Una Mirada a la Coyuntura: Después del Plebiscito

Una atmósfera crispada, enrarecida y oscura, en la que competían una épica a mal traer, una comedia tartufesca y la meta realidad, prevalecía al inicio de la semana previa al plebiscito del 4 de septiembre.

Las encuestas le daban ventaja al rechazo entre siete y 16 puntos porcentuales, salvo el algoritmo desarrollado por Espacio Político, que predecía un empate técnico: 49,17% apruebo y 50,83% rechazo.

El abuso de las encuestas, multiplicado por la industria mediática, es uno de los factores que sitúa el acontecimiento en el dominio de la meta realidad, tema con mayor desarrollo, más adelante.

Un episodio en clave de comedia, es la capitulación del gobierno y la clase política, que se pusieron a negociar lo que se moviera con la derecha, de forma que se dan absurdos tales como que después de 42 años de impenetrabilidad, se pasa sin transición a una porosidad extrema, al punto que la nueva Constitución, en caso de ser aprobada, puede ser reformada, por los que deben ser reformados, aún antes de entrar en régimen. Absurdo.

Por las razones que fuere, y por una u otra vía, el proceso constitucional queda sometido al arbitraje de una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía, según la última encuesta CEP, solo por encima de los partidos políticos; que en virtud de esas componendas, le colocará la lápida a la rebelión plebeya iniciada el 18 de octubre de 2019, comportamiento que avivará el rescoldo que alentará la próxima, y así, a tumbos por la historia.

El acuerdo que aplacó a la convención

De esa guisa, difícil pedirle mística a los partidarios del apruebo; que no obstante esa circunstancia, han desplegado una admirable y disciplinada campaña, con los recursos históricos del movimiento popular: contacto personal en visitas puerta a puerta o volanteos y banderazos en puntos concurridos, o propaganda callejera, o pasacalles, o actos culturales.

Si aún en las desiguales condiciones de la batalla, se impone, sería una hazaña épica, de esas que merecen inscribirse en piedra, en la memoria del movimiento popular. Sin embargo, de conocer los antecedentes, ni Homero podría afirmar que se trató de un procedimiento limpio y democrático.

De entrada, estuvo predeterminado por el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, y su rasgo característico, el quórum de dos tercios, que fue transferido a la Convención en virtud de un acuerdo que abarcó desde el Frente Amplio a la derecha, pasando por la exigua representación de la ex concertación y dos colectivos de matriz socialdemócrata, que resultaron decisivos para limar los perfiles transformadores de la nueva constitución: independientes no neutrales y colectivo socialista.

Un concluyente análisis de esa convergencia que determinó el rumbo de la convención, en el artículo ¿Por qué tanta neofobia? Asimetrías constitucionales y pequeñeces partidarias, del economista José Gabriel Palma.

Una constitución que no se hace cargo de la recuperación del cobre y los recursos naturales, que acepta la intangibilidad de los tratados de libre comercio, y que garantiza la propiedad privada de manera aún más explícita que la anterior, podrá generar muchas cosas, salvo efervescencia de masas o impulso transformador, y para qué decir, voluntad revolucionaria.

Palma plantea que derechos sociales sin financiamiento son poco más que letra muerta, lo que puede devenir en otra decepción del sujeto popular.

En esa convergencia estuvieron convencionales de dos de las tres coaliciones que apoyan al gobierno.

El cerco mediático

En seguida, se trata de una competencia extremadamente desleal, que no calza con los estándares de la formalidad democrática.

Conscientes de lo que está en juego, la clase propietaria, la elite financiera, los gremios empresariales, el bloque conservador, la tecnocracia neoliberal, el liberal socialismo, una agresiva ultraderecha, de rasgos fascistas, el alto funcionariado y la derecha de la DC, es decir, el partido del orden, y aventureros de diverso pelaje, se valieron del aquiescente espacio mediático para desplegar un virulento ataque ad hominem contra la convención, aún antes de asumir, y su producto, la propuesta de nueva constitución.

Habida cuenta la magnitud de la apuesta; en parte, las bases mismas de su poder, es apenas natural que desplieguen todo el potencial de su arsenal mediático.

