La muerte de Francisca Sandoval, periodista popular que desempeñaba funciones en Canal 3 de La Victoria, a doce días de haber sido impactada en el rostro por el disparo de un sicario, en el centro de un aparatoso operativo policial, reviste redoblada gravedad, tanto por lo que muestra, como por lo que deja entrever.

De entrada, atestigua la incapacidad del Estado, para controlar la tentación de la acción directa y la propensión a la violencia, proveniente de distintos sectores sociales, que, si bien por razones distintas, y a menudo opuestas, refleja la crisis multidimensional que asola al país, producto de la suma de varias crisis no resueltas-

Entre ellas, la debacle del modelo de desarrollo, manifestada en un prolongado estancamiento; el colapso de la legitimidad policial; el conflicto de la Araucanía; la crisis migratoria; el crecimiento exponencial del crimen organizado y el narcotráfico; la impunidad de violaciones de derechos humanos y delitos de cuello y corbata; el chantaje ideológico y la post verdad de los medios de comunicación, la violencia reactiva de diversas expresiones de ultraderecha, la ira de sectores populares y excluidos del modelo y la alarmante distancia entre la ciudadanía, la política y la institucionalidad.

Si se suma este tóxico condumio, al estrés colectivo de dos años de pandemia, se tiene el umbral de la tormenta perfecta.

Atenazado por la movilización popular, que no amaina, y por la arremetida del empresariado, la derecha, el sistema mediático y el partido del orden, el gobierno no consigue asumir la iniciativa, y por el contrario, ante la desazón y el desconcierto de parte importante de su parcialidad, cede terreno en principios programáticos, como la liberación de los presos políticos, aún entrampada en el senado, y desnaturalizada por varias indicaciones que limitan su eficacia, o el proyecto de Estado intermedio, eufemismo que apunta a disponer de las FF.AA. para el resguardo de las rutas en La Araucanía, concesión a un sector del gremio de los camioneros, para que depusieran los cortes de rutas y movilizaciones, que mantenía casi por dos semanas, que finalmente mutó a Estado de Excepción a secas.

Sin embargo, el turbio episodio durante el cual fue asesinada Francisca Sandoval, reviste rasgos misteriosos y desconcertantes, como lo demuestra el hecho de que, a pesar de la abundancia de registros audiovisuales, testimonios en medios de comunicación y mensajes en redes sociales, o tal vez por lo mismo, no hay una versión confiable, que acredite lo que sucedió.

Lo mismo, o muy parecido, manifiesta la diputada Carmen Hertz:

La oscuridad de las tinieblas

Encerrona en el Barrio Meiggs:  Paso al Frente Hacia el Estado Fallido
Mario Naranjo Naranjo, 42 años, el sicario acusado de asesinar a Francisca Sandoval

El acusado de disparar contra la joven periodista, Mario Naranjo Naranjo, de 42 años, actualmente en prisión preventiva por los delitos de homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego, quién será re-formalizado por homicidio, registraba condena a seis años de presidio por microtráfico de drogas, en 2014.

No fue el único detenido por el uso de armas de fuego, en medio del confuso episodio de la marcha paralela a la oficial de la CUT, atacada a balazos una banda organizada que brinda protección al comercio ambulante del barrio Meiggs, quienes, a su vez, acusaban de haber sido vandalizados por los manifestantes; típica maniobra de falsa bandera, extraída del manual de la contra-insurgencia.

Los otros detenidos son Yonaiker Fuenmayor Rondón, de 22 años y Luis Flores Salazar, de 31, venezolano el primero y colombiano, el segundo. Fueron identificados en el acto de disparar armas de fuego, mediante la revisión de cámaras de seguridad.

El siguiente registro, exhibido en la audiencia de formalización, los muestra en acción en calle Exposición, dos cuadras al poniente de la esquina donde se concentró el grupo mayor de pistoleros.

Encerrona en el Barrio Meiggs: Paso al Frente Hacia el Estado Fallido

Sin embargo, pudieron regresar a su domicilio, porque ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior solicitaron prisión preventiva, y solo quedaron con arresto domiciliario. Ni la fiscalía ni el Ministerio del Interior consideraron que Flores mantenía orden de detención vigente y que incumplió el arresto domiciliario en otra causa.

Los once pistoleros

Pero eso es apenas el principio.

Un reportaje de Ciper revela que al menos 11 personas abrieron fuego en los violentos incidentes ocurridos en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores.

En medio de la arremetida del lumpen, se escucha una voz, de evidente origen caribeño, que grita:

¿Dónde están las pistolas? ¡Las pistolas adelante!”.

