Es Hora de Determinar con Claridad el Origen de la Crisis Ambiental de Chiloé

Es necesario realizar un estudio en profundidad para determinar qué provocó la presencia de la toxina conocida como marea roja, que causó la muerte de cientos de toneladas de peces y mariscos en el sur de Chile. De momento, la versión oficial, tanto de Sernapesca como del Instituto de Fomento Pesquero, señala causas naturales, derivadas del cambio climático. Los pescadores de Chiloé, apuntan al vertido al mar de salmones descompuestos. Cualquiera sea la causa, en el origen estará, seguro, la «industria» salmonera.

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«Por ahora todo son especulaciones, no tenemos un estudio que avale qué fue lo que produjo esas muertes», señaló Elizabeth Soto, consejera política de Greenpeace en Chile, en referencia a las declaraciones de los pescadores artesanales de la provincia de Chiloé que vincularon la marea roja (algas nocivas) a los desechos industriales que vierten las empresas salmoneras.

Pescadores chilenos aseguran que marea roja fue provocada por desechos de industrias.

Los desechos industriales «podrían haber incrementado la cantidad de nutrientes en el agua, y eso puede haber ayudado a disminuir el oxígeno en la columna de agua, pues son condiciones que hacen que proliferen esas algas nocivas», opinó Soto.

Sin embargo la experta insistió en la necesidad de un estudio que confirme el nexo entre las prácticas de las salmoneras y la aparición de la marea roja.

Las autoridades han señalado que la presencia de esta toxina «tiene que ver con el fenómeno climático de El Niño y eso también conlleva a una bajada de oxígeno en la columna de agua, que prolifera en estas algas», dijo a esta agencia la bióloga marina.

El Gobierno de Chile decretó la medida de Catástrofe, prevista en la Constitución, que permite adoptar medidas especiales para restablecer la normalidad en la zona afectada, como restringir libertades de movilización y reunión, limitar el ejercicio del derecho de propiedad y requisar bienes, indicó el diario ciudadano El Repuertero.

Además faculta a las autoridades a ordenar reservas o acopio de alimentos o bienes y mercancías para la subsistencia de la población, condonar deudas y proteger servicios de utilidad pública.

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