El 11 de julio pasado, se cumplieron 50 años desde que la unanimidad del Congreso Pleno aprobó la Ley 17.450, de Reforma Constitucional, que nacionalizó la gran minería del cobre y consagró la soberanía nacional sobre sus principales recursos naturales, entre ellos el carbón, el hierro y el salitre.
Sin embargo, no hay nada para celebrar.
Por el contrario, desde este estrado condenamos el mayor crimen contra el interés nacional, la desnacionalización de la gran minería del cobre, y denunciamos la nefasta y servil política chilena del cobre, desde la dictadura hasta hoy.
Desde esa fecha, hasta diciembre de 2022, Codelco ha aportado beneficios netos por US$126 mil millones, por lejos, el mejor negocio de Chile.
A contramano, en la década 1990-2000; el efecto combinado del menor precio del cobre, debido a:
a): la sobreproducción impulsada desde Chile con la indiscriminada entrega de grandes yacimientos al capital privado, principalmente transnacional;
b): la evasión tributaria y otras formas de ocultar utilidades y eludir el pago de la renta que practican estas compañías, y
c): el tipo de producción que se les permite, mayoritariamente concentrados de cobre, generó pérdidas para el país por US$20 mil unos US$150 mil millones al cambio de hoy, mientras que las utilidades de las GMP10 crecieron 22,9 veces; o sea, ganancias sobre el 200% de la inversión. . .
El saqueo empezó en los gobiernos de la concertación. Las garantías estaban desde los decretos de José Piñera, pero solo en el el gobierno de Aylwin, las transnacionales encontraron las necesarias «confianzas» políticas para dejarse caer en masa sobre el país. .
En el decenio 2010-2020, la recaudación de la minería del cobre en Chile ascendió a US$108 mil millones. Antes de esa fecha, las transnacionales se acogieron a la depreciación acelerada, franquicia que les aseguró una década de exención tributaria. Hasta entonces, solo pagaba impuestos La Escondida.
Con dos tercios de la producción, las GMP10 tributaron US$46 mil millones, 42% de la renta del cobre, mientras Codelco, con un tercio, entregó excedentes por US$ 62,7 mil millones; el 58% de la misma.
Vamos a ver varios prodigios como éste, invariablemente en contra de Chile.
En el período, los costos de Codelco crecieron un 268%, contra 199% de las GMP10, debido a los menores costos de la exportación de concentrados, que a su vez son refinados en el extranjero, por empresas relacionadas, que se embolsan lo que renuncia Chile.
Es tan absurda la política del Estado con su principal recurso, que en 2022, la minería privada del litio, incluyendo litio, yodo, potasio y derivados, produjo 1,7 millones de toneladas (27%), exportó US$1.608 .800 millones (2,7%) y tributó US$5 mil millones, (39%).
Las GMP10 produjeron 4 millones de toneladas (54%); exportaron US$ 35.600 millones (66,6%) y tributaron US$4.5 mil millones (35,1%).
Codelco produjo 1.7 millones de toneladas (27%); exportó US$17.800 milones (33%) tributó US$3.3 mil millones (25,7%); en rigor, una declinación estructural.
Esto obedeció, en parte al alto precio del litio, pero esencialmente a las negociaciones que sostuvo el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, con SQM y Albemarle, las dos empresas privadas que explotan litio en Chile, en las postrimerías del gobierno Bachelet II.
La gestión de Bitrán incrementó la contribución del litio por tres vías: los contratos de arrendamiento de las pertenencias, el impuesto a la renta y el impuesto específico a la minería, lo cual determinó una carga impositiva del orden del 40%.
Es cierto que aumentó la participación nacional en la renta del litio, pero en la coyuntura de 2016, con demandas contra SQM y Albemarle por grave y reiterado incumplimiento de contratos; con el telón de fondo del escándalo de las platas políticas y la inminente renegociación de los contratos, Bitrán optó por mantener el ambiguo resquicio de los Contratos Especiales de Operación, CEOLS, el epítome de la privatización del litio.
Es tan bueno el negocio, que en lugar de irse, como predica el lobby privatizador, aprovecharon lo reservado de las negociaciones para firmar, aliviados, los contratos que mantienen su presencia en la actividad extractivista de litio, en el delicado equilibrio del salar de Atacama, por otros quince y veinticinco años, respectivamente, por cierto renovables.