El comportamiento de los medios de comunicación forma parte de la campaña por el rechazo, que inició el 16 de octubre de 2020, al día siguiente de la aplastante derrota en el plebiscito constitucional, y que conforme se acerca la hora señalada, se transforma en la consabida campaña del terror.

Se trata de técnicas de propaganda negra y desinformación, inoculadas por la CIA en la campaña de Frei Montalva, en la elección presidencial de 1964, luego de que el Departamento de Estado tomara debida nota del peligro representado por Salvador Allende, a 15 mil votos de la presidencia en 1958; utilizadas profusamente desde entonces, con dispar eficacia y nivel de éxito, primero, para intentar impedir su elección en 1970; luego, en la conspiración para derrocarlo; a continuación, en el sostén de la dictadura; enseguida, en el soporte del pacto binominal que dio origen a la república neoliberal y su porta-estandarte, el partido del orden, y ahora, tanto en el rechazo en el plebiscito de salida, como en el sistemático desprestigio de la convención constitucional.

En todas esas oportunidades, el repertorio es el mismo: difusión de medias verdades o fuera de contexto y mentiras en gran escala, sin que importe su falta de fundamento; falsos debates, donde lo trivial ocupa el primer plano; agresiones ad hominem, disparos contra el pianista y descalificación del enemigo; discursos que promueven el odio, el miedo y valores antidemocráticos, clasistas, discriminatorios y racistas; montajes político-policiales y utilización de todos los métodos de lucha, incluida la violencia, en defensa de intereses, privilegios y principios tales como libertad de elección, emprendimiento y mercado, estado subsidiario, propiedad privada y certeza jurídica.

Esta evidente concertación del sistema mediático, contra una de las opciones del plebiscito, constituye, en flagrancia, fraude estructural y competencia desigual, en las narices del Servicio Electoral, que tampoco tiene atribuciones para intervenir sobre la prensa. Más aún cuando se fundamenta en mentiras, montajes y delirios que desconciertan a una ciudadanía ya desinformada por el sesgo de los mismos medios.

Desde otra perspectiva, podría sorprender que de tan reiterada y conocida, la campaña del terror siga cosechando resultados.

Una vez más, la clave está en los medios.

La mentira como arma política

Han desarrollado una técnica consistente en hablarle diferenciadamente al individuo o a la masa, según convenga, incluso de manera simultánea. Le hablan al individuo, cuando difunden mensajes dirigidos a las emociones primarias de las personas, como el miedo, la desconfianza y la rabia; y manipulan a la masa cuando atizan esos sentimientos para descalificar a la convención y todo lo que de ella haya emanado.

En esta oportunidad, con el aporte de la tecnología y una lacra característica de la época: la ultraderecha y su habilidad para utilizar las redes sociales y los medios de comunicación en la difusión de campañas de mentiras, descalificaciones arteras y mensajes de odio.

Es el dominio de la meta realidad, donde no importa que algo sea verdad o mentira. Basta que lo crea una parte significativa de la audiencia.

Una ventaja adicional, desde el punto de vista del que difunde campañas de mentiras radica no solo en la dificultad técnica de desmentirlas, sino que el desmentido suma audiencia a la mentira original.

Alguien podría argumentar que el uso de la mentira sistemática es más una debilidad que una una fortaleza, puesto que sobre la mentira no es posible construir.

Ok., concedido, pero ese no es el punto. A la derecha, el bando conservador y el partido del orden solo le interesa ganar tiempo. El resto lo van acomodando en el camino. ¿O acaso alguien ha escuchado alguna propuesta proveniente de la derecha, que no sea la ridiculez de rechazar para reformar?.

Ese sector político y social, se repuso del susto de la rebelión plebeya de octubre-noviembre de 2019, a la que juzga acabada, y en consecuencia, a través de su brazo mediático, se decantó por sabotear un proceso constituyente que puede terminar en un nuevo contrato social, en forma relativamente pacífica.

El día de mañana, puede lamentarlo.

Tan solo a modo de ejemplo, entre los motivos para votar rechazo, aparecía frecuentemente en las encuestas, el temor de los entrevistados, a que le quiten la casa, o la pensión, derechos explícitamente garantizados en la nueva constitución. Entonces, en el puerta a puerta, o en el volanteo, era inevitable dedicar parte del escaso tiempo a desvirtuar estas tonterías.

