Es insólito, indigno e impresentable el comportamiento de ciertos integrantes del alto funcionariado de la institucionalidad de derechos humanos, en relación a la defensa, observancia y promoción de los mismos.

A la aparatosa vuelta de carnero y evidente abandono de deberes del Consejo del INDH, con su decisión de no presentar querella criminal contra el alto mando de Carabineros, por su responsabilidad en la violación de derechos humanos durante el estallido social; se suma la fundada denuncia del reportaje El archivo oculto de la Subsecretaría de DD.HH., de La Red TV, acerca de la, por decirlo suave, lenidad, impavidez e indiferencia de dos subsecretarias de Derechos Humanos, Lorena Fríes y Lorena Recabarren, frente a información relevante entregada por soldados conscriptos de las promociones 1973 y siguientes, respecto a violaciones de derechos humanos durante la dictadura; que en virtud de esa conducta, permaneció durante cinco años en los polvorientos anaqueles de una bodega, en lugar de ser incorporada a los procesos incoados en los tribunales de justicia, como mandan tanto la ley como el sentido común.

El caso de Lorena Recabarren, siendo igual de inexcusable, es más explicable, tratándose de una persona de derecha, militante de Evopoli, en un gobierno de derecha, y bajo en mando directo de Hernán Larraín, un notorio exponente de los generales civiles de la dictadura. Pero el de Lorena Fríes, abogada que ha cimentado su carrera política sobre la base del discurso de su especialización en derechos humanos, y que se desempeñó por dos períodos consecutivos como directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, su impericia y negligencia, en caso de que se limite a eso, es doblemente condenable.

En términos sucintos, el reportaje de La Red, firmado por Luis Narváez, narra que entre julio de 2017 y agosto de 2018, casi 12 mil ex-conscriptos que cumplieron su Servicio Militar Obligatorio durante la dictadura, entregaron testimonios detallados de los abusos que sufrieron a manos de soldados y oficiales. Pero también, muchos de ellos relatan en detalle, crímenes cometidos contra civiles a quienes debieron detener, custodiar o fusilar.

La Subsecretaria de la época, Lorena Fríes, que durante su gestión recibió 5.988 relatos, no entregó estos antecedentes ni a los abogados y abogadas del Programa de Derechos Humanos ni a los tribunales de justicia que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.

Su sucesora en el segundo gobierno de Piñera, recibió otro importante número de carpetas con antecedentes, pero hizo básicamente lo mismo.

Las juezas especiales, Paola Plaza y Mariela Cifuentes, ordenaron el envío inmediato de la documentación, pero con cinco años de retraso, con lo que esto significa para familiares de las víctimas que llevan una eternidad buscándolos, sin perjuicio de los que murieron durante ese lapso, sin conocer esos nuevos y relevantes antecedentes.

Lorena Recabarren, niega haber conocido esa documentación sensible ni haber recibido alguna alerta por parte de Lorena Fríes durante el traspaso de administración. Esta, en declaración pública, asegura que el archivo y los antecedentes «fueron entregados correctamente a la siguiente subsecretaria, Lorena Recabarren», y que ella tenía «pleno conocimiento del informe, sus antecedentes fundantes y del proceso que se estaba llevando con las organizaciones».

Sorprendidas en flagrancia, las cumplidas funcionarias de la república neoliberal, siguen uno de los dos los patrones de comportamiento en casos precedentes: o bien aceptan responsabilidades y piden disculpas, a lo Clinton, creyendo que eso basta para borrarlas; o se las endosan a otras personas, o al mismo empedrado, si fuera necesario.

El segundo es claramente el camino elegido por Lorena Fríes, actual diputada por el distrito 10:

Del análisis de la declaración, resalta su redacción confusa y contradictoria en relación al punto en que la señala el reportaje.

De esa guisa, la afirmación «de la revisión de los antecedentes que dieron lugar al informe, se pudo concluir, por una parte, que habrían antecedentes -aportados por ellos a través de testimonios escritos- que permitirían suponer vulneraciones a sus derechos»; para luego agregar, contra toda evidencia: «de los antecedentes analizados hasta ese momento, no se podía determinar si habrían hechos, datos o fechas que entregaran información que pudiera aportar sobre la participación de ex conscriptos en hechos constitutivos de graves crímenes a los derechos humanos».

La vaguedad del texto obedece a que se trata de una clásica maniobra evasiva, que no se condice siquiera con el texto del propio informe firmado por Lorena Fríes, tres días antes de entregar su cargo, en marzo de 2018:

“La gran mayoría de los testimonios recibidos por la Subsecretaría de Derechos Humanos son testimonios que denuncian hechos padecidos por el ex conscripto que suscribe el relato. No obstante, en algunos casos se reconoce participación en la custodia de prisioneros, allanamientos, detenciones, así como en la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos”.

