Militares Contrarios al Golpe de Estado Apoyan Programa de Gobierno de Boric

Aquellos militares democráticos que se opusieron al golpe de 1973, y que por ende, fueron torturados, encarcelados, exonerados y exiliados, emitieron una declaración, en la que manifiestan su preocupación por el clima de animosidad y odio que está sembrando la ultraderecha, semejante al que desplegó en los meses previos al 11 de septiembrte.

Con preocupación, observamos la polarización a la que la ultraderecha pretende llevar al país, diseminando mentiras, discursos de odio y expresiones derivadas de un anticomunismo enfermizo.

Niegan y tergiversan la historia, y reivindican abiertamente a la dictadura militar, con un desprecio absoluto por los miles de víctimas de la represión, justificando groseramente los crímenes de lesa humanidad que cometieron miembros de las FFAA y Carabineros.

Con esto lo que está haciendo la derecha es en primer lugar, reivindicar la violencia y el terrorismo de estado negándonos el derecho, que tenemos los chilenos y chilenas, a la no repetición de políticas terroristas, diseñadas y llevadas a la práctica y como forma de gobierno, durante la dictadura, intentando en segundo lugar, limpiar su responsabilidad en un periodo de nuestra historia en el cual se le hizo tanto daño al país y a miles de familias de chilenos y chilenas.

Quienes fuimos militares y que nos negamos a participar en el golpe de estado de 1973, queremos alertar a nuestros compatriotas, que fue con estos discursos políticos de odio e irresponsabilidad, que los mandos de las FFAA. y Carabineros de la época, arrastraron a las instituciones armadas a quebrar la democracia, a derrocar a un presidente democráticamente elegido por el pueblo y a cometer actos tan repudiables y violentos como todos los crímenes y la tortura latamente denunciados y comprobados, así como, el destierro obligado para miles de nuestros compatriotas, cuya extrema violencia se puede simbolizar en el acto aberrante y cobarde, como fue el bombardeo a La Moneda.

En esa época los sectores económicos que se vieron afectados por los cambios sociales y económicos profundos, que proponía el programa de la Unidad Popular, que vieron afectados sus privilegios e intereses, no aceptaron la decisión soberana expresada democráticamente por el pueblo en las urnas de votación, organizando la conspiración, las campañas de terror y odio que terminaron con el golpe de estado.

Tal como lo están haciendo hoy, estos sectores políticos, económicos y empresariales, principalmente a través de El Mercurio y en campañas en el extranjero, decían que Chile iba hacia el comunismo, que el gobierno de Allende estaba poniendo en riesgo la democracia y la libertad de los chilenos y chilenas.

En la práctica, esa supuesta “amenaza totalitaria y comunista”, fue el programa de la Unidad Popular, el que, en líneas generales, transformaba el empleo en un derecho de los trabajadores y trabajadoras, reafirmaba el derecho a la sindicalización y a la huelga, el derecho a la educación y a la cultura.

El derecho de los trabajadores y trabajadoras a participar de los órganos de dirección en las instituciones de previsión y de seguridad social, así como, en las empresas del sector público, en los consejos directivos.

Allende planteó al país todo esto y de manera trasparente y por eso fue elegido para gobernar, ubicando en el centro de su programa la construcción de la nueva economía, para terminar con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, proponiendo un área estatal fuerte, manteniendo un área mixta y un área privada, una transformación que se inició con la nacionalización de las riquezas básicas, la gran minería del cobre, hierro y otras, integrando este sector de actividades nacionalizadas el sistema financiero, la banca privada y en general, aquellas actividades que condicionaban el desarrollo económico y social del país.[1]

Cuarenta y ocho años después de haber vivido estos procesos, reaparecen los mismos discursos, promovidos esta vez, por quienes se resisten al agotamiento de un modelo económico neoliberal instalado a balazos por la dictadura en 1973 y respaldado por una constitución ilegitima. Un modelo económico y de pais que en estas cuatro décadas les permitió a unos pocos acumular y concentrar, para su beneficio, la riqueza de todo el país, hoy día el 33% de la riqueza está concentrada en el 1% más rico de la población, mientras el 50% de los hogares de menores ingresos solo tiene acceso al 2,1% de la riqueza neta [2].

Son estos sectores económicos y las elites políticas que les representan, quienes oponen la férrea decisión y disposición a mantener el “statu quo”, a proteger el modelo económico de las desigualdades estructurales, el que facilita su existencia y legitima el sistema de dominación. Un modelo económico que se reduce para la mayoría de chilenos y chilenas a un “sálvese quien pueda y rásquese con sus propias uñas”, que se alimenta de las desigualdades que genera, del abuso y de la corrupción.

Pero Chile necesita y exige cambios, así lo expresaron los chilenos y chilenas en las manifestaciones multitudinarias de octubre de 2019, un proceso de rebelión social que le abrió paso a la Convención Constitucional cuyo mandato popular es el diseño de una nueva constitución para Chile. Un proceso de rebeldía liderado por una joven generación de chilenos y chilenas que de manera continua reclamaban por las injusticias y los abusos del sistema, por derechos sociales y económicos, por una educación de calidad y gratuita, por los derechos de la mujer cuyo rol es determinante en el nuevo chile por construir. [3]

En este contexto político y social adherimos y apoyamos el programa que representa el candidato Gabriel Boric, porque es un programa de gobierno que se identifica y asume el desafío de ejecutar las transformaciones que ha exigido el pueblo en las calles, cuyo énfasis principal es la superación del modelo económico neoliberal.

