Caso Latam: Otra Vez Paga Moya

A pesar de las pérdidas de las AFP, las Administradoras de Fondos de Cesantía y un grupo de inversionistas representados por BancoEstado, entre otros accionistas minoritarios, que frisan una zona oscura de entre US$500 millones y US$1000 millones, o más bien por lo mismo, asombra que un asunto así de grave, que compromete recursos de todos los chilenos, así como sus fondos de cesantía y retiro, merezca apenas alguno que otro suelto en la prensa hegemónica, la radiofonía y la televisión, con las honrosas excepciones que confirman la regla.

En realidad, la noticia no es la pérdida, que estaba anticipada por varios medios, entre ellos Red Digital. Como señalaba el artículo Por Qué el Estado no Debe ni Puede Rescatar a Latam, entonces y ahora el tema en disputa es a quién se le endosa la deuda, a la sazón, sobre los US$11 mil millones, distribuida entre socios controladores, accionistas y bonistas, proveedores, la banca, fondos de inversión del sistema financiero nacional e internacional y fondos de cesantía y retiro de los/as trabajadores/as chilenos/as.

Como señaló en el artículo mencionado:

«A pesar de que la estrategia de los Cueto les garantiza, en el peor de los casos, quedar en el bando de los que menos pierde, o más bien por lo mismo, difícilmente salvará a la compañía de la debacle.

El contragolpe del sistema financiero fue la yugular: minutos después de presentada la solicitud de Capítulo 11, la Bolsa de Nueva York, NYSE, anunció el desenlistamiento de los ADR de Latam. El Indice S&P Dow Jones sacó a la aerolínea de sus índices, luego que clasificadora Standard & Poor’s la rebajara a D, la categoría de mayor riesgo.

Como cambian las tornas: en septiembre de 2019, el Índice S&P Dow Jones, eligió por sexta ocasión consecutiva a Latam Airlines como una de las tres aerolíneas más sostenibles del mundo.

En la plaza local, la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa Electrónica, la suspendieron del IPSA, el índice de las principales empresas por capitalización bursátil del país.

Esto ratifica que mientras Latam permanezca a cargo del actual pacto controlador, no tendrá acceso al crédito financiero. Por lo que se sabe, dispone de una caja de unos US$1.500 millones, mientras que sus costos fijos mensuales se ubican en torno a los US$400 millones, de los cuales poco más de la mitad corresponde a salarios. O sea, sus recursos propios le proporcionan un horizonte de unos 120 días, mientras que sus acreencias fueron chuteadas a 180 días.

Sin contar las devoluciones y otros gastos derivados de la interrupción del servicio; y la demanda colectiva por $367 mil millones, unos US$463 millones de dólares, presentada por Conadecus, en beneficio de unos dos millones de pasajeros que tenían pasajes comprados y programados antes del Covid-19.

Reponer la operación requerirá caja. ¿De donde? Latam confía en el rescate con recursos públicos, sin perjuicio de que es más fácil decirlo. Y cuando suceda, generará un efecto estilo patada en el avispero. En ese contexto, se configuran dos escenarios, en los extremos del espectro, con la consiguiente gama de salidas intermedias.

El primero presupone el éxito de la estrategia de los Cueto, lo cual implica que el tribunal norteamericano arbitró el procedimiento en línea con sus intereses. Latam reduce su tamaño, pero queda sin deuda, y con el pacto QA-Costa Verde en el sólido control accionario. Obtiene los US$ 1.000 millones que necesita para capital de operaciones; unos US$600 millones del gobierno de Chile, y unos US$400 de los gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

En ese desenlace, pierden eventualmente Delta, pero de seguro los fondos de pensiones de los/as trabajadores/as chilenos/as, y en general, los tenedores de acciones y bonos de Latam, cualquiera sea su monto y naturaleza, que no concurran al aumento de capital.

En el segundo escenario, el proceso en el tribunal norteamericano se entrampa, el pacto controlador se retira -con una sustantiva porción de la liquidación en la faltriquera- de una empresa entrampada por las luchas entre acreedores, finalmente absorbida por nuevos dueños, por una fracción de su valor, mientras las pérdidas vuelven a repartirse entre los anteriormente nombrados.

