La importancia del descuibrimiento de la trenza Contesse-Longueira mientras se discutía el proyecto de royalty minero, radica en que suministra una prueba tangible, y a esta altura, histórica, de lo que indicaba la lógica luego del caudal de evidencia acerca del financiamiento irregular de la política: las leyes en este país la dictan los grupos económicos, en virtud de la cooptación de un sector transversal de la política; aquella casta que se generó en torno a la estructura binominal diseñada por la Constitución de Pinochet, formada por casi toda la derecha y un sector considerable de la Concertación.
Sin embargo, y como lo señaló con escasa prudencia el fiscal a cargo de la investigación del caso SQM, Pablo Gómez, en el mejor de los casos, Pablo Longueira arriesga penas menores, por el hecho de que el cohecho, al igual que todas las leyes que regulan los delitos de cuello y corbata, tienen sanciones extraordinariamente leves, producto tanto de la impronta oligárquica en la forma de legislar en este país, como de esa misma cooptación.
Puede que el señor Longueira no llegue a tomar el sol a cuadritos, pero ya nadie le podrá discutir el dudoso honor de haber contribuído a desatar una tormenta política de padre y señor mío, al punto que no pocos ya andan diciendo que su depresión se reduce a una prudente retirada preventiva, mientras otros creen que todo se debe a que Jaime no lo supo aconsejar.
Fuego amigo
Los efectos colaterales de dicha tormenta detonaron con fuerza en las entrañas profundas de la derecha, al punto que el sistema mediático controlado por ella, reconoce sin ambages, «un escenario de crisis al interior de Chile Vamos».
Inmediatamente conocidas las revelaciones de los correos con que el ex gerente remite a Longueira una propuesta para modificar el proyecto del gobierno y que ésta quedara recogida en la ley aprobada por el Congreso, Renovación Nacional exigió explicaciones y medidas a sus conmilitones.
El presidente de RN, Cristián Monckeberg, comparó las acciones tomadas por su partido con militantes vinculados al caso Penta-SQM -suspendió la militancia de Alberto Cardemil y Claudio Eguiluz -, frente a la doctrina de prescindencia de la UDI:
“No hay que meter la basura bajo la alfombra. Aquí están algunos que han tomado la decisión de asumir y sancionar políticamente estos casos. Y otros que han optado por una situación distinta. Yo prefiero estar en la primera”.
Agregó:
«Vaya si no teníamos razón… Los partidos no pueden mirar al techo. Hace un año fijamos reglas de transparencia y de responsabilidad política distinta a la vía judicial, de hacernos cargo políticamente de las ilegalidades. Frente a este tipo de situaciones hay dos caminos: O echar la mugre bajo la alfombra o tomar medidas».
El senador Manuel José Ossandón escaló un peldaño del debate al sugerir que de no haber un cambio de actitud, RN debería evaluar su permanencia en el bloque:
“Chile Vamos tiene que obligar a la UDI a tomar medidas sobre los implicados y de no tomarlas, Renovación Nacional tiene que evaluar su permanencia en la coalición”.
El presidente de Evópoli, Felipe Kast, se unió al coro que pide transparencia.
“Tal como lo planteamos antes, nos parece que los antecedentes conocidos entre SQM y Longueira requieren ser abordados con total transparencia y de frente a la ciudadanía. Es la única forma de devolverle la credibilidad a la política”.
En lugar de allanarse a dar explicaciones, el presidente de la UDI; senador Hernán Larraín, refutó los emplazamientos de sus aliados políticos:
“He podido apreciar, incluso a destacados dirigentes de RN, que desde la superioridad moral determinan lo que nosotros tenemos que hacer. Creo que en esas materias he aprendido a actuar con mucha humildad, a no dar pautas a nadie, a no decirle a otros lo que tienen que hacer, porque estas son materias muy delicadas, particularmente cuando se trata del honor de las personas”.
Consultado por su propia opinión respecto a la acusación y a la posible culpabilidad del ex ministro, Larraín respondió:
«Yo, personalmente, de estos hechos no tenía ningún antecedente, y mal puedo decir que no tiene ninguna responsabilidad o que es culpable.
