Qué Ha Pasado con la Promesa Llamada Gabriel Boric

El triunfo de Gabriel Boric en Chile ha generado, por sus propios méritos, gran entusiasmo dentro y fuera del país.

No obstante, a los problemas económicos y sociales –y también en el plano de la seguridad– del «modelo chileno», se suma el hecho de que el nuevo proyecto de izquierda ha crecido de manera aluvial y no ha enraizado suficientemente en la sociedad chilena.

La llegada de Gabriel Boric y del Frente Amplio chileno al gobierno se ha transformado en la esperanza del nuevo progresismo latinoamericano, e incluso global.

Se trata, sin duda, de una nueva izquierda, y no solo en términos de recambio generacional: es feminista, promueve el multiculturalismo, combina una fuerte conciencia ambiental con la preocupación clásica por la equidad y la incorporación social de los sectores subalternos, y ha venido afirmando su fuerte compromiso democrático y con los derechos humanos, incluso en referencia a procesos «sensibles» para las izquierdas como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Ese compromiso también aplica a Chile y tiene múltiples aterrizajes: desde la violencia policial al doloroso y persistente problema de la vulneración que sufren cotidianamente los niños que se encuentran bajo la tutela estatal en el Servicio Nacional de Menores (Sename) (1).

Es también una izquierda que piensa a Chile desde América Latina, en lugar de visualizarse a sí misma (e intentar venderse) como el ejemplo de país que logró «escapar» de la región.

En el caso de Boric, además, esta nueva izquierda se articula en torno de un liderazgo con una capacidad innata para el manejo de los elementos simbólicos, para conducir los gestos y para desplegar empatía, tanto a través de abrazos como de redes sociales.

El pasado verano, durante el periodo de transición, Chile recobró la alegría tras largos años de agobio, incertidumbre y malestar. Boric resplandecía donde el liderazgo presidencial de Sebastián Piñera generaba hastío y rechazo.

La nominación de un gabinete con mayoría de mujeres, con niveles inéditos de diversidad social y territorial, con expertise técnica pero además de trabajo social en las carteras sectoriales, también contribuyó significativamente a generar una genuina esperanza.

Y mientras el recambio de elites gobernantes cristalizaba la ilusión de dejar atrás a una clase política tradicional cómplice de los «abusos» del «modelo», la Convención Constitucional también prometía desanclar las rémoras institucionales de un nuevo orden social. Este clima culminó en un cambio de mando pleno de símbolos y de optimismo.

No obstante, las primeras semanas del gobierno encabezado por Boric, así como el derrotero de la Convención Constitucional, han puesto rápidamente en entredicho su promesa. La luna de miel fue intensa, pero corta. Como tantas otras exportaciones no tradicionales de Chile («una economía competitiva, con bajos niveles de colusión y corrupción», «un sistema de partidos institucionalizado», «un Estado capaz y eficiente», «una sociedad con bajos niveles de informalidad»), esta nueva izquierda podría ser algo «hidropónica», sin un suficiente encauzamiento en la sociedad.

En el resto del texto analizo los factores estructurales que subyacen a esta debilidad.

Primero, describo las características del sistema político en el que opera el gobierno. Segundo, exploro la carencia de una sociología política y economía moral capaces de anclar un nuevo modelo de desarrollo. Tercero, doy cuenta de debilidades centrales del Estado chileno contemporáneo. Finalmente, concluyo explorando la difícil encrucijada que hoy enfrenta el gobierno de Boric.

La (des)estructura política

Aunque tiene cimientos en una trayectoria colectiva e individual más larga, cuyos orígenes deben rastrearse en el movimiento estudiantil de 2011 y sus antecedentes, el caudal electoral que llevó a la victoria de Boric emergió en un plazo de nueve meses.

Lo que sería un rutilante triunfo en la segunda vuelta del 19 de diciembre de 2021 comenzó con un intenso debate interno, en un contexto de fuerte debilidad política, en el que la disyuntiva era presentar un candidato propio para marcar presencia y evitar una crisis final del Frente Amplio o simplemente adherir a la candidatura encabezada por el alcalde comunista Daniel Jadue.