Desde esa perspectiva, la crisis de la industria aeronáutica por la pandemia, representó una irrepetible oportunidad para una huida hacia adelante, que los Cueto y sus socios árabes no titubearon en aprovechar.

El problema real es el sobreendeudamiento de la empresa -y la cultura empresarial que lo prohijó-, y no el coronavirus, como se expondrá en detalle.

Es el sello de Piñera y los hermanos Cueto, en la mejor tradición empresarial a lo Dantón: audacia, audacia y más audacia; solo que con dinero ajeno. Es el predominio de la especulación sobre la órbita de la producción y servicios.

Sin embargo, en todo esquema Ponzi o burbuja especulativa, llega un momento en que por efectos de un shock externo; por falta de liquidez o exceso de la misma, o por una variedad de motivos, colapsa la lábil cadena de pagos, se derrumba la estantería y termina pagando moya. Eso es, punto más, punto menos, lo que está sucediendo con Latam; como por lo demás no ha dejado de acontecer desde que Piñera y la familia Cueto tomaron el control de Lan Chile, en 1994».

¿Para dónde va el piloto?

¡Para dónde va el piloto?

La propuesta del huidizo y fantasmal directorio, a la Junta de Accionistas, fue leída en su nombre, en sesión remota, el pasado 23 de diciembre, por el impertérrito e insumergible director general de la compañía, Roberto Alvo:

«El plan, que tiene amplio apoyo entre los acreedores, considera un aumento de capital de unos US$10.500 millones. De ellos, US$800 millones corresponden a emisión de nuevas acciones de pago, y el resto a la emisión de tres series de bonos convertibles (A, B y C). Es decisión de los acreedores si participar en los bonos convertibles serie A o C. Las serie B es por un monto de US$1.373 millones y está estructurada para ser suscrita a cambio de nuevos recursos. Tanto las acciones de pago como bonos convertibles serán ofrecidos preferentemente a los accionistas de la sociedad en los respectivos periodos de suscripción preferente. En el caso de los bonos serie A y C, si bien están estructurados para ser dados en dación de pagos de las acreencias, los accionistas igual podrán suscribirlos en dicho periodo de suscripción preferente a valor par. En conjunto el aumento de capital y la emisión y colocación de las tres series de bonos convertibles permitirán incorporar fondos por unos US$5.442 millones”.

La realidad se situó en un punto equidistante entre los dos escenarios descritos en el artículo citado, con el factor común de los mismos perdedores en ambos escenarios: las AFP Provida, Capital y Cuprum, AFC Chile, MetLife Chile Seguros de Vida, Seguros de Vida Security Previsión, 4Life Seguros de Vida, junto a una pléyade de accionistas relevantes del mercado local, representados por en el juicio por BancoEstado, y accionistas minoritarios, entre ellos, pensionados que perdieron los ahorros de una vida.

En la Junta del 23 de diciembre, el accionista minoritario Jorge Said reclamó de viva voz la ausencia de los integrantes del directorio, y leyó una carta en la que responsabilizó al directorio de las pérdidas de los accionistas e inversionistas marginados de la negociación, ocasión en que Alvo desplegó su destreza de tribuno; lo que no significa desconocer que no arriesga dólar alguno, y que, por el contrario, percibe una remuneración de más de seis ceros:

“Esta junta fue citada en carácter informativo, para explicar cómo la compañía está tratando de lidiar con la crisis más grande que ha tenido en su historia. Esto ha afectado a los accionistas, a clientes. Personalmente me entristece que en un momento en que la compañía necesita el esfuerzo de todos sus stakeholders, usemos este espacio para hablar de pelea entre accionistas”.

Agregó, contrito:

“Lo invito a que hable directamente, le mande la carta al señor Cueto, lo que usted considere que corresponda, y permita que los demás accionistas se concentren en la materia para la que fuimos reunidos. Lamento la frustración y los disensos”.

Acaso más lamentable aún es que los perdedores de un fallo más que previsible, no pueden hacer mucho ante el tribunal norteamericano, donde en caso de cualquier demanda o reclamo, el juez James Garrity, titular del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, responderá con toda probabilidad:

«Nada impide a los demandantes concurrir en el aumento de capital, acordado con visto bueno de este mismo tribunal».

