Amnistía Internacional de Chile exigió hoy una «reforma urgente» del actual sistema de justicia penal militar que «pone en duda la imparcialidad e independencia del juicio» e impide «resguardar los derechos humanos».
El informe «No sabía que existían dos justicias», presentado en la sede de AI en Santiago de Chile, reveló que los tribunales militares del país austral no abren investigaciones ni procesos contra miembros de las fuerzas de seguridad por casos de violencia.
«Que un carabinero sea juzgado por el tribunal militar es equivalente a que un delincuente sea enjuiciado por miembros de su familia», señaló hoy a los periodistas la directora de AI Chile, Ana Piquer.
Según datos de la organización, las denuncias por violencia ejercida por miembros de fuerzas especiales de Carabineros, institución a cargo del Ministerio del Interior, han aumentado un 300 %, sin embargo, un 90 % de las ellas resultan sobreseídas y solo un 1 % de los responsables es condenado.
Entre las demandas de AI, se encuentra el traslado de los casos de violencia policial a la justicia ordinaria, así como todos los delitos comunes o violaciones a los derechos humanos perpetrados por uniformados.
«Chile estaría agradecido si el ministro del Interior pusiera el mismo celo en condenar a miembros de fuerzas especiales de Carabineros, así como lo hace cuando condenan a los mapuches», sentenció el abogado Félix Avilés, padre del joven Rodrigo Avilés, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico por el impacto de un chorro de agua de un vehículo antidisturbios en 2015 durante una manifestación estudiantil.
AI reprochó las bajas o nulas condenas que la legislación militar otorgó a los imputados por casos como el de Avilés; el de Nelson Quichillao (2015), tiroteado por carabineros en la toma de la mina de cobre Salvador; o el de Manuel Gutierrez (2011), de 16 años, quien murió tras recibir disparos de policías mientras observaba una protesta de trabajadores.
«Este país es uno de los pocos con este sistema, con una institución enferma y una policía militarizada que defiende el poder que tiene a punta de lanza», manifestó Avilés.
El documento indica que este «indignante» doble sistema de justicia del país suramericano, «permite a los agentes policiales golpear, maltratar y matar a personas, incluso niños y niñas, porque las sanciones son minúsculas».
«El Estado no puede mirar a un lado, debe cumplir con las normas internacionales que indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», recalcó el miembro de AI Chile, Rodrigo Bustos.
En los últimos cuatro años, la Corte Suprema ha dictaminado que en diversas oportunidades Carabineros ha violado los derechos humanos de niños, niñas y adultos. Sin embargo, «estos hechos han quedado impunes en manos de la justicia militar».
Asimismo, la CIDH condenó hace más de diez años al Estado de Chile a reformar esta normativa, a través de un proyecto de ley que «conceda a los tribunales civiles jurisdicción en casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de fuerzas armadas y policías».
«Este es un tema que estaba en el programa de (la presidenta Michelle) Bachelet, pero no se ha tocado. Hubo intenciones, pero no se han materializado en el Congreso», dijo Ana Piquer.
Actualmente, AI recolecta firmas a favor de su causa, que serán entregadas al Gobierno semanas previas a la cuenta pública que realiza la presidenta el día 21 de mayo de cada año.
«Chile tiene un pasado de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no sólo debemos hacernos cargo del pasado, sino también del presente», advirtió Piquer.
«Esta lucha debe ser fuerte, ya que sabemos a lo que puede llegar la impunidad en temas de violencia», concluyó.