El siguiente video registra los momentos posteriores de la grabación del mismo sujeto, probablemente uno de los líderes de las bandas de protección al comercio ambulante del barrio Meiggs. En el segundo 16 se escucha en segundo plano:

“¡Le di, conchetumare! ¡Le di!”.

De acuerdo con el reportaje, esa voz correspondería a Mario Naranjo, y sería una de las numerosas pruebas que lo incriminan. En el segundo 41, se aprecia a Naranjo disparando directamente contra un grupo de manifestantes. El destino del disparo bien pudo ser el rostro de la joven comunicadora, suceso ocurrido entre las 12:25 y las 12:30 del domingo 1 de mayo, mientras se encontraba en el bandejón central de la Alameda, grabando lo que ocurría en calle San Alfonso, una cuadra al oriente de Meiggs, desde donde disparaban a los manifestantes, casi a quemarropa.
.

El reportaje analizó cientos de videos y fotos difundidas por medios populares, como Piensa Prensa, Radio Villa Francia, Capucha Informativa y Primera Línea Prensa, y grabaciones de cámaras de seguridad.

El cruce de todos estos registros indica que al menos 11 individuos abrieron fuego desde el sector de los locales comerciales; nueve con armas de fuego y dos con fuegos de artificio, dirigidos directamente contra los manifestantes.

Los tiros partieron desde un grupo parapetado tras los kioscos de Exposición con Alameda, y desde otro, en San Alfonso con Alameda. donde cayó la reportera.

En el siguiente video, se aprecia a un individuo encapuchado, que dispara en varias ocasiones contra los manifestantes.

La foto registra con claridad el momento de uno de los disparos.

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En los siguientes registros, se aprecian, desde diversos ángulos, los disparos del sicario Naranjo. Cualquiera de ellos acabó con la vida de Francisca Sandoval.

El siguiente video, captado por una cámara de seguridad, muestra a dos sujetos, ambos de gris con camuflaje militar, manipulando armas y disparándolas.

A partir de la foto, sería fácil identificarlo. Sin embargo, que se sepa, permanece en libertad. A su espalda aparece Mario Naranjo

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Otro de los pistoleros, captado por cámaras de seguridad.

La actuación de Eduardo Bustamante requiere particular atención, porque aparece en las tres facetas del montaje.

Desde luego, es uno de los pistoleros que participó en la encerrona contra la marcha, como testimonia la siguiente secuencia, en que se lo ve disparando, y luego, en compañía del sicario Naranjo, también en actitud de disparo.

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Enseguida, destaca por su evidente relación de cercanía con el contingente policial.

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Al día siguiente apareció en el mismo sector de Meiggs, dando entrevistas a noticiarios y matinales de televisión, que le ofrecían generosos espacios para difundir su versión, coincidente con la de la policía:

“Nos llamaron, nos dijeron que se estaban tomando los locales los de la marcha, los manifestantes. Y sí, acá yo salgo con un armamento, pero es algo a fogueo, para amedrentar. Éramos todos porque venía una turba, saquearon, robaron, quemaron”.

La guinda de la torta: los medios de comunicación cierran el círculo, legitimando y naturalizando el montaje.

Evidencias del montaje

Sí, montaje con todas sus letras. Además de enfrentamientos -que también los hubo- el rasgo principal de la jornada es una brutal encerrona entre la policía y el crimen organizado contra pueblo en lucha, lo mismo que había ocurrido una semana antes, en el mismo lugar, contra una marcha de estudiantes secundarios.

Si eso no es fascismo, entonces qué será.

De la revisión acuciosa del material audiovisual y los testimonios disponibles, se desprende que la gran mayoría de los manifestantes se limitaba a marchar, cuando de súbito, minutos pasado el mediodía del domingo 1 de mayo, estalla la confusa trifulca, en la que, en apariencia, una turba agrede a pedradas las posiciones de los comerciantes ambulantes.

Es una performance que no cuesta demasiado producir.

De entrada, los pandilleros estaban a la espera, armados, según ellos, porque los policías los habían alertado de que los vendrían a saquear.

La vanguardia de la marcha estaba compuesta, como por lo demás es habitual, por grupos radicales anti-sistema, partidarios de la acción directa; colectivos anarquistas y lumpen al acecho de lo que pueda agarrar.

Es la abigarrada mano de obra de los desmanes, que agentes encubiertos, chivatos e infiltrados se dedican a activar, con el fin de desacreditar las expresiones de protesta, como prueban numerosos casos documentados desde la revolución pingüina de 2006 hasta hoy.

En consecuencia, apenas entraron en contacto, la violencia se apoderó del escenario como reguero de pólvora; de manera inevitable, predecible y fácilmente manipulable.