Las dudas y dificultades para recolectar las 32.000 firmas necesarias para inscribir la candidatura, sobre un padrón electoral de más de 14 millones de votantes, reflejaron la endeblez del proyecto presidencial de Boric.

Durante los nueve meses transcurridos entre marzo y diciembre de 2021, la candidatura de Boric superó obstáculo tras obstáculo, estribando en dos estrategias: destacar las características personales del candidato («escucha», «reconoce sus errores y sabe pedir perdón», «apostó aun en contra de su partido a la vía institucional») y convertirlo en el mejor candidato «anti».

Primero fue anti-Jadue, luego fue anti-Concertación y anti-Piñera, y finalmente anti-José Antonio Kast, el postulante de la extrema derecha. En este trayecto, se consolidó una consigna programática que emergió en la disputa con el candidato comunista en la primaria de Apruebo Dignidad –la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista–: «la gente quiere cambios tranquilos, con seguridad».

El crecimiento electoral fue tan aluvional como precarias son sus bases sociales y organizativas. El resultado de la elección parlamentaria también refleja esas debilidades: muchos de quienes votaron por Boric y Apruebo Dignidad en la segunda vuelta optaron por parlamentarios de otros partidos en la elección legislativa. También lo hicieron en las elecciones locales y regionales, así como en la primera vuelta presidencial.

El gobierno hoy se estructura en torno de dos coaliciones. Por un lado, está la del Frente Amplio con el Partido Comunista y otros partidos menores (Apruebo Dignidad), la que sostuvo la candidatura presidencial de Boric. Por otro, la alianza con la socialdemocracia, representada por el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD).

A pocas semanas del traspaso de mando, la tensión entre ambas coaliciones, propiciada por el desembarco del espacio socialdemócrata en puestos claves del gobierno y el malestar de la vieja guardia del Partido Comunista, es evidente.

La escasez de cuadros propios, así como la necesidad de viabilizar mayorías legislativas con el bloque ps-ppd, ha vuelto fundamental la incorporación de figuras destacadas de la Concertación en puestos de gobierno de Boric. Esto, si bien dota de capacidad de gestión y experiencia al gobierno y tranquiliza a los mercados, también abre flancos a la izquierda de Apruebo Dignidad y genera desconfianza en quienes apostaban a un recambio (más profundo) de elites.

También ha comenzado a generar ruido el desempeño de Izkia Siches, un liderazgo central en el armado del gobierno y carente de afiliación partidaria. La ex-presidenta del Colegio Médico, que desembarcó en el comando para la campaña de segunda vuelta y tuvo un rol fundamental en dotarla de arraigo electoral en el norte del país, hoy tiene a cargo la Jefatura de Gabinete y el ministerio de más difícil gestión: Interior.

Seguramente por oposición al liderazgo omnipresente y agobiante de Piñera, en sus primeras semanas Boric ha restringido su presencia pública y dado protagonismo a sus ministros y a distintas figuras de gobierno. Aunque razonable y bienvenida, esta modalidad de gestión no está exenta de riesgos, particularmente cuando las voces de gobierno han comenzado a sonar como un coro desafinado y desordenado de personajes que pujan por hacerse oír y tener presencia en medios y redes sociales.

Pero las dificultades que enfrenta ya el gobierno no son meramente atribuibles al liderazgo presidencial, a su elenco o a su base política.

En realidad, reflejan claves sistémicas. El sistema de partidos tradicional no solo se volvió ilegítimo para la mayoría de la población chilena, sino que perdió capacidad de vertebrar y canalizar institucionalmente conflictos sociales centrales que quedaron huérfanos de representación política. Con el estallido de 2019, esos conflictos larvados y presentes hace tiempo, tanto sectoriales como territoriales, irrumpieron con estridencia en el escenario nacional.

Sin embargo, el «estallido» solo es representable en su voluntad destituyente (de la clase política tradicional) y en la negación de los pilares institucionales del orden preexistente.

Más allá de ambos tropismos, no hay (¿todavía?) en las elites emergentes capacidad de síntesis o articulación del descontento en clave más constructiva. El devenir de la Convención Constitucional refleja claramente la imposibilidad de vertebrar el conflicto en el Chile actual.

