja de impresionar como algunos han transformado en una cruzada el tema de la libertad de expresión, los mismos que por años la pisotearon, omitieron, silenciaron, fueron cómplices de la detención de periodistas, de las clausuras de medios, del asesinato de Pepe Carrasco que era dirigente del Colegio de Periodistas. Esta es una típica conducta de ese sector», dijo a Cambio21 el ex presidente del Colegio de Periodistas Jorge Andrés Richards.
Caval, error no forzado
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Por supuesto las cosas no son siempre lo que parecen y en este caso, mucho menos. Oportunamente nuestro medio dio a conocer que detrás del mentado caso que involucró al hijo y a la nuera de la Presidenta existía una serie de siniestros personajes ligados a la UDI e incluso a los organismos de la represión de la dictadura. Uno a uno dimos a conocer los «prontuarios» que demostraban que casi todos aparecían vinculados a oscuros negociados y hechos delictuales o que rayaban con ellos. El tiempo nos ha dado la razón.
¿Qué hacía la nuera de la Presidenta junto a personajes como Mauricio Valero; Juan Díaz; el exagente de la DINA Sergio Bustos; el yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovich, y tantos otros controvertidos personajes?
Nadie la forzó a unirse a ellos y a jugar a gran empresaria relacionándose con banqueros en imprudentes reuniones a las que asistió en carácter de «silente observador» el aún más imprudente hijo de la Presidenta.
Pero una cosa es la torpeza de ellos y otra muy distinta es tratar de involucrar a la Mandataria en un delito. El senador Manuel José Ossandón, a pesar de sus duras críticas, lo tiene muy claro: «la condición de probidad de la Presidenta Bachelet no está en cuestión, ella es honrada, no creo que esté metida en esto», señaló a Cambio21.
Lo que realmente importa
Revista Qué Pasa en su medio online dio a conocer la mentada filtración que incluía varios nombres de connotados políticos, entre ellos el ex senador Pablo Longueira y la propia Presidenta, a los que Juan Díaz, en la grabación obtenida por la policía, les imputaba diversos delitos. Al primero, haber solicitado que en el marco del caso Spiniak secuestrara a la menor Gemita Bueno para que se desistiera de sus dichos en contra del entonces senador Jovino Novoa, y a la Presidenta el haberse beneficiado de los dineros del caso Caval.
El punto es aclarado por el propio fiscal del caso Caval, Sergio Moya, quien señaló de manera categórica que Juan Díaz, al momento de afirmar lo de la Presidenta, sabía que estaba siendo grabado; luego, lo que dijo el ex operador político de la UDI «fue para dejar plasmado en las escuchas algunos hitos importantes para la estructura de su estrategia de defensa».
No se trata de un comentario al azar:
«Él sabía que estaba siendo grabado e incluso su abogado lo trata de salvar diciendo que, cuando uno está enojado, en privado dice cualquier cosa», comenta el periodista Jorge Andrés Richards.
«La querella se basa en lo publicado en la revista, en el ejemplar impreso. Allí viene una nota que si uno la compara con lo que publicaron en internet y además de lo que el mismo medio dijo cuando bajó la nota, uno puede decir que aquí usted tomó una noticia que eventualmente podría ser de interés publicarla y la recorta y la edita, porque lo que está en internet no es lo mismo que aparece en la revista, en que está solo mencionada la Presidenta Bachelet y solo antecedentes que parecen señalar que, en una forma confiable, habría sido involucrada en este caso», señala el abogado Juan Pablo Hermosilla, patrocinador de la querella.
«Aquí se está reclamando por una publicación en un medio impreso, en la cual se ha editado toda esta información en una forma en que se excluye a todas las demás personas involucradas que además, curiosamente, son todas de derecha. Incluso al (ex) senador Longueira, a quien se le están atribuyendo hechos muchos más graves que los que se le están atribuyendo a la Presidenta. Así recortada la información se presenta en la revista sin plantear dudas de lo que se está diciendo sino que -en nuestra opinión-, avalando lo que se está diciendo», espeta.
¿Autogol o conspiración?
«Aunque creo que la Presidenta es honrada y nada tuvo que ver en esto, ella está aplicando una ley mordaza, es una amenaza, es gravísimo lo que está haciendo y no reconoce que la verdadera culpable de lo que está pasando es ella, pues si ha esperado más de un año y medio para que los chilenos escuchen de su boca una declaración transparente, con sentido, obliga a que los medios de comunicación tengan que investigar. Si los medios de comunicación han sido los que en el último tiempo han hecho funcionar las instituciones; si no fuera por los medios no habría ninguno de los juicios que hoy día hay, entonces decir que hay un complot me parece que es una exageración», señala a Cambio21 el senador Manuel José Ossandón sobre el punto.
«Perfectamente se puede haber dado la lógica que estos señores sabían que estaban siendo pinchados y se pusieron a hablar cosas para tratar de involucrarla, pero es claro e innegable que su nuera y su hijo usaban su nombre para ganar plata», afirma el parlamentario.
Para Jorge Andrés Richards, Juan Díaz «menciona a la Presidenta cuando él sabe que lo están grabando y lo que dice lo dice a propósito. Esta es una operación de negocio sucio de gente vinculada a la UDI en que metieron a Compagnon y la hicieron caer tontamente», asegura.
Y agrega un antecedente no menor: «El día que tenía que ir (Compagnon) a hablar con Andrónico Luksic, tenía que ir con Valero y este se ‘bajó’. Por eso es que fue Sebastián Dávalos, y se bajó esa misma mañana», denuncia.