Larraín señaló que aún no ha hablado personalmente con el ex líder UDI, pero dijo saber, por sus cercanos, que «ciertamente está afectado». y «está considerando hablar» ante la ciudadanía, algo que él espera que haga, puesto que «tiene derecho a una defensa y a no ser condenado sin ser oído».
Larraín evitó respaldar a Longueira, marcó cierta diferencia respecto a la postura que ha tomado frente a otras investigaciones judiciales que han afectado a militantes del partido, como Jovino Novoa y Jaime Orpis, y lo llamó a aclarar sus vínculos con SQM:
«Dado el impacto público de la información de ciertos hechos, le he pedido a la defensa de Longueira que tenga a bien dar una aclaración pública sobre los hechos. El país se lo merece”.
Los diputados José Antonio Kast y Jaime Bellolio habían hecho un emplazamiento similar.
Trascendió que Longueira tomó la decisión de entregar su versión de los hechos en un plazo máximo de 48 horas.
El fiscal a cargo del caso SQM, Pablo Gómez, confirmó que uno de los delitos que persigue en torno a las vinculación de Longueira con la minera no metálica, es la figura del cohecho, a partir del pago de cerca de $730 millones de parte de la minera a personas vinculadas al también ex candidato presidencial.
La tramitación de la Ley de Royalty
La Ley 20.469, que introdujo modificaciones a la Tributación Específica de la Actividad Minera, y que contiene un artículo transitorio prácticamente idéntico al de un texto enviado por el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, al entonces senador Pablo Longueira, tuvo un accidentado camino en el Congreso.
El origen de ello estuvo en el intento fallido del Gobierno de Sebastián Piñera de introducir un mini royalty en la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción (Ley 20.455) durante el primer semestre de 2010, lo que fue resistido en un inicio por los parlamentarios de la Concertación de la época y finalmente quedó fuera de la ley que se aprobó el 14 de julio de ese año.
Sin embargo, en medio de la expectación por el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José de Atacama, la administración Piñera volvió a la carga para conseguir los 1.000 millones de dólares adicionales que necesitaba para los trabajos en las zonas afectadas por el 27 F.
Lo hizo el 31 de agosto de ese año con un proyecto que nuevamente generó dudas entre los parlamentarios concertacionistas, quienes criticaban a viva voz ampliar por más años el beneficio de invariabilidad tributaria (que mantenía tasas fijas de impuesto) para las empresas mineras y la mantención del Decreto Ley nº 600 de 1974, sobre estatuto de la inversión extranjera.
Durante la discusión, los diputados de la Concertación plantearon sus reparos tanto en la Comisión de Hacienda como en la sala de la Cámara. El Gobierno, por su parte, defendió el proyecto señalando que la extensión de la invariabilidad tributaria que pretendían era simplemente respecto de aquellas empresas que gozaban de este beneficio y sólo porque se requiere lograr un cambio voluntario de su situación tributaria.
Durante el debate, se discutió latamente sobre el tema de la invariabilidad tributaria y sobre la posibilidad de retirar recursos vía Fondo Reservado del Cobre y no como se proponía en el proyecto.
Además, se reiteró la intención de hacer un proyecto más largo sobre Royalty y también se planteó la idea de derogar el Decreto 600, que daba pie al beneficio para empresas extranjeras a las que SQM quería optar.
“La extensión de la invariabilidad tributaria es el único beneficio atractivo que se vislumbra para producir la aceptación del nuevo régimen por parte de las empresas mineras”, dijo entonces el ex ministro Felipe Larraín.
“Como lo expresamos en la discusión del primer proyecto, que no estamos por la invariabilidad, porque perjudica a Chile. Creemos que no corresponde y es una muy mala solución. El Gobierno del Presidente Piñera no asume con rigor la seriedad de lo que se está debatiendo. El proyecto es igual al que se presentó o del que se habló en la Comisión Mixta. Señala que necesita mil millones de dólares para la reconstrucción y propone un régimen tributario con invariabilidad hasta 2025 o más. Una visión estrecha del nuevo trato del cobre que requiere Chile. Obtenemos algo a corto plazo, sacrificando espacios de desarrollo del país y de las regiones”, señaló a su vez, durante su intervención en sala, el entonces diputado Carlos Montes.