Nada, excepto capital, lo cual, en la propuesta de reestructuración de LATAM, estaba, por cierto, fríamente calculado.

Así, en la propuesta de LATAM, recuperarán, en el mejor de los casos, un 19% del capital invertido.

¿Se entiende, en ese contexto, el estruendoso silencio del sistema mediático sobre este desastre?

¿Qué explica esa evidente discriminación entre inversionistas extranjeros y nacionales, en circunstancias de que el Chile neoliberal se ufana de tratar a los inversionistas extranjeros en las mismas condiciones que a los nacionales?

¡A este nivel de degradación y sumisión ha llegado el infatuado neoliberalismo nacional!

Y todavía una pregunta atinente a la escala de responsabilidades:

¿Por qué, hasta el momento, los órganos reguladores, la Comisión para el Mercado Financiero, la Subsecretaría de Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones no han dicho una sola palabra acerca de este escándalo? ¿Acaso están esperando cautelosamente la sentencia del tribunal norteamericano para pronunciarse, cuando no haya nada que regular?

¿Por qué la Cámara de Diputadas/os no ha designado una comisión investigadora?.

Antecedentes importantes para la configuración de esas respuestas se encuentran en las excepciones mencionadas, entre ellas, la entrevista del periodista Sergio Jara en el programa Stock Disponible, del canal Vía X, al accionista minoritario Jorge Said Yarur, antiguo combatiente contra las barrabasadas de los Cueto en Lan y luego, LATAM, que perdió $14 mil millones en la pasada:

En la siguiente entrevista, al programa Contigo en la Mañana, de Chilevisión, entrega antecedentes sobre otra maniobra particular de esta oprobiosa trama: el pago anticipado de una deuda de US$42 millones, a Inversiones Odisea, de los cuatro hermanos Piñera Morel, pocos días días antes de acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras del Estado de Nueva York, con el que LATAM no tenía la menor vinculación, que no fuera adquirir un escudo legal que anteponer a los acreedores, como fatalmente sucedió.

Said Yarur viene reiterando estas denuncias desde 2016.

Si este nauseabundo asunto termina en desastre, quedará grabado en piedra lo que cualquiera que sabe leer, entendería: el modelo neoliberal colapsó de manera irremediable; en la medida en que su lógica depredadora devoró su propia base de sustento.

La aplanadora del grupo controlador

La aplanadora del grupo controlador
Enrique e Ignacio Cueto

Lo que se sabe hasta el momento, se puede resumir en:

