El viernes 14 de agosto el Tribunal Constitucional votará el recurso de destitución del diputado Hugo Gutiérrez, presentado por un grupo transversal de parlamentarios de derecha.

Ese día estará en juego el destino de la democracia en Chile.

Si el espurio «tribunal» accede a lo solicitado por esa caterva cavernaria, significa que hasta ahí llegó la democracia, puesto que una institución burocrática, innecesaria e ilegítima, está por sobre una autoridad democrática, legítima y elegida por voto popular.

Antes de que se conozca el fallo es oportuno dejar, para la historia, sus nombres escritos con letras de plomo y barro:

Álvaro Carter, María José Hoffmann, Juan Antonio Coloma, Javier Macaya, Celso Morales y Jorge Alessandri Vergara, de la UDI; Luis Pardo, Diego Schalper, Sebastián Torrealba y Harry Jürgensen, de RN, y Luciano Cruz-Coke, de Evópoli

Sin embargo, la debilidad de fundamentos del recurso de esos sicarios de la democracia es tan manifiesta, que hasta el diario La Tercera, controlado por un grupo empresarial cercano a la UDI, considera improbable dicha destitución.

Entre ellos, unos dibujos realizados por niños, que insinuaban un ataque a Sebastián Piñera, los que Gutiérrez difundió a través de su centa twitter; otros posteos de Gutiérrez en la misma red, que según los rquirentes “incitan a la subversión de las instituciones del Estado de Derecho”; supuestas amenazas a un mayor de Carabineros; supuesta participación en la «quema subversiva# de un cuartel militar en Iquique y la suscripción a una declaración pública del PC apoyando la paralización del Metro y los dibujos posteados que aluden al Presidente.

El libelo acusatorio está cuajado de toscos ideologismos como el siguiente:

«El H. Diputado Hugo Gutiérrez ejecuta sus incitaciones a alterar el orden público, las que se amparan bajo el eslogan de la ‘Desobediencia Civil’; que por cierto, distan, del todo de otros llamados, por la vía democrática y de manifestación pacífica, a efectuar a cambios sociales».

Como si no fuera suficiente, agregan:

«Gutiérrez apoya la huelga, el paro, denosta a las autoridades, participa en actividades subversivas, entre otras cuestiones».

En suma, un libelo que tiene un lugar destacado en el olimpo de las estupideces políticas; que además no allega una sola prueba, como si sus autores confiasen en un juicio político con resultado predeterminado.

A contramano, el artículo El “día D” para Gutiérrez en el TC: Debilidad de requerimiento de Chile Vamos echaría abajo petición del cese de su cargo, parte con el siguiente encabezado:

«Voces al interior del organismo aseguran que no es suficiente la prueba allegada a este proceso para que se configure la posibilidad que les da la ley, en casos de extrema gravedad, de remover a un diputado o senador en ejercicio».

Luego, postula:

«A dos meses y medio que se decretara la apertura de pruebas, el 22 de mayo, los jueces del TC ya tienen -en parte- una postura que favorecería a Gutiérrez. No pocos al interior del organismo plantean que tanto los argumentos jurídicos planteados en el requerimiento de Chile Vamos como los medios de prueba aportados no serían suficientes para derrumbar el alto estándar que impone la ley para proceder al cese del cargo de un congresista electo democráticamente».

Entrega un importante antecedente. Durante la semana, hubo una ofensiva de la UDI para lograr que los «ministros» Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez retornaran a la causa, tras inhabilitarse, el 20 de mayo, por la querella en su contra presentada por el diputado Gutiérrez. Sin embargo, el resto de lo integrantes del sui generis tribunal se opuso, de modo que en la preconcebida votación de un tribunal constituido con lógica binominal, hay dos votos menos contra Gutiérrez.

Sin perjuicio del dudoso recurso de la fuente anónima, el artículo anticipa:

«En una prognosis de cómo podría votar cada juez, al interior del TC dicen que podría rechazarse 5 a 3, o incluso 6 a 2».

