Masacre de San Gregorio: Dos Miradas a una Tragedia que la Historia no Quiere Recordar

La masacre de San Gregorio, perpetrada en la oficina salitrera de ese nombre, el 3 y 4 de enero de 1921, por tropas de Ejército y Carabineros, develó para la historia el falso populismo de Arturo Alessandri Palma, y demostró que para los obreros no había mayor diferencia entre la república presidencial conservadora y la república liberal parlamentaria.

Ambas respondieron con balas y represión el inicio de la cuestión social, determinada por el derrumbe del precio y los mercados del salitre.

Para 1921, fecha de los acontecimientos, ya había más de cien mil cesantes.

Al cumplirse el primer centenario de la tragedia, dos miradas para combatir el olvido.


A cien años de la masacre de trabajadores de San Gregorio: La memoria ardiente

Masacre de San Gregorio: Dos Miradas a una Tragedia que la Historia no Quiere Recordar
Arturo Alessandri Palma: el «león» no tardó en mostrar las garras.

por Felipe Portales (*)

El 3 de febrero de 2021, se conmemora el centenario de la matanza de obreros mineros de San Gregorio (oficina salitrera cercana a Antofagasta) que fue la primera masacre de nuestra historia realizada por un gobierno pretendidamente anti-oligárquico como el de Arturo Alessandri, y cuya elección había movilizado efectivamente a sectores medios y populares bajo banderas de profundos cambios sociales en beneficio de las grandes mayorías nacionales.

Además, no constituyó un episodio aislado. El nuevo gobierno no terminó con el “proceso de los subversivos” que había culminado la represión popular de la fase final del gobierno de Juan Luis Sanfuentes (1915-1920).

De este modo, su ministro del Interior, Pedro Aguirre Cerda, confirmó el mismo febrero en el Senado la política represiva que se había llevado a cabo con la rama chilena anarco-sindicalista de la International Workers of the World (IWW):

“Se me dijo por el señor prefecto de policía (de Valparaíso) que la institución denominada la IWW pretendía reunirse y que tenía instrucciones precisas y terminantes de los Tribunales de Justicia para proceder en contra de ella. Pregunté qué individuos pertenecían a esa institución y se me señalaron tres, a los cuales les hice la advertencia de que, aunque los Tribunales de Justicia nada habían resuelto sobre el particular, el Gobierno había considerado a la IWW como una institución peligrosa por su actuación y por sus estatutos, y que, por lo tanto, si procedían a reunirse, no obstante de que algunos de ellos estaban en libertad bajo fianza, la policía ejercitaría sobre ellos las facultades a que estaba obligada, deteniendo a los que estuviesen libres o cancelando su libertad bajo fianza a los que la tuvieran, según las órdenes de los Tribunales” (Boletín de Sesiones del Senado; 8-2-1921).

Pero además, Aguirre Cerda le manifestó al Senado que el Gobierno había delineado una política represiva en última instancia con los trabajadores:

“Esta es la fórmula que el Gobierno ha adoptado sin vacilación; se presenta ante los obreros para decirles la vinculación estrecha que deben tener con el capitalista y sus obligaciones para con él y para con el Gobierno en cuanto al mantenimiento del orden y al respeto que deben a las autoridades. Les hace presente los perjuicios que ellos reciben por estas huelgas y ejercita su influencia ante los patrones para que cedan en aquello que pueda significar un beneficio legítimo para la clase trabajadora. Si esta armonía no se produce, si la mediación del Gobierno es insuficiente para evitar las dificultades, en todo caso amparará a los obreros que deseen trabajar, pertenezcan o no a las instituciones en huelga, empleando la fuerza pública si fuere necesario” (Boletín citado).

Fue en este contexto que se dio a comienzos de mes la masacre de San Gregorio, oficina salitrera cercana a Antofagasta; y en el marco de una grave crisis de desempleo de la actividad minera, y de la inhumana actitud de las compañías de expulsar a los obreros sin darles siquiera un desahucio. Pero las mayores expectativas provocadas por el triunfo de Alessandri generaron una reacción más resuelta de aquellos, procediendo a resistir el inminente desalojo.

