La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó el fallo de primera instancia el fallo de primera instancia dictado por el magistrado en visita, Hernán Crisosto, y absolvió a 30 agentes de la DINA condenados como cómplices y a otros 31 condenados como autores del secuestro de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, ejecutados por agentes de la DINA entre los años 1974 y 1975, en el contexto de la denominada Operación Colombo.

En consecuencia, ninguno de los 42 ex agentes irá a la cárcel, porque todos ellos se encuentran beneficiados con libertad vigilada o remisión condicional de la pena. Por ahora, puesto que abogados querellantes y agrupaciones de familiares de las víctimas recurrirán a la Corte Suprema.

La sala estuvo integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y el abogado integrante Jaime Guerrero, revocó y modificó sustancialmente

Entre los favorecidos están los agentes César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga Neumann, todos ellos venían condenados a penas de 20 años de presidio en el fallo del Ministro Crisosto, y quedaron reducidas a 4 años, con libertad vigilada.

El resto de los sentenciados, en su mayoría fueron sancionados por la Corte de Apelaciones a tres años y un día con libertad vigilada, lo que ocurre luego de que el ministro en visita les otorgara una pena de 13 años de presidio, sin beneficio.

Los favorecidos son los ex miembros de la DINA Fernando Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Humilde Ramos, Hermon Alfaro Mundaca, Nelson Paz Bustamante, José Aravena Ruiz, Claudio Pacheco Fernández, Nelson Ortiz Vignolo, José Ojeda Obando, Hugo Hernández Valle, Juan Urbina Cáceres, Manuel Rivas Diaz, Rissiere Altez España, Daniel Cancino Varas, Alfredo Moya Tejeda, Gerardo Meza Acuña, Manuel Avendaño González, Raúl Rodríguez Ponte, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Gerardo Urrich González, Sergio Castillo González, Teresa Osorio Navarro, José Fuentes Torres, Pedro Alfaro Fernández, Hiro Álvarez Vega, Gustavo Carumán Soto, Orlando Torrejón Gatica, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Videla Insunza, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Yévenes Vergara Olegario González Moreno, Orlando Manzo Durán , Basclay Zapata Reyes y Samuel Fuenzalida Devia.

El fundamento la rebaja de las penas que deja a los condenados liberados de la cárcel es la aplicación a todos ellos de la atenuante de la irreprochable conducta anterior y de la media prescripción, siendo Jaime Guerrero, abogado integrante, disidente al respecto.

Para el abogado querellante, Nelson Caucoto, el fallo “constituye una seria y profunda involución en materia de derechos humanos, violentándose principios de la proporcionalidad de la pena y la garantía de no repetición a las que se encuentra sujeto nuestro país en el marco del derecho internacional de los DD.HH. Nos resulta inaceptable un fallo de esta naturaleza, que afecta tan directamente a los familiares de las víctimas, que han confiado ciegamente en la acción de la justicia durante 45 años, para que finalmente esa profunda y anhelada aspiración se esfume de golpe con un fallo como este”

Agregó:

“La opinión pública coincidirá con nosotros cuando decimos que se violenta el sentido común y el sentimiento de justicia, cuando existen 16 secuestros calificados, no hay ninguna condena de cárcel efectiva. ¿Qué valor se asigna a la vida de estos 16 chilenos que fueron secuestrados y hechos desaparecer por una dictadura brutal, y que los mantiene hasta hoy sin saber dónde se encuentran o donde fueron dejados sus restos?. ¿en qué pie queda la garantía de no repetición que obliga a Chile en el concierto internacional? Se puede secuestrar y hacer desaparecer a decenas de víctimas y quedar en libertad. Eso es impunidad, pura y dura”.

