Libertad de Información en Estado de Coma: Justicia Británica Aprobó Extradición de Julian Assange a Estados U

La justicia británica emitió este miércoles la orden formal que autoriza la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010. Si es declarado culpable, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel.

Rechazando en marzo el permiso para apelar solicitado por los abogados del periodista australiano, coordinados a nivel internacional por el exjuez español Baltasar Garzón, la Corte Suprema británica dictó que el caso fuera trasladado a la ministra del Interior, Priti Patel, quien tiene la última palabra ante cualquier caso de extradición.

Eso fue precisamente lo que hizo el miércoles 20 de abril el juez Paul Goldspring durante una vista de apenas siete minutos en el tribunal de Magistrados de Westminster.

Assange compareció la mañana de este miércoles por videoconferencia durante la breve audiencia del tribunal, que llega después de que la Corte Suprema rechazara hace un mes una apelación para evitar su traslado a Norteamérica.

Vestido con campera y corbata, Assange solo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento y durante la sesión pareció formar un corazón con sus manos, posiblemente dirigido a su pareja.

El periodista de 50 años apareció por videoconferencia desde la cárcel londinense de Belmarsh. Allí está recluido desde su detención en abril de 2019 por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirara la protección que le había concedido su predecesor, Rafael Correa.

El fundador de WikiLeaks se refugió en la delegación ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados. Assange negó dichos cargos y afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.

Al igual que en anteriores ocasiones, un grupo de manifestantes defendió su inocencia frente a las dependencias judiciales.

Varias decenas de simpatizantes se manifestaron a las puertas del tribunal británico con pancartas que pedían «No extraditar a Assange».

Al término de la breve vista en la Corte de Westminster, la esposa del periodista, Stella Moris, pidió a la multitud reunida a las puertas del juzgado «seguir luchando por su liberación».

La defensa de Assange tendrá ahora hasta el 18 de mayo para presentar sus alegaciones a Patel, con la esperanza de que se oponga a la entrega. Una vez anunciada su decisión, tendrán 14 días para intentar recurrirla. También podrían buscar una nueva apelación sobre otros aspectos jurídicos.

Un ataque contra la libertad de prensa

La justicia de Estados Unidos quiere juzgar al australiano de 50 años por la difusión en el sitio WikiLeaks a partir de 2010 de más de 700 mil documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses, que en particular revelaron violaciones a los derechos humanos cometidas en las guerras de Irak y Afganistán.

Entre esos documentos figuraba un video que mostraba civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters, abatidos por los disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa.

El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano no es periodista sino pirata informático y que puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos sin editar. Pero WikiLeaks argumenta que tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si es de interés público.

La causa contra Assange

Assange está preso en el Reino Unido desde abril de 2019. En enero de 2021, la justicia británica falló a su favor: la jueza Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense.

Pero en diciembre de ese mismo año, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaeda.

Además garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en su Australia natal. Para sus defensores, encabezados por Stella Moris, la abogada sudafricana con la que tuvo dos hijos en secreto durante sus años en la embajada ecuatoriana y con la que se casó en Belmarsh el mes pasado, estas garantías no son creíbles.

Moris insistió este miércoles en que «hace falta valor político, pero esto es lo que se necesita para preservar una sociedad abierta que proteja a los editores de la persecución extranjera». El primer ministro «Boris Johnson y Priti Patel no pueden entregar a Julian a un país que conspiró para asesinarlo. Ellos pueden detener esta pesadilla hoy mismo y devolver a Julian con su familia», dijo la abogada, quien advirtió que el artículo 4 del Tratado de extradición británico-estadounidense «prohíbe las entregas por delitos de carácter político».

Por su parte Carlos Poveda, miembro del equipo legal internacional de Assange, reconoció que «el tiempo se está agotando» para impedir la extradición de su defendido a Estados Unidos. «Estamos luchando en todos los países donde tenemos causas de Julian. Si no, estaríamos derrotados», manifestó el abogado ecuatoriano al tiempo que advirtió que «hay una agilidad en el proceso legal, no es que sea inusitada, pero se van agotando recursos».

Mark Summers, uno de sus defensores, manifestó que expondrán ante la ministra sus preocupaciones por las condiciones que podría enfrentar el periodista en caso de ser extraditado a territorio estadounidense, donde, en caso de ser encontrado culpable, podría ser condenado a hasta 175 años de prisión.

Assange, de 50 años, está acusado de incumplir la Ley de Espionaje estadounidense después de que Wikileaks publicara miles de cables secretos hace ya 12 años. Desde entonces, el periplo de Assange ha sido largo: pasó siete años en la embajada de Ecuador en Londres hasta que el gobierno del país sudamericano le revocó el asilo, y fue entonces detenido.

Actualmente está en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. Allí contrajo matrimonio con quien fuera una de sus abogadas, Stella Moris, con quien tiene dos hijos pequeños.

Amnistía Internacional: Extradición de Assange amenaza la libertad de prensa

La posible extradición a Estados Unidos de Julian Assange, la cual quedó en manos del gobierno británico este miércoles 20, pone al fundador de WikiLeaks en grave peligro y sería una grave amenaza para la libertad de prensa, advirtió la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

“La confirmación por la ministra del Interior de Reino Unido de la solicitud de extraditar a Julian Assange violaría la prohibición de la tortura y sentaría un alarmante precedente para editores y periodistas de todo el mundo”, declaró AI.

Reino Unido “tiene la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro, y el gobierno no debe abdicar de esa responsabilidad”, dijo la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

AI recordó que “la reclusión prolongada en régimen de aislamiento es algo frecuente en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos”, y esa práctica “constituye tortura u otros malos tratos, prohibidos por el derecho internacional”.

Las autoridades estadounidenses “han declarado de forma categórica que modificarán las condiciones de reclusión de Assange en un centro federal cuando lo consideren oportuno”, lo cual podría causar “un daño irreversible al bienestar físico y psicológico” del activista, según la organización.

La extradición “también sería devastadora para la libertad de prensa y para la ciudadanía, que tiene derecho a saber lo que están haciendo los gobiernos en su nombre”, sostuvo Callamard.

“Publicar información de interés público es una piedra angular de la libertad de prensa. La extradición de Assange para que enfrente acusaciones de espionaje por publicar información clasificada sentaría un precedente peligroso y pondría en riesgo a los profesionales del periodismo de todo el mundo”, agregó.

La tesis de AI es que si Londres permite que otro país ejerza la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar a una persona que publica material desde Reino Unido, otros gobiernos podrían usar el mismo mecanismo legal para encarcelar a periodistas y silenciar a la prensa más allá de las fronteras de su propio país.

“Para empezar, nunca deberían haberse formulado cargos contra Assange. No es demasiado tarde para que las autoridades estadounidenses corrijan la situación y retiren los cargos”, declaró Callamard.

“Mientras tanto, dado el carácter político del caso y sus graves implicaciones para la libertad de expresión, en el futuro, Reino Unido debería abstenerse de representar a Estados Unidos en una apelación”, agregó la responsable.

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