A pretexto del reclamo de Yaku Pérez, el candidato que quedó tercero, la Contraloría y la Fiscalía auditarán la votación, una inaceptable intromisión en el proceso lectoral, denunciada por el candidato ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz, el ex presidente, Rafael Correa, y la Internacional Progresista, como un golpe judicial en Ecuador, o lawfare, que apunta a anular la votación e impedir la segunda vuelta.

En la madrugada del lunes, tras dos semanas de incertidumbre, disputas y amenazas, el Consejo Nacional Electoral, CNE, finalmente proclamó los resultados de la primera vuelta:

Andrés Arauz, de la Unión por la Esperanza, Unes, 3.033.753 votos, 32,72%; Guillermo Lasso, de la alianza CREO-Partido Social Cristiano, CREO-PSC, 1.830.045 votos, 19,74%. y Yaku Pérez, del movimiento Pachakutik 1.797.445 votos, 19,39%, pasando a segunda vuelta los dos primeros. .

El CNE negó la solicitud presentada por el tercero, Yaku Pérez, de recontar los votos en 17 provincias, pero aceptó la revisión de 26 actas en Guayas y Los Ríos, “cuyas inconsistencias se presentaron físicamente en la Audiencia Pública de Escrutinios”.

Con esa argucia, la Contraloría pidió el día sábado 20, que sea realizada una auditoría informática antes de que ocurra la segunda vuelta y la Fiscalía solicitó el contenido digital de la base de datos del CNE para realizar una verificación de la misma.

La Fiscalía explicó el domingo, que la acción se llevaba adelante “dentro de una investigación previa por presunto fraude electoral”, en base a las denuncias de Pérez, a partir de las cuales solicitaron a la Corte Nacional de Justicia autorizar “el registro y retención de información”.

Esa autorización del juez de la Corte llegó el sábado, casi en simultáneo con el pedido de la Contraloría y horas antes de la proclamación de resultados del CNE.

Si bien la Fiscalía afirmó que “las diligencias fueron coordinadas con la presidencia del CNE”, la presidenta del poder electoral, Diana Atamaint, grabó horas antes un mensaje en el cual afirmó: “esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se hagan eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto al CNE. Pedimos que las instituciones y sus autoridades no caigan en el juego y se conviertan en actores políticos que promueven sus intereses en el actual proceso electoral”.

Ante los hechos ocurridos, la fuerza política Unión por la Esperanza, que lleva la candidatura de Arauz, presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la Fiscal General, Diana Salazar, y el Contralor, Pablo Celi, por una “intromisión al proceso electoral”. El candidato, por su parte, dio una conferencia para denunciar los hechos:

“Hay una única autoridad electoral y rechazamos la interferencia y grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral contraloría”.

Arauz denunció que tras los pedidos de auditorías existen las amenazas e intenciones de que sea modificado el calendario electoral, que fija el inicio de la campaña para el 16 de marzo y la segunda vuelta para el 11 de abril:

“Exigimos que los derechos al recuento se hagan en el marco de la ley y no impliquen excusa alguna para modificar el calendario electoral”.

Rafael Correa denunció «un golpe de Estado» en Ecuador

Denuncian Golpe de Judicial en Ecuador
Ex presidente Rafael Correa denuncia golpe judicial en Ecuador

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció “un golpe de Estado” luego de que la Fiscalía General del país decidiera retirar las computadoras del Consejo Nacional Electoral para hacer «una pericia informática forense».

«Atención Latinoamérica y mundo: Ecuador sufre nuevamente golpe de estado. Fiscalía intenta llevarse computadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se proclamen resultados e impedir la segunda vuelta. La Presidenta del CNE denuncia que le quitaron custodia policial», afirmó Correa en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Poco antes, Arauz difundió la misma denuncia en sus redes sociales.

«Enviamos una alerta al mundo. Buscan retirar el equipo informático para impedir la realización de la segunda vuelta. El pueblo ecuatoriano no permitirá este atentado en contra de su democracia. ¿Por qué han retirado la custodia policial al CNE?», tuiteó Arauz.