  • Sixth Street Partners, Sculptor Capital y SVPGlobal serán los tres fondos acreedores de Latam Airlines que tomarán el control de la aerolínea y con su nueva mayoría accionaria podrán nombrar a cinco de los nueve miembros de su comité directivo
  • El grupo de los actuales accionistas principales, la alianza formada por la familia Cueto, la estadounidense Delta y Qatar Airways, que hoy suma casi 47% de las acciones, podría acceder al 27%, pero para ello deberá aportar casi US$ 1.800 millones de dólare; parte de los más de US$8 mil millones que LATAM espera obtener en recursos a través de tres vías: nuevas acciones, bonos convertibles y endeudamiento. Es decir, que si Cueto, Qatar y Delta deciden dividir su presencia en tres tercios iguales, cada uno debería aportar unos US$600 millones.
  • Los acreedores elegirán a cinco de los nueve directores de Latam Airlines, así como al vicepresidente, mientras la alianza Cueto-Delta-Qatar nombrará a cuatro integrantes de la mesa, incluyendo al presidente de la junta directiva, “quien deberá ser de nacionalidad chilena”, según estipula la propuesta, por lo cual que se espera que siga Ignacio Cueto, con más de 30 años en la aerolínea, y gerente general desde 2005.
  • A pesar de que no fueron consultados en el proceso de negociación, ni notificados en ninguna de las etapas del proceso, los accionistas y tenedores de bonos mencionados, el Banco del Estado, las AFP. las AFC y las compañías de seguros de vida mencionadas, tienen, nominalmente el derecho de suscribir la ampliación de capital, a condición de colocar unos US$500 millones al fondo de reestructuración, cometido esencialmente imposible.
  • En caso contrario, sus acreencias experimentarán una baja del 81% de su valor actual. Evidentemente, son los perdedores de la ecuación, el escenario más previsible desde el principio.
  • Pero puede haber más. LATAM despostó el chancho de la manera descrita, redujo su deuda en unos US$4,5 mil millones, y consiguió capital de operación, por US$2,5 mil millones. Pero eso no garantiza la viabilidad de la empresa, por dos motivos:
    1. La deuda de US$7 mil millones es considerada impagable por muchos analistas de la industria. «Este volumen de deuda multiplica con mucho la capacidad demostrada en los años pre-covid por la aerolínea para generar beneficios», apuntó el medio especializado Reportur.
    2. Más aún con la persistencia de los mismos errores de gestión que condujeron al desastre; a saber, el elevado endeudamiento por leasing de una flota sobredimensionada, y principalmente, una errónea estrategia de low cost, que no alcanza ni para recuperar los costos.
  • Esto podría dar lugar a nuevas situaciones de default, aumentos de capital y nuevas pérdidas y diluciones en el bando de los excluidos por el pacto controlador.
  • El grupo Latam conformó una sociedad en las Islas Caimán “Latam Finance ltda”, donde transfirió US$ 1.500 millones de su compañía matriz. Según Said, “existen acreedores en Chile y en el extranjero garantizados y otros no garantizados. Con ese traslado quedaron ciertos acreedores en el extranjero garantizados y otros no garantizados, que están dentro de este juicio presidido por el Juez Garrity”.

    Agregó: «los acreedores desgarantizados en Chile fueron el Banco del Estado, las inversiones de las AFPs, las AFC (administradoras de fondos de cesantía), otros bonistas y accionistas minoritarios. El plan incluye el aumento de capital de los accionista y bonistas y la emisión de más deuda. Quienes no quieran concurrir al aumento de capital recuperarían alrededor de un 19% del total invertido”.

De hecho, durante 2021, en paralelo al juicio de quiebra en el estado de Nueva York, el grupo Latam siguió experimentando pérdidas, lo que, por otro lado, no ha dejado de acontecer desde la fusión con TAM, en 2012.

De hecho, informó pérdidas por US$ 691,9 millones al tercer trimestre.

Portonazo permitido por ley

portonazo permitido por ley

En la Junta de Accionistas, Said leyó una carta dirigida al ausente presidente del directorio, Ignacio Cueto:

“Usted nos realizó un portonazo a nuestros ahorros de toda la vida. Gente como usted son artistas de la manipulación y el engaño… gracias a empresarios como usted, señor Cueto, las personas salieron a destruir Chile, indignadas. Esto no puede seguir así ni en Latam, ni en ningún otro caso».

¿Cuáles son los siguientes capítulos de esta comedia griega, con final predeterminado, sentenciada con arreglo a las ubicuas leyes del mercado, con la balanza invariablemente inclinada del lado del capital?

El 27 de enero, el tribunal debe pronunciarse sobre la aprobación de la declaración de divulgación, disclosure statement.

Si no hay oposiciones, y todo sale conforme al plan de los Cueto, el proceso podría concluir el segundo o tercer trimestre del año.

Si, como de hecho sucederá, se presentan objeciones o reclamos, el juicio puede prolongarse todavía por mucho tiempo.

BancoEstado, por cuenta de los accionistas minoritarios poderosos, contrató al estudio Paul Hasting, uno de cuyos asociados, el abogado Pedro Jiménez, explicó las objeciones de estos acreedores al plan de reestructuración presentado por la aerolínea para salir del Capítulo 11.

Estos acreedores tienen invertidos en Latam, sea en acciones, bonos u otros instrumentos financieros, unos US$490 millones. Jiménez analiza cada una de las sisas de valor, perpetradas por el grupo controlador y los accionistas extranjeros, a costillas de los inversores nacionales, sean institucionales, mercantiles o accionistas individuales

«Han quitado más de US$2.000 millones de valor y se lo han asignado a los accionistas y a Evercore, el grupo de fondos de inversión que está apoyando el plan de Latam».

