Gobierno Rechazó Indultos: Fuertes Protestas por Presos Políticos de la Revuelta

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Protestas por rechazo del gobierno a indultar a presos políticos de la revuelta

Manifestantes se movilizaron este jueves en el centro de Santiago, entre Los Héroes hasta La Moneda, para exigir la renuncia del Presidente Sebastián Piñera y la liberación de los presos políticos del estallido social.

La marcha, convocada a través de redes sociales, derivó en enfrentamientos con Carabineros y barricadas.

En el cerco establecido por Carabineros en Amunátegui con la Alameda se registraron choques entre manifestantes y policías. Carabineros de Fuerzas Especiales dispersaron a los manifestantes con carros lanzaguas y lanzagases.

Según fundadas y profusa denuncias, una vez más hubo exceso de gas pimienta y quemaduras por productos químicos en el agua de los guanacos.






Proyecto de ley

Los senadores/as Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País Progresista) ingresaron este miércoles un proyecto de ley que propone indultar a las personas acusadas de cometer actos vandálicos en el marco de la ola de las protestas iniciadas en octubre de 2019.

La moción «se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales», explica el documento.

El texto sostiene que si bien los actos por los que han sido detenidas una gran cantidad de personas «son punibles desde la perspectiva penal», en Chile «se ha vivido un proceso distorsionado por una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales, abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de la normalidad».

La iniciativa propone «la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena» de quienes hayan sido detenidos desde el 7 de octubre de 2019.

«Para efectos de esta ley, serán beneficiarios del indulto general y demás beneficios de esta ley, las personas imputadas o condenadas, por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas. Para probar la circunstancia anterior, bastará la prueba indiciaria o cualquier otro medio probatorio. No obstante las reglas generales en materia de recursos, la resolución que rechace la solicitud será apelable», agrega el proyecto.

El beneficio incluye a «aquellas personas sujetas a alguna medida cautelar privativa o restrictiva de libertad» por el sólo hecho de solicitar su revisión invocando la eventual norma.

Finalmente, la propuesta aclara que «no quedarán comprendidos en el indulto general a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, quienes fueren miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públicas, o funcionarios de cualquiera de los organismos y poderes del Estado a la época de la comisión de los hechos».

Rechazo del gobierno

El Gobierno rechazó la posibilidad de indultar a los detenidos después del 18 de octubre en las manifestaciones y desmanes, con el insostenible argumento de que en Chile «no hay presos políticos».

«En Chile no existen presos políticos, lo que existe son personas que están presas porque hay tribunales de justicia independientes y una fiscalía que hizo un trabajo», dijo el jueves el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, en una rueda de prensa en Talca, Región del Maule.

Según el portavoz de La Moneda, la iniciativa parlamentaria «presenta impunidad frente a los hechos de violencia graves que han sucedido y nos parece que no va en la línea de lo que la ciudadanía quiere y viene a justificar la violencia».

Agregó:

«Esta idea de justificar que si alguien comete delitos o si tiene ese pasado de violencia intrafamiliar, o intenta quemar con una bomba molotov a un Carabinero, intenta saquear, intenta destruir espacio público, es algo que me parece que es totalmente inadecuado».

No se ahorró la falacia habitual del peor gobierno de la historia:

«La protesta social también es buena para la salud de la democracia, pero es muy distinta cuando se empiezan a cometer delitos».

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reafirmó el sofisma anterior:

«La opinión del gobierno es una sola: las personas que están privadas de libertad al día de hoy son personas que no están privadas de libertad por decir lo que piensan, por pertenecer a algún partido político determinado o por alguna ideología determinada. Esas personas están privadas de libertad por haber cometido delitos. Si hay personas o autoridades que piensan de que hay que cambiar la categoría de estas personas, por ejemplo, el que se denominen presos políticos, a mí no me parece, porque técnicamente no hay presos políticos en Chile; estamos en presencia de personas que cometieron delitos».

En resumen, el gobierno perdió la ocasión de hacer algo bien, o que sintonice con el clima político prevaleciente, o empatice con la gente

El senador Latorre, uno de los impulsores de la iniciativa, emplazó al Gobierno a analizar bien la situación, y buscar una salida política a los presos de la revuelta:

«En muchos casos se ha abusado de la prisión preventiva como castigo político, no hay un debido proceso».

Agregó que el proyecto de ley reconoce que los actos por los cuales se ha detenido a un gran número de personas son punibles en la legislación, pero «se ha vivido un proceso distorsionado debido a una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales».

La moción señala «abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de la normalidad».

El proyecto, además, resalta las reiteradas denuncias de parte de organismos internacionales y nacionales que dan cuenta de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros.

Según datos del Ministerio Público, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las protestas desde el 18 de octubre del año pasado, 648 de los cuales se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenados.

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