De tanto en tanto, se presenta en público algún típico milagro económico de cuño neoliberal, que el sistema mediático se encarga diligentemente de silenciar; caso, sin ir muy lejos, de las pensiones.

Mientras en los últimos doce meses los fondos de pensiones perdieron $12.595.355 millones, equivalentes al 8,3% nominal y 15,1% real; en el mismo lapso de tiempo, los propietarios de las AFP retiraron utilidades por $277 mil millones.

Pérdidas AFP 2021

¿Cómo se explica esto?.

Si los trabajadores fueran dueños de sus fondos, como proclaman cínica y machaconamente los propietarios de las AFP, los políticos de derecha y el sistema mediático, inmediatamente arbitrarían medidas para cambiarse de un sistema que les ocasiona pérdidas recurrentes y cada vez más frecuentes; al tiempo que enriquece a los administradores y entrega financiamiento asegurado y de bajo costo a la clase empresarial y los grupos económicos del país.

Pero no lo son.

Son víctimas de un gigantesco embuste, un espantajo neoliberal, un truco cabalístico, el espejismo de una ilusión.

Apenas son titulares de una cuenta nominal, que no permite incidencia alguna en las decisiones de inversión de sus fondos, cuyo «derecho» garantizado consiste en percibir una pensión que en promedio no alcanza al tercio de la tasa de reemplazo y es invariablemente menor que la rentabilidad obtenida con sus fondos por el gran empresariado y el sector financiero; sin perjuicio de trampas hundidas, como cálculo de expectativa de vida deliberadamente sobreestimado, o comisiones fantasmas, entre otras; que los supuestos dueños siquiera sospechan.

Y, claro; son portadores de otro derecho inalienable: cambiarse de AFP a voluntad.

Es tan irracional el sistema, -o tan fríamente racional- que, en lugar de desplegar «ingeniería legislativa» para torpedear el quinto retiro con un proyecto todavía peor, y así apuntalar un sistema que hace agua por los cuatro costados en un día lluvioso; o enviar un proyecto de ley que cae en el garlito del falso dilema sobre la propiedad de los fondos, el gobierno debería iniciar cuanto antes el debate para reemplazarlo, lo cual, de otro lado, hace parte de su programa.

En tal sentido resulta ambigua, contradictoria y lamentable la señal enviada por la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, al declarar que es necesario «recuperar la legitimidad del sistema de pensiones«.

Subsecretaria de Hacienda,  Claudia Sanhueza

Evidentemente, la subsecretaria no coincide en que el sistema es irrecuperable; que el drama de las pensiones no resiste más de lo mismo, y que lo urgente es cambiarlo.

Cabe preguntarse si esa opinión representa la actual posición del gobierno, o corresponde a una arrancada de tarros de la funcionaria.

En materia de señales, tan preocupante como la anterior es la permanencia de Osvaldo Macías, connotado lobbysta de las AFP, en la Superintendencia de Pensiones. Es cierto que es un organismo autónomo, pero eso no significa la inamovilidad de su titular; menos, cuando se trata de imprimir un cambio.

Todavía peor es la designación de Tamara Agnic en el directorio del BancoEstado. A principios de 2015, mientras se desempeñaba como Superintendenta de Pensiones del segundo gobierno de Bachelet; autorizó las fusiones truchas entre Argentum y Cumprum, y entre Adquisition y Provida, que le ocasionaron una pérdida al erario nacional de más de US$420 millones de la época. Es como el gato al cuidado de la carnicería.

El blanqueamiento de las pérdidas

Hay otra trampa hundida, consistente en declarar las pérdidas de los fondos en términos nominales; que después son igualadas con ganancias, también puramente nominales.

En términos reales, esas pérdidas no se recuperan. Es lo que en economía se denomina destrucción de valor. Pueden ser compensadas contablemente con ganancias infladas, pero si no se hubiesen producido, la pensión sería alícuotamente mayor.

En ese pase de prestidigitación, pasan de contrabando, por ejemplo, los $399 mil millones que perdieron los fondos de pensiones en la tramposa -pero legal- quiebra pactada de Latam.

En efecto, según el reportaje de Interferencia, en enero de 2020 las siete AFP que operan en Chile tenían en sus carteras de inversión 105 millones de acciones de Latam Airlines Group S.A., por valor de $697 mil millones, poco más de US$900 millones, a la paridad de ese día, equivalentes al 17,3% de la propiedad de la mayor compañía aérea de América Latina; con un precio por acción de $6.593.

Cuatro meses después, en mayo, ya en pandemia, la acción se desplomó a $838 pesos; es decir, una pérdida del 87% en su valor.

En pocas palabras, a fines de mayo el paquete accionario perdió $399 mil millones; pésimo negocio para los casi 10 millones de supuestos propietarios de los fondos, en realidad afil(i)ados de las AFP, cuya única opción de enterarse de estas trapacerías con su dinero se reduce a leerlas en la prensa alternativa.

AFP perdieron 399 mil millones de pesos de los cotizantes por ser accionistas de Latam

La sombra de Piñera

Extraño, por decir lo menos, si se considera que los fondos de pensiones internacionales no invierten en aerolíneas, percibidas como negocios riesgosos; pero explicable por el hecho de que las AFP iniciaron su exposición en las AFP, cuando Sebastián Piñera era presidente de la compañía, por la interpósita mano de su brazo financiero, las corredoras de bolsa o sociedades de inversión Moneda Asset, Celfin Capital y BGT Pactual, las mismas que operaron la turbia venta de su participación.