Las críticas se repitieron de un lado a otro en el hemiciclo, pero finalmente el proyecto del Gobierno se impuso sin mayores cambios y se aprobó el 15 de septiembre de 2010 en la Cámara de Diputados por 57 votos a favor y 54 en contra. Y el artículo cuarto transitorio, redactado de manera prácticamente textual a como se la había enviado Contesse a Longueira un mes antes, no tuvo variaciones.
El protocolo de acuerdo
En el Senado el debate generó una negociación política más dura, y se resolvió previo un “Protocolo de Acuerdo” político firmado por todos los integrantes de la comisión de Hacienda del Senado: Evelyn Matthei, José García Ruminot, Camilo Escalona, Ricardo Lagos Weber y Andrés Zaldívar.
Pero además, según fuentes que participaron en la negociación, el acuerdo contó también con la participación del entonces senador Pablo Longueira; del ahora ministro de Defensa, José Antonio Gómez; y del senador Eduardo Frei. De hecho, en distintas casas, fuera del Parlamento, se habrían llevado a cabo algunas reuniones para llegar al acuerdo, según recuerdan algunos parlamentarios que estuvieron presentes en ellas.
En sala, la discusión volvió a tocar sobre los años de inavariabilidad tributaria y la mantención del Decreto Ley 600. Pero el Gobierno salió nuevamente a defenderlo. En una de esas oportunidades, el senador Ricardo Lagos Weber señaló que “el principal reparo al proyecto del Ejecutivo estriba en que pareciera que los ocho años de invariabilidad tributaria que el Estado de Chile otorga a cambio de obtener US$ 1.000 millones extra, constituyen un precio excesivo a pagar. En consecuencia, lo que debiera hacerse es arribar a un esquema más ambicioso de recaudación que, por cierto, no surta el indeseado efecto de desincentivar la inversión”.
Entonces, el ex ministro de Minería Laurence Golborne reiteró que se debía cuidar la competitividad del país no subiendo tanto el porcentaje de impuesto y aseguró que para que las empresas mineras se sumen al nuevo régimen impositivo “se les debe ofrecer algo conveniente a cambio”.
Finalmente, tras las negociaciones entre el Ejecutivo y la Concertación, el acuerdo rebajó los años extras de invariabilidad tributaria, de 8 a 6 años, y se acordó una escala para el régimen general de Impuesto Específico a la Minería (EIM) que parte fluctúa entre el 5% y el 14% según el margen operacional de las empresas.
Además, se acordó crear una Comisión para estudiar la modernización del DL 600, integrada por 9 miembros especialistas en el tema -que debía emitir un informe en el plazo de 90 días- y el establecimiento de un Fondo de Inversión y Reconversión Regional de carácter permanente que recibiría aportes anuales por US$100 millones durante los próximos cuatro años, y después conforme lo establezca la Ley de Presupuestos.
En conversación con este medio, algunos senadores que participaron en esa negociación señalan que tanto el Fondo Regional como la modificación de la invariabilidad tributaria fue lo que inclinó la balanza para despachar y aprobar el proyecto de ley.
De esa forma, el 12 de octubre de 2010, con algunos incidentes en las tribunas que obligaron a suspender la sesión y desalojar al público presente, la sala debatió y votó el proyecto en segundo trámite. En esa oportunidad, Pablo Longueira dio un discurso agradeciendo a todos quienes habían intervenido para llegar a tal acuerdo.
“En verdad, votaré con el mayor de los agrados a favor de un acuerdo de esta envergadura, porque muestra la capacidad de un país de cambiar en la medida en que lo hacen los tiempos y de captar mayores recursos desde un sector muy importante”, señaló ese día.
Lo que en realidad muestra esta negociación es la especial propensión de la casta política binominal a votar proyectos que van en directo beneficio de las rentas del capital y los intereses del sector del Gran Empresariado, integrado por los grupos económicos chilenos y el capital transnacional, los únicos ganadores de todo este intríngulis. En efecto, a los catorce años de invariavilidad tributaria cedida generosamente el por Gobierno de Lagos, en el mal llamado royalty II, sumaron otros seis casi de rebote, gracias a la trenza Contresse-Longueira.
