Durante los últimos meses se repiten en el debate público, a partir de la actual situación de seguridad ciudadana, propuestas que apuntan a incrementar las penas aplicables a determinados delitos, configurar otros y asegurar que quienes sean condenados a penas privativas de libertad las cumplan de manera efectiva.
En este contexto es necesario recordar las condiciones que vive nuestro sistema penitenciario y los enormes desafíos que esta realidad nos presenta. Entre los problemas más apremiantes están la sobrepoblación y el hacinamiento: de acuerdo con cifras de Gendarmería de Chile, los internos e internas en sistema cerrado llegaron a 54.678 en agosto del presente año, lo que significa un 14% más que en el mismo mes del año anterior.
Datos como este revelan que la capacidad total de las cárceles chilenas ha sido ampliamente superada, lo que plantea interrogantes sobre las condiciones de vida de los reclusos y sus posibilidades de reinserción.
El sistema judicial desempeña un papel importante en la situación penitenciaria. En este plano, la Defensoría Penal Pública ha insistido en alertar sobre el abuso en la aplicación de la prisión preventiva, que en la práctica opera como una pena anticipada, desnaturalizando su rol como medida cautelar excepcional. Así, del total de personas representadas por la Defensoría que estuvieron en prisión preventiva durante 2022, solo un 27% finalmente recibió penas privativas de libertad.
Diversos estudios han demostrado las graves deficiencias del sistema penitenciario chileno, especialmente en cuanto a la infraestructura y la sobrepoblación carcelaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se ha pronunciado sobre los efectos derivados de esta situación, entre ellos, el aumento en los niveles de violencia al interior de los penales.
A medida que las cárceles del país se llenan y los internos enfrentan condiciones deplorables, dicha violencia no solo se registra entre los propios privados de libertad: también presenta una manifestación institucional a través de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Frente a esto, el Estado se encuentra obligado a redoblar los esfuerzos para prevenir y sancionar la violencia institucional carcelaria, resguardando los derechos de quienes están privados de libertad.
En este contexto, es importante destacar el avance representado por el establecimiento del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI), implementado por la Defensoría Penal Pública en 2022. Esta iniciativa apunta a fortalecer el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad que hayan sufrido agresiones, apremios ilegítimos o vulneraciones por parte de los agentes del Estado que los custodian.
SIRCAIVI permite brindar una respuesta integral a los casos de violencia institucional, sobre la base de entregar a los afectados asistencia jurídica, psicosocial y de salud. También contempla el establecimiento de una mesa de trabajo interinstitucional que acelere el llevar a la práctica las respuestas integrales que requiere cada situación.
Existe un antecedente preocupante: desde la puesta en marcha de este sistema se han registrado 305 casos de abusos a nivel nacional, lo que sin duda significa una alerta sobre las situaciones de violencia que se viven hoy dentro de las cárceles.
En Chile, la violencia institucional carcelaria es una realidad que no podemos ignorar. Como sistema de justicia penal debemos enfrentar este problema, instando a un uso racional de las medidas privativas de libertad. La lucha contra la violencia en las cárceles no es sino una lucha por la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a quienes permanecen recluidos en los recintos penitenciarios.
(*) Defensora Regional Metropolitana Norte
