Otra Monada de Micco: A un Mes de su Salida, Termina de Blindar a Piñera

En una decisión insólita, que representa un giro en 180 grados respecto a su posición inicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, decidió no presentar querella criminal contra el alto mando de Carabineros, por las violaciones de los derechos humanos perpetrados por las FF, AA. y Orden, durante las protestas de 2019-20, en el contexto del estallido social.

Solo entre octubre y diciembre de 2019 se registraron 26 muertos y centenares de heridos, así como denuncias de torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias y masivas durante la protesta social en Chile.

No obstante, el INDH sostiene que no hay indicios suficientes de que se haya promovido una política estatal para generar daños a gran escala en la población.

En declaración pública, el INDH informa que este miércoles 18, por decisión de la mayoría de los miembros del Consejo, descartó presentar una querella criminal por eventuales delitos de lesa humanidad durante las protestas del estallido social, iniciadas en octubre de 2019.

Así reza la declaración:

Consejo del INDH decidió no presentar querella criminal por delitos de lesa humanidad en el contexto de la crisis social 2019

En sesión del Consejo del INDH del 16 de mayo de 2022, la mayoría de sus integrantes decidió no presentar una querella criminal por la eventual comisión de delitos de lesa humanidad en el período de la crisis social iniciada en octubre de 2019, por cuanto el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo dispone el Estatuto de Roma y la propia ley chilena.

En efecto, la información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población.

El INDH reitera que se ha mantenido la política de persecución penal llevada a cabo por el Instituto en el contexto de la crisis, sin perjuicio de que esta se analiza y evalúa permanente, la que consiste en perseguir judicialmente la responsabilidad de los agentes del Estado que vulneraron derechos humanos, y la responsabilidad del mando de Carabineros, y para lo cual se han presentado más de tres mil querellas criminales.

El Consejo del INDH hace un llamado a los órganos que componen el sistema de persecución penal, especialmente al Ministerio Público y los tribunales de justicia, a que cumplan con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violar los derechos humanos, tarea indispensable en una sociedad democrática en la cual rige el estado de derecho».

La decisión, promovida por Micco, además de su voto, contó con la aprobación de los consejeros Eduardo Saffirio (Independiente ex DC), Branislav Marelic (Independiente cercano al PS), Carlos Frontaura (independiente de derecha), Sebastián Donoso (independiente de derecha), Cristián Pertuzé (independiente de derecha) y el mismo Micco (DC).

Otros cuatro consejeros, Margarita Romero, Debbie Guerra, Consuelo Contreras y Yerko Ljubetic, votaron en contra.

Lo primero que hay que decir, es que se trata de una injustificada voltereta en 180 grados.

A inicios de mayo, el propio INDH acordó de manera unánime presentar “una querella criminal en contra de aquellos miembros del Alto Mando de Carabineros de Chile, que son responsables por haber omitido acciones concretas destinadas a poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la crisis social”.

Entonces, el INDH aseguró que “estas omisiones derivaron en numerosas denuncias por lesiones oculares producto de la utilización de la escopeta antidisturbios y de la carabina lanza gases, así como en reiterados casos de desnudamientos forzosos cometidos al interior de comisarías, los que constituyen violencia sexual”.

¿Qué cambió en el lapso?

El alineamiento del partido del orden dentro de la entidad, parte del pacto implícito de que contra el pueblo alzado, todo vale.

En caso de haberse querellado, el INDH habría podido definir que lo ocurrido durante la revuelta de octubre del 2019 sí constituyó una política de vulneración a los derechos humanos, donde la responsabilidad recayó en las altas autoridades de gobierno y seguridad, comenzando con Piñera.

En otras palabras, el INDH cooperó para la impunidad de Piñera a poco menos de un mes de la salida de Micco.

A modo de justificación, el INDH recuerda que también el Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya desestimó iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.

El Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya podrá tomar la decisión que estime conveniente, pero ello no obliga ni debiera subordinar el INDH en sus decisiones.

De hecho, en un informe de diciembre de 2019, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH. confirmó que, hasta ese momento, en el marco de la revuelta popular se habían registrado 26 muertos y centenares de heridos, así como denuncias de torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias y masivas en las manifestaciones, de los cuales se responsabilizó a Carabineros y las Fuerzas Armadas.

La declaración dice que el análisis del INDH no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características.

¿Cabe concluir entonces que los disparos de Carabineros, que dejaron más de 400 personas con trauma ocular, y sufrieron la pérdida total o parcial de la visión, fueron fortuitos?

La masividad de las denuncias de torturas y tratos inhumanos crueles y degradantes ¿exige mayores pruebas?

La declaración del INDH no hace sino confirmar la degradación de la labor del organismo, desde que lo dirige Sergio Micco.

Si el INDH se asila en argumentos puramente formales para incumplir su misión, quiere decir, simplemente, que no sirve para lo que fue creado, esto es, promover una cultura respetuosa de los derechos humanos, monitorear el quehacer del Estado de Chile a partir de estándares en la materia y proteger la dignidad de todas las personas que habitan en el territorio nacional.