Instalada con niveles de legitimidad social inéditos en el periodo pos-dictatorial, la Convención ha quedado presa de su propia legitimidad, buscando afirmarla y reafirmarse, mediante gestos y giros identitarios que cada vez generan menos adhesión en la opinión pública.

La Convención y su proceso, más que una solución institucional a los problemas de Chile, reflejan la dificultad para representar constructivamente las rabias, demandas e identidades que legítimamente se fraguaron (y bifurcaron) tras décadas de negación y postergación.

Esas rabias, demandas e identidades tienen como contracara el vaciamiento, la ilegitimidad y la fragmentación de las organizaciones partidarias y de los movimientos sociales. Mientras los movimientos sociales se encuentran y convergen en la protesta callejera, los partidos suman los votos de quienes corren bajo sus etiquetas los días de elección.

Pero ambos son frágiles desde el punto de vista organizativo y se quiebran ante el primer intento de síntesis, propuesta o emergencia de un liderazgo, que rápidamente genera sus «antis».

En este marco, el vacío lo llenan personajes que movilizan «por aire» e intentan estirar sus 15 minutos de fama cabalgando con habilidad la controversia o el escándalo cotidiano.

Esos personajes protagonizan una discusión política tan pobre que en muchos aspectos termina siendo un lamentable «camorreo», un debate lleno de prejuicios, pequeñas disputas y alusiones ad hominem. Hay quienes ven en ese camorreo una polarización izquierda-derecha, pero en el mejor de los casos se trata de una polarización más bien artificial entre quienes, a izquierda y derecha, intentan desmarcarse de la mácula sistémica. En estas discusiones superficiales se nos pasan los días, los meses y los periodos electorales.

De un sistema que funciona con esta lógica, desde hace años, provienen las fragilidades que hoy enfrenta el gobierno de Boric para estructurar y canalizar el conflicto. Esas debilidades, para ser claros, le son propias.

La principal ventaja con que hoy cuentan el presidente y su gobierno es un emergente clivaje generacional (que ha logrado incorporar parcialmente a jóvenes de segmentos populares), aún en proceso de cristalización.

Los partidos que propiciaron su candidatura, no obstante, están hoy volcados de lleno a la acción de gobierno y ven debilitada su ya escasa presencia organizacional en la sociedad.

Y en una economía en la que está escaseando el pan, el circo, tan propio del sistema político nacional y su derrotero, rápidamente estará jugando en contra del presidente y su elenco.

Un nuevo modelo de desarrollo sin actores

El desafío para una nueva izquierda a escala regional consiste en encontrar una alternativa que permita generar crecimiento económico y protección social, escapando, o amortiguando al menos, las lógicas de crecimiento predominantes en el primer «giro a la izquierda». Durante la primera década y media del siglo xxi, la izquierda adhirió a lo que Maristella Svampa denominó el «Consenso de los Commodities», para buscar el crecimiento económico y la incorporación al consumo (2).

Hoy ese patrón de crecimiento está en entredicho, entre otras cosas, por la crisis ecológica y por sus impactos en territorios y comunidades. Al mismo tiempo, la restricción fiscal (incomparable a la holgura generada por el boom de las materias primas entre 2005 y 2015) acota los márgenes de acción y de gasto público.

Los programas de transferencia condicionada, por otra parte, altamente efectivos por su impacto en la pobreza y su bajo costo fiscal, se quedaron cortos en términos distributivos. La segunda transición demográfica, así como la necesidad de acotar las brechas de género, exige hoy expandir políticas de cuidado y reformar sistemas de pensiones y de salud pública escuálidos.

La mayor incorporación al sistema educativo formal alcanzada en las últimas décadas no ha permitido, empero, reducir suficientemente las brechas internas (entre ricos y pobres) y externas (respecto al logro y calidad educativa en países desarrollados).

En un mundo en plena revolución tecnológica, los déficits en investigación y desarrollo limitan la capacidad de los países de América Latina de insertarse en cadenas de valor globales como algo más que productores de materias primas.

