El Pleno de la Corte Suprema rechazó la indicación intorducida en el Senado a la denominada agenda corta contra la delincuencia, que establece penas de cárcel a quienes filtren información sobre el desarrollo de las investigaciones y/o causas judiciales. En opinión del mayor tribunal de la República, con las actuales disposiciones legalles, basta y sobra.
Así lo dió a conocer el ministro portavoz de la Corte Suprema, Milton Juica.
Consultado sobre la indicación en trámite que sanciona con penas de cárcel las filtraciones de las investigaciones penales, el ministro Juica dijo que las restricciones y prohibiciones que existen, actualmente, son suficientes para revisar el secreto de las investigaciones y que no se debe establecer normas que afecten el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo de la prensa, pues entran en colisión derechos fundamentales.
Luego, se refirió al tema en radio Bío Bío, donde insistió en que el sistema ya está resguardado desde el punto de vista procesal y penal, por lo que la indicación del Ejecutivo no es necesaria:
“Cualquier cosa que tienda a enervar la función de la prensa, no tiene mucha presentación porque claramente se trata de situaciones que entran en pugna con el derecho a la información”.
El juez explicó que el actual sistema judicial «contempla situaciones de reserva y establece penas para aquellos empleados públicos que incumplan con la obligación del secreto”, por lo que la iniciativa que es promovida por el Gobierno y que fue aprobada por el Senado, en el marco de la discusión de la Ley Corta Antidelincuencia no es necesaria.
Además indicó que la responsabilidad directa de resguardar el secreto de las investigaciones recae en el Ministerio Público y de las policías y que el Poder Judicial debe intervenir en caso que los involucrados soliciten acceso a determinados antecedentes.
Posición que se separa de la indicada ayer, por el Consejo General del Ministerio Público, los que por medio del fiscal Luis Toledo respaldó la norma argumentado que el objetivo es lograr una persecución penal eficaz. «Debemos tener un periodo que efectivamente, esas diligencias estén con la debida reserva», indicó.
«El Ministerio Público rechaza límite al derecho de informar», pero que quieren y buscan «resguardar los intereses de una persecución penal», finalizó.