A diferencia de la derecha, la que rechazó el mandato popular y democrático para diseñar una nueva constitución, el gobierno de Gabriel Boric garantiza que la nueva carta magna se implemente, porque los ejes centrales de su programa coinciden con que los derechos humanos y los derechos de las personas son su columna vertebral. Así como la propuesta de un nuevo Estado social garante de los derechos ciudadanos, lo que es una condición imprescindible hoy, para llevar a Chile a nuevas formas de producción que den cuenta de los avances de la innovación y la ciencia y garanticen el desarrollo sostenible, para resolver las desigualdades estructurales socioeconómicas, territoriales, el abuso del medio ambiente.

Son estos cambios profundos, imprescindibles para el desarrollo futuro y sostenible de Chile en los próximos años, los que provocan la ira de la derecha y de las elites económicas y políticas que han profitado de la desigualdad, el abuso y la corrupción, cambios que al igual que hace 41 años son tergiversados, polarizando al país e intentando poner la falsa disyuntiva de “si votas por la derecha votas por la tranquilidad la paz y el desarrollo de Chile. Si votas por la izquierda votas por el comunismo, la violencia, la anarquía y el caos”.

Quienes nos opusimos valientemente al golpe de Estado en 1973, en las FFAA. no queremos que la historia se repita, con un gobierno autoritario de ultraderecha que promete seguir los mismos pasos de la dictadura y del terrorismo de estado, tal cual lo dice su programa, creando una «Coordinación Internacional Anti Radicales de Izquierda» para que los gobiernos de América Latina trabajen de manera conjunta a fin de «identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados».

No queremos la reedición del enemigo interno, concepto aun vigente en nuestras FFAA. y carabineros, el que significa imponer el uso de la fuerza militar para defender intereses de los poderosos, así como, naturalizar la odiosidad, la persecución de trabajadores y trabajadoras, de intelectuales, de estudiantes, de campesinos, de hombres y mujeres comprometido y comprometidas con un cambio social, por un país más justo y soberano.

La ultraderecha sabe que no llegara al gobierno, sabe que la mayoría del pais no está dispuesto a repetir épocas de violencia y odio de clases, en las que a nombre del anticomunismo y del orden, se violaron impunemente el derecho de las personas, el derecho a la vida y sabe, que el modelo económico que diseñaron durante la dictadura ya no es viable, que es rechazado por la mayoría de chilenos y chilenas, por lo que su objetivo hoy, es acumular fuerzas para obstaculizar un futuro gobierno de Gabriel Boric, e impedir, que el anhelo de la mayoría de chilenos y chilenas, de tener una nueva constitución se cumpla.

Por todo esto, sentimos como un deber moral y ético el manifestar nuestro apoyo al futuro gobierno de Gabriel Boric, porque el objetivo más importante hoy es unirse, más allá de legitimas diferencias, para concentrar fuerzas que permitan derrotar a un ultraderechista que representa la perdida de derechos logrados en los últimos años y pone en riesgo la implementación de la nueva constitución.

Lo que está en juego hoy son los cambios que Chile requiere vs. la amenaza que se cierne sobre todos nosotros y nosotras, que es el retorno del autoritarismo modernizado con el candidato admirador de Bolsonaro y de Pinochet.

Por la memoria de todos los hombres y mujeres, héroes y heroínas que perdieron su vida en la larga lucha por la libertad y la democracia en nuestro país, entre ellos militares patriotas que fueron asesinados por negarse a participar del golpe de estado y en la represión a su propio pueblo, NO TENEMOS DERECHO A OLVIDAR ni a olvidarles.

Por el contrario, debemos reivindicar su memoria y ejemplo, la imagen bondadosa de estos patriotas, hombres y mujeres, comprometidos y comprometidas con el sueño largo y aún inconcluso, que hoy la ultraderecha pretende neutralizar, de construir un país más justo, inclusivo, que le brinde el máximo de felicidad e iguales oportunidades a sus ciudadanos y ciudadanas.

Militares Patriotas que nos opusimos y nos negamos a participar en el golpe de estado de 1973

Enrique Villanueva M
Jaime Donoso P
Eduardo Gonzales B
Sergio Ávila G
Eduardo Soto K
José Carrasco O
Ivar Rojas R
Rene Oliva Q
Osvaldo Cortez P
Edgardo Oñate
Jaime Contreras
Omar Maldonado V
Carlos Guerrero R
Víctor Adriazola M

Notas:

[1] tales como la producción y distribución de energía eléctrica; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel. Parte importante de este proceso fue la Profundización y extensión de la Reforma Agraria, de manera simultánea con las transformaciones generales que se promovieron en la estructura social, política y económica del país, para terminar con el abuso del latifundio al campesino, agregando la defensa de la integridad de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, asegurando al pueblo mapuche y demás etnias las tierras suficientes, asistencia técnica y crediticia apropiadas.

[2] Cuatro familias (Luksic, Angelini, Matte y Piñera) controlan el 47% de los activos de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago. Andrónico Luksic, Anacleto Angelini, Eleodoro Matte y el actual Presidente Sebastián Piñera representaban en conjunto el 9,16% del PIB en 2004 y el 12,49% del PIB en 2008. (Hacia un crecimiento inclusivo: Propuestas de política económica», editado por el economista Luis Eduardo Escobar)

[3] El Mochilazo (2001), la Revolución de los Pingüinos (2006), la Marcha de los Paraguas (2011); Niunamenos (2016); la Ola Feminista o Mayo feminista (2018). Son algunas de las movilizaciones, acompañadas por agrupaciones y organizaciones ligadas con la equidad de género, Derechos sexuales y derechos reproductivos, Diversidad Sexual e Identidad de Género, Cultura, Protección del medioambiente y la biodiversidad, derechos humanos y reivindicación de los derechos indígenas y de etnias olvidadas,

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