Desglosa esa cifra:

«US$734 millones en backstop-fees (tarifas de respaldo); US$ 729 millones en el descuento por el cual el grupo Evercore puede comprar las nuevas acciones; US$ 346 millones como descuento por el cual Delta, Qatar, la familia Cueto y otros accionistas pueden comprar nuevas acciones; US$125 millones en beneficio del grupo Evercore para comprar más acciones de clase 5 y US$ 350 millones, que representa el extra valor

Otro punto radica en los bonos internacionales clase 4, al cual el plan propone pagarles el 100% de los US$ 1.500 millones emitidos:

«Nosotros no vemos manera y no existe justificación para darles el 100%. Latam no ha podido explicar exactamente cómo el bono internacional puede recuperar el 100%, basado en la valorización utilizada por Latam en su plan. En nuestro análisis, lo mejor que pueden recuperar los bonos internacionales sería 77%. Latam propone quitar cerca de US$ 350 millones en valor de la clase 5 -donde están los bonos locales- y regalar este valor a la clase 4».

El punto consiste en que Evercore tiene mayoría de los bonos clase 4 y clase 5. Acepta la pérdida de la clase cinco, porque sabe que que la recuperará en la clase 4.

El añade un tercer punto de quita de valora a los accionistas nacionales, sean institucionales, o accionistas minoritarios:

«Los accionistas internacionales y controladores sí están recibiendo valor en este plan: le están dando derecho de comprar a Delta, Qatar y a la familia Cueto y a otros accionistas, nuevas acciones a un descuento que representa un valor de US$ 346 millones. Ellos tienen derecho de comprar serie B y el Equity Rights Offering (ERO) a un descuento, no tienen que pagar 100% por esas acciones. Ellos van a decir ‘nosotros hemos perdido todo, nuestras acciones que existen hoy en día se van a cancelar o se van a 0,0001%’. El argumento que nosotros vamos a hacer es: está correcto, pero están dando un beneficio en este plan de comprar las acciones a un descuento de US$ 346 millones. Representa un valor que nos pertenece a nosotros, porque no nos hemos pagado 100%».

Evercore tiene suficiente mayoría en clase 5, como para aprobar el plan de reestructuración, lo cual significa que logrará un 60% de recupero.

Si la estrategia del estudio Paul Hasting tiene éxito, la tasa de recuperación de este grupo de inversores subiría al 60%, en desmedro de los accionistas nacionales institucionales y accionistas minoritarios sin poder de negociación, cuya recuperación llegaría, como se dijo, al 19%.

La compleja negociación tiene, no obstante una contrapartida: el porcentaje accionario del actual grupo controlador no puede exceder el 27.5%.

El abogado Jiménez entrega otro antecedente relevante; en esencia, una negociación entre cuatro paredes, de la que fueron excluidos los accionistas nacionales:

«Queríamos participar. Pedimos participar en la mediación donde se negociaron los términos del plan. Cuando llegamos a la mediación, nos mandaron para la casa. No somos parte de esa mediación. Participaron nada más que tres partes: la compañía, el grupo representado por Evercore y los accionistas mayoritarios. Eso fue lo que ocurrió. Por unas dos a tres semanas, llegaron a un acuerdo, presentaron el plan un viernes después del día de Acción de Gracias y nos llamaron para decirnos ‘por qué no pasan a nuestra oficina el lunes y les explicamos cómo fue que llegamos al plan’. Esa fue nuestra participación en la mediación».

En suma, un portonazo amparado por una ley supranacional, que desconoció los derechos de los accionistas nacionales, en nombre del mercado multidimensional.

¿Y quien va a responder por las perdidas de los fondos de pensiones y de cesantía, y de los accionistas minoritarios excluidos de la negociación?

Como de costumbre en la república neoliberal, sepa moya, lo que en rigor significa que, otra vez, pagará moya; de manera coetánea con altas y estables utilidades de las AFP; en uno de los momentos más bajos de su credibilidad y legitimidad; y en un período constituyente, por si fuera poco.