La masacre pudo ser perfectamente evitada por el Gobierno. Esto lo prueba el hecho que Alessandri envió el 26 de enero un telegrama al Intendente de Antofagasta (el radical Luciano Hiriart Corvalán) ordenándole priorizar la persuasión, pero sin descartar los medios represivos. Y tampoco le dio ningún margen de maniobra para hacerles ofertas concretas paliativas de la angustiosa situación de los trabajadores.

A lo anterior hay que agregar la extrema negligencia del intendente al enviar a San Gregorio un cuerpo armado de solo 26 hombres a cargo de un teniente de 24 años, Buenaventura Argandoña Iglesias; mientras que allí se congregaban más de dos mil personas entre obreros y familiares –incluyendo de oficinas cercanas- en gran estado de indignación.

El 3 de febrero, y luego de un frustrado intento de embarcar a los trabajadores en tren hacia Antofagasta, se realizó una “concentración para escuchar a los dirigentes, los que reclamaron la cancelación del desahucio y reafirmaron la decisión de no abandonar la oficina mientras la Casa Gibbs (propietaria de las compañías) no se comprometiera a pagar” (Floreal Recabarren Rojas.- La matanza de San Gregorio, 1921: Crisis y tragedia; LOM, 2003; p. 69).

Acto seguido –cerca de las 17 horas- la multitud se dirigió a encarar al administrador Daniel Jones y al reducido grupo de soldados. El teniente Argandoña le ordenó a la multitud que se detuviera en un punto y como esta no le hizo caso, los efectivos empezaron a dispararle. Como resultado final se calcula que entre 60 y 80 trabajadores fueron ultimados; y, por otro lado, el teniente Argandoña, el administrador Jones y un suboficial fueron muertos por la multitud.

Las diversas estimaciones de víctimas de los trabajadores son de 68 personas, de Fernando Pinto Lagarrigue (ver Leopoldo Castedo.- Chile: Vida y Muerte de la República Parlamentaria; Sudamericana, 1999; p. 280); 70, de Peter DeShazo (Urban Workers and Labor Unions in Chile. 1902-1927; The University of Wisconsin Press, Madison, 1983; p. 186); 60 de Luis Emilio Recabarren (ver Floreal Recabarren; p. 82); y de más de 70 por parte de la comisión de la FOCH que fue posteriormente al lugar (Ibid.).

La reacción posterior a la masacre fue también exactamente igual a la de los gobiernos anteriores. Se culpó de todo a los trabajadores. Se mintió de manera grosera, señalándose en el comunicado oficial del intendente Hiriart que “se tiene conocimiento de que toda la tropa fue asesinada alevosamente con armas de fuego, dinamita y cuchillo” (Ibid.; p. 83).

Se torturó a varios de los trabajadores posteriormente encarcelados (ver Ibid.; p. 85). El Gobierno decretó estado de sitio y censura de comunicaciones para la provincia (ver Ibid.; p. 88). Se condenó con largas penas de cárcel a varios de los líderes del movimiento. Y, por último, se libró de todo juicio a los soldados y carabineros que participaron en la masacre.

Del mismo modo, tanto El Diario Ilustrado, El Mercurio y La Nación aprobaron automáticamente la actuación de las autoridades y la matanza de obreros, culpando a estos últimos de todo lo sucedido.

El primero señaló:

“Junto con condenar y lamentar los sucesos, nos creemos en el deber de aplaudir la actitud que, frente a ellos, asumieron S.E. el Presidente de la República y sus Secretarios de Estado. La firmeza y energía, dolorosas pero necesarias, que han gastado, serán útiles para la tranquilidad social. Hubo elementos perniciosos de agitación y de revuelta que se imaginaron que con la subida del nuevo gobierno iban a tener carta blanca para cometer todo desmán y para entregarse a todo desenfreno. Ahora tendrán que convencerse que, si bien la actual administración, lo mismo que las anteriores, está pronta para hacer justicia y atender a las necesidades obreras, en cambio, lo mismo que las administraciones anteriores, está resuelta a ser enérgica para amparar el orden y el derecho de propiedad y para refrenar con vigor los desmanes subversivos” (El Diario Ilustrado; 5-2-1921).