A la mentira descarada, propia de la ultraderecha, y de la campaña del terror, se suma la mentira contextual y cotidiana de los medios de comunicación; consistente en descontextualizar un hecho, y re-contextualizarlo en función de una estrategia política, en este caso, el rechazo.

Así, la ola de violencia delictual, registrada con morbosa regularidad por los noticiarios de televisión, es explícita o sutilmente asociada al clima de inestabilidad generado por el plebiscito y la mano blanda de un gobierno más preocupado de las garantías de los delincuentes que los derechos de las víctimas

La realidad es diametralmente opuesta. La delincuencia es, a fin de cuentas, una consecuencia natural de la actual estrategia de desarrollo, depredadora, extractivista, individualista, mercantilista y rentista; en otras palabras, el capitalismo realmente existente.

Si por 45 horas semanales de trabajo se percibe el sueldo mínimo, o poco más, y ese monto se obtiene de un carterazo o lanzazo, y qué decir de empresas mayores como alunizajes, asaltos o portonazos, no hay donde perderse. Simple cuestión de mercado.

No obstante, lo único que se escucha es más policías, legislaciones más severas y construir más cárceles. Ecuación inútil por definición, pues ¿cuántos policías necesita Chile para derrotar al delito o cuantos delincuentes deben permanecer tras las rejas para tranquilidad de la clase propietaria?.

La solución perfecta tiende a la mitad de la población en la policía o en la burocracia del sistema penitenciario, y la otra, recluida en sus inabarcables penales, lo cual es absurdo.

En cambio, nunca una sola palabra acerca de la única solución real: justicia distributiva y cohesión social, lo que se logra con expedientes tan simples, o tan difíciles, según se mire, como que cada uno pague el impuesto que corresponde, conforme a ingresos y patrimonio; que la renta de las riquezas naturales y recursos no renovables financie derechos sociales inalienables y una matriz productiva diversificada, y que cada cual pueda vivir de su trabajo.

Lo propio cabe decir de la campaña de mentiras en torno a la expropiación de los fondos de pensiones.

Los que difunden esa mentira saben perfectamente que, a) la inexpropiabilidad de los fondos está garantizada tanto por ley como por la nueva constitución, la que en virtud del lobby empresarial y el voto de la convergencia mencionada, dejó espacios de ambigüedad que admiten la coexistencia de un sistema privado; y b) que la propiedad del fondo es puramente nominal; en rigor, un mito, que al final de la vida laboral se traduce en una pensión decreciente, con una tasa de reemplazo cercana al 30% del ingreso en activo, o en una pensión vitalicia, a trueque de la cesión, también vitalicia, de la propiedad del fondo, a la compañía aseguradora.

Si el trabajador fuera dueño de su fondo, podría decidir si se cambia a un sistema público de reparto, o retirar su fondo de AFP’s que apuestan su dinero en el casino del mercado financiero, o lo invierten en empresas manifiestamente insolventes, pero amigas de los dueños de las administradoras, como Enjoy o Latam.

Sin embargo, simultáneo con silenciar esos hechos, los periodistas de los medios, seguirán afirmando, impertérritos, que los sistemas de reparto están en quiebra en todo el mundo; lo cual, además de flagrante mentira, supone que el sistema privado de pensiones en Chile reposa en un lecho de rosas.

El infaltable montaje

Otro ejemplo de esta cotidiana y sutil mentira contextual, se pudo observar en un matinal de televisión, a propósito de la audiencia de formalización de Héctor Llaitul.

Un vocero de la CAM, sostiene que no reconocen el sistema de justicia chileno. La periodista que realiza el despacho aduce, de su cosecha, que espera la justicia mapuche, establecida en la nueva constitución.

La conductora apunta desde Santiago, a título de escopeta: «la plurinacionalidad, uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta de la convención».

Lo dicen con el mayor desparpajo a pocos días del plebiscito. Ignoran u omiten que jamás la CAM, desde su fundación, ha reconocido la justicia del Estado chileno.

La situación no tardó en asumir un giro paroxístico, propio del fenómeno en comento.

La filtración de un informe de la PDI a un medio electrónico de derecha, registra una llamada de una asesora de prensa de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, a Héctor Llaitul, el 11 de mayo pasado, en la que manifestaba el interés de la ministra en conversar con él, por esa vía, de ser posible, en ese momento.