Y aunque esa violencia no haya sido inducida por infiltración policial, cuestión difícil de admitir, dada la configuración de los hechos, nada justifica lo que sucedió después, en cuanto que en esta oportunidad, de manera inédita, se cruzaron pedradas contra balazos provenientes de lo que técnicamente, a todas luces, corresponde a bandas de crimen organizado, en medio de la inepcia de un operativo policial de considerables proporciones.

Relaciones indecentes

Es más, hay suficiente evidencia de contacto impropio entre la policía y esa banda de crimen organizado, cuestión que reviste máxima gravedad.

Múltiples videos, fotografías y testimonios muestran a los hombres armados, que se acercaban a Carabineros sin que los detuvieran, y por el contrario, les abrían paso para agredir a los manifestantes.

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Complicidad entre la policía y los delincuentes: en el mismo lodo toos revolcaos.

Carabineros no sólo no actuó contra los responsables del asesinato de Francisca Sandoval, sino que continuó atacando a los brigadistas de salud con gas lacrimógeno, quienes les avisaban a gritos que había una persona herida, atendida por médicos voluntarios, a la espera una ambulancia.

En Pulso Sindical del 3 de mayo, diario de la CGT, una de las organizaciones convocantes, aparece:

«Lo sucedido a la trabajadora de canal 3 La Victoria, Francisca Sandoval, es un atentado a mansalva y sobre-seguro, facilitado, instigado y promovido por la desidia policial, que siempre, siempre, en este tipo de casos deja expuesta su política de mirar para el lado, dejar hacer al lumpen y por sobre todo arruinar con una represión descarada la movilización de miles que, pese a las dificultades, reiteran su rebeldía contra el sistema».

Agrega el comunicado:

«A la policía no le importa que los sicarios y delincuentes disparen ante sus narices. Les facilitan la pega ignorando acciones que para cualquier cuerpo policial con algo de decencia son evidentes.
Si se aplicara la ley cómo corresponde, no estaríamos lamentando hecho dolorosos como los sucedidos el pasado primero de mayo, pero que se han transformado en una constante, que además cuenta con un pasividad exasperante de las autoridades políticas, que cierran los ojos ante lo evidente y se niegan a intervenir una fuerza policial en profunda descomposición».

El pasado 25 de marzo, a dos semanas de instalado el nuevo gobierno, el esquema de los hechos se repitió casi con pantógrafo.

Una movilización popular, en ese caso estudiantil, fue acorralada entre las bandas organizadas del barrio Meiggs y la represión policial, con el resultado de un transeúnte herido de te bala, A.V.F. , de 20 años, con herida subcutánea que entró y salió por el pecho. Lacónica, una funcionaria de la Posta Central, lo calificó de manera acertada: “fue casi un milagro”. El tiro salió del revólver del cabo de Carabineros Leonardo Quezada.

Los mismos sicarios que balearon la marcha del primero de mayo, agredieron salvajemente a los estudiantes, con saldo de siete de ellos lesionados, uno de los cuales, al que patearon en el suelo, como registra la imagen, conectado a ventilador mecánico, con riesgo vital.

Encerrona en el Barrio Meiggs: Paso al Frente Hacia el Estado Fallido
«Comerciantes ambulantes» patean a un estudiante en el suelo, dejándolo en riesgo vital. Que se sepa, no hay ningún detenido por este hecho.

De manera análoga, tanto el carabinero autor del disparo, como la banda de forajidos armados del barrio Meiggs, fueron presentados por el sistema mediático, como víctimas de la violencia estudiantil.

Como fuere, después de la emboscada del 1 de mayo, el gobierno no pudo evadir el tema. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, enarboló la consabida instrucción de un sumario interno.

Sea por acción u omisión, débase a complicidad, desidia o inoperancia, o la combinación de todos esos factores, Carabineros es culpable de oficio: las imágenes son elocuentes y no se pueden desmentir.

Sin embargo, confiar en que un sumario interno llegará a algún resultado, equivale a esperar peras del olmo, o dejar al gato al cuidado de la carnicería.

Mientras el gobierno anunciaba querellas por doquier y afirmaba que la policía todavía «no encuentra» a los delincuentes, sus rostros circulaban profusamente en redes sociales y medios de prensa alternativa.

La impotencia del gobierno expone, por contraste, la considerable autonomía que ha alcanzado la policía militarizada del país.

Sin embargo, en lugar de avanzar hacia la refundación de la policía planteada en su programa, la ministra del Interior anunció el plan «Reforzamiento Dinámico de Carabineros», consistente en la re-destinación de 700 funcionarios a 17 comunas del país.