Las denuncias acerca de posibles intentos de modificación de las fechas electorales fueron también expresadas por Atamaint, quien afirmó que “el calendario electoral que conduce a la segunda vuelta no se cambia”, y dentro del informe preliminar entregado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el domingo, el organismo llamó a “las autoridades electorales” a “dar cumplimiento al calendario electoral”.

La OEA, que reconoció los resultados electorales, también señaló su “preocupación” por el hecho que “otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de organismos electorales y la propia elección”.

Las instituciones ecuatorianas, marcadas por los años de lawfare contra la revolución ciudadana, volvieron a evidenciar su falta de transparencia y, en consecuencia, de confianza.

A su vez, en ese contexto, Pérez, junto a un sector del movimiento indígena, se dirige en una movilización hacia el CNE, en Quito, donde volverá a presionar ante lo que denuncia como fraude. Después de una movilización pacífica en la capital ecuatoriana, Pérez presentó ante el Consejo Nacional Electoral 16.000 actas que, según él, presentan inconsistencias. El Pleno del CNE tiene plazo de tres días para declarar admisible o no, el reclamo.

Las elecciones en Ecuador, como se previó desde su inicio, se encuentran marcadas por una sucesión de irregularidades, maniobras, intentos de última hora centrados principalmente en perjudicar la candidatura de Arauz. Los próximos días podrían ser determinantes de cara a saber si el país se encaminará hacia una segunda vuelta sin contratiempos o sí, por el contrario, habrá nuevos giros que hacia una intervenció abierta, de imprtevisibles consecuencias. .

La Internacional Progresista alertó por la «guerra jurídica» que amenaza las elecciones

Denuncian Golpe de Judicial en Ecuador
Intewrnacional Progresista llama a defender la democracia en Ecuador.

La Internacional Progresista llamó a unirse «en defensa de nuestras frágiles democracias» y para «desmantelar este régimen de ‘guerra jurídica’y restaurar la soberanía popular en Ecuador», en respuesta a la decisión del Consejo Electoral de ese país de retirar las computadoras que guardan los resultados de la primera vuelta electoral del 7 de este mes, medida que fue calificada como un «golpe de Estado» por el expresidente Rafael Correa.

La organización, que agrupa personalidades alineadas con el progresismo de todo el mundo, entre ellos la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, convocó en esa unidad a las «fuerzas progresistas, feministas, ecologistas e indígenas para derrotar a la derecha reaccionaria», y alertó que se podría intentar descalificar al candidato del correísmo, Andrés Arauz, en base a una noticia falsa.

«Se está produciendo una reacción violenta contra la democracia, donde el candidato presidencial Andrés Arauz, tiene ventaja para ganar en la segunda vuelta. El gobierno de Lenín Moreno está preparando un golpe en contra de la democracia».

«Las fuerzas reaccionarias –tanto dentro de Ecuador como en todo el hemisferio– están dirigiendo una campaña sucia y deshonesta para elimnar a Arauz, retrasar las elecciones y prevenir la formación de un bloque progresista, indígena y feminista», aseguró un comunicado de la Internacional Progresista, con las firmas de intelectuales y políticos como Noam Chomsky, el diputado chileno Georgio Jackson, la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, Alicia Castro, el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel, el diputado español Gerardo Pisarello, el ex canciller de Brasil, Celso Amorim, el ex líder del laborismo inglés, Jeremy Corbyn, Sevim Dagdelen Aníbal Fernández, Victor Hugo Morales y Juan Carlos Monedero.

El comunicado denuncia el intento de la Controloría y la Fiscalía de iniciar un recuento de votos «sin precendentes, que amenaza con entorpecer el proceso democrático», cuando el Consejo Nacional Electoral validó los resultados que ponen a Arauz y al banquero Guillermo Lasso en segunda vuelta: .

