El machi Celestino Cordova depuso este martes su huelga de hambre que mantuvo por 107 días, en demanda de visitar su Rehue y cumplir parte de su condena en su comunidad, de acuerdo con la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Sin embargo, otros 26 prisioneros mapuche continúan con la protesta.

Lo que se logró la tarde de este martes sería «un acuerdo solo con el Machi, con INDH como garante».

Según algunos de los firmantes se habrían logrado mejorías en la situación carcelaria de los actuales prisioneros políticos y en los estatutos que rigen el régimen penitenciario de población indígena.

El acuerdo establece que una vez que deponga su medida de presión, el machi permanecerá en el Hospital Intercultural del Nueva Imperial hasta su plena recuperación física y espiritual.

Una vez que ello ocurra, según se lee en el documento, el condenado podrá ser trasladado hasta un Centro de Educación y Trabajo (CET) “por cumplirse los requisitos exigidos para ello, si así él lo decidiera, para lo cual debe postular”.

En ese sentido se explica que ya instalado en el CET se le autorizará la salida a su rewe la que podrá extenderse “por un máximo de 30 horas, y se sujetará a las condiciones impuestas por las autoridades sanitarias y penitenciarias”.

Además se sostiene que se facilitará la postulación de personas privadas de libertad pertenecientes a los pueblos a los CET y que, además, a través de la Defensoría Penal Pública “se facilitará la solicitud de revisión de medidas cautelares”.

Finalmente, el gobierno, además, se comprometió a establecer en las cárceles “módulos especiales para pueblos originarios en establecimientos donde exista un número adecuado de privados de libertad de dichos pueblos que justifique su implementación”.

A la firma de este acuerdo asistieron Jan Jarab y Paula Berruti de la ACNUDH; el director nacional del INDH, Sergio Micco; el vicepresidente del Colegio Médico, Dr. Patricio Meza, y el Dr. Enrique Morales, del Departamento de Derechos Humanos de Colmed..

De esta manera, los representantes de Celestino Córdova, que se encontraban desde las 13:00 horas en una reunión con el Gobierno, llegaron a un acuerdo para que el machi deponga su huelga de hambre tras 107 días, y se abstenga de iniciar una huelga seca.

Respecto a la situación de los demás comuneros privados de libertad en huelga de hambre, al momento que depongan la huelga, estos no serán objetivos de sanciones disciplinarias por Gendarmería.

La misiva detalla:

«Con la finalidad de avanzar en la incorporación de criterios de pertinencia cultural en los establecimientos pernitenciarios, se establecerán módulos especiales para pueblos originarios en establecimientos donde exista un número adecuado de privados de libertad de dichos pueblos que justifique su implementación (por ejemplo las cárceles de Temuco y Angol)».

Reacciones

La diputada comunista Karol Cariola, quien fue parte del grupo de parlamentarios invitados en calidad de garantes a las negociaciones de esta jornada, agradeció que se le haya permitido participar y aseguró que este acuerdo es un piso mínimo para los próximos tratos con el puebo Mapuche.

«Me siento muy agradecida de la confianza que me ha dado el #PuebloMapuche por permitirme contribuir y acompañar a una autoridad ancestral en este acuerdo. Esto debe ser un piso mínimo para un nuevo trato del estado chileno con el pueblo mapuche».

Por su parte, el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre, manifestó:

«Costó» pero que se logró un acuerdo que permitirá que el machi no realice una huelga seca y valoró la disposición del ministro Hernán Larraín a un diálogo «directo y sincero».

Exactamenre opuestas fueron las reacciones de personajes de la derecha.

“La noticia es una bofetada para los chilenos que viven en La Araucanía porque se le dá un beneficio carcelario tras la extorsión de un asesino”, sostuvo el senador de la UDI, Iván Moreira, quién también aseguró que el Ejecutivo actúa “atemorizado frente al terrorismo y la violencia”.

El diputado Miguel Mellado, de RN., señaló:

«Lamento que el gobierno haya cedido ante un delincuente peligroso, frente al cruel asesino del matrimonio Luchsinger Mackay, dándole todas las garantías posibles sin merecerlo, dado que aún ni siquiera ha sido capaz de pedir perdón a la familia y tampoco da muestras de arrepentimiento. Me molesta la decisión de este gobierno, que prometió poner mano dura contra la violencia y el terrorismo, y cede ante la presión de un grupo de políticos y personas minoritarias del pueblo mapuche, que hoy abogan por asesinos y mañana exigen cárcel para violadores como el asesino de Ámbar”.

A su turno, el abogado de derechos humanos, Claudio Nash, sintetizó:

1) Acuerdo tiene aspectos positivos y recoge algunas demandas de presos mapuche;
2) Todo esto se pudo resolver sin necesidad de huelga de hambre arriesgando vida y salud de una persona;
3) Aplicación 169 sigue pendiente;
4) Buena noticia, q no resuelve conflicto, pero evita agravarlo.

Y concluyó:

«El problema de fondo es reconocer que estamos ante un conflicto político y que para avanzar se necesita un marco jurídico común. En eso juega rol clave el Convenio 169 de la OIT. La aplicación del Convenio en casos difíciles es clave para generar confianzas entre Estado y pueblo mapuche».

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