Agrega:

«Los ministros Gonzalo García y María Pía Silva ya marcaron su rechazo a este requerimiento al oponerse cuando se acogió a trámite y también en la apertura de la etapa probatoria. Por lo que se especula que ambos serían de la postura histórica del TC respecto de un criterio restrictivo de interpretación de la causal de cesación en el cargo, toda vez que afecta a autoridades democráticamente electas, lo que obliga al requirente a probar más allá de toda duda razonable que se configura la causal del artículo 60 de la Constitución. En este caso, para estos ministros, ello no sucedería. En una postura similar estarían también la presidenta María Luisa Brahm y los ministros Nelson Pozo y Rodrigo Pica».

A mayor abundamiento:

«Por acoger el requerimiento, dicen fuentes consultadas, podrían inclinarse el ex diputado UDI Cristián Letelier y el ministro Juan José Romero. En duda estaría el voto de Miguel Ángel Fernández, ya que en el pasado -cuando aún no era ministro, hace más de una década- participó como abogado solicitando el cese del cargo del senador Alejandro Navarro, lo que en ese entonces no prosperó. En esa oportunidad se pidió remover al parlamentario por llamar a una Asamblea Constituyente».

Siempre apelando a fuentes anónimas -recurso expresamente prohibido en el código de ética periodística- el artículo aduce que la principal falencia del recurso, es la debilidad de la prueba:

“Si uno lee el requerimiento es como que Hugo Gutiérrez fuera el líder de una insurrección nacional, le atribuyen incitar a la subversión, ser el líder de una quema de un cuartel. Todo esto que estaría liderando lo plantean como una violación a los Derechos Humanos. El tema entonces es que el estándar de prueba para esas imputaciones es muy alto y no se condice con la prueba, que en su grueso es Twitter”.

La cita sería de uno de los jueces, según La Tercera.

Luego, especula que si Aróstica y Vásquez no se hubieran inhabilitado de la votación, quizás, el escenario pudo haber sido más estrecho, pero igual inviable para la acusación:

“Va a quedar como una anécdota pues ni siquiera había causal. Imagina que cada vez que un grupo venga a pedir el cese del cargo de un parlamentario, ese senador o diputado luego se querelle en contra de los jueces menos afines. No tendríamos posibilidad de sesionar”.

Lo dice otra anónima fuente consultada.

Luego, dedica un párrafo a la parte requerida:

«Durante todo el desarrollo del proceso, Gutiérrez ha estado en una especie de “rebeldía”, ya que dice no reconocer la autoridad del organismo y por este motivo decidió no defenderse. Es así como sólo la parte acusatoria ha presentado prueba ante el TC, mientras que por el diputado una serie de abogados comunistas han presentado documentos»

Con fuente en el expediente, el artículo de marras revela que los requirentes aportaron 41 tuits del diputado e imágenes de estos:

«Entre la prueba -que fue rendida ante los jueces Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández- se leen pantallazos de posteos de Gutiérrez, como uno que dice “la tiranía es la ley y la revolución es orden”, y otro en que señala “Abuelita no anda criticando por redes sociales a los que protestan y se enfrentan a Carabineros” junto a una imagen de una mujer golpeando un carro policial. En dichos medios de prueba, además, se incluyen posteos de videos que muestran a un muñeco que representa al Presidente Piñera siendo quemado en Iquique, y un posteo en que trata al Mandatario de “idiota”.

Agrega:

«A esto se sumaron testimonios de autoridades. El 14 de julio testificó el senador UDI Juan Antonio Coloma, quien apuntó que tras el estallido social él recordaba perfectamente que Gutiérrez había amenazado a un carabinero cuando éste intentaba restablecer el orden público. Respecto a cómo se había enterado de esto, el parlamentario aseguró que fue por Redes Sociales y que fue un hecho público y notorio. Para el senador UDI el que el diputado comunista fuera una autoridad electa no le permitía desobedecer entonces a un funcionario que está cumpliendo con un mandato constitucional, como lo es el resguardo del orden público».

