Amplias y transversales expresiones de solidaridad con el pueblo mapuche, luego de los vergonzosos hechos del sábado en La Araucanía, han surgido desde organizaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos.

Las más importantes y conmovedoras han sido las espontáneas movilizaciones en todo el país, en apoyo del pueblo mapuche, y en repudio de la concertada violencia fascista, registrada durante la triste noche del sábado.

Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, declaró:

“Pareciera que el nuevo Ministro del Interior lo que hizo con su visita al Wallmapu fue empoderar a los grupos racistas. Probablemente hay organización detrás, hay financiamiento detrás, hay grupos muy violentos y que estarían operando, incluso, con complicidad por lo que se vio y por lo que se ha sabido desde anoche, con Carabineros. Eso implica una fuerte investigación”.

El senador Alejandro Navarro expresó:

“El desalojo de diversos municipios tomados por comuneros, fue hecho de una forma muy violenta, por lo que hay decenas de heridos de diversa consideración. Quienes han participado son civiles, convocados por civiles en pleno toque de queda, con conocimiento de la autoridad. Aquí hubo información previa de estos hechos y Carabineros no actuó; el Jefe de la Defensa Nacional en la zona, no actuó”.

En este marco, la Defensoría Popular interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco, en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, y Luis Sepúlveda, jefe de Zona de la Defensa Nacional, en relación a los episodios de violencia racial vividos en La Araucanía. El recurso es “por los hechos de violencia sufrida por distintas comunidades indígenas en la madrugada de anoche, en particular en la comuna de Curacautín y Victoria”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo:

«Hay preocupación por información sobre grupos que anoche, armados con objetos contundentes, actuaron violentamente, profirieron discursos racistas y quemaron símbolos espirituales mapuche. La CIDH nota que varios de tales actos violentos y manifestaciones racistas habrían ocurrido sin que agentes de Carabineros desplegaran medidas apropiadas para prevenir efectivamente su ocurrencia o impedir su continuación”.

Declaración de Amnistía Internacional acerca de hechos de violencia racista ocurridos en la Araucanía

Desde hace algunos días, personas mapuche habían hecho ocupación, de manera pacífica, de los recintos de las Municipalidades de Curacautín, Victoria, Ercilla, Collipulli y Traiguén, en protesta por la ausencia de respuesta de las autoridades ante las huelgas de hambre de personas mapuche privadas de libertad, algunas de las cuales empezaron el mes de mayo.

Tras la visita a la zona del nuevo Ministro del Interior, Víctor Pérez, el viernes 31 de julio, la autoridad “instó” a los alcaldes respectivos a asegurar el desalojo de los recintos municipales, y alertó que pediría un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, sobre la situación. Esto lamentablemente fortaleció la expectativa de un desalojo mediante la fuerza pública, en lugar de la búsqueda de soluciones mediante el diálogo.

En Curacautín, un grupo de personas se congregó en el frontis de la Municipalidad, supuestamente con la intención de “apoyar” a Carabineros en el desalojo. Esto generó, en la noche del sábado 1 al domingo 2 de agosto, lo que se puede calificar como una oleada de violencia racista, que se replicó en Victoria, Traiguén, Collipulli y Ercilla, donde vecinos de la zona acudieron a las municipalidades tratando de usar la fuerza para desalojar los edificios respectivos.

A través de las redes sociales, circularon imágenes y videos de grupos de personas intentando golpear o golpeando y causando heridas a personas mapuche, mientras eran llevadas a los carros policiales tras el desalojo y realizando cánticos de connotación racista (“el que no salta es mapuche”); también hubo denuncias de que volcaron y luego quemaron dos camionetas pertenecientes a los mapuche que se encontraban al interior de la Municipalidad de Curacautín. En Victoria, un grupo habría quemado un símbolo mapuche instalado en la plaza.

En algunos de los videos que han circulado, especialmente en Curacautín, se observa presencia policial; sin embargo, tales actos violentos habrían ocurrido sin que Carabineros dispersara a la multitud y detuviera su actuar, debido al riesgo de que se cometieran actos violentos en contra de las personas mapuche. A esta tolerancia, se suma que dichos actos violentos y de connotación racista, se llevaron a cabo en horario de toque de queda nocturno, decretado como medida de control de la pandemia.

En definitiva, de acuerdo a información oficial del gobierno, hubo 48 personas detenidas, algunas de ellas menores de edad. Quienes eran mayores de edad – 19 en Curacautín y 16 en Victoria – pasaron a control de detención. Todas son personas mapuche que participaban de las tomas, sin que exista información de que haya habido detenidos por los hechos de violencia ocurridos en el exterior de la Municipalidad.

En el caso de Curacautín, el gobierno- a través de la Intendencia Regional- presentó querella por los hechos. En la audiencia, la abogada defensora de las 19 personas detenidas hizo notar que varias de ellas tenían lesiones luego de la detención. Asimismo, hizo notar que muchos de los daños al edificio de la Municipalidad que se intenta imputar a los detenidos, podrían haber sido cometidos por quienes estaban afuera de ésta.