“Me parece una pésima señal política. Si la calificación jurídica está errada, eso lo deciden tribunales, no lo puede decidir ya el organismo encargado de presentar esas querellas. La señal es equivocada y esa tesis la ha instalado el director, Sergio Micco, la idea de que no existieron en Chile violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, señaló a la abogada y consejera del INDH electa, Constanza Valdés, quien asumirá en su cargo en julio próximo.

“¿Cómo no van a existir indicios suficientes? si las violaciones a los derechos humanos ocurrieron con patrones que se repitieron en todo el país, y la información del propio INDH habla de 3.084 querellas con un número de víctimas representadas de 3.562, y hay que considerar que el INDH sólo ha accionado judicialmente por un tercio de las personas que han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos humanos”, explica un trabajador del INDH.

“Qué lamentable ver cómo una institución tan relevante es condenada a la irrelevancia por sus propios directores”, publicó en su cuenta de Twitter el doctor en Derecho Claudio Nash.

A su turno, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, puntualizó:

«Sorprende decisión del INDH de no llevar adelante querella criminal por delitos de lesa humanidad durante la revuelta social. ¿Acaso los cientos de mutilados por agentes del Estado no constituyen crímenes sistemáticos de una acción concertada para frenar las movilizaciones?
De hecho, la letra k), numeral 1 del artículo 7 del Estatuto Roma, señala que se entenderá por crimen de lesa humanidad, cuando «otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física…» Una vergüenza!.

Con esta decisión, el anhelo de verdad y justicia se hace aún más difícil para las víctimas de la revuelta social de 2019-20. En caso de recurrir a tribunales internacionales, deben primero recurrir a todas las instancias de la justicia nacional, y muchos de ellos no son parte de querellas, debido a que el INDH no se querelló en todos los casos de los que fue informado. De otra parte, recurrir a instancias internacionales tiene altos costos económicos, prohibitivo para la mayoría de las víctimas para las víctimas, cuya precaria condición económica era uno de los motivos que los impulsaban a protestar.

El historial de Micco para proteger a Piñera

Sergio Micco fue electo director del INDH el 19 de julio del 2019. Desde entonces, y en la práctica, se ha dedicado a blindar al gobierno de Piñera por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, lo cual generado graves crisis internas en la institución.

En noviembre del 2019, afirmó en medios de comunicación que las detenciones, abusos sexuales, maltratos, acusaciones de tortura y daño ocular ocurridos las primeras semanas de la revuelta iniciada el 18 de octubre no correspondían a violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eso generó revuelo, incluso entre los funcionarios del INDH, desplegados en distintos territorios y reportando vulneraciones a los derechos humanos en diversas ciudades del país.

A propósito del informe anual del INDH de 2019, Micco despidió a funcionarios históricos, como Osvaldo Torres, jefe de la Unidad de Estudios, quien sostuvo opiniones contrarias al director nacional respecto de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, y de Jorge Ortiz, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas.

El periódico electrónico Interferencia reveló que Micco recibía un ingreso https://interferencia.cl/articulos/director-del-indh-sergio-micco-fue-contratado-en-marzo-como-profesor-para-programa de parte de La Moneda, por un convenio firmado en 2017 entre la Segegob y la Universidad de Chile, para capacitar a dirigentes sociales.

Micco era uno de los tres docentes del programa, a cargo del curso de Habilidades y Técnicas Comunicacionales, a pesar de no ser experto en el tema, por un pago de más de dos millones de pesos, en medio de las investigaciones por vulneraciones a los derechos humanos durante el gobierno de Piñera.

En junio del 2021, Micco cambió el criterio de conteo de los heridos oculares durante el estallido social. Asi, en marzo del 2020 se contaban 460 víctimas por daño ocular, mientras que en junio eran 173, puesto que decidió informar sólo sobre los casos en donde el INDH se querelló.

La decisión fue rechazada por organizaciones de víctimas de daño ocular y también por integrantes del mismo consejo del INDH, quienes desconocían las razones detrás de esta decisión.

En julio de 2021, la asociación de trabajadores Affindh, denunció un eventual cierre del programa psicosocial para víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social, tras recibir notificaciones a funcionarios de cerrar casos. El sindicato afirmaba que la dirección encabezada por Sergio Micco se había excusado en hacer gestiones para conseguir presupuestos por los paros de trabajadores ocurridos durante ese año.

En diciembre del año pasado, Micco decidió desvincular a 48 profesionales, pertenecientes al programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Dos meses después, uno de los integrantes del consejo consultivo renunció a su cargo, acusando que MIcco sólo se ha reunido con el consejo consultivo “menos de cinco horas en 16 meses”.

La última polémica que involucró al director del INDH ocurrió en abril de este año, cuando sostuvo una reunión con gendarmes acusados por el mismo INDH de torturas en contra de un recluso, incidente que incluyó el corte de dedos de la víctima.

No hay mal que dure cien años. Por fortuna este nausabundo personaje termina su período en un mes más.

Sería un despropósito, muy difícil de creer, que el Consejo lo reelija para un nuevo período.

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