“Longueira no es un hombre honesto y la UDI no es un partido honesto”, sostuvo la diputada Karol Cariola. “La renuncia de Longueira no resuelve el problema de la UDI”, aseguró el parlamentario Fuad Chahin. Opiniones vertidas tras el nuevo escándalo que sacude al partido más conservador del país.
La Unión Demócrata Independiente (UDI) pasa por uno de los capítulos más bochornosos de su historia, donde ha visto a varios de sus líderes inmiscuidos en casos de corrupción para la aprobación de leyes que benefician a los grandes sectores económicos, desprendiéndose totalmente de la real labor del ejercicio político democrático.
Pablo Longueira renunció a la UDI a raíz de los nuevos antecedentes que se hicieron públicos y que lo ligan directamente con una legislación (Royalty minero) que fue creada por una empresa del rubro (SQM) donde se resguardaban los intereses privados por sobre los del Estado, un hecho parecido a lo acaecido con la Ley de Pesca, que también fue aprobada bajo el cohecho y donde también tuvo relación directa Longueira.
Ambas legislaciones se concretaron bajo el mandato de Sebastián Piñera, en el primer caso Pablo Longueira figuraba como Senador de la República y en el segundo como Ministro de Economía.
Esta situación para la diputada (PS) Maya Fernández no es más que la muestra de lo que es el partido fundado por Jaime Guzmán. Sostuvo que “me parece una vergüenza, es la máxima expresión de esta relación entre política y dinero, y es la expresión de lo que es la UDI finalmente y es bueno que la opinión pública lo sepa, se informe y salgan estos casos a la luz”.
“Yo creo que es una de las crisis más grandes de la UDI, basta con escuchar las declaraciones que ellos mismos dan, están recogiendo lo que ellos han sembrado, se están dando a conocer cosas que no se sabían, pero que la UDI siempre ha hecho y que son sumamente graves para nuestra democracia”, señaló la parlamentaria.
Para el analista político, colaborador del Instituto Igualdad, Ernesto Águila, este trance que viven los gremialistas está estrechamente ligado con la relación dinero/política que han cultivado desde sus inicios y que los ha supeditado al empresariado.
Dijo que “la UDI pasa quizás por su crisis más grave desde que esta se constituyó y que tiene que ver con los temas de probidad, pero lo más profundo de esta crisis es que da cuenta de un fenómeno de mucho más larga data en la derecha que es la subordinación que históricamente ha tenido la derecha política a la derecha económica”.
Además agregó que con esta manera de operar se puede llegar a cuestionar la existencia de una participación política independiente de lo económico por parte de la derecha. Destacó que “me parece que en estos casos ha sido tal el grado de dependencia que ha quedado al descubierto, tanto por el caso Penta como por el caso Soquimich, que uno legítimamente podría preguntarse si efectivamente existe una derecha política que actúe de manera autónoma, independiente de la derecha económica, porque una cosa es representar ciertos intereses que pueden estar vinculados al pensamiento empresarial, pero otra cosa es simplemente tener un grado de convivencia que signifique que hasta el trabajo legislativo esté dictado por las grandes empresas y no desde el espacio político autónomo como debiera ser un partido político”.
“Esto se exacerbó en un nivel tal que no se observa en todas las derechas del mundo, hay otras derechas que representan un sector de la sociedad vinculado al mundo de los grandes intereses económicos, pero este grado de dependencia de la derecha chilena es inédito y cuestiona la viabilidad de un sistema político inexistente, que finalmente es una apéndice de la derecha económica”, aseguró el sociólogo.
Relación que también es cuestionada por el diputado, Fuad Chahin (DC), quien apunta a la UDI más que como representantes de un sector conservador como el brazo político del empresariado. Afirmó que “es evidente de que aquí son un grupo de grandes empresas que de alguna forma tienen con la UDI una relación que son dos caras de la misma medalla, la expresión de la derecha económica y la expresión de la derecha política más dogmática”.
El parlamentario también asegura que no son el único partido político que puede salir salpicado con estos casos y sostiene que el problema de la UDI no se acaba con la salida de Longueira.
