Contraloría Solicitó Suspensión de Dos Generales de Carabineros en Servicio

La Contraloría General de la República determinó responsabilidades administrativas en tres generales de Carabineros respecto de su desempeño entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre del 2019, en el contexto del estallido social, y de manera inédita, propuso la suspensión de los dos que están en servicio activo.

En el informe se propuso la suspensión de dos generales activos, Enrique Bassaletti, quien se desempeñó como Jefe de Zona Este durante las manifestaciones; y Mauricio Rodríguez, ex jefe de Zona Metropolitana y actual director nacional de Personal. También al general en retiro Jorge Ávila, ex jefe de zona de control del orden público.

Todos ellos por incumplimiento de protocolos.

La disposición formulada por Contraloría es inédita y equivale a la segunda sanción más alta en Carabineros, solo detrás de la destitución. De aplicarse, podría implicar entre uno y dos meses de separación de sus cargos y la imposibilidad de impartir clases en la escuela policial.

El sumario investigó el uso de gases lacrimógenos en las cercanías de los hospitales Félix Bulnes, Exequiel González Cortés, Gustavo Fricke y Clínica Santa María,entre el 4 y el 11 de noviembre de 2019, lo cual está prohibido de acuerdo al protocolo de Carabineros, y el uso de escopetas antidisturbios en Plaza Baquedano y sus alrededores entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, pese a que existían dudas sobre la composición de los balines arrojados por las escopetas.

Según el informe, ninguno de los generales adoptó medidas para corregir estas malas prácticas policiales.

El general director, Ricardo Yáñez deberá resolver si pone en práctica la recomendación o no. Si lo hace, la resolución debe ser firmada a través de un decreto supremo, por el ministro del Interior, Ricardo Delgado.

Si no lo hace, o simplemente los amonesta, tendría un alto costo político para él y el gobierno.

Igual tendría que darse con una piedra en el pecho, porque, a fin de cuentas, la Contraloría no recomendó la expulsión de la institución, si bien la anotación en la hoja de vida les impide, en la práctca, cualquier ascenso.

Como fuere, el dictamente de Contraloría representa un inesperado flanco para el gobierno, que lo saca de los focos en que está empeñado, para abandonar el fondo de las encuestas: la campaña de vacunación y la reforma de pensiones.

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