En los casos de Ercilla y Traiguén, se habrían producido incendios en los edificios de ambas municipalidades en el contexto del desalojo, sin que exista claridad aún acerca de su origen.

Al mediodía del domingo 2 de agosto, el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a los hechos, señalando que “hay que condenar la violencia venga de donde venga”, y anunciando acciones legales. Sin embargo, llama profundamente la atención su omisión a  las connotaciones racistas y estigmatizantes de lo ocurrido.

Amnistía Internacional hace un llamado a:

  • Que el gobierno condene la violencia con connotación racista y los discursos de odio, dejando claro que no es aceptable bajo ninguna circunstancia.
  • Que se asegure la igualdad ante la ley, así como una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos acontecidos y adoptando criterios propios de un debido proceso que deslinde responsabilidades respecto de todas las personas que participaron en hechos de violencia y/o daños, sin distinción alguna y sin que se valide de ninguna forma la «autotutela» como pretexto. La investigación debe ser exhaustiva e imparcial, se debe regir por el principio de objetividad, sin sesgos, de manera de identificar de forma precisa y adecuada a los responsables. Será crucial el rol de la Fiscalìa y de los Tribunales para garantizar justicia en este contexto.
  • Que se investigue de manera exhaustiva cualquier forma de maltrato del que hayan sido víctimas las personas detenidas, en el contexto y durante su detención, y se hagan efectivas las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, ya sea de carabineros o de otras personas presentes en el lugar.
  • Que se investigue igualmente la responsabilidad de Carabineros por posible omisión en su deber de protección. La aquiescencia de las autoridades en delitos cometidos por terceros, supone la responsabilidad del Estado por cuenta de los agentes que lo toleraron.
  • Que en el contexto de todo lo anterior, se tenga siempre en consideración las obligaciones del Estado de Chile de acuerdo al Convenio Internacional de Derechos del Niño, el cual- por supuesto- rige también respecto de niños, niñas y adolescentes mapuche, quienes constituyen sujetos de especial protección.
  • Que se exija a Carabineros el estricto apego a los estándares de derechos humanos en todas sus intervenciones, sin excepción. Nos preocupa que el actuar de Carabineros esté basado en criterios de discriminación, de tal manera que su acción y su adecuación al estándar internacional dependa de quién esté participando en los hechos y/o qué causa defiende.

Recordamos que el Estado de Chile tiene el deber de proteger a grupos pertenecientes a pueblos indígenas e impedir todo acto de discriminación en contra de ellos. Por dicha razón, urgimos a dar pleno cumplimiento a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y al Convenio 169 de de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, vigente en nuestro país desde el año 2009, el cual exige el respeto de los pueblos indígenas y obliga a los Estados Parte a proteger sus derechos, reconociendo sus culturas, formas de vida, y derechos sobre las tierras y recursos naturales. 

Es imprescindible abordar esto con urgencia de manera que se dé una señal clara de que la autotutela no es admisible en un Estado de Derecho, y que el racismo no tiene cabida en una sociedad respetuosa de los derechos humanos.

Declaración pública de Partido Comunista de Chile por violencia hacia el pueblo mapuche

Ante la gravedad de los hechos ocurridos en la región de la Araucanía declaramos:

1.- Rechazamos tajantemente los violentos desalojos de municipios en la región de la Araucanía, especialmente lo ocurrido en Curacautín, donde un grupo de civiles llegó a desalojar armados con palos, fierros y otros elementos cortopunzantes, la ocupación por comunidades mapuche del municipio local. Las imágenes vistas en los medios de comunicación y redes sociales muestran una violencia desenfrenada hacia comuneros mapuche, inaceptables desde todo punto de vista.

2.- La violencia de la que todo el país fue testigo estuvo amparada por la inacción cómplice de Carabineros, que permitió que estos civiles realizaran actos de brutal violencia física hacia los/as integrantes de las Comunidades Indígenas, daño a la propiedad pública y privada sin que intervinieran para evitar lo ocurrido.

3.- Parece curioso que en una región donde existe enorme contingente policial para “detener y combatir la violencia”, ante actos de clara alteración del orden público carabineros no llegaran ni actuaran a tiempo para evitar los ataques hacia las Comunidades.

4.- Es altamente preocupante que todos estos actos de extrema violencia de civiles armados contra comuneros mapuche, se den luego de la visita del nuevo Ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, quien además fue un leal funcionario de la dictadura militar y cómplice de los horrores de Colonia Dignidad. El ministro Pérez a menos de una semana de haber asumido sus funciones redireccionó el discurso belicista y racista para crear enemigos internos y propiciar actos como el ocurrido. El mismo ministro, displicentemente y en un acto de provocación directo, desconoció la existencia de Presos Políticos Mapuches, que llevan 91 días en Huelga de Hambre, exponiéndolos a un desenlace fatal. Motivo de las movilizaciones y ocupaciones por parte de las Comunidades Mapuches en la Araucanía.