Esa incapacidad impacta también en una creciente dualización de los mercados laborales locales, al ampliar brechas entre quienes acceden a trabajos de alta productividad y remuneración y quienes prestan servicios en condiciones cada vez más precarias de empleo.

En esta fuerza laboral precarizada tiene participación creciente la población migrante, cuya incorporación laboral, en contextos de baja sindicalización, presiona a la baja los salarios y alimenta reacciones xenófobas por parte de trabajadores nacionales desplazados.

El problema de la vivienda también refleja un proceso de fuerte dualidad entre quienes acceden a créditos para inversión inmobiliaria (desde la compra de departamentos para arriendo al desarrollo inmobiliario) y quienes se ven forzados a arrendar en un contexto en el que la escasez de oferta y el endurecimiento de los créditos para sectores medios y bajos han empujado los precios al alza.

En el caso de Chile, por ejemplo, se estima que en la pos-pandemia unos dos millones de personas carecen de acceso a una vivienda digna. En este contexto social general, la informalidad e incluso la ilegalidad se han revitalizado como canales alternativos para la aspiración de movilidad social bloqueada por una economía formal fuertemente estamental que reproduce desigualdades. Estas desigualdades, al mismo tiempo, se han politizado significativamente en los últimos años.

Por su parte, los Estados, que deberían jugar un rol de articulación estratégica en la promoción de industrias y sectores capaces de generar un nuevo tipo de crecimiento económico, son hoy cada vez menos capaces de hacerlo. Esto también afecta, obviamente, su capacidad de regular y canalizar conflictos por vías institucionales. Por un lado, en el escenario pos-pandémico de bajo crecimiento con inflación, los gobiernos enfrentan enormes restricciones fiscales.

Por otro lado, en la nueva economía digital y con la irrupción de los gigantes de la gig economy, los Estados han perdido el monopolio respecto a la capacidad de generar información sobre las sociedades que gobiernan. Hoy Google o Microsoft cuentan con mejor información y analítica de datos que las administraciones que deberían regular su acción. Combinando datos estatales abiertos con datos privados, las consultoras de prospección minera, por ejemplo, tienen hoy mejor información que las agencias estatales de regulación.

Asimismo, una parte importante de la nueva informalidad en la economía funciona sobre la base de aplicaciones cuya regulación se ha vuelto virtualmente imposible, en parte porque en una economía precarizada las apps también funcionan como un seguro de desempleo y como red subalterna de protección social. Finalmente, el quiebre del monopolio informacional también resquebraja el monopolio de la coerción en que se sustenta la capacidad estatal de regular legítimamente las interacciones sociales. ¿Cómo se regula mejor con peor información relativa?

En suma, la institucionalidad estatal y su poder están desafiados por arriba y por abajo.

¿Cuáles son los retos que enfrentan Boric y su gobierno en este plano?

Chile cuenta hoy con un modelo de crecimiento económico agotado, en su sociología política y en su economía moral. El viejo modelo, el que en palabras del presidente Piñera días antes del estallido de 2019 consagraba a Chile como un «oasis» en el desierto latinoamericano, está quebrado. Los actores, las instituciones y los repertorios que lo hacían «funcionar» carecen hoy de legitimidad.

Esa falta de legitimidad, no obstante, no se traduce en la articulación de una alternativa. Chile posee condiciones únicas para convertirse en una potencia verde mediante la producción de energías renovables (solar, eólica, hidrógeno verde) y la explotación, en clave sustentable, de materias primas elementales para industrias limpias (por ejemplo, el cobre, cada vez más demandado como conductor, y el litio, clave para la producción de baterías).

Sin embargo, explotar estas riquezas requiere no solo hacerlo en clave ambiental, sino también proveyendo estímulos a la inversión en un contexto en que los marcos regulatorios están siendo fuertemente objetados y bajo revisión (en la Convención Constitucional), y en que la conflictividad territorial y los repertorios de acción colectiva en el nivel local se han concentrado durante años en la oposición a industrias extractivas.

Existe por tanto un clima de desconfianza doble: la de potenciales inversores y eventuales socios del Estado y la de comunidades que durante décadas han sufrido las consecuencias de la explotación socialmente irresponsable de recursos naturales.