El otro camino era cumplir el mandato constitucional de la inconcesibilidad del litio, y por consiguiente, cancelar los contratos de SQM y Albemarle, y constituir, sin más, la Empresa Nacional del Litio.
El coro griego del lobby privatizador celebró el incremento del aporte de la minería privada del litio, lo cual, aleluya, es cierto.
Pero olvidan el anverso de la ecuación: la fuga de los excedentes del cobre y el litio, en forma de amortizaciones, utilidades e intereses. tanto más sensible, cuanto se trata de recursos no renovables, por los cuales las GMP10 no pagan un solo dólar por «externalidades negativas», sean costos ambientales o sociales, que en sus países de origen saldan sin chistar.
Omiten que la presencia de capital transnacional es innecesaria, como ha demostrado Codelco, y que el país tiene los recursos económicos y técnicos suficientes, así como la capacidad de endeudamiento, como para aprender de los errores del salitre y el cobre, y desarrollar la industrialización del litio.
En cambio, nunca debemos olvidar que cada dólar remesado al país de origen, en Chile deja de gastarse en apremiantes necesidades de desarrollo e impaciente demanda social del verdadero dueño de los recurso; esto es, cada uno de nosotros.
Por ahora, dejo hasta acá el litio, y me enfoco en el cobre.
La arquitectura legal de la desnacionalización del Cobre la inició la Ley 18.097 de 1982, redactada por José Piñera Echeñique, complementada por el nuevo Código de Minería, promulgado el 26 de septiembre de 1983.
Elaborada en secreto y aprobada por el singular parlamento de cuatro militares elegidos por nadie, esta legislación abrió la explotación de los grandes minerales de cobre al capital foráneo, con la excepción de los yacimientos de reposición de Codelco.
Para reparar el «error» de la propia Constitución de 1980, que mantuvo el “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” del Estado sobre los yacimientos mineros, Piñera introdujo las alambicadas categorías jurídicas de la “concesión plena” y la “indemnización completa”.
Por el mero pago de una patente, el capital transnacional obtiene una concesión sin plazo de término, irrevocable y exenta de todo control de parte del Estado.
En caso de expropiación, la indemnización completa establece que el Estado deberá hacerse cargo de “la totalidad del daño patrimonial efectivamente causado, equivalente al valor presente de los futuros flujos de caja que ella pueda generar”.
Esto significa que el Estado debe pagar anticipadamente el valor total del yacimiento hasta su extinción.
A modo de ejemplo, US$700 millones de indemnización pagados a la Anaconda Copper, la Braden Copper y la Kennecott Copper por los yacimientos expropiados en 1971, habrían ascendido a US$450 mil millones al día de hoy, o sea, una vez y media el PIB.
Con las modificaciones al Decreto Ley 600 del 5 de septiembre 1993, y la Ley 19.137, del 12 de mayo de 1992, la concertación convalidó y aún perfeccionó las garantías para atraer capital transnacional a la gran minería del cobre.
El primero, trocó el denominado Estatuto de Inversión Extranjera, promulgado por la dictadura en 1974, por treinta años de invariablidad tributaria.
La segunda facultó a Codelco para asociarse con terceros, lo que hizo en 1994 con la venta del 51% accionario del mineral de El Abra a la compañía Cyprus Amax, entonces perteneciente al Consorcio Phelps Dodge.
La más efectiva de esas legislaciones, para atraer capital transnacional, es la Ley 18.985, de junio de 1990.
Su objetivo apuntaba a acrecer los ingresos fiscales mediante el aumento del IVA de 15 a 18%, presentado entonces como transitorio, e incrementar el impuesto de primera categoría a las empresas, de 10 a 15%, que se pagaría sobre la base de utilidades devengadas en lugar de utilidades retiradas.
En paralelo, a sotto vocce, esta ley eximió del impuesto a la renta la venta de pertenencias mineras, creó el costo de pertenencia, que puede ser cargado como gasto y, cambió la tributación de la Gran Minería desde renta presunta a renta efectiva, que paga tributación sobre las utilidades, todo lo cual desencadenó el festival de elusión y evasión tributaria, del que daremos algún detalle.
El mecanismo más utilizado por las GMP10 es el de los precios de transferencia; esto es, comercio intra-firmas, que al no tener un valor de mercado, como los concentrados de cobre, permite el desplazamiento de utilidades desde filiales en países de mayor carga tributaria, hacia paraísos financieros, sin carga tributaria ni control alguno.
