Las AFP, los Retiros y la Contingencia

En los últimos meses ha sido recurrente en la prensa radio y TV, el tema de una eventual “expropiación” del ahorro previsional de los cotizantes en las AFP. Esto, generalmente promovido por la derecha política del país y sectores empresariales ligados al gran capital financiero.

El 11 de noviembre de 1980, plena dictadura, se dictó el DL 3.500, vigente hasta ahora con algunas modificaciones posteriores, pero manteniendo incólume su esencia.

Se debe señalar que, hasta esa fecha, la previsión social de los trabajadores chilenos era administrada por el Estado mediante los diversos regímenes previsionales, el que se reflejaba en el funcionamiento de varias Cajas de Previsión y del Servicio del Seguro Social (SSS), como una forma de seguridad previsional a pensionadas y pensionados que les permitiera una vejez digna, más allá de la deficiencias que éste hubiese podido tener.

Precisamente, este sistema estatal poseía un marcado carácter solidario y de reparto, donde los trabajadores activos financiaban las jubilaciones del sector pasivo, lo que estaba en completa correspondencia a una real concepción de política de previsión social en beneficio de la tercera edad, de los jubilados.

Otro hecho importante también era el aporte estatal y patronal a la previsión, lo que permitía un financiamiento adecuado de las jubilaciones, hasta el día del fallecimiento del pensionado y las respectivas pensiones de viudez u orfandad que correspondieran.

¿Qué establece el DL 3.500?. En su artículo 1 señala:

“Créase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual que se regirá por las normas de la presente ley. La capitalización se efectuará en organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones.”

En el segundo artículo, en sus tres primeros párrafos, se indica:

“El inicio de la labor del trabajador no afiliado genera la afiliación automática al Sistema y la obligación de cotizar en una Administradora de Fondos de Pensiones, sin perjuicio de lo dispuesto para los afiliados voluntarios.

La afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia que origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial, el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización.

La afiliación al Sistema es única y permanente. Subsiste durante toda la vida del afiliado, ya sea que se mantenga o no en actividad, que ejerza una o varias actividades simultáneas o sucesivas, o que cambie de Institución dentro del Sistema.”1

Se debe hacer hincapié que este DL lo que establece es un sistema de ahorro obligatorio para los trabajadores, el que al término de su vida laboral le asegure una suma de dinero para su mantención y la de su familia, la que, se aseguraba en ese tiempo, alcanzaría no menos a un 80% del último sueldo. Por otro lado, no se puede hablar de un sistema de protección social dado que se restan los aportes del Estado y del empleador, como sí lo aseguraba el antiguo sistema.

En los hechos, se traspasa únicamente al trabajador la responsabilidad de poder financiar su vejez y a la sapiencia que pudiesen tener las AFP para rentabilizar dichos fondos.

Las AFP, en el artículo 23 del citado DL, se definen:

«Las Administradoras de Fondos de Pensiones, denominadas también en esta ley Administradoras, serán sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley.”2

En otras palabras, las AFP son grandes empresas, conformadas por accionistas (grandes grupos de capital financiero), con giro único, las que, por administrar e invertir los dineros de los trabajadores en los mercados financieros, cobran un precio (una comisión) renten o pierdan dichas inversiones. Es decir, negocio redondo.

Al decir del destacado economista Manuel Riesco, “Para el pueblo trabajador el asunto es claro. El fondo AFP no financia pensiones adecuadas ni las financiará jamás. El dinero allí empozado, recortado obligatoriamente a sus salarios y restado a las pensiones de sus mayores, financia la mayor parte de los créditos y buena parte del capital de las empresas que operan en el país, especialmente las de los cuatro grupos que controlan este sistema a partir de sus compañías de seguros que son el corazón del mismo. Ellos le dicen al pueblo que ese dinero es ahorro que le pertenece, pues bien, que lo devuelvan.” 3

Si bien el DL 3.500 establece tácitamente que la propiedad de los fondos previsionales son los propios cotizantes, esto no es más que una declaración de buenas intenciones, ya que solo pueden obtener una pequeña porción de ellos, como una parte alícuota mensual (al pensionarse) por un período de años establecido (esperanza de vida, sobre 90 años para mujeres y sobre 85 años para hombres), monto que podrá variar de acuerdo a la rentabilidad (o pérdida) que esos fondos obtengan.

Esto, sin considerar los llamados “retiros” que puedan tener lugar de acuerdo a leyes que pudiesen dictarse, como ha sido los 3 “retiros” ya dictaminados. Otra opción es traspasar los fondos acumulados, al jubilarse, al sistema de Rentas Vitalicias.

Dicho de otra forma, si bien legal y aparentemente los fondos son propiedad de los cotizantes, en la práctica son manejados y administrados por las AFP, y serán devueltos a goteo a los pensionados.

Por otra parte, la creación de las AFP a inicios de los años 80 no obedecía a una política social, sino a una concepción a ultranza del neoliberalismo, como lo es el rol “subsidiario” del Estado. En particular, respecto a las AFP, la intención de la dictadura fue crear un Mercado de Capitales en el país, que permitiera enfrentar la gran crisis financiera de fines de los años 70 / principio de los años 80.

Por una parte, el Estado y los empresarios dejaban de asumir los costos que significaban los aportes de ambos al sistema previsional y, por otro, se facilitaban esas grandes sumas de dinero a estas AFP, prácticamente a costo cero, dineros que se invertían en diversos instrumentos financieros en el país y en el extranjero, lo que permitió formar varios grupos económicos que usufructuaron, y todavía usufructan, de estos flujos financieros. conformando grandes conglomerados y holding que hasta el día de hoy existen y que han tenido una gran influencia en la toma de decisiones económicas en el país como también en la política.

No olvidemos el financiamiento irregular de la política por algunos de estos grupos económicos.

A cuarenta años de ser implementada esta “política previsional”, a todas luces ha fracasado. En junio del año 2021, las pensiones alcanzaban un promedio de $ 257.428, además de acreditar una fuerte brecha entre las pensiones de hombres y de mujeres. Si se considera la parte autofinanciada y el Aporte Previsional Solidario (APS), según corresponda, el monto promedio asciende a $ 296.445. A esa fecha, el sistema acreditaba un total de 1.850.246 pensionados en el país.

Por otra parte, los afiliados a éste eran 11.236.113 personas, mientras que los cotizantes llegaban sólo a 5.548.771 trabajadores (49,38 %) 4

La baja cantidad de cotizantes se origina por varias causas: entre otros, por la precarización del empleo, en el sentido del desaparecimiento del asalariado típico de hace algunos años (contrato de trabajo dependiente e indefinido, fuente laboral estable, sindicalización masiva, mayor fiscalización de los entes laborales pertinentes, etc.), lo que ha dado paso al trabajo temporal o independiente, al subempleo, al subcontrato, al retiro de la actividad laboral activa por despido, pérdida de trabajo o al trabajo intermitente, al llamado trabajo “por cuenta propia”, a la maternidad en el caso de las mujeres, asociado a su discriminación, al empleo dentro del sector informal de la economía, etc., los que “explicarían”, en parte, esa diferencia entre el total de afiliados y el total de beneficiarios del sistema, adicionando a esto la falta total de una legislación al respecto, que pudiese proteger previsionalmente a estos sectores.

Notas

1 Decreto Ley 3.500. https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-article-14012.html
2 Ibid.
3 ANÁLISIS. 5º Retiro – El Siglo
4 Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/11/12/1038186/radiografia-pensionados-chile.html

(*) Economista

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