En el reportaje Por Qué el Estado no Debe ni Puede Rescatar a Latam, de este medio, aparece que en marzo de 2010, ya como Presidente de la República, Piñera vendió su participación del 26,4% de la aerolínea en US$1.492 millones, sin pagar un dólar de impuesto a las ganancias del capital, parte importante de los cuales colocó en paraísos fiscales; ante la indolencia e impavidez de instancias contraloras o supervisoras, tales como como Impuestos Internos, la entonces Superintendencia de Valores y Seguros y la Contraloría General de la República.

Cuanto menos, debió llamarles la atención una utilidad superior al 10.000%, considerando que, en mayo de 1994, el entonces senador Sebastián Piñera compró el 16% de la compañía, en US$10 millones, a razón de $80 por acción; sin perjuicio que, en tanto senador, esa compra fue absolutamente ilegal.

Pero todavía faltaba un ladrillo en la pared: la participación de Piñera, en la operación de venta de Lan, fue cubierta por un aumento de la inversión de las AFP, que llegó a los US$1.547 millones; entonces un 15% del capital accionario.

Todo esto, naturalmente, ante la ignorancia de los pretendidos dueños de los fondos; o su impotencia, en caso de saberlo; cuestión enteramente ilógica, si lo fuesen en realidad.

La espiral de las pérdidas

La espiral descendente de la rentabilidad de los fondos, registrada en los últimos doce meses, ha persistido, como muestra el siguiente cuadro de la Superintendencia de Pensione, en el primer trimestre de 2022.

Las pérdidas de las AFP en 2022

Como hablar es gratis, y el papel aguanta todo, la Superintendencia explica las pérdidas con el consabido lenguaje hermético de los iniciados:

«La rentabilidad de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D se explica principalmente por el retorno negativo que presentaron las inversiones en instrumentos extranjeros. Dicho retorno fue parcialmente compensado por la rentabilidad positiva que presentaron las inversiones en acciones locales».

Interesante. Esta vez, los fondos de los trabajadores chilenos perdieron en casinos extranjeros. Pero hay más:

«Pese a que durante el mes de marzo se observaron resultados mixtos en los principales mercados internacionales, estas inversiones se vieron impactadas por la apreciación del peso chileno respecto de las principales monedas extranjeras, lo que afectó negativamente a las posiciones sin cobertura cambiaria, contrarrestando parcialmente los retornos positivos observados en los mercados desarrollados y latinoamericanos, y acentuado el mal desempeño observado en los mercados emergentes de Europa y Asia».

En suma, sea por los malos resultados de la inversión en el extranjero, o por el repunte de
de la moneda nacional, debido al alza del precio del cobre, el hecho que los perdedores netos siguen siendo los supuestos propietarios de los fondos de pensiones chilenos; a saber, los trabajadores esquilmados por las AFP, y a través de ellas, por la miope e insaciable clase empresarial-financiera.

Esto es intolerable, y así lo han manifestado las grandes mayorías nacionales, a través de diversos medios y multitudinarias manifestaciones. Sería un error de graves consecuencias que el gobierno, en el prurito de exhibir estabilidad, se incline por la tesis de la subsecretaria de Hacienda, en el sentido de reformar el sistema, en lugar de reemplazarlo.

Evidentemente, nadie espera que lo consiga en cuatro años; ni menos con la actual correlación parlamentaria. Pero al menos, en función de su programa, cabe exigirle el inicio del proceso.

Ganancias a todo evento

La situación es aún peor si se considera que mientras los fondos de pensiones experimentaban prolongadas y severas pérdidas; las AFP, impertérritas, percibían suculentos beneficios.

Según el artículo Negocio redondo: las seis principales AFP reparten utilidades a sus dueños por $277 mil millones a cuenta de 2021, seis de las siete AFP que operan en Chile repartieron utilidades por el ejercicio 2021; siendo Habitat, de la Cámara Chilena de la Construcción, con $115 mil millones, la que más retiró; seguida por Cuprum, de Principal Financial Group, con $59 mil millones, y Provida, de la aseguradora norteamericana Metlife, con $30 mil millones.

A continuación se alinean Capital, del grupo colombiano Sura, con 21,9 mil millones; Modelo, de la familia Navarro Haeussler y el grupo Sonda, con $27 mil millones; y PlanVital, de la italiana Assicurazioni Generali, la holandesa Generali Participations Netherlands, las familias chilenas Saval Bravo y González Alemany y el grupo peruano Arredondo Lindley, con $23 mil millones.

Es cierto que un mes y medio no constituye medida de nada razonable, pero no lo es menos que en ese lapso de instalación, en materia de pensiones, el gobierno ha proyectados más señales de continuidad que de cambio.

Agobiado por el bombardeo implacablemente por el partido del orden y el sistema mediático, por un quítame allá esas pajas, parece evidente que el gobierno sacó la reforma de las pensiones -y qué decir del cambio de sistema- de sus urgencias, y en el clásico juego de piernas, la mandó a pasear.

No de otra manera puede entenderse el “Diálogo Social” para la Reforma del Sistema de Pensiones,

Se trata de dieciséis audiencias que se llevarán a cabo a lo largo de todo el país, una por región, en el que participan el Gobierno, los trabajadores a través de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; y los empresarios, mediante la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC; proceso que concluirá en junio.

En el primer encuentro, en Rancagua participaron 76 personas que se distribuyeron en seis mesas de trabajo. Para el proceso total se espera una participación de 1.600 personas.

Si esa es la oferta del gobierno en materia de pensiones, para los primeros seis meses de su gobierno, es difícil no coincidir con Churchill, en el sentido de que es demasiado poco, y puede llegar demasiado tarde.

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