«Seamos claros: no hubo ninguna base legal para este ‘recuento’ ni evidencia de fraude que los justifique». .

El documento señala:

«Hemos visto las consecuencias de las denuncias de fraude infundadas en el golpe contra contra Evo Morales en noviembre de 2019. Le decimos al CNE, a la OEA, y al Departamento de Estado de EEUU: estamos vigilando».

Respecto del pedido de la Fiscalía de incautar «todo el contenido digital de las bases de datos que administra el sistema electoral» para revisar el resultado de la primera vuelta, el comunicado indica:

«Eso va en contra de las claras reglas constitucionales. El gobierno de Lenín Moreno está preparando un golpe en contra de la democracia».

Guerra judicial en Ecuador

Denuncian Golpe de Judicial en Ecuador
Sesión del Consejo Nacional Electoral

El comunicado de la Internacional Progresista advierte que «el ataque a la democracia ecuatoriana no sólo proviene del interior del país» y menciona la denuncia publicada en la revista colombiana Semana, que «hizo circular el absurdo y malicioso rumor de que la Internacional Progresista facilitó un préstamo entre las fuerzas guerrilleras del ELN en Colombia y la campaña del candidato presidenical Andrés Arauz«.

En ese sentido, el grupo de intelectuales y referentes políticos subrayó que el sábado pasado, el Fiscal General de Colombia viajó a Ecuador para transmitir información «secreta» que «podría ser utilizar en un caso legal apara descalificar a Arauz de las elecciones presidenciales» y recuerdan que «Ecuador tiene una larga tradición de ‘guerra jurídica’ contra sus fuerzas progresistas».

«La absurda mentira sobre el ELN es simplemente la última táctica de guerra jurídica para impedir que lleguen al poder. El ‘recuento’ ilegal y el absurdo ‘préstamo’ reflejan la desesperación de las fuerzas reaccionarias en toda América Latina», sentencia la Internacional.

«Saben que su tiempo ha terminado, saben que sólo pueden mantenerse en el poder por medios ilegales», apunta la carta y convoca: «Ahora, más que nunca, debemos unirnos en defensa de nuestras frágiles democracias. Juntos podemos desmantelar este régimen de ‘guerra jurídica’ y restaurar la soberanía popular en Ecuador y en todo el mundo».

Por ello, la Internacional Progresista considera que “la democracia de Ecuador está siendo atacada” y se debe “luchar para defenderla”.

En primer lugar, señalan la pretensión, sin precedentes, de las autoridades electorales de realizar un “recuento” de los votos, tras un acuerdo entre Lasso y Yaku Pérez, candidato del indigenista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), que quedó en tercer lugar en los comicios y ha denunciado un presunto fraude en su contra.

“No hubo ninguna base legal para este recuento, ni evidencia de fraude que lo justifique”, expresa la Internacional Progresista.

Otra de las acciones que observó esta organización es la medida iniciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) con la intención de registrar y retener de la información de la base de datos del CNE.

Con ello, dice la Internacional Progresista, “la Fiscalía está intensificando sus esfuerzos para desestimar los resultados de la primera vuelta”.

Una actividad más de este ataque proviene desde el exterior y tiene que ver con la publicación que hizo el medio colombiano Semana, donde señala un presunto financiamiento a la campaña electoral de Arauz por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que habría sido facilitado con la ayuda de la Internacional Progresista.

“Ecuador tiene una larga tradición de guerra jurídica contra sus fuerzas progresistas. La absurda mentira sobre el ELN es simplemente la última táctica de guerra jurídica para impedir que lleguen al poder”, dicen en el comunicado, en el que recuerdan que estos rumores fueron fácilmente desmentidos por diversos expertos y descartados por la Internacional Progresista.

La decisión de la Fiscalía fue repudiada también por Lasso quien afirmó que retirar las computadoras son «hechos que deberían alarmar a todos quienes defienden la democracia en Ecuador» y advirtió en su cuenta de Twitter: «No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares”.

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