Para Caucoto este fallo es de extrema gravedad, y debe constituir una señal de alerta para el mundo de los derechos humanos, las agrupaciones de víctimas y la ciudadanía en en general:

«La señal que se entrega al país con una sentencia de esta naturaleza es extremadamente grave, perniciosa; es de extrema gravedad lo que ocurrió para ser tan benignos con los autores de estos crímenes y eso es lo que repercute en este garantía de no repetición a la que se encuentra sujeto el Estado de Chile, porque si somos capaces, como sistema judicial de entregar estas penas tan benignas, indudablemente que no se cohibe y no se impide la repetición, en el futuro, de estos hechos graves. Me pare perniciosa la señal que proviene de un fallo de este carácter».

Concluyó:

«Vamos a ejercer alguna acción, recursos ante la Corte Suprema para los efectos de anular esta sentencia que para mí es inaudita. Es primera vez que veo una causa donde hay tantos desaparecidos y nadie es sancionado a penas de cárcel efectiva».

Indecencia del Poder Judicial»

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, se declaró horrorizada con la resolución judicial:

«La infinidad de crímenes de lesa humanidad es la peor condena de repetición que pueden tener los pueblos. Vivir terrorismo de Estado. Y como país lo estamos viviendo desde el 18 de octubre de manera sistemática y en el Wallmapu desde fines de los 90′».

Agregó que la Operación Colombo fue la primera operación de coordinación entre los aparatos represivos de la dictadura cívico militar del continente:

«Además de eso fue una operación que intentó justificar el secuestro y desaparición de hombres y mujeres en el país; fue una máquina operativa organizada que pretendió justificar que en Chile hubiera hombres y mujeres siendo detenidos, secuestrados y hechos desaparecer. Krasnoff e Iturriaga Neumann son parte completa de esta cruel práctica de exterminio y están dentro de los agentes absueltos».

Concluyó:

«Esto es obsceno, indignante y también extremadamente grave por las señales que está dando el Poder Judicial desde el año pasado, cuando una sala de Corte de Apelaciones, en el caso de Villa Grimaldi contra militantes comunistas, emitió un fallo que implicaba retroceder a los tiempos de presunciones de desaparición, cuando a los nuestros se les trataba de presuntas y presuntos y se perseguía por querer saber la verdad de lo que ocurría. Esto es gravísimo, inaceptable, uno no logra entender tanta indecencia por parte del Poder Judicial».

Operación Colombo

La llamada Operación Colombo o el caso de los 119, fue un operativo montado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena en 1975, destinado a encubrir las desapariciones forzadas de 119 opositores a la dictadura de Pinochet. El objetivo era hacer creer a la opinión pública nacional y extranjera mediante la publicación falsa en medios de comunicación tanto en Chile como en otros países, como Brasil, Argentina, México, de unos enfrentamientos entre ellos dando como resultado, cuerpos calcinados en Argentina, o desaparecidos debido a matanzas entre ellos mismos.

Esta campaña de desinformación fue organizada por Alvaro Puga Cappa, director de Asuntos Civiles de la Junta militar y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA, quien se encargó de suministrar a los periodistas de los medios nacionales y extranjeros los reportes de prensa para encubrir los crímenes de las 119 personas detenidas desaparecidas Puga era también columnista del diario La Segunda.

Con el paso del tiempo se inició un fuerte cuestionamiento a la información oficial ya que muchos de estos desaparecidos, sus familiares habían presentado recursos de amparo y de acuerdo a los cientos de testimonios de los sobrevivientes de los centros clandestinos de tortura que habían estado con las detenidos-desaparecidos de las 119 víctimas, se logro desbaratar este siniestro montaje del terrorismo de estado en Chile. Nuestro homenaje a los familiares, madres, hermanas(os), esposas(os), amigos de las víctimas que han luchado incansablemente por verdad, la justicia y contra la impunidad, muchos de los cuales ya no viven entre nosotros.

Agrupaciones de DD.HH. protestaron por absoluciones en caso Operación Colombo

Distintas agrupaciones de Derechos Humanos se manifestaron frente al Palacio de Tribunales, al mediodía del viernes 4 de diciembre, con el fin de protestar contra la decisión de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que absolvió a 61 ex-agentes de la DINA, en el marco de la investigación de la denominada Operación Colombo.