También existen precios de transferencia cuando una minera instalada en Chile compra equipamiento y bienes de capital a una empresa relacionada en el extranjero, a precios superiores al mercado, con lo que aumenta el volumen de sus gastos, reduce impuestos y transfiere utilidades a los países de origen.
Todavía peor, si cabe, nunca sabremos el total de la expoliación del capital transnacional, puesto que los embarques parten casi sin control debido a que el SII y Aduanas aducen incapacidad de personal para fiscalizarlos.
El empeño de restituir el sueldo de Chile al capital transnacional todavía no ha sido capaz de desbancar el visionario legado del Presidente Salvador Allende, o sea, privatizar Codelco, lo cual no significa que no seguirán intentándolo.
En esa tarea, el discurso neoliberal confunde el monto global de las exportaciones de cobre desde Chile, con los ingresos netos para el país.
No, señor. En la gran minería del cobre hay dos sectores bien diferenciados.
El sector público, Codelco y Enami, entrega no sólo la tributación minera, sino todos sus excedentes, al Estado. El sector privado, especialmente las GMP10, que venden más de 50 mil toneladas al año, tributan una tercera parte de Codelco y envían sus excedentes al extranjero, por cuenta de amortización de capital, utilidades e intereses.
Surge la pregunta: ¿cuál es el negocio para Chile?
Al entregar cifras brutas, sin desagregar, omite consecuencias, distorsiones y efectos lesivos para el interés del país, como los siguientes:
Mientras la exportación de cobre chileno entre 1995 y 1999 creció de 2.4 a 4.2 millones deTM (+76%), el valor total de esas exportaciones se redujo de US$6.4 mil millones a 5.8 (-8.5%)
En el mismo período Codelco aumentó su producción desde 1,17 a 1,62 millones de TM (+38.6%), pero el valor de sus ventas bajó de US$3. 9 a US$2.8 millones
(-26.5%), y sus aportes al fisco se redujeron de US$1.735 millones a US$269 millones (-84.5%), como consecuencia de la baja del precio del cobre, gatillada por la sobreproducción impulsada desde Chile, a medida que entraron en operación los grandes yacimientos privados.
Mayor producción, menor recaudación. ¿ dónde está la lógica?
En la década 1990-2000, el flujo neto de la economía es decir la diferencia entre la inversión ingresada y las remesas enviadas al exterior por concepto de amortización, utilidades e intereses, fue de US$4.869 millones.
Sin embargo, por una simple cuestión de oferta y demanda esa sobreproducción desplomó el precio del cobre, lo cual ocasionó pérdidas para el país de US$8.810 millones.
Eso, sin perjuicio del síndrome holandés consistente en la baja del precio del dólar, a consecuencia de su abundancia, lo cual perjudica a otros sectores de la economía, como los productores nacionales y la importación de bienes de capital.
Es decir, en este modelo, al país le va mal hasta cuando a la economía le va bien.
Lo que sigue es de expresa gravedad.
Al año 2000, la exportación de concentrados representó el 38% de las exportaciones mineras, el 84% de las cuales correspondió a las cuatro mayores compañías privadas.
La tendencia a exportar concentrados se ha incrementado a ritmo acelerado, no sólo en las GMP10, sino también Codelco.
En el año 2000, Chile era el país con mayor capacidad de fundición, con cerca de 1,59 millones de tons anuales, equivalente al 14,5% del total mundial, seguido por Japón y China con 1,55 (14,2%) y 1,07 (9,8%) millones de tons, respectivamente.
A 2020 la situación era diametralmente opuesta. China aumentó su capacidad de fundición a. 7.560 millones de tons, equivalente al 37,4% del total global, mientras Chile disminuyó a 1.260 millones, con un decrecimiento de un 1% anual.
En 2021, el 57,5% de la producción de cobre de Chile correspondió a concentrados. Conforme a las proyecciones, esa proporción aumentará al 89,5%, en 2030.
Por cada tonelada de concentrado que sale de Chile, sea de Codelco o las GMP10, se fuga un un flujo indetectable pero ininterrumpido de valor proveniente de subproductos de alto precio comercial, en particular el molibdeno, pero también oro, plata, y renio, entre otros.
Esa riqueza Chile se la regala al capital transnacional, que refina en empresas relacionadas. El economista Manuel Riesco, ha demostrado que las GMP10 ganan más con la refinación de subproductos en filiales en el extranjero, que por la producción de concentrados de cobre en Chile.
¿Cuál es la racionalidad económica de semejante disparate?