La articulación de un nuevo modelo también carece de actores. Más allá de expresiones locales extremadamente fragmentadas o de grupos de interés e identidades más bien «monotemáticos», los únicos actores todavía organizados y con capacidad de acción colectiva (aunque últimamente solo logran generar boomerangs en la opinión pública) son los empresarios del viejo modelo.

En el plano geopolítico, por su parte, el cambio más relevante es la creciente presencia china en sectores estratégicos de la economía chilena. Ni los empresarios tradicionales ni China proveerán, al menos si actúan sin contrapesos, la base para articular un nuevo modelo.

Mientras tanto, lo que seguramente se ve desde La Moneda son demandas, petitorios, enojo y esperanzas, todas tan inmediatas como fragmentadas en cuanto a su articulación colectiva. El denominado «quinto retiro» (la posibilidad de retirar un 10% adicional de los fondos de pensión de las cuentas de ahorro personal) al que el gobierno hoy se opone (habiendo apoyado, desde la oposición, los cuatro proyectos anteriores) es tal vez la manifestación más visible de este tipo de demandas, su inmediatismo y su falta de articulación colectiva.

Cualquier similitud con las lógicas que han predominado en la Convención Constitucional no es mera coincidencia, porque, en definitiva, en Chile hay demandas, pero no hay (aún) actores ni proyecto para un nuevo modelo de desarrollo.

La ciudadanía hoy sabe muy bien lo que no quiere y lo que no le gusta y coloca su esperanza en un nuevo modelo que, en términos de proyecto, es una entelequia. Pensar que el nuevo texto constitucional, aun si termina siendo de gran calidad y aprobado por un amplio margen que lo dote de legitimidad, representa ese proyecto es también claudicar ante el pensamiento mágico.

Como el modelo en crisis, el nuevo proyecto está también huérfano de economía moral. El legado más persistente del neoliberalismo en Chile es la destrucción de bienes públicos. Sin bienes públicos, extendidos y socialmente transversales, resulta prácticamente imposible articular coaliciones políticas amplias para negociar los parámetros de un nuevo modelo. En Chile no hay bienes públicos y muy poca gente los promueve o desea para sí.

A modo de ejemplo, la sentida demanda por un sistema de pensiones más generoso y más justo choca de frente con la preferencia, también mayoritaria, por un sistema de capitalización individual en el que cada quien ahorra lo que puede. Por su parte, la educación pública carga con el estigma de ser la educación de los más pobres, aun cuando ofrezca, en muchos casos, igual o mejor calidad que los colegios subvencionados con que compite en el nivel local.

La gran mayoría de quienes pueden pagar un copago mínimo segregan a sus hijos de los más pobres, lo que deteriora nuevamente un bien público social fundamental. En suma, no solo pesa la falta de actores con capacidad de sostener un modelo alternativo, sino que también pesa la incapacidad de reconstituir un ethos que fomente la reconstrucción de bienes públicos en torno de los que progresivamente se articulen nuevas coaliciones sociales que los sostengan.

El (des)orden

Si dar con una economía política y una secuencia de reformas capaz de avanzar en el frente económico y social resulta complejo, también lo es solucionar los problemas de orden que hoy constituyen una preocupación principal de la sociedad chilena.

En principio, los problemas de orden son cuatro. Todos tienen causas de larga duración, aunque cada uno de ellos se ha agudizado, por una combinación de acciones y omisiones, durante el gobierno de Piñera.

(a) El conflicto en la zona de la Araucanía ha escalado significativamente y generado episodios de violencia cotidianos. Este conflicto, de larga data en Chile, tiene múltiples vertientes y expresiones, que se reflejan también en clave territorial y en quiebres y conflictos internos entre militantes de la causa mapuche.

A modo de ejemplo, los grupos más radicales que participan del conflicto no reconocen a los constituyentes mapuche en la Convención Constitucional como sus representantes y han descartado, desde el comienzo, su participación en esfuerzos de diálogo y negociación con el gobierno que encabeza Boric.