Es notable ver cómo el diario conservador que se había opuesto tan duramente el año anterior a la candidatura de Alessandri, enfatizaba insistentemente la continuidad del nuevo gobierno con los anteriores…

A su vez, El Mercurio sostenía:

“Los hechos ocurridos en una de las oficinas salitreras de la provincia de Antofagasta han causado en el país una sensación de estupor e indignación. No creemos que haya un solo chileno que no los condene con la mayor energía. Nada hay en ellos que se pueda confundir con los conflictos entre el capital y el trabajo. Se trata simplemente de un atentado contra la propiedad y las vidas. Debemos esperar que lo sucedido en la oficina de San Gregorio quede como un hecho aislado y sirva de lección a las autoridades para adoptar medidas que prevengan su repetición y a los obreros honrados de todo Chile para que rehúsen entrar por el camino del desorden y del crimen a que los invitan elementos de agitación que en su mayoría son ajenos a nuestra clase obrera chilena” (5-2-1921).

E incluso La Nación decía:

“Elementos extraños a la oficina San Gregorio han provocado esta asonada (…) Sería necesario proceder con el máximum de la severidad contra los instigadores de esos sangrientos desmanes” (5-2-1921).

(*) Sociólogo e historiador.

Fuente: Federación CCU

En el Centenario de la Masacre de San Gregorio

Masacre de San Gregorio: Dos Miradas a una Tragedia que la Historia no Quiere Recordar

por Iván Ljubetic Vargas (*)

«Yo pido que se propague
por toda la población
que el león es un sanguinario
n toda la generación, si” (“La Carta”, Violeta Parra).

El 3 de febrero de 1921 tropas del Ejército y policías perpetraron la masacre de San Gregorio.

En enero de 1921, apenas transcurridos cuarenta días de asumir la Presidencia de la República, el “León de Tarapacá”, como habían bautizado a Arturo Alessandri Palma, mostró sus garras. Y las usó contra los pampinos.

1921 se inició en medio de graves amenazadas de paralización de numerosas salitreras. La primera oficina en apagar sus fuegos fue la de San Gregorio, perteneciente a la empresa británica Casa Gibbs y ubicada en la zona de Antofagasta. Sus obreros fueron lanzados a la cesantía.

Por no existir ley que protegiera a los trabajadores en caso de cesantía, éstos quedaban en total indefensión. A fines de enero, los operarios de San Gregorio confeccionaron un petitorio en que demandaban el pago de un desahucio y la cancelación de los pasajes hasta el lugar desde donde habían venido.

Lo presentaron al administrador inglés, míster Daniel Johnson, el que se manifestó de acuerdo con esas demandas y envió el pliego de peticiones a Antofagasta, desde donde sería remitido a Inglaterra.

Explicó que él esperaba una respuesta de un momento a otro.

Los pampinos resolvieron no abandonar la Oficina hasta obtener contestación a sus reivindicaciones.

El administrador, el inglés Daniel Jones, que tenía buenas relaciones con los operarios, les dijo que la compañía (la Casa Gibbs), les deseaba cancelar quince días de salario, con la condición que los trabajadores abandonaran la oficina en un tren que los llevaría a Antofagasta. Hubo acuerdo.

Sin embargo, el 1 de febrero de 1921, cuando los obreros comenzaron a subir al tren, se empezó a pagar cinco pesos a los solteros y diez a los casados, en vez de los 15 días de salario acordado.

Ante este hecho, los trabajadores no se embarcaron en el tren. Se mantuvieron en la oficina Aseguraron que no la abandonarían hasta que no se cumpliera con lo prometido.
Míster Jones les manifestó entonces que él no podía hacer nada sin recibir órdenes de Antofagasta

Provocación contra los pampinos

Las autoridades regionales, siguiendo instrucciones del Gobierno, decidieron apresurar la salida de San Gregorio de los trabajadores. Con este fin, enviaron- el miércoles 2 de febrero- veinte soldados del Regimiento Esmeralda de Antofagasta, el “famoso” Séptimo de Línea, al mando del teniente Argandoña y un destacamento de 8 carabineros,

Al conocerse la noticia de la acción que pretendían realizar las fuerzas del Gobierno, marcharon hacia San Gregorio operarios de otras oficinas cercanas. Fue así, como a mediodía del jueves 3, habían concentrados allí 1.300 pampinos, dispuestos a impedir el desalojo.

Tratando de evitar algún hecho de violencia, los dirigentes de la FOCH de San Gregorio se dirigieron a conversar con mister Daniel Johnson, para inquirirle si había recibido respuesta.