Ministro Díaz: Son antecedentes graves
El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, dijo en radio Cooperativa que la revelación de que el ex senador UDI Pablo Longueira haya presentado una indicación para el proyecto de royalty minero redactada por SQM, constituye una antecedente «grave».
El ministro vocero de Gobierno manifestó:
«Efectivamente, son antecedentes graves, delicados; tanto así que gatillaron que el fiscal señalara que a partir de ellos había iniciado una investigación por el delito de cohecho».
«Es un delito bastante grave, pero como siempre -y aquí no hay ningún cambio en la doctrina- más allá de la calificación de la gravedad de la información que conocimos, lo que tenemos que hacer es esperar el resultado de la investigación, porque ni los parlamentarios ni el Gobierno somos jueces», sostuvo Díaz.
Consultado respecto a si se plantea revisar la ley del royalty minero, respondió:
«Se planteó un debate, lo planteó un senador y seguramente vamos a escuchar a otras voces en esa perspectiva, pero me parece a mí que es aventurado especular sobre esas materias en medio de una investigación que lleva a cabo un fiscal del Ministerio Público».
Ministra Rincón: «Longueira engañó a sus colegas»
La ministra del Trabajo, Ximena Rincón (DC), calificó como «muy triste» el hecho de que el ex senador UDI Pablo Longueira haya presentado una indicación para el proyecto de royalty minero que había sido redactada por SQM.
La ex parlamentaria aseguró que se «enteró por la prensa» de los hechos, tras lo cual José Antonio Kast (UDI) le pidió explicaciones públicas debido a que ella votó a favor del proyecto cuando era senadora:
«Lo dije hoy día y algunas personas en las redes han hecho mofa de esto, yo pediría un poco más de seriedad. créanme que si hubiese tenido alguna bola de cristal para saber las negociaciones que se hacían en cuartos oscuros y no a la vista de todo el mundo, hubiese tenido una actitud no sólo de rechazo, sino que de denuncia. No tenía cómo saber que aquí había un engaño. Me parece muy triste, de ser efectivo, que el ex senador haya abusado de la buena fe de sus colegas y se haya permitido una votación de esta naturaleza».
Penas «bastante bajas»
Consultado específicamente por los últimos antecedentes respecto al vínculo de Pablo Longueira con SQM, Pablo Gómez, el fiscal que dirige la investigación del caso SQM, explicó que desde «mediados de enero» están trabajando en el análisis de «las comunicaciones», los mails, y «ya en febrero empezamos a hacer diligencias específicas en torno a una figura delictiva de cohecho».
«Entendíamos que del contenido de los correos -uno de los cuales entregó ayer Ciper Chile- ya daba cuenta que podía iniciarse una investigación».
No obstante, «los correos por sí solos no constituyen o no nos permiten acreditar el delito de cohecho. Si yo llevara a un juicio solamente como prueba los correos electrónicos, lo más probable es que absuelvan», explicó.
«Evidentemente nosotros no hacemos las cosas a través de la prensa, pero estamos requiriendo a diversos organismos mucha información y esperamos que nos sea remitida a la prontitud posible para poder tomar decisiones jurídicas», agregó.
«Las penas del delito de cohecho que están en el Código Penal son de bastante baja intensidad. La pena de cohecho es de reclusión menor en su grado mínimo, más la suspensión del cargo, una multa muy pequeña también», añadió Gómez al ser consultado por un escenario teórico en el cual el ex candidato presidencial de la Alianza pudiera ser procesado y condenado.
Tal parece que olvidó que la concurrencia de dos delitos, en este caso delito tributario y cohecho, agrava las penas y reduce las atenuantes.
En consecuencia, el tema de las penas, mejor dejárselo al tribunal.
Para concluir, y a modo de yapa o de bonus track, un clásico del marketing político y la hipocrecía: 42 razones para votar por Longueira, que a él mismo le debe estar produciendo vergüenza:
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