La primera incursión del gobierno entrante en la zona de conflicto fue repelida (exitosamente) a balazos. La ancestral heteronomía de las comunidades mapuche dificulta así la capacidad de lograr acuerdos vinculantes y relativamente amplios. Asimismo, existen en la zona crecientes apuestas paramilitares por parte de terratenientes y empresas, que también han contribuido a la escalada de violencia.

La coordinación entre seguridad privada y pública es poco transparente, pero los testimonios disponibles apuntan a una colusión de facto entre las fuerzas de seguridad pública, los terratenientes y las empresas. Esto también se traduce en una larga retahíla de abusos perpetrados en contra de comunidades indígenas por parte del Estado. Por otro lado, existen en la zona múltiples expresiones de actividad criminal vinculadas al robo de madera, la extorsión (impuesto de seguridad), el cultivo de marihuana y el tráfico de tierras.

Respecto a esto último, existen serios cuestionamientos respecto a la acción de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en cuanto a la compra de tierras y su distribución a comunidades indígenas. En suma, el desorden y la consolidación de territorios liberados han generado incentivos para el asentamiento de múltiples economías ilegales, no necesariamente (o directamente) asociadas al conflicto original.

(b) En los últimos años, la situación en la frontera norte del país se ha deteriorado de manera visible ante la inoperancia del Estado chileno respecto a la regulación de la migración y el tráfico fronterizo con Bolivia y Perú. Esa frontera, en la que tradicionalmente han operado redes de contrabando y tráfico de bienes y personas, hoy parece estar fuera de control.

El flujo de población migrante ha generado a su vez brotes xenófobos y crecientes conflictos sociales entre inmigrantes y población local. De estos conflictos se han alimentado ya, para crecer electoralmente, fuerzas políticas emergentes de carácter nacionalista y conservador.

Hoy la situación es tan tensa que el gobierno de Boric decidió extender el estado de excepción en el norte del país, lo que permite el despliegue de fuerzas armadas para colaborar en tareas de patrullaje y control.

(c) La expansión del narcotráfico ha tomado especial notoriedad en la agenda pública. En particular, la estructura del microtráfico a escala barrial genera dos tipos de problemas. Por un lado, situaciones de control territorial pautadas por un abandono tácito por parte del Estado (lo que no necesariamente implica la ausencia de fuerzas policiales, sino procesos de colusión con bandas locales) y una fuerte violencia estructural.

Estas situaciones eventualmente producen escaladas de violencia en el marco de disputas territoriales entre bandas. Por otro lado, un aumento de situaciones de robo con violencia (en comercios, residencias y en la vía pública, especialmente contra vehículos).

Esto último, porque la estructura relativamente precaria de las bandas de microtráfico se asocia al financiamiento recurrente de compra de producto a través de dineros obtenidos mediante la reducción de especies robadas.

En simultáneo a la expansión del narco, también se han expandido organizaciones criminales vinculadas a la extorsión, el microcrédito informal, el sicariato, la ocupación de terrenos y propiedades y la administración de espacios de venta para el comercio informal. La irrupción de estos fenómenos se asocia además a una mayor conflictividad y a episodios de violencia recurrentes en el espacio público, los cuales también han contribuido a un crecimiento significativo de los homicidios en el país.

(d) Finalmente, el gobierno también ha debido enfrentar, ya durante sus primeras tres semanas, protestas callejeras violentas que ha tenido que sofocar recurriendo a la represión policial. Estos últimos episodios han tensado la relación con parte de la base social del gobierno, incluidas figuras del Partido Comunista, así como con movimientos sociales (como parte del movimiento de estudiantes secundarios, quienes ya se han declarado en oposición al gobierno).

Un elenco oficialista fuertemente asociado a la protesta se ha visto así en la necesidad de recurrir rápidamente al apoyo de Carabineros, institución involucrada en la violación de derechos durante la represión del estallido de 2019, para intentar controlar las manifestaciones violentas.

El episodio más llamativo (por el momento en que ocurrió) lo constituyó una declaración pública de la ministra Siches que dio absoluto respaldo a Carabineros antes de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, organizada por colectivos de izquierda para recordar el asesinato de tres militantes comunistas en 1985 y rechazar a la dictadura pinochetista (3).

