Un Sistema Político para la Desconcentración del Poder

La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional ha formulado una propuesta al Pleno que contempla un Poder Legislativo ágil y representativo.

Ejercido mayoritariamente por el Congreso de Diputadas y Diputados, su estructura supone una transformación relevante en el esfuerzo democratizador que ha asumido la Convención Constitucional.

En la propuesta, el ejercicio del Poder Legislativo se enriquece, teniendo presente la voz de las regiones por medio de un órgano de representación territorial inédito en la historia de la República: la Cámara de las Regiones.

Se trata de una institución que tiene por finalidad contribuir en la desconcentración del poder, garantizar la plena incorporación en el debate nacional de la acción política que impulsan las regiones y, así, superar el excesivo centralismo del sistema chileno, que ha generado postergación y segregación.

Esta propuesta es parte del compromiso que esta Convención ha asumido con la descentralización del poder político en clave territorial, indispensable para generar condiciones que permitan una participación libre e igualitaria a lo largo del territorio.

La discusión constituyente sobre la organización y ejercicio del Poder Legislativo se da en un contexto complejo, marcado por la profunda crisis de legitimidad y confianza en las instituciones de representación popular y los partidos políticos.

El proceso constituyente emerge desde el malestar social, para hacer frente a esta crisis y canalizar la construcción democrática de su solución.

El mandato constituyente es reflexionar en torno a la construcción de un nuevo diseño constitucional a la luz de cómo la ciudadanía espera que lo político se exprese y canalice en las instituciones que hacen posible la democracia.

Si realmente queremos un diseño constitucional que permita transformar las instituciones y profundizar nuestra democracia, es necesario reducir aquellas instancias de mediación del poder político que entorpecen la representación de la voluntad popular y, al mismo tiempo, abrir nuevos canales para la participación ciudadana: ese es el sentido de terminar con el actual Senado y crear la Cámara de las Regiones como órgano de representación territorial.

La estrategia política del diseño constitucional vigente ha sido neutralizar el poder ciudadano, entrampándolo en formas jurídicas que esconden el conflicto y anulan la potencia política de las mayorías populares. Hemos visto cómo los distintos enclaves autoritarios de la Constitución del 80 debilitaron progresivamente nuestra democracia, dificultando al extremo la expresión de una voluntad popular transformadora que está latente hace décadas en la sociedad, a la espera de su materialización.

Al mismo tiempo, una serie de diseños institucionales fueron pensados para favorecer la concentración del poder político en un puñado de actores sociales, quienes han monopolizado los espacios de representación democrática, contribuyendo, con ello, en la crisis de legitimidad y confianza que las aqueja.

Para superar esta crisis, las comunidades políticas deben contar con espacios para la participación institucional en diferentes niveles, a través de diferentes mecanismos que permitan mejorar la representación y aumentar la participación.

La Comisión de Sistema Político ha propuesto terminar con la lógica de dos cámaras espejo, que concurren en la formación de la ley con las mismas facultades, y crear dos instituciones que participan en dicho proceso con lógicas y roles diferentes.

Terminar con el Senado y crear un nuevo órgano de representación política regional permite abrir nuevos espacios para el agenciamiento político del pueblo en clave territorial, sin obstaculizar la respuesta institucional a las necesidades ciudadanas.

La Cámara de las Regiones responde al mandato democratizador que ha dado forma al proceso constituyente.

Es parte de un nuevo diseño institucional que incorpora en sus procedimientos las diferentes voces que caracterizan a nuestra comunidad política, facilitando la formación de la voluntad popular, pues la representación efectiva de las regiones en los procesos legislativos enriquece la construcción de dichas normativas.

Creemos que las instituciones deben ser diseñadas en función de los objetivos políticos y sociales que se han levantado en este período de crisis de legitimidad y confianza, revisando cómo las barreras de acceso a los espacios de poder han operado postergando a las grandes mayorías.

Uno de los criterios de exclusión que marcan las estructuras de poder político y social del país es el centralismo, que no solo posterga a las regiones, sino que marca también las relaciones políticas dentro de cada región.

Construir instituciones que sí representen la voluntad popular en clave territorial es un paso ineludible en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

(*) Abogado constitucionalista y político; convencional constituyente en representación del distrito n° 7 de la región de Valparaíso; ex vice presidente de la Convención.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here