El contacto no se produce porque Llaitul, recelando, le pide el nombre del que le dio su número, y que se lo envíe por whatsapp. No hubo otro intento por parte de la asesora.

Fin del tema, nada anormal, si se considera que tanto el presidente como sus ministros invocan frecuentemente el diálogo como método político, el mismo que fue a buscar al Wallmapu la propia ministra del interior, en su primer acto de gobierno, con el resultado de la fuga de la Araucanía en desbandada; más aún cuando en aquella fecha, Llaitul no tenia cuentas pendientes con la justicia.

Entonces, qué hay. Primero, espionaje. Luego filtración a la prensa, y no a cualquier medio, sino uno que se especializa en la conspiración y la delación, en particular contra contra la CAM, a la que viene marcando en forma implacable, desde hace meses. Enseguida, la fecha: el 25 de agosto, el mismo día en que, por indisimulada presión del gobierno, la fiscalía solicita la detención de Llaitul. Súmese a eso, la demonización y estigmatización de Llaitul, y de lo que representa.

Resultado neto del montaje: el gobierno «acepta» la renuncia de la ministra Vega, en medio del coro de histérica vocinglería de la derecha, para la cual la ocasión la pintaron calva, y la consabida maquinaria mediática de moler carne.

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri llegó a la extravío de sugerir que los «estados de excepción acotados» fueron coordinados con el vocero de la CAM:

«Estados de excepción acotados, que las fuerzas armadas sólo cubrieran ciertas rutas principales y no entraran a los predios. Ahora entendemos: una ministra del gabinete del Presidente Gabriel Boric mantenía contacto con Llaitul».

La ridiculez de la escalada de la derecha incluye comisiones investigadoras, acusaciones constitucionales y el inefable anatema de que gobierno que negocia con terroristas, también lo es.

Como sea, el montaje de inteligencia, amplificado por la sobre-exposición mediática, opacó el éxito que esperaba cosechar el gobierno, con la operación político-judicial contra Llaitul.

En ese ambiente opresivo, con un gobierno a la defensiva, ansioso de ser comprendido por un adversario implacable, que le exige abandono de posiciones, concesiones y explicaciones, en medio de una prolongada y severa crisis económica y social, con una población bombardeada y desinformada a diario por los medios de comunicación, se entró a la última semana previa al plebiscito.

El día después

Desde esa perspectiva, el triunfo del rechazo no debería sorprender, atendido el hecho de que en dos ocasiones los chilenos votaron presidente a un notorio bribón y que en noviembre pasado eligieron al actual parlamento, con la mitad de los escaños para la derecha, en el senado.

Sin embargo, eso no significa, en modo alguno, que el resultado esté virtualmente decidido, como predicen las encuestas, ni descarta la maduración de la larga lucha del movimiento popular, en un resultado sorpresivo.

En efecto, el 4 de septiembre entran en colisión varias contradicciones, para una sola síntesis.

Se enfrentan el Chile oligárquico y el Chile plebeyo, la clase propietaria y la clase solo propietaria de su fuerza de trabajo; el alma autoritaria y la vocación democrática; el miedo y el cambio, la mentira y la esperanza, el individualismo y la colaboración, la memoria de una lucha histórica contra el poder mediático y el marketing político.

Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar.

No obstante, se pueden vislumbrar algunos escenarios posibles, no necesariamente lineales.

La misma naturaleza de lo que está en juego, sumado al voto obligatorio, le añaden aleatoriedad al resultado; de otra parte, se sabe de al menos doce millones de consultas al Servel por domicilio electoral, lo cual pronostica una alta votación.

Hay solo dos opciones: esa masa de nuevos votantes manifiesta la misma dispersión que el votante habitual, o se concentra en una de las dos opciones. En un escenario de llegada estrecha, el bando por el que que se incline la votación supernumeraria, ganará la elección.

Un proceso constituyente y una nueva constitución como el que ilusiona al sector más consciente y activo del apruebo, solo tiene una oportunidad: una victoria concluyente, que no deje duda acerca de la voluntad de la ciudadanía.