Pero, a unos veinte metros de la Administración, el teniente Argandoña, al parecer en estado de ebriedad, les cerró el paso. Los obreros le explicaron las razones de la visita. El militar, provocadoramente, les dijo que él era la única autoridad ahí en ese momento y que con él debían hablar.

Los dirigentes se negaron a hacerlo y declararon su decisión de ir a hablar con el administrador.

Los obreros se defienden

Entonces Argandoña sacó su pistola. Se escuchó un balazo. Eran las 17,30 horas del jueves 3 de febrero de 1921.

De inmediato, los militares y carabineros comenzaron a disparar contra los pampinos allí reunidos. Cayeron muertos y heridos. Ello no intimidó a los atacados. Por el contrario, avanzaron contra las fuerzas represivas, armados de herramientas, dinamita y algunas pistolas.

Se produjo un encuentro que duró alrededor de dos horas. Llegaron refuerzos de tropas. Los obreros, fueron derrotados.

Los soldados remataban a los heridos, incluso a los que se encontraban en el hospital.

Brutal represión

Al día siguiente llegaron más soldados desde Antofagasta. Irrumpieron en la enfermería de la oficina salitrera, donde hirieron y asesinaron a los trabajadores que estaban allí. Después se dedicaron a dar caza a los obreros, matándolos en distintos lugares de la oficina San Gregorio.

Los caídos fueron el doble que en el día anterior. En total los ultimados en esos dos trágicos días alcanzaron a unas cien bajas. Muchos otros operarios fueron hechos prisioneros y cruelmente torturados por oficiales del Ejército.

También cayeron el teniente Argandoña y, desgraciadamente, míster Daniel Johnson, el administrador británico, que se había entendido con los operarios de la Oficina.

Solidaridad de clase

Algunos heridos pudieron salvarse. Fueron aquellos que sus compañeros, en un viaje pleno de esfuerzo y heroísmo, lograron llevar hasta Antofagasta.

Allí los ocultaron en un altillo existente en el local obrero de calle Covadonga Nueva, donde fueron atendidos por médicos, que llegaron secretamente.

Los comunistas colaboraron en el auxilio de las víctimas, tanto de los heridos como de los prisioneros. Repudiaron la cruel masacre realizada por el “León de Tarapacá”.

El dirigente obrero Salvador Ocampo, en su trabajo “En tiempos de Recabarren”- relata que el fundador del movimiento obrero “no era partidario de la violencia a ese extremo, de ninguna manera. Y cuando él supo que había sucedido esta masacre lo sintió mucho, lo lamentó bastante. Pero al conversar con nosotros, los jóvenes especialmente, él dijo que todavía podría haber habido un entendimiento con la administración. Pero si en realidad Argandoña sacó la pistola y disparó impunemente contra los trabajadores, los trabajadores no tenían más que responder como podían, con lo que podían”.

Alessandri responsable

Ricardo Donoso, en el tomo Segundo de su obra “Alessandri agitador y demoledor”, afirma que el Presidente Arturo Alessandri “dejó que los militares hicieran la subida a la pampa por su cuenta, sin el control de una autoridad civil y que el Ejército fue a San Gregorio no a cumplir la función pública de restablecer y resguardar el orden, sino a ejercer una innoble venganza, doblemente ciega, porque ni sabía el verdadero motivo de la muerte de Argandoña, ni se curó de comprobar la relación mentirosas del teniente Gainza”.

Los obreros tenían la razón

En 1921, cien mil trabajadores de la pampa fueron lanzados a la cesantía, sin pagarles desahucio ni ninguna otra compensación, por Lock Out patronal. Cuánta razón tuvieron los obreros de San Gregorio al exigir garantías para los despedidos por el cierre de las faenas salitreras.

De esta forma, las ilusiones que se habían forjado miles y miles de proletarios con Arturo Alessandri Palma desaparecieron como pompas de jabón ya en el primer año de su gestión.

En vez del prometido “cielito lindo”, se encontraron con más cesantía y masacres.

Los comunistas estuvieron en lo justo, cuando en 1920 no se dejaron embriagar con la demagogia del “León de Tarapacá” y levantaron la candidatura de Luis Emilio Recabarren a la Presidencia de la República.

(*) Historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

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