A este andar, poco falta para que proponga reactivar el proyecto de Piñera, que «moderniza» la inteligencia policial, varado en el parlamento.

Matar al mensajero

Otro aspecto de superlativa gravedad dice relación con la intencionalidad de disparar directamente contra periodistas, camarógrafos y comunicadores de medios alternativos y populares.

Benjamín Lillo, director de Canal 3 de La Victoria, señaló ese día:

«Creemos que nos estaban disparando directo porque no es menor que de cinco personas que resultaron heridas, tres sean de prensa independiente. Hubo una premeditación hacia quienes buscaban atacar»

Además de Francisca Sandoval, recibieron heridas de bala Roberto Caro, fotógrafo independiente colaborador de Piensa Prensa y Aby, comunicadora de Radio 7 de Puente Alto.

Después de una atenta revisión de los registros gráficos, sorprende que hayan sido solo tres.

A febrero de este año, o sea, a 25 meses del estallido social, solo dos de más de 300 casos de agresiones a periodistas camarógrafos y comunicadores de medios alternativos lograron formalizarse contra los agentes del Estado responsables de ellas.

Decenas siguen sin avances y con la posibilidad de ser cerradas, como ya ocurrió en al menos una de las sesenta querellas interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Una declaración pública de la Asociación de Medios Independientes, señala al respecto:

«Durante la revuelta social, hubo casos de trabajadores de la comunicación heridas y heridos, detenidas y detenidos de manera arbitraria, amen de que varios de nosotras y nosotros recibimos amenazas a través de redes sociales, lo que es una condición permanente y otra forma de inseguridad presente en nuestras profesiones y oficios. No podemos dejar de relevar a quienes fueron brutalmente mutiladas y mutilados por las fuerzas de orden y seguridad en este contexto, incluso perdiendo uno de sus ojos durante
el ejercicio de su rol como comunicadores».

Los guardianes del partido del orden y el crimen organizado le profesan particular inquina a los/as trabajadores/as de la prensa independiente y popular porque son los únicos que exponen a la luz pública sus fechorías, del mismo modo, y por idénticas razones por las cuales las mafias del narcotráfico asesinan periodistas en Colombia o México, y los halcones imperiales pretenden sepultar en vida a Julian Assange.

Vana ilusión.

Dado el estado de avance tecnológico, que transformó cada teléfono celular en un completo y eficiente dispositivo de comunicación en línea, si tuvieran alguna «inteligencia», se darían cuenta de lo inútil de matar al mensajero o disparar contra el pianista.

Pero, con toda probabilidad, ahí se los verá en la siguiente protesta, intentando, con un dedo, tapar el sol o taponar la grieta en el dique de la historia… y métale palo o bala a los comunicadores populares.

Rumbo al Estado fallido

Entre las gruesas fallas del Estado y misterios verificados durante esa fatídica jornada, destacan la desidia, indolencia y lenidad de la institucionalidad a cargo del orden público.

¿Cómo es posible que, en medio de una frenética arremetida del partido del orden, a propósito del incremento de la delincuencia, y el escándalo que que generaron las imágenes y videos, ni el Ministerio Público ni el Ministerio del Interior solicitaron medidas cautelares contra esa peligrosa banda armada, que disparó a mansalva?

Así lo señaló la propia magistrada, quién, dada la gravedad de los hechos, decretó de oficio el arresto domiciliario, a los dos imputados extranjeros, capturados por la PDI. .

Han pasado más de dos semanas, y que se sepa, todos los forajidos armados, salvo Naranjo, permanecen en libertad.

¿Hay algo más hondo que explique este notable abandono de deberes?; ¿acaso el pacto tácito de que todo vale contra el pueblo alzado, que todavía mantiene en prisión a numerosos presos de la revuelta?

Gústele o no a opinólogos, corifeos y propagandistas, es evidente que los sucesos de primero de mayo representan brotes verdes de lo que la ciencia política denomina Estado fallido.

Es un concepto relativamente nuevo, que se empezó a estudiar a principios de la década del 90, en el marco de crisis humanitarias de grandes proporciones en Africa, la guerra de los Balcanes en Europa y el punto cenital de la hegemonía norteamericana, después de la guerra fría.

Ciertos autores empezaron a designar por tales a aquellos países que son ineficientes en proveer bienes públicos a su población y mantener control institucional y social en su territorio, de modo que constituyen una amenaza para los estados vecinos y el orden internacional.

Aunque las interpretaciones son diversas, y el concepto de utiliza en distintos contextos, hay características y nociones que se repiten.