Un resultado estrecho conduce al empate estratégico, donde el poder arbitral recae en la clase política en lugar de la soberanía popular, por cierto con variantes.

Si gana el apruebo lo probable es la reforma de la nueva constitución, hasta que alcance la cota del consenso.

Si gana el rechazo, las opciones van desde un nuevo proceso constituyente, tesis del gobierno, a una nueva constitución elaborada en parte o totalmente por el parlamento, idea mayoritaria en la derecha y el partido del orden.

Un triunfo amplio del rechazo podría concluir en un gobierno de derecha, y por esa vía, una constitución censitaria, redactada entre cuatro paredes, por los consabidos «expertos».

Llama la atención que nadie, salvo el partido republicano, reivindique la reposición de la actual constitución, como establece el artículo 142 de la Ley 21.200, señal inequívoca de su ingreso al basurero de la historia, indesmentible victoria de la rebelión plebeya de octubre de 2019.

Desde otra perspectiva, independiente del resultado, lo determinante son las correlaciones reales. Salvo la sorpresa del triunfo holgado de cualquiera de las opciones, resalta a la vista un empate estratégico, que puede traducirse en inmovilismo.

En efecto, aún en caso de un amplio triunfo del apruebo, el proceso constituyente se empantanará en la barrera de contención de la derecha en el parlamento, también en un empate que favorece al bloque conservador, en la medida en que gana tiempo, sin cambios sustantivos en el statu quo, al menos hasta el 10 de marzo de 2026. Y tal vez más, si la clase política se pone de acuerdo en un nuevo proceso constitucional, de lo cual hay señales más que suficientes.

El bloque por el apruebo aparece fragmentado y cruzado de contradicciones, entre una izquierda histórica, de tradición marxista-leninista, una izquierda socialdemócrata, incluso liberal, y un sujeto social desmovilizado, después de la experiencia de la Lista del Pueblo y el agotamiento del ciclo de lucha callejera.

El problema radica en que el cambio aspirado por el gobierno y dos de las coaliciones que lo sustentan, como lo evidenció fuera de toda duda el proceso constituyente, es muy menor y flexible, y de ninguna manera plantea alterar las bases del modelo de desarrollo prevaleciente.

A la inversa, el panorama muestra que la estólida pero vigorosa y concentrada ofensiva del partido del orden contra la convención y la nueva constitución, no solo representó la reagrupación del bloque conservador, después de las derrotas de octubre de 2020 y mayo de 2021, sino que, por lo mínimo, y por más que a punta de trampas y mentiras, logró oscurecer y contaminar el proceso.

Desde esa óptica, así como no procede poner la carreta delante de los bueyes, no se le puede exigir a un texto constitucional que haga la pega; es decir, lograr una coalición política y social por un nuevo proyecto de desarrollo, suficientemente fuerte para vencer la resistencia del bloque conservador, que entonces, como ahora, echará mano de todos sus recursos para impedirlo, incluyendo el enfrentamiento fratricida, el crimen y la sedición.

El verdadero proceso constituyente es que que formaliza un nuevo contrato social. Antes de ese desenlace, cualquier nuevo texto constitucional puede quedar desactualizado o fuera de contexto, como le ocurrió a la constitución de Pinochet.

Aparte de eso, tan necesario y urgente como una nueva constitución, es encontrar el camino para emprender un nuevo modelo de desarrollo, que le pueda entregar sustento material al artículo 1° de aquella, de que Chile es un estado social y democrático de derecho.

En palabras de Palma, «en nuestra economía rentista, el crecimiento de la productividad está prácticamente estancado hace quince años; y la producción de cobre de las mineras privadas, hace diez [Palma, 2022].

En su opinión, «lo extractivo ya dio, y hace mucho, todo lo que podía dar, y se transformó en contraproducente».

Concluye:

«Necesitamos nuevos motores de crecimiento de la productividad, financiados principalmente con el uso productivo de la renta de los recursos naturales. Es la única forma de salir del pantano. No es física cuántica».

Cuanto antes se emprenda esa tarea, menor sufrimiento social. Sin embargo, por lo visto, no forma parte de las prioridades del gobierno y de dos de las tres coaliciones que lo apoyan.

Esa es, sintéticamente, la realidad. No es perfecta, ni se acerca a los sueños, pero es la que hay.

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