5.- El ministro del Interior y el General Director de Carabineros deberán responder por este procedimiento ilegal que ocupa a civiles armados avalados por la autoridad policial en pleno Estado de Excepción Constitucional e incluso violando el toque de queda.

6.- La complicidad de las fuerzas policiales con civiles armados, que manifiestan a viva voz consignas racistas y xenófobas, parece ser el inicio de un Ku Klux Klan criollo con la venia y articulación del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Comunicado público Desde Wallmapu, el País Mapuche

Las comunidades y organizaciones abajo firmantes comunicamos a la opinión pública lo siguiente:

1. Rechazamos los ataques violentos de origen fascista, racista y colonial del que fueron objeto nuestros lamgen y peñi, quienes pacíficamente ocupaban las dependencias de las municipalidades de Kurakaqtün, Ercilla, Victoria y Trayen. Estos ataques no solo fueron de violencia física sino también verbal, con frases y cánticos racistas propios de la prepotencia patronal de sectores de ultraderecha asentada en Wallmapu.

2. Denunciamos que estos ataques no fueron un “acto de ciudadanos” sino de militantes de la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), organización supremacista blanca de la ultraderecha, latifundistas y del empresariado transnacional, usurpadores de las tierras mapuche en Wallmapu. Se trata de un grupo minoritario que, bajo la impunidad de la noche, ha actuado violenta y cobardemente.

3. Denunciamos al nuevo Ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, militante UDI, como el principal responsable político del agravamiento de la violencia colonialista en Wallmapu. Primero: su visita no significó ningún acercamiento político con quienes mantenían ocupadas pacíficamente las municipalidades, Negando en sus declaraciones la existencia misma de los presos políticos mapuche, el Sr Perez no hizo esfuerzo alguno por dialogar con quienes resisten por más de 90 días en huelga de hambre en Temuko y Angol y más de 30 días en Lebu, quienes legítimamente exigen la aplicación del Convenio 169 OIT (Art. 9 y 10) en tanto reconocimiento de derechos colectivos culturales en el sistema penitenciario. Así, ha mostrado un absoluto desdén hacia las luchas de nuestro Pueblo y más bien ha adoptado una conducta evasiva e irresponsable ante la grave situación de violencia racial que se vive en nuestro territorio. Segundo: denunciamos el grave hecho que la institución carabineros Chile dejó actuar impunemente a los civiles violentos que atacaron a los peñi y lamgen. Carabineros de civil liderando el linchamiento, incitando al odio y al vandalismo.

4. Ante la situación crítica que vive nuestro Wallmapu, hacemos un llamado a los diferentes territorios a reforzar, más allá de nuestras diversidades, el Ngüxam y la unidad para lograr la libertad de los presos políticos Mapuche, poner fin a la militarización de los territorios y proteger nuestro Wallmapu. Asimismo, hacemos un llamado al pueblo chileno a aislar y condenar enérgicamente estas recientes expresiones de ignorancia, racismo y arrogancia colonial que en nada contribuyen al entendimiento necesario de la sociedad chilena y la sociedad mapuche y menos al avance de nuestras aspiraciones de justicia social e histórica.5. Finalmente, queremos comunicar a nuestra Nación que estos ataques, más que amedrentarnos, nos reafirman en nuestra lucha por la restitución de nuestros derechos territoriales y políticos, por la autonomía y la autodeterminación para el País Mapuche. Wallmapu fue, es y seguirá siendo Mapuche para todas y todos.

Amulepe taiñ weychan!Wallmapu.

Firman:

– Alianza Territorial MapucheCentro de Estudios e Investigaciones Mapuche
– Comunidad de Historia Mapuche
– Identidad Territorial Lafkenche.
– Mapuzuguletuaiñ wallmapu mew.
– Organización Ad – Mapu
– Parlamento Mapuche Koz-Koz Mapu mew.
– Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Küme Mogen
– Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI
– Hogar Mapuche Pelontuwe de Temuco
– Hogar y Centro Cultural Weliwen de Valdivia
– Temuko pu lof txawun. Agrupación de Comunidades mapuche de Temuco.
– Comunidad Juan Nahuelpi de Los Sauces.
– Comunidad Renaco Pastale de Chol-Chol
– Comunidad Juan Bautista Jineo
– Organización “Wiñotun Folil Mew” de Quepe
– Comunidad Indígena Sin Tierra de Galvarino
– Consejo de Autoridades y Representantes Mapuche por la Construcción y Administración del Centro de Salud Mapuche de Galvarino.- Lof Trif Trifco de Galvarino.
– Asociación de Comunidades y Centro Cultural Wallmapu de Loncoche
– Parlamento de Autoridades Ancestrales del Wallmapu y Puel Mapu.
– Medio de Comunicación Mapuche Werken TV.- Txafkintuwe Mallolhafkenh Mapu

País Mapuche 03 agosto 2020

 

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