Añadió que “esto no le llega sólo a la UDI, vemos en ellos la expresión más dramática, pero no es el único partido. La crisis no afecta sólo a uno o dos liderazgos del partido, sino que los afecta de manera bastante transversal a partir de distintos casos y eso obviamente que los sitúa en una situación bastante compleja, porque además está acompañada de una crítica permanente por parte de sus propios aliados”.
LOS HONESTOS CORONELES
Primero fue Jovino Novoa, condenado por delitos tributarios a tres años de pena remitida y al pago de una multa correspondiente al 50% de los impuestos defraudados, además de no poder ejercer ningún cargo público mientras cumpla la condena, por recibir dineros del grupo Penta.
Posteriormente fue el caso de Jaime Orpis quien tras ser investigado por el caso Corpesca -donde el senador fue tildado por el Ministerio Público como “un funcionario de la empresa Corpesca en el Senado”- renunció a la UDI para no rociarla con el escándalo en el que se vio envuelto tras recibir millonarios pagos por parte de la pesquera.
Renuncia que fue valorada por la jefatura gremialista, tomada como “un gesto humano” y destacando su labor “abnegada”, ya que se ha dedicado “íntegramente al servicio público”.
Ahora fue el turno del ex candidato presidencial, Pablo Longueira, el mismo que mantuvo una estrecha relación de amistad con el fundador de su partido, Jaime Guzmán, incluso más allá de la muerte.
Renunció a la UDI uno de sus históricos fundadores, acción que el presidenciable realizó para no perjudicar más a su partido, pero que según Ernesto Águila el daño ya se propagó.
Subrayó que “es una crisis bien profunda, porque en realidad hombres como Novoa y Longueira son dirigentes realmente históricos, son parte del ADN de la UDI, ellos han marcado la identidad del partido. Después de Jaime Guzmán son los más importantes y ambos están en una situación compleja”.
Crisis que debiera verse reflejada en los próximos comicios, añade el académico “esto se va expresar de manera importante en la disminución del peso electoral y en su peso político, ya que tienen bien poca autoridad para andar opinando de los temas más importantes, porque no se sabe si representan a sus votantes o a sus benefactores”.
OTRA LEY VICIADA
Al igual que la Ley de Pesca, la Ley del Royalty Minero también estaría aprobada bajo corrupción, situación que la Justicia aun no determina, ya que aún están recabando los documentos para llegar prontamente a la verdad.
Según los dichos del Fiscal a cargo, Pablo Gómez, quien subrayó que “nosotros tenemos antecedentes que nos dan cuenta de un posible o eventual delito de cohecho y en esos términos nosotros hemos trabajado y hemos realizado innumerables diligencias vinculadas a ese delito”.
“Si los antecedentes que estamos pidiendo nos reportan, nos dan cuenta de un delito de cohecho, no quepa ninguna duda que vamos a efectuar las acciones que la ley establece, la de formalizar a un imputado y si corresponde, acusarlo”, aseveró Gómez.
De comprobarse esta compleja situación, la diputada y jefa de la bancada del Partido comunista y la Izquierda Ciudadana (PC-IC), Karol Cariola, señala que es imperativo anular el marco legal.
Recalcó que “la Ley de Pesca justamente ha sido cuestionada por una de las razones que estamos poniendo en cuestionamiento a la Ley de Royalty Minero. Está cuestionada y nosotros pedimos su anulación. No podemos quedarnos con los brazos cruzados con una ley que se aprobó bajo estas condiciones. Tenemos que buscar mecanismos para que ese artículo en cuestión sea anulado”.
En tanto la legisladora socialista Maya Fernández insta a la revisión profunda de la norma. Dijo que “las legislaciones viciadas hay que revisarlas, lo hemos dichos en todos los tonos, tanto la ley de pesca y en este caso, siempre tiene que hacer una revisión después de conocer todos estos antecedentes y eso es lo que espera la ciudadanía que justamente se vea que pasa con estas políticas y esperar que la justicia también siga todo el proceso”.
Fuente: El Siglo
