Tras intenso debate, la Sala del Senado aprobó la norma que sanciona las filtraciones en las investigaciones y aprobó por 29 votos a favor y tres abstenciones una nueva enmienda que deja afuera a los periodistas. En todo caso, la pena de cárcel a los infractores, se mantuvo.
La polémica estalló cuando el Senado aprobó por unanimidad una indicación redactada por el gobierno a partir de planteamientos del entonces fiscal nacional (S) Andrés Montes y senadores de la comisión de Constitución, que sancionaba con cárcel a toda aquella persona que revelara información reservada de una investigación judicial.
Los autores de la enmienda advertían que las filtraciones de diligencias ponían en riesgo el éxito de la investigación y vulneraban el principio de presunción de inocencia de los imputados. Si bien el Código Penal establece sanciones para los funcionarios públicos, se introdujo una enmienda al artículo 182 del Código Procesal Penal, que fijaba una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio a toda persona que revelara datos de las pesquisas.
La medida generó críticas de distintos sectores -entre ellos, la Asociación Nacional de la Prensa, del Colegio de Periodistas y la Corte Suprema-, muchos de los cuales advirtieron que la medida podía atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
Tras esto, los senadores y el gobierno retrocedieron y ayer suscribieron un acuerdo para revertir la medida.
Dicha comisión, que contó con la participación de la ministra de Justicia Javiera Blanco y el fiscal nacional Jorge Abbott, entre otros, decidió acortar a los potenciales castigados por filtraciones a sólo 3 categorías y se descartó de plano incluir en dichas sanciones a los periodistas.
De esta manera, la indicación aprobada hoy –y que fue ingresada por la comisión de Constitución- indica:
“Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos, y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas.
Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12 respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso”.
«Las personas indicadas que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de 20 a 200 Unidades Tributarias Mensuales, o presidio menor en su grado mínimo”.
Acá también entran los querellantes en algún caso, por lo cual, la posibilidad de que las fuentes puedan entregar información a los profesionales de la comunicación, quedó en tela de juicio.
Al respecto, el ministro del Interior, Jorge Burgos, señaló que a juicio del gobierno la nueva indicación redactada por la comisión de Constitución “soluciona los eventuales problemas interpretativos que algunos creían tenía al primera norma”.
“Respecto del texto original que aprobó la comisión a juicio del gobierno nunca estuvo ni en la letra ni en el espíritu de quienes participaron en la redacción afectar a terceros (…) ni al derecho de informar de la prensa”, enfatizó el secretario de Estado.
En tanto, el presidente de la comisión de Constitución, Pedro Araya, aseguró que la norma implica a quienes actúen con “dolo directo”, es decir, “que tengan la intencionalidad con la filtración de hacer fracasar una investigación penal”.
Además, aseguró que la iniciativa no perjudica el periodismo de investigación ya que se refiere “únicamente a procesos penales en curso”.
Sin embargo, durante el debate hubo algunos legisladores que se mostraron contrarios a la nueva indicación como los senadores independientes Antonio Horvath y Alejandro Guillier, y la parlamentaria de Amplitud, Lily Pérez. Dichos senadores calificaron la nueva norma de “ambigua” y pidieron acotar las personas que están sujetas a esta norma.
“Ampliar esto a muchos funcionarios va contra el sentido de lo que muchos creemos que es necesario en el minuto que estamos viviendo en el país», dijo Lily Pérez.
Esta indicación nace tras las informaciones que se ha deslizado de los últimos procesos judiciales que involucran a políticos de nuestro país y que ha permitido acusarlos o formalizarlos. Es por ello que se creó el revuelo mediático en torno a este decreto, ya que justamente surgió cuando estallaron todos los casos de corrupción.
En representación del Colegio de Periodistas, su presidenta Javiera Olivares, espera que la Cámara, cuando el proyecto pase a tercer trámite, lo rechace.
Y es que si bien, esta corrección deja exento de problemas judiciales a los periodistas, si golpea a las fuentes, lo que de todas formas afecta al libre ejercicio de la profesión, por lo que -afirmó la dirigenta- no representa ninguna solución.