Sin embargo, no es cuestión de números
Sin fundición de cobre en Chile, es imposible desarrollar una industria manufacturera.
La historia muestra que los países desarrollados solo han llegado a serlo a partir de una fuerte industria manufacturera. Abdicar de la industria manufacturera equivale a hipotecar el desarrollo.
Peor aún, al entregar su principal riqueza al capital transnacional, Chile renuncia a su capacidad de formador de precios, lo cual es natural, dada su participación en el mercado, para transformarse en un mero tomador de precios, que se fijan en mercados dominados por las transnacionales, competidoras de Codelco.
Para decirlo de otra forma, Codelco y las GMP10 producen algo más de 5 millones 500 mil toneladas de cobre, al año.
Si Chile fuera dueño de su cobre, como estableció una reforma constitucional votada unánimemente en el parlamento, podría producir dos millones, y no sólo doblar el ingreso de divisas, consecuencia del mayor precio, sino que reduciría el costo ambiental a la mitad.
¿Por qué los «expertos» ignoran, o simulan ignorar estas elementales nociones de economía?
Esta política prosigue con el actual gobierno. En junio de 2022 anunció con pompa y circunstancia el cierre de la Fundición Ventanas, en nombre de la descontaminación de la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví.
Pero debajo de la algarada por un par de puntos en las encuestas, se esconden antecedentes impresentables.
De las quince grandes empresas que contaminan la bahía de Quintero solo Ventanas ha invertido de US$160 millones en los últimos cinco años, en tecnología descontaminante, con lo que ha logrado un 95% de captura de emisiones, y reducido en 32% las emisiones de azufre, en 43% las de arsénico y en 82% las de material particulado.
Con otros US$50 de inversión, la operación de la fundición quedaría en estándares ambientalmente permitidos. Codelco aduce no tenerlos, pero, nuevamente no es problema de números, sino de visión estratégica.
El costo de cierre de Ventanas, de US$150 millones, sumado a los US$160 millones invertidos en descontaminación, da un neto de US$310 millones misma cantidad que ha invertido Aurubis, la segunda mayor fundición de cobre de Europa, y el mayor reciclador de metales del mundo, instalada en el centro de Hamburgo, una de las ciudades con los estándares ambientales más exigentes de la Unión Europea.
O sea, no es que falten recursos. Lo que hay es una miopía provinciana, una desidia irresponsable y un rentismo facilón en la gestión de recursos que en último término, son de nosotros, los chilenos.
Lo que falta es una política nacional del cobre, fundamento de una estrategia de desarrollo industrial, tal como lo previó Allende.
Resultado neto: efecto descontaminador irrelevante; despilfarro de US$300 millones, y un nuevo retroceso en la capacidad de fundición en Chile.
¿No era más barato e inteligente en invertir esos US$50 millones en descontaminación de Ventanas, que cerrarla? .
La venta de la mina La Disputada de Las Condes, de Exxon Mobil a Anglo American, por un valor de US$1.300 millones, en junio de 2002, dejó en evidencia el saqueo que hasta entonces se había logrado ocultar.
La compró en US$97 millones a Enami, en 1978. Desde entonces, no pagó un sólo dólar en impuestos, mediante el expediente de declarar pérdidas operacionales, para lo que abusó de los subterfugios mencionados precedentemente.
Con el fin de evitar el tributo a la transacción, equivalentes a unos US$300 millones, pretendió hacerla en el paraíso financiero de las islas Caimán, en medio de un gran escándalo.
A través de esos intrincados e incontrolables mecanismos de evasión, pretextó pérdidas operacionales entre 1995 y 1998, tales, que Exxon no sólo no pagó impuestos, sino que se le devolvieron US$7.5 mil millones.
Según datos de la BCN, entre los años 2010 y 2016 la minería privada se embolsó utilidades por US$54 mil millones; mientras que pagó impuestos por US$14.600 millones, 27%; y US$2.1 millones, 3,8%, por el impuesto específico.
¿Se fijan que hasta aquí, invariablemente ha ganado visita, y por paliza?.
Un estudio de los investigadores de la Universidad de Chile, Gino Sturla y Ramón López, demuestra que la riqueza regalada a la GMP10 alcanza un valor piso de US$114 mil millones, entre 2005 y 2014.