Entre las condiciones para que un Estado integre la lista de los Estados fallidos, se cuentan vacío de poder en un país aquejado por el conflicto interno (Ruiz 2011, 98); ineficacia en atender las demandas ciudadanas básicas (Zapata 2014, 89), e ingobernabilidad (Bartolomé, 2004) entendida como incapacidad del Estado de contar simultáneamente con legitimidad y eficacia, condiciones esenciales para garantizar su existencia. Así, la imposibilidad de ejercer el poder político de manera eficaz y constante, por medio del acatamiento legal y legítimo de las normas, deriva en una crisis de ingobernabilidad.

Dada la inhabilidad de los Gobiernos de garantizar el control político sobre su territorio y proveer seguridad y bienestar a su población, diversos actores pueden oponerse de manera insurrecta al Estado soberano y decidir organizarse, por vía pacífica o beligerante, como alternativa a la ineficacia estatal (Dorff 1996, 23). Según este autor, «los ánimos e iniciativas segregacionistas suelen relacionarse con la menguante capacidad del Estado de responder a los requerimientos de su población».

La corrupción constituye otro elemento generador y persistente del declive estatal (Cirino y Elizondo 2003, 171). Dado el escenario de ingobernabilidad, esta y otras prácticas ilegales, como el delito común, pueden permear el sistema político y debilitar aún más la institucionalidad estatal

Mancero y Múnera derivan las características esenciales de la falla estatal:

  1. El rompimiento del orden legal-constitucional, al perder el Estado el monopolio legítimo de las armas y su degeneración en la incapacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, pudiendo derivar en la propia represión hacia estos.
  2. La incapacidad de dar respuesta a las necesidades básicas de su población, al no proveer bienes públicos y condiciones de bienestar, bajo un manejo deficiente de la actividad económica.
  3. La ausencia de una institucionalidad consistente y reconocible, capaz de representar al Estado ad intra ante su población y ad extra hacia el exterior.
  4. Derivadas de las anteriores condiciones, emergen y se reproducen organizaciones armadas, mafias, guerrillas, paramilitares, señores de la guerra etc., quienes desafían el monopolio estatal de la fuerza y operan, generalmente, en sustitución del Estado (López 2011, 180).

Diversos autores integran otras características:

• Corrupción política e ineficacia judicial.
• Sobrepoblación y contaminación.
• Altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana.
• Altos niveles de informalidad, pobreza y pobreza extrema.
• Crisis económicas, inflación y desempleo.
• Fuga de talento (emigración altamente cualificada).
• Bajos porcentajes de personas con educación superior.
• Gran parte de la población con la primaria o secundaria incompleta.

Es indudable que buena parte de esos rasgos ya se están manifestando en Chile, debido a la superposición de las crisis irresueltas enumeradas al principio; acaso la principal, el agotamiento del modelo de desarrollo vigente.

Si ni en su fase de mayor expansión y desarrollo, en la décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, el modelo neoliberal pudo ofrecer condiciones que garantizaran la paz social y la convivencia democrática, menos puede hacerlo ahora, en fase de declinación, estancamiento económico, crisis de acumulación y prolongado descontento social.

Es decir, la elite dominante y el partido del orden todavía tienen el poder, por ejemplo, para doblegar al gobierno y obligarlo a decretar Estado de Excepción en la Araucanía, y asumir que orden público significa más represión, más policías y más cárceles; pero la estrechez de sus miras, y la holgura de sus intereses, les impiden ver que la solución es exactamente la opuesta.

Podrá haber la cantidad de policías que quieran, e incluso militarizar transitoriamente el país; dedicar más presupuesto a la defensa y el orden público que a la educación, y construir más cárceles, pero eso, después de casi cuatro décadas de dominio, no hará sino acicatear un candente conflicto social, que amenaza con romper, por los cuatro costados, las costuras del sistema institucional.

Por el contrario existe abundante evidencia que correlaciona paz social con igualdad de oportunidades y justicia distributiva en el ingreso nacional.

La derecha está, como siempre, retardando el discurrir de la historia, con su oposición cerril a cualquier cambio que mejore las condiciones de vida de las mayorías y afecte, aunque sea en mínima medida, sus intereses y privilegios.

Pero no debería cantar victoria ni sacar las cuentas de la lechera. Si el país sigue como hasta ahora, incapaz de procesar sus diferencias por medios democráticos, debido a la obstrucción de la derecha, es mucho más probable un escenario de Estado fallido, que el retorno al 17 de octubre de 2019.

Y por si lo olvidan, o no lo toman en debida consideración, en un contexto de Estado fallido, la que más tiene que perder es la clase propietaria.

(*) Director de Red Digital

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