Un coctel de alta densidad, que estallará nuevamente cuando se conozca la decisión del tribunal norteamericano, y no quede otra que asumir la pérdida, ocasión en la cual, se van a batir y rebatir las mismas acusaciones, que se estrellarán contra los mismos sofismas y silogismos.

La compañía respondió los cuestionamientos con el consabido comunicado que repite las mismas obviedades y paralogismos, cuando, por uno u otro motivo, el tema salta a la palestra, sin despejar las dudas. .

En el escrito, Latam se distanció de deudas con las AFP y BancoEstado.

“Si BancoEstado es parte del proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 es porque actúa exclusivamente como representante de los tenedores de bonos emitidos en Chile los años 2017 y 2019 por la cantidad en cuestión”.

Respecto de las AFP, la declaración admite acreencias del orden de US$500 millones verificadas por los tenedores de bonos emitidos en Chile:

«Entre ellos existe una variedad de bancos, fondos de inversión y otras instituciones financieras, donde solamente un porcentaje menor corresponde a bonos adquiridos por algunas AFP».

Como es apenas natural, la compañía negó trato discriminatorio hacia los accionistas minoritarios:

“El igual y justo trato que Latam da a la totalidad de sus accionistas ha sido consideración esencial de todo lo realizado en el marco del proceso de reorganización”.

Claro, todos los accionistas son iguales, solo que hay algunos más iguales que otros.

De esta guisa, en lugar de transparentar inversiones y resultados, reclamo insistente de los accionistas minoritarios, la compañía se atrincheró en la única área del comercio y la administración donde parece acreditar destrezas; esto es, el sutil e influyente campo del lobby, el marketing, las relaciones públicas y las campañas mediáticas que crean realidades a medida; en la creencia que imponen su astucia, audacia y poder, sin parar mientes en que, inevitablemente, un nuevo escándalo le volverá a sacudir la estantería.

Con singular descaro, afirma que Latam nunca le ha debido un peso a Odisea, ni a los hermanos Piñera Morel, sin perjuicio de reconocer que uno de sus socios efectivamente pagó, en la fecha señalada, el importe de la obligación; unos US$42 millones o $26 mil millones al día de hoy.

Un sofisma formalmente cierto, pero ideológicamente falso.

Es en hecho objetivo que la deuda la contrajo Costa Verde, el vehículo de inversión de los Cueto, con la sociedad Odisea, de los Piñera Morel; es un hecho indesmentible que canceló preferentemente la deuda, a días de declararse en default; es un hecho probado que esos recursos los inyectó Odisea para solventar deudas de operación de Latam; es un hecho evidente que los recursos para cancelar la deuda, provenían de la participación de Costa Verde en Latam, su único activo; es un hecho esencial que era el controlador de Latam y es un hecho de la causa que cada una de estas impresentables operaciones, ocasionaba pérdidas a aquellos accionistas que no participaban en la martingala.

La resbalosa declaración de la compañía omite más de lo que dice; y en lo que dice, no trepida en utilizar la argucia neoliberal del doble discurso, que presenta los hechos sea como flujo, o bien como stock, según convenga a sus intereses del momento.

Por dar un ejemplo, cuando se habla de la rentabilidad histórica del sistema de de AFP de un 8% anual -lo cual es falso, pero no cabe discutirlo aquí- se presentan los hechos como un flujo que se extiende de 1981 a la fecha.

A la inversa, cuando refiere a la deuda con las AFP, la compañía presenta los hechos como stock, o compartimiento estanco, en un momento congelado en el tiempo:

«Solamente un porcentaje menor corresponde a bonos adquiridos por algunas AFP»; cifra que tampoco transparenta.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, al mes de abril de 2020, los fondos de pensiones colocados por las AFP detentaban el 15,29% de la participación accionaria de Latam; entonces una inversión de US$741,48 millones, unos $605.240 millones.

Las AFP ostentan una curiosa doble militancia, que les genera pérdidas con rebote: de una parte, representaban alrededor del 15% accionario, y por tanto, podían experimentar una dilución; pero además son acreedoras de la empresa, por su tenencia de bonos que pasarán a cartera vencida.

¿Es razonable arriesgar con esa frivolidad el fondo de retiro de los trabajadores chilenos, sin que, al final del día, a las AFP no les salga ni por curados?