Pero el libelo acusatorio todavía tenía reservada la cúspide del ridículo:

«Al probatorio también se allegó el testimonio de la presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien dijo que cuando un parlamentario gana una elección y es líder de su comunidad, el llevar adelante acciones de desobediencia influyen en quienes lo eligieron, por lo que sostuvo que a los congresistas se les debía exigir un comportamiento de mayor estándar».

En este festival de payasadas participó también el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quién, según erl texto en comento, «manifestó, el 27 de julio pasado, que era un hecho público y que constaba con diferentes fuentes de libre acceso que el 11 de agosto del año pasado en una manifestación en la Plaza Prat de Iquique el diputado Gutiérrez se había enfrentado a un mayor de Carabineros».

Según la crónica, esto fue desmentido por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, «quien al ser interrogado qué sabe sobre este episodio respondió que no tiene conocimientos de amenazas de Gutiérrez a algún funcionario de Carabineros de Chile».

En suma, ni en el antidemocrático tribunal constitucional hay fondo político para semejante barbaridad.

Pero no es posible relajarse. En la república neoliberal, se han visto muertos cargando adobes.

Declaración del Partido Comunista de Chile

Mañana viernes 14 de agosto, se ha anunciado, el Tribunal Constitucional examinará el requerimiento formulado por un grupo de parlamentarios de derecha en contra del diputado Hugo Gutiérrez.

Más allá de la decisión de ese órgano que, por razones de persecución política, podría culminar en la aberración jurídica de la destitución del cargo del Diputado Hugo Gutiérrez, es necesario establecer que estamos frente a un proceso que por sus características resulta inédito y sienta un peligroso precedente para la democracia.

En efecto, la sola pretensión de sus perseguidores de pasar por encima del mandato, que el pueblo le entregó al diputado Gutiérrez, refleja la esencia de una derecha que nunca ha creído en la democracia.

Es indispensable clarificar cuáles son los cargos por los cuáles se acusa al diputado.

No se le imputa delito alguno, sólo se le acusa de participar en manifestaciones y de emitir opiniones políticas en respaldo a las cientos de miles de personas que se movilizaron en Chile desde el 18 de octubre de 2019.

Es decir, a Hugo Gutiérrez se le pretende condenar por ejercer sus derechos políticos: la libertad de expresión y el derecho de reunión.

Pretenden estos parlamentarios suprimir el derecho a la protesta y a la disidencia, recurriendo a una norma creada por el dictador en la Constitución de 1980.

La gravedad de este proceso no sólo se encuentra en el ánimo antidemocrático de estos parlamentarios.

La comunidad internacional debe conocer que un órgano del Estado, como el Tribunal Constitucional, ha cometido toda clase de arbitrariedades para facilitar la persecución política.
El requerimiento de la derecha contra Hugo Gutiérrez se basa en idénticas razones a otro presentado para destituir a toda la Bancada del Partido Comunista y otros tres diputados de oposición, que fue declarado inadmisible por el TC en noviembre de 2019. Pese a ello, esta vez el Tribunal dio curso al proceso contra el diputado.

Por otro lado, lo que decidirá mañana el TC se basará, ni más ni menos, en la prueba de que Hugo Gutiérrez suscribió una declaración de la Bancada del Partido en apoyo a los estudiantes, que se movilizaron el 18 de octubre y en el respaldo que diera públicamente a las manifestaciones populares que siguieron desde ese día.

Todos estos elementos dan cuenta, sin duda, de que el país es testigo de una enconada persecución en contra de un opositor al gobierno, por el hecho de ser tal.

Como Partido Comunista solidarizamos con el diputado Hugo Gutiérrez y agotaremos todos los caminos para defender la soberanía popular.

Al mismo tiempo, tenemos el deber de advertir la necesidad de frenar la ilegítima amenaza que este proceso significa para todo aquel que acompañe las demandas del pueblo chileno.

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Santiago, 13 de agosto de 2020

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