Comisión de Derechos Humanos del Senado Aprobó Legislar Indulto a Presos Políticos de la Revuelta

En una significativa primera victoria, por 3 votos a 2, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la idea de legislar indulto a presos políticos de la revuelta, iniciada el 18 de octubre de 2019.

A favor votaron los senadores/as Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), y Juan Ignacio Latorre (RD). En contra lo hicieron Iván Moreira (UDI) y Felipe Kast (Evópoli).

El proyecto de ley presentado por un grupo de senadores de oposición tiene todavía un arduo camino. Deberá ser discutido en las comisiones de Seguridad y Constitución, y luego votado en sala, antes de ontinuar su trámite legislativo.

De todas maneras, es un paso adelante.

El senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre aseguró:

“Valoro que se haya aprobado en general la idea de legislar en la comisión de Derechos Humanos, el proyecto de ley de indulto general para los presos de la revuelta.El proyecto tiene un carácter humanitario. La respuesta a las personas que se movilizan no puede ser solo la cárcel».

“Espero que avance con sentido de urgencia en las demás comisiones de Constitución y Seguridad en el Senado, y busquemos una salida política a los presos de la revuelta que lo han pasado muy mal, que han sufrido un castigo muy duro, muchos de ellos con violación a los derechos humanos, torturas, prisiones preventivas excesivamente largas, transgrediendo el debido proceso con arrestos domiciliarios también, en este periodo de pandemia”, agregó.

La senadora Yasna Provoste (DC), señaló:

«Se abre una discusión indispensable respecto a la situación de detenidas, cuyos procesos se han demorado más de un año, sin que avancen mínimamente».

Anunció un proyecto de acuerdo para mantener un registro unificado de detenidos a nivel nacional;

“La próxima semana presentaremos un proyecto de acuerdo para el Ejecutivo asuma la creación de un registro único nacional de detenidos y detenidas, de manera de mantener esta información al día, de los detenidos, los delitos vinculados a la detención, de los organismos, las medidas cautelares y los cambios en el proceso”.

El proyecto de ley busca eximir de responsabilidad penal y remitir la pena a quienes hayan sido apresados desde el 7 de octubre de 2019 hasta la fecha de presentación del documento, en el marco de protestas, concentraciones y manifestaciones, con excepción de procesados por delitos terroristas.

Si bien la iniciativa parlamentaria reconoce que los actos por los cuales se ha detenido a un gran número de personas son castigados en la legislación chilena, «se ha vivido un proceso distorsionado» en estos casos debido a «una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales».

La Corte Suprema de Justicia informó a principios de enero que solo 26 manifestantes siguen en prisión preventiva más de un año después del inicio de la crisis y que el tiempo promedio de esta medida cautelar fue de 318 días. Pero fue una contabilidad sesgada, pues consideró sólo detenidos entre 16 de octubre de 2019 y 16 de marzo 2020.

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, una de las impulsoras de la iniciativa, cifró en 800 los privados de libertad desde el 18 de octubre.

Familiares reclaman liberación de los presos de la revuelta

Diversos colectivos y organizaciones se reunieron en La Moneda para entregar al gobierno mies de firmas por la liberación de los presos de la revuelta, una cruzada que involucra a varios actores sociales, quienes respaldan el indulto a quienes salieron a manifestarse en el contexto del estallido social.

Entre ellos, voceros de la Asamblea de Familiares de Pres@s Politic@s, el diputado Boris Barrera, las diputadas Camila Vallejo y Claudia Mix, el ex diputado y dirigente sindical, Rodolfo Seguel, el sacedote jesuíta Felipe Berríos y Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

«Es urgente que el gobierno se involucre en buscar una solución, revisar los casos donde hay irregularidades, donde ha habido vulneración a un debido proceso, prisiones preventivas excesivamente largas donde hay presos con querellas de torturas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos», asegura Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado.

«Es una actividad de apoyo y de demanda particularmente al gobierno para que no solamente no impida ni vete esta ley, sino que además la apoye porque creemos que es justa y necesaria para el reencuentro de los chilenos», comentó este último.

Raquel Torres, integrante del Grupo Iniciativas por la libertad de l@s Pres@s Politic@s de la Revuelta, señaló:

«Pedimos a Sebastián Piñera que declare el término de su guerra y, como primera medida, que libere a sus prisioneros».

A su turno, Jaime Fuentes, abogado de Familiares de Presos Políticos y hermano de Matías Fuentes, uno de los detenidos:

«Estamos acá para exigir la libertad de tod@ l@s pres@s politic@s de la Revuelta y que el presidente desista de vetar el proyecto. Llamamos a no dejar las calles hasta que se consiga el indulto

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