En su calidad de abogada especializada en derechos humanos, Lorena Fríes no puede asilarse en el argumento de que el informe quiso ser un «antecedente que permitiera sacar a la luz otro tipo de situaciones que se vivieron durante la dictadura y que pudieran ser relevantes en términos de registro y del impacto que esta tuvo sobre otros grupos de la población, en este caso de personas que producto del servicio militar obligatorio sufrieron menoscabo en sus derechos»; lo cual, independiente de que es cierto, no se contrapone con ni la excluye de su obligación de remitir a tribunales todo antecedente que pueda ser relevante en materia de investigación de violación de derechos humanos, algunas de cuyas causas permanecen abiertas, precisamente en busca de información como la que entregan, masivamente, esos conscriptos.

¿Que se trataba de un «tema complejo», en el que se mezclan «experiencias de víctimas y victimarios», del que hasta entonces «existía muy poca información», y se buscaba realizar un «primer diagnóstico»?

Pamplinas. Lo que hay ahí, por lo bajo, es incompetencia ante, e insensibilidad sobre, el tema, y por lo alto, obstrucción a la justicia y encubrimiento.

¿Cómo pudo pasar inadvertido para la subsecretaria de Derechos Humanos y ex directora del INDH, el testimonio de un soldado conscripto que custodiaba un prisionero, en el Regimiento Maipo, atado de pies y manos con alambres, y la vista vendada?

Según el relato de ese conscripto, de pronto se presentó un teniente de reserva y le preguntó quién era y que había hecho. Al responderle que nada sabía, desenfundó el arma y le descerrajó un tiro en la cabeza. Incluso, lo identifica: el teniente José Aliaga. «Era malo con nosotros, imagínese entonces cómo sería de malo con los prisioneros”, dice una carpeta.

Otro testimonio, de otra carpeta, relativo a operaciones para hacer desaparecer los restos de ejecutados políticos:

“En 1975 se cavaban fosas, donde se lanzaban cuerpos y se les colocaban explosivos. Eso yo lo presencié personalmente, en 1975, las explosiones en la pampa, cerca de Antofagasta. Luego hay cosas que no se te borran jamás de la mente. Nos ordenaban andar con un palo con un tipo de punta, recogiendo trozos de los cuerpos dinamitados, meterlos en una bolsa y cargar un camión. Luego se cavaba otro hoyo, se volvían a meter las bolsas y se volvía a hacer estallar”.

Y un tercero:

“Fue un joven que en ese mismo tiempo, los soldados y oficiales lo quemaron vivo después de torturarlo. Estuvo muy grave, quedó con un 75 por ciento de su cuerpo quemado. Esa persona nunca se recuperó de esa maldad que le hicieron. ¿Y sabe usted? esa persona estuvo a bordo del helicóptero donde anduvo el general Arellano Stark, por el norte”.

Estos testimonios corresponden a una muestra de 200 de 5.988 testimonios, elegidos de forma aleatoria. Y las carpetas suman doce mil.

El hallazgo de de ese archivo, arrumbado en un desván, cinco años después, va a marcar un antes y un después en la investigación de violaciones a los derechos humanos.

Así también lo considera Nelson Caucoto, abogado de derechos humanos que ha logrado decenas de condenas contra agentes del Estado:

“Me parece grave que haya estado la posibilidad de que estos antecedentes hayan sido conocidos por tribunales, cuando estamos en medio de los juicios y que esto no ocurriera. Acceder a información de 6 mil conscriptos, es algo que ni los propios tribunales han logrado en todos estos años”.

Agrega que, en su experiencia, gran parte de la verdad, está en el segmento de los conscriptos:

«Muchos fueron instrumentalizados, controlados durante años por los altos mandos para que no declaren. Pero hay otros que quedaron en la calle, y han sido piezas importantes en muchos juicios”.

Respecto al retraso en cinco años, señaló:

“En cinco años se perjudican mucho las investigaciones. El tiempo hace su parte y en esta temática más aún. Han desaparecido familiares, documentos, los testigos, han desaparecido los victimarios. Estamos hablando de tiempos de muerte. En el caso de los familiares, todos se mueren, pero lo único que no muere es el deseo de justicia. Hay personas que solo están vivas esperando el resultado de un juicio.
Necesitamos que hablen”.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, manifestó su indignación en declaración púbica, en la que afirma no entender por qué Lorena Fríes no hizo lo que debía:

¿Y Lorena Fríes dice que no la vio venir, y Lorena Recabarren que no supo?

¿O será que, precisamente, por saberlo, verlo venir, y calcular sus repercusiones, optaron por pasar, y endosarle el muerto a la siguiente administración?.

Como fuere, y más allá de responsabilidades personales, es evidente que la institucionalidad del Estado, dispuesta para velar por el cumplimiento de los derechos humanos; para estos efectos, el INDH y la subsecretaría de Derechos Humanos, están incumpliendo manifiestamente su deber.

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