Quiénes están detrás
En el negocio Caval fue Juan Díaz el que contactó a Mauricio Valero -el socio de de la empresa-, para ofrecerle los terrenos de Machalí. Díaz es hombre de confianza de Pablo Longueira.
En el caso Spiniak se le recuerda por su trabajo buscando desacreditar el testimonio de Gemita Bueno, la que había involucrado -entre otros- al entonces senador Jovino Novoa en delitos de pedofilia.
Es conocido además por ser quien acompañó al moribundo líder de la UDI Jaime Guzmán tras el atentado que le costó la vida.
Ha sido acusado por Patricio Cordero, otro militante de ese partido -y también parte del entuerto-, de ser el pagador de los sobornos y el nexo con el síndico Herman Chadwick, a quien también habría llevado en el «negocio» de los terrenos de Machalí.
Tanto Cordero como Díaz estuvieron ligados al caso Luminarias, que consistió en groseras estafas cometidas en distintos municipios vinculados a la UDI, en donde aparecen querellados el diputado homónimo e hijo de Joaquín Lavín, su otra hija Asunción (recientemente condenada por giro doloso de cheques), y su yerno, Isaac Givovich, un cuestionado personaje que fuera ligado al caso Caval por el mismo Juan Díaz, entregando una factura ideológicamente falsa.
Mitómano
También Díaz, junto a Valero, vincularon al «negocio» a Victorino Arrepol, autor de un supuesto correo que se aseguraba correspondía a un ministro. Este resultó ser falso y fue parte de las charadas e invenciones de Díaz y compañía para darle «espaldas» a la operación comercial tras los inmuebles de Caval y para -de paso-, enlodar a un secretario de Estado del actual gobierno.
Reconocido derechista, Arrepol tiene en su prontuario un auto secuestro que denunció en 2009. Dentro de las declaraciones judiciales, salió con otra joyita: aseguró que un parlamentario y un ex ministro UDI estaban implicados con la repartición posterior de las utilidades que dejaría el negocio de Caval.
Otro «cuento» que creó Díaz fue el de asegurar a los eventuales compradores de los terrenos de Machalí que un «socio mexicano» estaba interesado en adquirirlos.
«Comentaba que estaban metidos (Carlos) Slim (en algún momento el hombre más rico del mundo) y otros mexicanos», aseguró Patricio Cordero al fiscal. También lo acusó de haber inventado la participación de Cencosud como interesado en instalar sus tiendas Jumbo en el lugar.
La «trampa»
Para el ex presidente del Colegio de Periodistas Jorge Andrés Richards «lo que sí tiene cara de conspiración es lo que pasó con Qué Pasa, que sube el día jueves online toda la transcripción de Díaz, que es lo que sale de Bachelet y además lo que dice de Longueira, de Chadwick, de Cordero, de los abogados de Luksic, en que lo más grave que dice es que Longueira le pidió a Díaz que raptara a Gemita Bueno. Eso lo bajan y piden disculpas diciendo que no podían jugar con la honra de las personas, pero lo publican en la revista al día siguiente, pero solo lo referido a Bachelet. Esto sí es una conspiración total, una intencionalidad absoluta. Es una cosa siniestra de la derecha».
El diputado DC Fuad Chahín, aporta otra mirada:
«Me parece que cada día hay más antecedentes que dan cuenta que aquí hay una operación política y detrás está la UDI, que se dio cuenta que a la nuera de la Presidenta le gustaban los negocios y ganar plata con poco esfuerzo. Y parece que cayeron en la trampa y ha pasado lo que todos conocemos. Desgraciadamente estamos frente a una situación que parece un complot, una operación política, donde ha existido una especie de obsesión por tratar de involucrar a la Presidenta en un negocio que no tenía solo fines económicos sino que al parecer también políticos».
Como se recordará, Natalia Compagnon declaró al fiscal que «ahora puedo pensar que se nos ofreció un excelente negocio, pero que además se pudo haber empleado para hacernos daño a mí y a mi familia».
Maledicencia
«En el acto de edición y de confección de esta nota que aparece en la revista, nos parece que queda claro que lo único que han tenido a la vista quienes realizan esta labor es injuriar y afectar la reputación de la Presidenta. Aquí la intencionalidad es manifiesta (…) ya se van a conocer otros antecedentes, quién filtró las cosas y con qué intencionalidad (…) ellos (los querellados), conscientes de que no era efectivo, conscientes de que era dudoso todo esto, a lo menos, deciden recortarlo y armar esta nota en la revista escrita y que busca atacar a la Presidenta (…) Aquí hay una maniobra que está a la vista (…) que lo que busca es dañar la honra de la Presidenta y nada más», afirma el abogado Hermosilla.
La propia Michelle Bachelet, quien consideró la publicación de Qué Pasa como «una canallada, una infamia y un posible montaje», en una entrevista dio cuenta que «al menos cinco medios tenían la misma información», pero que «no la publicaron por considerarla chanta».
En Radio Zero la Mandataria señaló que la querella que interpuso busca demostrar «que acá hubo un acto con clara intención de dañar mi honra y prestigio», por lo que para ella era indispensable que el medio «reconozca que hubo una equivocación y se corrija».
Sin embargo, fue más allá y dijo que tras la respuesta de la revista y nuevos antecedentes, «me parece que hubo más que un error», indicando que se publicó «una mentira sobre mí».
Fuente: Cambio 21