El proceso contra los ex-agentes, se seguía con motivo de esclarecer un operativo montado por la entonces Dirección de Inteligencia Nacional, destinado a encubrir la desaparición forzada de 16 opositores de la dictadura militar de Augusto Pinochet, el cual terminó con la exoneración de los ex-agentes y la rebaja la pena de otros condenados como los ex-militares Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko.

Los grupos congregados, donde destacaban agrupaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y agrupaciones de Derechos Humanos, además de grupos vinculados a la petición de libertad de los detenidos por el estallido social, acusaron al Poder Judicial de ser «cómplices de la impunidad» y afirmaron que la protesta respondió a la «absolución de 61 criminales y la rebaja de condena de 4 genocidas que eran del alto mando».

«¿Puede acaso la flagrante impunidad ser polémica? ¿Se puede secuestrar, torturar, torturar, torturar? ¿Se puede luego hacer todo un montaje para cubrir esos crímenes, cientos de desapariciones forzadas? Eso es mucho más que polémico, eso es impunidad», señaló la directora de la agrupación Londres 38, Erika Hennings, quien agregó haber sido testigo «de la brutalidad y violencia criminal de Miguel Krassnoff Martchenko, de Gerardo Godoy García, de Ricardo Lawrence Mires, jefes de los grupos operativos que tenían a su cargo todo el proceso de la detención, los interrogatorios, las torturas y las decisiones para su desaparición».

PC repudia absolución de sicarios de la DINA

El Partido Comunista de Chile expresa su repudio a la decisión de la octava sala del tribunal de alzada de Santiago que revocó y modificó la sentencia de primera instancia, lo que significó la absolución de 30 agentes de la DINA condenados como cómplices y otros 31 condenados como autores del secuestro de 16 personas, quienes fueron hechos desaparecer por este órgano represor entre los años 1974 y 1975.

Nos parece lamentable este fallo que otorga impunidad a criminales que tanto dolor causaron en Chile, pues con esta revocación de condena se agravia, una vez más, a las víctimas, sus familias y al conjunto de la sociedad.

Es inconcebible que los 42 agentes de la DINA y que son condenados de segunda instancia, gocen de beneficios como libertad vigilada o la remisión condicional de la pena, mientras que las familias de las víctimas del genocidio de la dictadura de Pinochet siga luchando por una justicia que cada vez es más esquiva.

Como Partido Comunista, reiteramos nuestra solidaridad y compromiso con las organizaciones y agrupaciones que continúan en su incesante búsqueda de justicia, aún cuando se deban ver enfrentados a estos fallos que representan una involución en cuanto a los derechos humanos.

Al mismo tiempo advertimos que esta grave resolución podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

No claudicaremos en este compromiso, aún cuando nos enfrentemos a estas decisiones del Poder Judicial que nos hacen dudar de que le otorguen el mismo valor a la vida de 16 compatriotas que fueron secuestrados y hechos desaparecer.

No olvidamos la brutalidad de la Operación Colombo y reiteramos nuestro rechazo a esta grave señal del Poder Judicial. Como Partido continuaremos demandando verdad, justicia y reparación.

Santiago, 2 de Diciembre de 2020

Declaración Pública por el fallo del caso de la Operación Colombo

La Coordinadora de Derechos Humanos de la Federación de Colegios Profesionales de Chile con profundo estupor y sorpresa, nos hemos enterado que el fin de semana, la Octava Sala del tribunal de alzada de la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó y modificó la sentencia de primera instancia del caso de los 119 u Operación Colombo[i].

En efecto, el fallo que fue pronunciado por los ministros Juan Cristóbal Mera Muñoz, Mireya López Miranda y abogado integrante don Jaime Guerrero, revocó y modificó sustancialmente el fallo de primera instancia dictado por el magistrado en visita, Hernán Crisosto Greisse de fecha 30 de abril de 2015.