Los cuatro problemas asociados a la agenda de orden y seguridad tienen como mínimo común denominador el rol de las fuerzas de orden, así como la presencia, evidente pero problemática, de contradicciones entre el discurso electoral, el propio origen del Frente Amplio y su acción de gobierno.

Respecto al rol de las fuerzas de seguridad y especialmente de Carabineros, el desafío consiste en encarar una reforma profunda de la institución para, entre otras cosas, someterla a un control civil efectivo, mientras se la necesita operando en las calles para solucionar problemas que hoy se han vuelto el centro de la preocupación ciudadana. Respecto al conflicto en la Araucanía, las primeras semanas han dado cuenta de una falta de profundidad en el diagnóstico sobre sus distintas aristas y su complejidad.

Los llamados al diálogo, así como gestos relevantes como el de levantar el estado de excepción, a diferencia de lo que se decidió para el norte del país, generaron por el momento reacciones violentas por parte de los actores más radicales. Dialogar y negociar requiere poder imponer condiciones y costos a los actores a cambio de proveer garantías.

Nuevamente, sin embargo, para poder lograr un diálogo exitoso y vinculante, el gobierno depende de actores que le son en principio hostiles, sobre los que no tiene suficiente influencia y que, en última instancia, desconfían de la prometida «refundación» de las fuerzas del orden.

La encrucijada

El gobierno se encuentra, en mi opinión, ante la siguiente disyuntiva. Una opción, al menos por defecto, consiste en constituirse como un gobierno que impulse sin demasiada coordinación distintas agendas y reformas sectoriales, intentando a su vez encaminar la gestión cotidiana de temas centrales para la población (por ejemplo, la reactivación económica y la restitución del orden público).

Esa gestión puede, al mismo tiempo, ganar fuerza con el impulso de demandas más caras a su base social, como el avance de la agenda de género y el compromiso ambiental. En este escenario, el desenlace de la propuesta de nueva Carta Magna que emerja de la Convención Constitucional también será sumamente relevante para el gobierno y su gestión.

En caso de que la nueva Constitución sea aprobada, parte significativa de la acción de gobierno deberá volcarse a la difícil transición entre ambos órdenes constitucionales. El rechazo del nuevo texto constitucional constituirá, en cambio, un golpe duro a la agenda de transformación social que impulsa el gobierno, y puede complicar, a su vez, el clima en el que deberán negociarse reformas para las que el oficialismo no cuenta con mayorías legislativas suficientes.

En este escenario, la suerte final del gobierno dependerá de la efectividad de su gestión y de su capacidad de mantener niveles razonables de adhesión sobre la base de su política comunicacional. En caso de que las cosas vayan bien, tal vez logre perfilar figuras de gobierno como alternativa para disputar la próxima elección. Para eso tiene varios buenos nombres.

En caso de que las cosas no vayan bien, el nuevo «anti» probablemente lo ofrezca la ultraderecha, hoy fortalecida por el derrumbe de la centroderecha y la irrupción del Partido Republicano en la última elección.

La segunda alternativa consiste en intentar articular un proyecto de desarrollo integral, vertebrando y organizando a actores sociales que hoy no tienen expresión colectiva. El liderazgo de Boric y la elevada adhesión que concita, así como el desconcierto y debilidad relativa de los actores centrales del viejo «modelo», abren una posibilidad fugaz de comprar tiempo e intentar esa articulación.

El riesgo de intentarlo es que nadie sabe muy bien cómo cuadrar ese proyecto, dotándolo de bases sociales y de una nueva economía moral. El riesgo de no intentarlo es convertir esta nueva alternancia hacia la izquierda en otro movimiento efímero de un péndulo que se alimenta hace ya décadas de un descontento con quienes gobiernan que carece de articulación política.

Notas:

1. Javiera Matus: «Sename registró 4.500 denuncias por maltrato a menores en 2020» en La Tercera, 14/2/2021.

2. M. Svampa: «‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina» en Nueva Sociedad No 244, 3-4/2013. Disponible en www.nuso.org

3. «Siches por Día del Joven Combatiente: ‘No vamos a tolerar ataques violentos’» en El Desconcierto, 29/3/2022.

(*) Doctor en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte y profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile.

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