Concluyen:
«El hecho de que Chile sea incapaz de recuperar estas enormes rentas para todos los chilenos se debe, en gran parte, a la falta de información de la ciudadanía sobre la magnitud de las pérdidas ocasionadas por la reticencia de las autoridades políticas y económicas a desarrollar los mecanismos necesarios para captar estas rentas».
Todos los aspectos analizados conducen a la misma conclusión:
Lo que Chile ha perdido por la desnacionalización del cobre, equivale, aproximadamente, a lo que ha aportado Codelco desde su creación, alrededor de US$150 mil millones, esto es, una cifra cercana a la mitad del Producto Interno Bruto del año 2021.
Eso, respecto a los balances que presentan las GMP10, que, como sabemos, carecen de control. La fuga de divisas indetectable, precisamente por esa falta de control, debe alcanzar, fácilmente, dos veces esas cantidad.
Y lo que ha dejado de ganar Chile, por la renuncia a la política de industrialización, y el retorno al modelo primario exportador de concentrados de cobre, debe superarla holgadamente en más de tres veces.
Se trata de montos estratosféricos, que pueden cambiar el rumbo de la economía del país. El royalty de macetero aprobado recientemente por el Congreso, no va, precisamente, en esa dirección.
De ese saqueo estructural la prensa no habla, mientras agobia diariamente a los chilenos con la delincuencia común, consecuencia de un modelo economico que no da trabajo, o lo hace muy por debajo de su valor.
En cambio, el lobby privatizador repite como un mantra que la gran Minería del cobre proporciona trabajo.
El año 2021, el personal ocupado en minería, ascendió a 275.575 personas.
Es decir, la industria minera, que aporta el 8,2% del producto, proporciona el 2,7% de la ocupación del país. .
De esa masa laboral, 67.534 personas el 24,51% de la dotación, era personal propio, mientras que 208.041, el 75,49%, correspondía a trabajadores suministrados por empresas contratistas, ejemplo descarado de precarización laboral, en la mayor industria del país.
¿De qué clase de desarrollo estamos hablando?
Así, el visionario legado del Presidente Allende, ha sido revertido y desnaturalizado, en nombre de la apertura de los mercados y de la libre circulación del capital.
Lamentablemente, al igual que en el caso del salitre, el país perdió la renta del cobre.
Lo que se fue, no vuelve, y lo que queda, se calcula entre treinta y cincuenta años. Como sea, esta izquierda extremadamente balcanizada y desdibujada, está lejos de la correlación necesaria para recuperar el cobre para Chile.,
A modo de ejemplo, la fallida Convención Constitucional rechazó la renacionalización del cobre y los recursos naturales, con los votos de la derecha, la concertación, el «socialismo democrático» y el Frente Amplio.
Tampoco soy optimista con el litio, a partir de las siguientes declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de la nueva política nacional del litio, anunciada por el gobierno:
«Esta estrategia plantea la posibilidad de ampliar la industria, incorporar nuevos actores en asociación con el sector público a través de otras modalidades distintas de las que han operado hasta ahora. Es decir, ya tenemos un mecanismo de cooperación público privado a través de los Contratos Especiales de Operación, . que ciertamente, se respetarán. Ahora existirán a través de joint venture con una empresa pública, en lo inmediato con Codelco y más adelante con la Empresa Nacional del Litio. Entonces mirado desde el punto de vista del sector privado, se amplían las posibilidades, no se estrechan».
A confesión de partes, relevo de pruebas. O sea, más de lo mismo.
Estos antecedentes demuestran que la conmemoración del primer cincuentenario del Proyecto Nacional de Desarrollo, lejos de una nostálgica evocación del pasado, es una imperativa tarea de futuro, de palpitante actualidad.
Nada cabe esperar de la casta política, la fonda empresarial y el alto funcionariado público, inficionados de neoliberalismo. En consecuencia, la defensa de el inmenso legado del entrañable compañero presidente queda en manos de la sociedad civil, como nosotros.
Por tanto, propongo a esta asamblea que exijamos del gobierno regional, la presencia de algúna autoridad, o el funcionario que designe, para que explique a rostro descubierto la política nacional del litio, y nos aclare las ventajas de seguir metiendo por la ventana, al capital privado en la explotación del litio.
Debemos decirlo fuerte y claro:
¡Nunca una maniobra privatizadora en nuestro nombre!.
Muchas gracias.
(*) Ponencia del autor, presentada en la Sala de Actos de la Cruz Roja, el 11 de julio de 2023, en el contexto del programa de actividades realizado por la Mesa Comunal Ancud por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.