Como fuere, esa fuga hacia adelante se estrelló contra otra inexorable ley del mercado: los tenedores de acciones y bonos de Latam, entre ellos las AFP, salieron a vender, en un momento en que nadie quería comprar.

En el primer trimestre de 2020, las pérdidas bursátiles de los fondos de pensiones invertidos en Latam alcanzaron -$489.182 millones, y en mayo se incrementaron en -$180.000 millones, mientras registraban US$76,89 millones en deuda por títulos vencidos.

En bonos de Latam emitidos en Chile, las AFP tienen certificados de las serie B, por US$6,57 millones; D por US$5,47 millones y E, por US$64,85 millones.

Con los títulos que les quedan, deberán aguardar la dilución resultante del procedimiento en el tribunal norteamericano.

Pero ese no es el punto. La pregunta fundamental es:

¿En virtud de qué lógica de seguridad social, las AFP arriesgaron fondos de retiro de las/les/os trabajadoras/es en una compañía conocida por sus prácticas antisindicales, multada por reguladores internacionales, y con crecimiento financiado con deuda?

En seguida, es necesario esclarecer cuánto le costó al hipotético dueño de su cuenta individual, el descenso desde el 15% accionario al «porcentaje menor de bonos adquiridos por algunas AFP», que reconoce la declaración de Latam.

En tercer lugar, hay que analizar cuidadosamente un hecho que no ha capturado la atención que merece: la mayor exposición de las AFP en Latam, coincide con la salida de Piñera de la compañía, dos semanas después de haber sido investido presidente, con una utilidad de 14.920% en seis años.

Como señala el citado artículo de Red Digital:

«Según el boletín estadístico N°134 de la Superintendencia de AFP, la primera administradora en invertir en acciones de Lan Chile,en junio de 1996, fue Provida, con $9 millones. A comienzos de 2000 la cartera previsional en acciones Lan ascendía a US$5 millones, el 1% de la propiedad. En 2008 llegaba al 4,5%. En 2009, las AFP aumentaron su inversión en la aerolínea desde US$128 millones a US$356 millones; es decir, triplicaron la inversión, para escalar a un 6% de la propiedad.

Pero lo increíble ocurrió el 25 de marzo de 2010, cuando Sebastián Piñera concluyó el proceso de venta de su participación en Lan Airlines, dos semanas después de asumir la gerencia de la república.

Lo hizo con su sello característico: vendió, principalmente al grupo Bethia y a la corredora Celfin Capital, socia del presidente en numerosas operaciones, no las acciones de la aerolínea, sino la sociedad que las poseía, Axxion S.A., un vehículo de inversión; en virtud del cual se acogió al artículo 18 ter de la Ley de la Renta, que exime de impuesto a las transacciones de acciones con alta presencia bursátil. Para acreditar dicha presencia, Celfin y otras corredoras coludidas, se dedicaron vender y recomprar acciones de Axxion los meses previos a la operación.

De esa guisa, el Presidente de la República vendió su participación del 26,4% de la aerolínea en US$1.492 millones, sin pagar un dólar de impuesto a las ganancias del capital, parte importante de los cuales colocó en paraísos fiscales.

Otra vez, ante la indolencia e impavidez de instancias contraloras o supervisoras, tales como como Impuestos Internos, la entonces Superintendencia de Valores y Seguros y la Contraloría General de la República.

Pero todavía faltaba un ladrillo en la pared: la participación de Piñera fue cubierta por un aumento de la inversión de las AFP, que por entonces llegó a los US$1.547 millones; un 15% del capital accionario, hoy muy castigado por la depreciación del título de Latam».

El nexo entre las AFP y Latam fue tejido por antiguos cómplices de correrías con Piñera, tales como Celfin Capital, LarraínVial, Moneda Asset y BTG Pactual, entre otros.

Y a la hora del reventón de la burbuja, la cuenta la pagó Moya.

Por eso, el tema aparece muy de tanto en tanto, en los medios, sin la debida contextualización.

Evidentemente, volverá a cobrar actualidad no bien se conozca la decisión final del juez James Garrity, titular del tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

(*) Director de Red Digital

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