Este segundo fallo absuelve a 30 agentes de la DINA condenados como cómplices y a otros 31 condenados como autores del secuestro de 16 militantes de izquierda, en su mayoría militantes del MIR, de un total de 119 personas, ejecutadas por agentes de la DINA, hechos ocurridos entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975.

Los únicos condenados son 42 agentes de la DINA de los cuales ninguno cumplirá la pena en cárcel, pues todos vienen siendo beneficiados con la libertad vigilada o remisión condicional de la pena.

Los agentes de la cúpula de la DINA beneficados con este fallo entre otros agentes, son César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga Neumann, todos ellos venían siendo condenados a penas de 20 años de presidio en el fallo del Ministro Crisosto, las cuales quedaron reducidas a 4 años, con libertad vigilada.

De nuestra parte, rechazamos categoricamente este infame fallo realizado por los magistrados Juan Cristóbal Mera Muñoz, Mireya López Miranda y abogado integrante don Jaime Guerrero. Esta sentencia, constituye un un retroceso e involución por parte del Poder Judicial en cuanto a los procesos de violaciones a los derechos humanos. Se trata de una burla, y de la consagración de la impunidad, no solamente a los familiares directos de la desaparición forzada de las 119 de víctimas de crímenes de lesa humanidad, sino que al conjunto de la comunidad nacional e internacional.

La impunidad promueve que las personas afectadas revivan y re-experimenten el dolor y sufrimiento prácticamente del mismo modo como en los primeros momentos posteriores a los hechos. El Estado daña por sobre el perjuicio ya causado.

Este fallo demuestra que el Poder Judicial en Chile, no aplica los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado chileno que son de cumplimiento obligatorio, más bien los transgrede. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia pueda rectificar este fallo y sancionar a los jueces que consagraron la impunidad al dejar sin castigo a los violadores de derechos humanos.

En un contexto en el que lamentablemente, desde hace bastantes meses, estamos presenciando graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de personas que hacen legítimo uso de su derecho a manifestación pacífica y también en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos, el Poder Judicial da una señal que nos preocupa. Las graves violaciones a derechos fundamentales en nuestro país no reciben condenas proporcionales a la gravedad de los hechos, cuando se trata de la violencia de Estado.

El no otorgar sanciones adecuadas, se puede mal comprender como una forma de restarle gravedad a las acciones criminales cometidas por agentes del Estado, lo que atenta contra la garantía de no repetición. Estas gravísimas conductas no tienen prácticamente consecuencias, por lo que se seguirán repitiendo. Y así ha estado sucediendo.

¿Qué mensaje se le da a la comunidad? Si se hace mal uso de la fuerza que le hemos conferido al Estado para que garantice nuestros derechos, no tenemos a quién recurrir, ya que lo más probable es que estos hechos queden en la impunidad.

Un Estado que responsablemente no reconoce sus errores y no los sanciona de manera proporcional, difícilmente promoverá cambios concretos en el actuar y por ende no avanzará hacia una convivencia sana, pacífica, respetuosa y garante de los derechos de todas, todos y todes.

¿Qué mensaje le damos con este actuar del Poder Judicial a las actuales y futuras generaciones? Les invitamos a conversar del tema con sus personas cercanas….

Es la sociedad civil organizada, los trabajadores, profesionales, estudiantes, jóvenes, mujeres, pueblos originarios, que juntos lograremos que los poderes del Estado cumplan con el respeto de los Derechos Humanos y especialmente de las víctimas de la dictadura civico-militar de Pinochet, castigando a los autores, cómplices y encubridores de las torturas, desapariciones y todos los crímenes cometidos. Sin verdad y sin justicia no será posible sentar las bases de una Nueva Constitución en la que los principios de los Derechos Humanos sean consagrados.

Por la Verdad, la Justicia, la Reparación y Memoria

No a la impunidad

Coordinadora de Derechos Humanos de la Federación de Colegios Profesionales de Chile

Santiago de Chile, 3 de diciembre de 2020

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